Portada » Historia » España en la Encrucijada: Guerra de Independencia, Cortes de Cádiz y el Reinado de Fernando VII
Las causas de la guerra se enmarcan en la profunda crisis del Antiguo Régimen. La anulación de los Pactos de Familia, tras la ejecución de Luis XVI, arrastró a la España del Antiguo Régimen a declarar la guerra a Francia. Tras el desastre en la Guerra de la Convención (1793-1795), que culminó con la Paz de Basilea, España se vio forzada a una política de alianzas franco-españolas poco favorable, iniciada con la firma del Tratado de San Ildefonso (1796). Esta nueva alianza involucraría a España en conflictos como la Guerra de las Naranjas y en significativas derrotas, como la de Trafalgar (1805).
En 1807, Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau, autorizando el paso del ejército francés a Portugal. Poco después, el Motín de Aranjuez (19 de marzo de 1808), impulsado por Fernando VII y el pueblo contra Carlos IV, provocó la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando. Napoleón atrajo a la familia real a Bayona, donde tuvieron lugar las Abdicaciones de Bayona: Fernando renunció al trono en favor de su padre, y este, a su vez, en favor de Napoleón, quien lo entregaría a su hermano José Bonaparte (José I). José I hizo publicar el Estatuto de Bayona.
En Madrid, el Levantamiento del 2 de Mayo de 1808, protagonizado por el pueblo y algunos oficiales, se sublevó contra los franceses. Los soldados de Napoleón fusilaron a numerosos madrileños el 3 de mayo. Este levantamiento se extendió por todo el país y desembocó en la Guerra de la Independencia (1808-1814).
Con los levantamientos y las abdicaciones, se produjo un vacío de poder. En las zonas no ocupadas, surgió un nuevo poder: las Juntas Locales y Provinciales, coordinadas por la Junta Central Suprema y presidida por Floridablanca, que asumió la soberanía nacional y dirigió la marcha de la guerra. Los bandos de la guerra enfrentaron a la España de José I (los afrancesados) contra la España de la insurrección popular y la resistencia (compuesta por liberales y absolutistas). Tuvo un carácter de liberación; no fue una guerra política, sino nacional, con la participación de todo el pueblo. De gran importancia fueron la lucha de guerrillas y la resistencia en las ciudades.
Con la firma del Tratado de Valençay, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España, poniendo fin al conflicto.
Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), se gestó un nuevo régimen político. Inicialmente, surgieron Juntas Locales, luego Provinciales, y en septiembre de 1808, la Junta Central Suprema. Esta última, trasladada a Cádiz, dio paso a un Consejo de Regencia, compuesto por cinco miembros, que actuó como órgano de gobierno hasta el regreso de Fernando VII. Las Cortes se autoconstituyeron en Asamblea Constituyente y asumieron la soberanía nacional. Funcionaron hasta la primavera de 1814.
La mayoría de los diputados eran de clase media: eclesiásticos, abogados, militares, funcionarios y miembros de la burguesía. Las clases populares y las mujeres no estaban representadas.
Los diputados se agrupaban en tres tendencias principales:
Las Cortes aprobaron una serie de medidas transformadoras:
La reforma política más relevante fue la Constitución de 1812, conocida popularmente como «La Pepa», la primera ley fundamental de España. Sus principios básicos, inspirados en la Constitución francesa de 1789, eran:
Los ciudadanos reconocían a Fernando VII como rey constitucional. Sin embargo, ni la Constitución de 1812 ni las leyes tuvieron una aplicación práctica inmediata, convirtiéndose en un símbolo del liberalismo español.
Con el Tratado de Valençay entre Napoleón y Fernando VII, este último recuperó los derechos de la Corona. A su regreso a España, recibió el Manifiesto de los Persas. Este texto censuraba la labor de las Cortes de Cádiz y condenaba la soberanía nacional, solicitando al rey la supresión de las Cortes y de todas las reformas aprobadas.
El 4 de mayo, el rey promulgó un decreto que anulaba todas las reformas aprobadas por las Cortes, incluida la Constitución de 1812. Se inició así el Sexenio Absolutista (1814-1820), que anuló la libertad de prensa, restableció la Inquisición y restauró la sociedad estamental. Durante este periodo, el rey se enfrentó a problemas como la inestabilidad del gobierno, una profunda crisis en la Hacienda Pública y una creciente oposición liberal.
Tras el pronunciamiento de Riego en 1820, Fernando VII se vio forzado a restablecer la Constitución de 1812, dando inicio al Trienio Liberal. Durante este periodo, se restablecieron las leyes aprobadas en Cádiz, se instauró la Milicia Nacional y se expulsó a los jesuitas.
Los liberales se dividieron en dos facciones:
Hasta 1822 gobernaron los moderados, y después los exaltados.
La oposición al régimen liberal provenía del propio rey, apoyado por parte del ejército, el clero y el campesinado. La intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército formado por Francia por orden de la Santa Alianza, puso fin al régimen liberal, dando paso a la Década Absolutista u Ominosa.
A pesar del carácter absolutista, se llevaron a cabo algunas reformas administrativas y económicas:
El régimen, sin embargo, tenía dos enemigos principales: los liberales exaltados y los realistas más intransigentes (apostólicos).