El Absolutismo Borbónico

Cuando Felipe V llegó a España, introdujo un nuevo tipo de gobierno llamado absolutismo monárquico, donde el rey tenía todo el poder: gobernaba, legislaba y juzgaba. Para lograr esto, realizó grandes cambios para centralizar el Estado. Reemplazó los Consejos con secretarios que el rey podía nombrar o destituir libremente.

Felipe V impuso los Decretos de Nueva Planta, que cambiaron la organización territorial en lugares como Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña. Estos decretos eliminaron los fueros y las instituciones de estos lugares, imponiendo las leyes, instituciones y cargos de Castilla. El País Vasco y Navarra mantuvieron sus fueros y aduanas.

Se crearon nuevas divisiones territoriales llamadas provincias, cada una dirigida por un capitán general con autoridad sobre tropas, asuntos políticos y administrativos. Se introdujo la figura del intendente, inspirada en Francia, encargado de recaudar impuestos. Hubo intentos de reorganizar las finanzas, especialmente en la Corona de Aragón, pero enfrentaron resistencia en Castilla. El marqués de la Ensenada intentó hacer un catastro, pero debido a problemas, quedó incompleto.

El Despotismo Ilustrado de Carlos III

Después de la muerte de Fernando VI, Carlos III se convirtió en rey. Venía de Nápoles, donde había hecho reformas ilustradas. Carlos III aplicó el despotismo ilustrado en España, usando el poder absoluto para hacer cambios propuestos por la Ilustración. Aunque quería mejorar la situación del pueblo, también buscaba fortalecer el poder real. No cuestionó los principios básicos del Antiguo Régimen, siguiendo la idea de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo».

Carlos III se encontró con la resistencia del pueblo en algunas reformas, como el Motín de Esquilache, contra medidas sobre limpieza urbana, prohibiciones al juego, uso de armas, sombreros de ala ancha y capas largas. Después de sofocar la revuelta, expulsó a los jesuitas, acusándolos de instigadores. Esto se relaciona con la tendencia ilustrada de regalismo, que defendía la autoridad del rey sobre la Iglesia. Carlos III también reclamó control sobre la Inquisición y el derecho de nombrar cargos eclesiásticos.

En asuntos sociales, declaró todas las profesiones como honestas y comenzó una reforma educativa que promovía la obligatoriedad de la educación primaria y la creación de Academias de Ciencias y Letras. En lo económico, impulsó las manufacturas reales, reformas agrarias y creación de Sociedades de Amigos del País. A pesar de estos intentos de reformas, se enfrentó con la resistencia de la nobleza, lo que limitó en gran medida sus esfuerzos.

La Constitución de 1812 y el Fin del Antiguo Régimen

En 1810, la Junta Suprema Central se disolvió y convocó a unas Cortes para que los representantes del pueblo decidieran cómo organizarse. La mayoría de la población veía mal el gobierno absoluto de Carlos IV.

La elección de los representantes en Cádiz y la reunión fue difícil por la guerra, pero la influencia liberal de la ciudad afectó las ideas de los diputados. Hubo diferentes posturas entre ellos: algunos querían mantener el sistema absoluto, otros buscaban un régimen intermedio, y los liberales, que ganaron, propusieron una cámara única que asumiera la soberanía nacional y elaborara una constitución inspirada en la Revolución Francesa. Establecieron un sistema unicameral y se aprobó la soberanía nacional, es decir, el poder reside en los ciudadanos representados en las Cortes.

El 19 de marzo de 1812, se decretó la Constitución conocida como «la Pepa». Su creación enfrentó problemas debido a la guerra y a las diferencias entre absolutistas y liberales. La soberanía recaía en la nación, no en el derecho divino. Había división de poderes: las Cortes manejaban el legislativo, representantes de la voluntad nacional con amplios poderes. El mandato de los diputados duraba dos años. El rey tenía el poder ejecutivo, que poseía la dirección del gobierno y un veto sobre las leyes durante dos años. Los tribunales ejercían el poder judicial. El sufragio era universal masculino.

La Constitución garantizaba derechos al ciudadano como libertad de pensamiento, igualdad ante la ley y propiedad. Reconocía los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo a las colonias americanas. También planteaba reformas en impuestos, la Hacienda, la creación de un ejército, servicio militar obligatorio, educación primaria pública y división territorial en provincias. Se afirmaba la confesionalidad católica del Estado.

Además, las Cortes aprobaron leyes para eliminar el Antiguo Régimen: suprimieron los señoríos jurisdiccionales distinguiéndolos de los territoriales, que pasaron a ser propiedad privada de los señores. Así, los antiguos señores, y no los campesinos, se convertían en propietarios de las tierras. También eliminaron mayorazgos y desamortizaron tierras comunales. Abolieron la Inquisición, ante la oposición del clero y los absolutistas, aunque aspectos religiosos seguían controlados por censura. Se anularon los gremios para modernizar la economía en España. La guerra y el regreso de Fernando VII frustraron la aplicación práctica de estas leyes y restauraron el absolutismo.

Fernando VII: Absolutismo y Liberalismo

• Sexenio Absolutista (1814-1820): Fernando VII tuvo muchos problemas: el país estaba destruido por la guerra, la agricultura arruinada, el comercio parado y las finanzas en quiebra. Las colonias buscaban independizarse, hubo grandes pérdidas humanas y un cambio de mentalidad en muchos grupos sociales. Los campesinos no querían pagar rentas señoriales, la burguesía empezó a crecer después del fin de los gremios. Además, algunos líderes de la guerrilla se unieron al ejército y formaron un grupo liberal, que lideró varios levantamientos. La única respuesta del rey fue la represión ante las demandas políticas y sociales.
• El Trienio Liberal (1820-1823): En 1820, el coronel Riego, al frente de una compañía de soldados, lideró una sublevación que obligó a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812. Tras las elecciones en las Cortes, los liberales obtuvieron la mayoría y restauraron varias reformas, como la libertad de la industria y la abolición de los gremios. La oposición de Fernando VII condujo a conspiraciones buscando apoyo de los absolutistas y vetos para paralizar las leyes. Los campesinos, descontentos por no obtener la propiedad de las tierras tras la abolición de los señoríos jurisdiccionales, se sumaron al descontento general. La nobleza y la Iglesia impulsaron la revuelta, formando partidos absolutistas.
• La Década Ominosa (1823-1833): En 1823, la Santa Alianza respondió a las peticiones de Fernando VII enviando a los Cien Mil Hijos de San Luis para restaurar el absolutismo. A pesar de los consejos de las potencias restauradoras que sugerían reformas moderadas, el rey optó por una represión contra los liberales. Otro gran problema era la economía española, que estaba en crisis debido a la pérdida de las colonias y la falta de reformas. Fernando VII, en busca de apoyo, incluyó a un sector moderado como ministro de Hacienda. Esto generó desconfianza entre los absolutistas, quienes se unieron al heredero Carlos Mª Isidro. Sin embargo, el nacimiento de la hija del rey, Isabel, provocó un conflicto, ya que la Ley Sálica impedía que las mujeres accedieran al trono. Fernando VII anuló esa ley, pero se encontró con la resistencia de los ultraconservadores. Don Carlos lideró el sector partidario del Antiguo Régimen, mientras que Mª Cristina buscó apoyo para su hija entre los liberales.

La Guerra Carlista y las Regencias

Después de la muerte de Fernando VII, hubo una guerra civil en España entre dos grupos: los carlistas, que defendían el absolutismo y la tradición, y los isabelinos (liberales).

• Los carlistas, liderados por Carlos María Isidro, defendían la monarquía absoluta, el dominio de la Iglesia y el sistema foral. Fueron apoyados por la pequeña nobleza agraria y sectores tradicionales de la Iglesia. Su lema era “Dios, Patria y Rey”.
• Los isabelinos contaron con el apoyo de la alta nobleza, funcionarios, la burguesía y los sectores populares.

Los carlistas usaban tácticas de guerrillas en regiones montañosas como Navarra y el País Vasco, así como en el norte de Castellón, el Bajo Aragón y el Pirineo. Recibían apoyo de países absolutistas como Austria, Prusia y Rusia, mientras que Isabel II fue apoyada por Francia, Gran Bretaña y Portugal.

Al principio, tuvieron éxito los carlistas, sobre todo en el norte, donde el general Zumalacárregui sitió Bilbao. Más tarde, el general isabelino Espartero derrotó a los carlistas y levantó el asedio. El general Maroto firmó el Convenio de Vergara con Espartero: a cambio de entregar las armas y reconocer a Isabel como reina, los carlistas no sufrirían represalias. La guerra continuó en el Maestrazgo hasta 1840.

Regencia de María Cristina

Al principio, el gobierno era absolutista, pero ante la amenaza carlista, intentaron atraer a los liberales. Nombraron a Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real de 1834. El Ministro de Hacienda, Mendizábal, implementó medidas para obtener fondos, enfrentar el carlismo y modernizar la agricultura, como la desamortización de bienes de la Iglesia. En 1836, los progresistas obligaron a Mª Cristina a aceptar la Constitución de 1812, adaptada a la época, reconociendo la soberanía nacional y la división de poderes.

Regencia de Espartero

Tras la renuncia de Mª Cristina en 1840, el general Espartero asumió la regencia. Durante su gobierno autoritario, se distanció de los progresistas y perdió popularidad. En 1842, medidas librecambistas provocaron un levantamiento en Barcelona, que Espartero respondió bombardeando la ciudad. Tras conspiraciones moderadas, renunció y las Cortes proclamaron a Isabel II como reina con 13 años.