El Reinado de Isabel II y la Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

En 1834 se implementó el Estatuto Real, una carta otorgada que, aunque limitada, marcó el inicio de la transición liberal y provocó la división de los liberales en moderados y progresistas.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Esta guerra civil enfrentó a los carlistas, partidarios de Carlos María Isidro (hermano de Fernando VII y defensor del absolutismo y la tradición), y a los isabelinos, defensores de la monarquía liberal de Isabel II. El apoyo a los carlistas se concentraba principalmente en zonas rurales del País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo, mientras que los isabelinos contaban con el respaldo de las ciudades, la burguesía y gran parte del ejército.

En cuanto al desarrollo de la guerra, los carlistas se organizaron en sus zonas de influencia, destacando figuras como Zumalacárregui. El final de este conflicto se selló con el Convenio de Vergara (1839), un acuerdo que establecía el reconocimiento de los grados militares carlistas y la promesa de mantener los fueros vascos y navarros.

Consecuencias de la Guerra Carlista:

• Consolidación del régimen liberal.
• Gran coste humano y económico.
• Mantenimiento de la división política entre liberales.

El Estatuto Real de 1834 y la Regencia de María Cristina

El gobierno de la época intentó buscar un acuerdo de transición entre el absolutismo y el liberalismo. Durante el verano de 1835, la presión popular y militar llevó a la formación de gobiernos progresistas.

La Revuelta de 1836 y la Constitución de 1837

La Revuelta de los Sargentos de La Granja en 1836 forzó a la regente María Cristina a restablecer la Constitución de Cádiz y a entregar el poder a los progresistas. Juan Álvarez Mendizábal, figura clave de este periodo, buscaba derrotar el carlismo y sanear la Hacienda a través de la desamortización eclesiástica.

El Nuevo Orden Constitucional y la Reforma Agraria Liberal

El gobierno progresista convocó elecciones a Cortes Constituyentes, que elaboraron la Constitución de 1837. Esta era una constitución de consenso, más flexible que la de Cádiz, que establecía la soberanía nacional, la división de poderes y una amplia declaración de derechos.

Este nuevo sistema liberal implicó la abolición del régimen señorial y la desamortización de bienes eclesiásticos (Desamortización de Mendizábal). Sin embargo, esto no supuso una mejora significativa para la mayoría de la población campesina, ya que las tierras fueron adquiridas principalmente por la burguesía y la nobleza.

La Vuelta al Poder de los Moderados y el Fin de la Regencia de María Cristina

Aprobada la Constitución de 1837, se convocaron nuevas elecciones. La regente María Cristina dio su apoyo a los moderados, lo que generó tensiones con los progresistas y culminó con la dimisión de la regente en 1840.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Baldomero Espartero, general victorioso en la Primera Guerra Carlista y líder progresista, asumió la regencia en 1840. Inició su mandato con un fuerte autoritarismo, lo que le granjeó la oposición tanto de moderados como de algunos progresistas. Su regencia estuvo marcada por levantamientos y conspiraciones, que finalmente llevaron a su exilio en 1843.

La Mayoría de Edad de Isabel II (1843-1868)

En 1843 se declaró la mayoría de edad de Isabel II, a la temprana edad de 13 años. Su reinado estuvo dominado por el partido moderado, con breves interludios progresistas y de la Unión Liberal.

La Década Moderada y la Constitución de 1845

Este periodo (1844-1854) estuvo liderado por el general Ramón María Narváez. Se impulsó una nueva Constitución en 1845, de carácter moderado, que consiguió reforzar el poder de la Corona y del gobierno, limitando la soberanía nacional y los derechos individuales. Se estableció un sufragio censitario muy restringido y se controlaba la educación y la prensa.

Otras medidas que destacaron fueron la creación de la Guardia Civil (1844) y la reforma fiscal. También se promulgó el Concordato con la Santa Sede en 1851, que restablecía las relaciones con la Iglesia y reconocía el catolicismo como religión oficial. Por último, también hubo una reforma administrativa que centralizó el Estado.

El Bienio Progresista (1854-1856) y la Desamortización Civil

En una situación de división política y descontento social, la reina se vio obligada a llamar a los progresistas al poder tras la Vicalvarada (1854). Estos intentaron elaborar una nueva Constitución (non nata) y llevaron a cabo importantes reformas económicas.

Se promulgó la Ley de Desamortización General de Madoz (1855), que afectó a bienes municipales y del Estado, además de los eclesiásticos aún no desamortizados. A pesar de todo, seguía habiendo problemas sociales y políticos, lo que llevó al fin del Bienio y al retorno de los moderados.

La Crisis Final del Reinado de Isabel II (1856-1868)

Esta etapa comienza con Narváez iniciando su mandato, pero pronto se alternó con el gobierno de la Unión Liberal, partido fundado por Leopoldo O’Donnell, que buscaba la paz social y la prosperidad económica. A pesar del bienestar económico aparente, la situación financiera era precaria por falta de inversiones y la corrupción era rampante.

La población tenía motivos claros de descontento debido a la crisis económica, la inestabilidad política y el autoritarismo. Gracias a la unión de progresistas, demócratas y republicanos, se gestó un movimiento revolucionario.

Causas de la Revolución de 1868:

• Una crisis financiera en 1865 debido a la quiebra de empresas ferroviarias y bancarias.
• Una crisis industrial por el aumento de los precios del algodón y la caída de la demanda.
• Una crisis de subsistencia, por malas cosechas que provocaron el aumento del precio del pan.
• También hubo una crisis política por el descontento generalizado con la monarquía de Isabel II y la represión gubernamental.

Después, el Pacto de Ostende (1866) unió a progresistas y demócratas con el objetivo de derrocar a la monarquía y establecer un nuevo régimen basado en el sufragio universal.

La Revolución de 1868: «La Gloriosa»

Su inicio se dio con el levantamiento militar del almirante Topete en Cádiz, apoyado por los generales Prim y Serrano. El levantamiento acabó con la monarquía borbónica; Isabel II huyó a Francia. Se formó un Gobierno Provisional que buscaba legitimar su nueva política ante la nación.

Este gobierno elaboró la Constitución de 1869, una de las más avanzadas de su tiempo. En ella:

• Se estableció una monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
• Se reconocieron amplios derechos individuales (libertad de expresión, reunión, asociación, culto).
• Se proclamó la soberanía nacional y la división de poderes.

La Monarquía de Amadeo I (1871-1873)

Tras la aprobación de la Constitución de 1869, se buscó un nuevo rey. La elección recayó en Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Esta Constitución, y la figura del nuevo monarca, frustraba a los republicanos y no satisfacía a los carlistas ni a los borbónicos.

Debido a que la Constitución exigía un rey que jurara la Carta Magna y fuera constitucional, Amadeo I fue el elegido. Sin embargo, no tenía apoyo suficiente en España, por lo que tuvo que afrontar una gran inestabilidad política. Su breve reinado provocó constantes conflictos, con seis gobiernos y tres elecciones generales en apenas dos años.

Mientras tanto, había guerras activas: la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) y la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878). Toda esta situación de ingobernabilidad y falta de apoyo acabó con la renuncia de Amadeo I el 10 de febrero de 1873. Esto tuvo como conclusión que el Sexenio Democrático, en su fase monárquica, había fracasado.

El Sexenio Democrático: La Primera República Española (1873-1874)

Contexto y Proclamación

Tras la renuncia de Amadeo I el 10 de febrero de 1873, debido a la ingobernabilidad del país, se proclamó la República al día siguiente con la sesión conjunta del Senado y el Congreso. Estanislao Figueras fue proclamado el primer presidente del Gobierno de la República, con el apoyo de figuras como Francisco Pi y Margall.

Los republicanos se dividieron en dos tendencias principales: los unitarios (o centralistas), defensores de un Estado central y fuerte, y los federales, partidarios de una federación de regiones, con amplios derechos democráticos y laicismo.

Características y Reformas

La República tuvo un gran impacto popular: se ocuparon los ayuntamientos y se proclamaron juntas revolucionarias, y hubo un intento de reparto de tierras y búsqueda de igualdad. Tras las elecciones, el nuevo gobierno, liderado por Pi y Margall, elaboró un proyecto de Constitución federal inspirado en la Constitución de 1869. Este proyecto cambiaba la estructura del Estado, definiendo a España como una república federal compuesta por 17 Estados (incluyendo Cuba y Puerto Rico). Además, se proponía la separación Iglesia-Estado, la prohibición de subvenciones religiosas y la autonomía política y económica de los Estados. Finalmente, esta Constitución nunca llegó a ser aprobada.

El Cantonalismo y la Crisis Interna

Más tarde surgió el cantonalismo, un fenómeno de levantamientos federales intransigentes que buscaban aplicar el modelo federal desde abajo, proclamando cantones independientes. La proclamación del Cantón de Cartagena provocó su extensión por el sur y el este (Sevilla, Cádiz, Málaga, etc.). Esto generó una respuesta militar por parte del gobierno.

Pi y Margall dimitió y fue sustituido por Nicolás Salmerón, quien reprimió los levantamientos. Al problema cantonalista se sumaban la Guerra de los Diez Años en Cuba y la Tercera Guerra Carlista. Salmerón acabó dimitiendo al negarse a firmar dos penas de muerte a cantonalistas, y fue sustituido por Emilio Castelar.

Crisis Política y Fin de la República

El gobierno de Castelar actuó por decreto, cerró las Cortes y restableció el orden en un contexto de profunda crisis. El gobierno estaba enfrentado a los federales, por lo que el general Pavía organizó un Golpe de Estado el 2 de enero de 1874, disolviendo las Cortes y entregando el poder al general Serrano. Este instauró una República conservadora, sin un programa definido y con una gobernanza de facto dictatorial.

En diciembre de 1874, tras el Manifiesto de Sandhurst, Alfonso de Borbón se presentó como opción de estabilidad. El pronunciamiento del General Martínez Campos en Sagunto el 29 de diciembre de 1874 precipitó los acontecimientos. Finalmente, Alfonso XII fue proclamado rey, marcando el fin del Sexenio Democrático. Esta Restauración Borbónica consiguió traer estabilidad institucional, aunque sacrificando principios democráticos.