Portada » Historia » La Construcción del Estado Liberal en España: De la Constitución de 1812 a las Regencias
Este texto jurídico y político es una fuente primaria fundamental, elaborada por las Cortes de Cádiz durante la Guerra de la Independencia. Redactada en 1812 por los diputados reunidos en Cádiz, quienes representaban al pueblo español y sus colonias, su objetivo era crear una nueva base legal para España e implantar los principios del liberalismo, rompiendo definitivamente con el Antiguo Régimen.
La Constitución surgió en plena guerra contra los franceses, tras las Abdicaciones de Bayona (1808), cuando Napoleón Bonaparte colocó a su hermano José I en el trono español. Ante el rechazo popular, se crearon Juntas locales y provinciales que más tarde dieron paso al Consejo de Regencia, encargado de convocar las Cortes de Cádiz en 1810. En ellas hubo un fuerte debate entre liberales y absolutistas, imponiéndose los primeros, que elaboraron la primera Constitución de la historia de España.
La Constitución de 1812, conocida popularmente como “La Pepa”, establecía principios revolucionarios para la época:
El sistema electoral era universal masculino indirecto. Se reconocían derechos individuales como la libertad, la igualdad ante la ley o la libertad de imprenta, aunque se mantenía la religión católica como única oficial del Estado. Además, declaraba que la nación española incluía tanto a los ciudadanos de la península como a los de las colonias americanas.
Junto con la Constitución, se aprobaron medidas para acabar con el Antiguo Régimen, como la abolición de los señoríos, de la Inquisición y de los gremios, y se iniciaron reformas económicas y desamortizadoras. Aunque Fernando VII anuló la Constitución a su regreso en 1814, esta marcó el inicio del liberalismo en España y fue un referente que se restauró en periodos posteriores como el Trienio Liberal (1820-1823) y durante 1836-1837.
La invasión napoleónica y el vacío de poder en España facilitaron que las élites criollas crearan juntas de gobierno autónomas, que proclamaron la independencia a partir de 1810. La guerra, liderada por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín, se extendió hasta 1824, logrando la independencia definitiva de casi todas las colonias continentales, con la excepción de Cuba y Puerto Rico. Este proceso provocó una grave crisis económica y fiscal en España, que perdió su vasto imperio y una fuente crucial de ingresos.
En 1814, Fernando VII, apodado “el Deseado”, regresó a España y rechazó la Constitución de 1812 y todas las reformas de Cádiz, apoyándose en los absolutistas que le presentaron el Manifiesto de los Persas. Disolvió las Cortes y restauró el Antiguo Régimen en su totalidad, incluyendo la Inquisición y las instituciones señoriales. Inició una dura represión contra liberales y afrancesados, lo que provocó el primer gran exilio político de la España contemporánea. Su política absolutista enfrentó graves problemas económicos debido a una agricultura destruida por la guerra, un comercio paralizado y la pérdida de ingresos por la independencia de las colonias. Durante este periodo, surgieron numerosas revueltas y pronunciamientos liberales entre 1814 y 1819, aunque todos fueron duramente reprimidos.
En 1820, el levantamiento del comandante Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla) triunfó y obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Se restablecieron las reformas de Cádiz, como la supresión de la Inquisición, los señoríos y los mayorazgos, se reanudó la desamortización, se crearon ayuntamientos constitucionales y se organizó la Milicia Nacional. Surgieron sociedades patrióticas que utilizaron la libertad de prensa como una poderosa herramienta política. Sin embargo, los liberales se dividieron entre moderados, que buscaban pactar con el rey y las élites del Antiguo Régimen, y exaltados, que querían radicalizar las reformas. Mientras tanto, los absolutistas intentaron varios golpes de Estado. Finalmente, en 1823, la Santa Alianza intervino y un ejército francés, los “Cien Mil Hijos de San Luis”, restauró el absolutismo, poniendo fin a este segundo intento liberal.
Tras la intervención francesa de 1823, Fernando VII retomó el poder absoluto y desató una feroz represión contra los liberales del Trienio, depurando el ejército y la administración. A pesar de ello, impulsó algunas reformas moderadas para modernizar la administración y la economía, lo que le granjeó la desconfianza de los ultrarrealistas. Durante esta década, tanto los liberales exiliados como los realistas más extremistas generaron conflictos constantes. El problema sucesorio se agudizó con el nacimiento de su hija Isabel en 1830 y la promulgación de la Pragmática Sanción, que anulaba la Ley Sálica y permitía reinar a las mujeres. Esto dividió a los partidarios del trono entre los defensores de Isabel y los de Carlos María Isidro, hermano del rey. A la muerte de Fernando VII en 1833, Isabel fue proclamada reina bajo la regencia de su madre, María Cristina, mientras Carlos se sublevó, dando inicio a la Primera Guerra Carlista.
Cuando Fernando VII murió en 1833, su hermano Carlos María Isidro se proclamó rey, dando comienzo a la Primera Guerra Carlista. Los carlistas defendían el absolutismo y el Antiguo Régimen, y contaron con el apoyo del clero, parte de la nobleza y campesinos, especialmente en zonas con fueros como Navarra, el País Vasco y Cataluña. Los isabelinos, partidarios del liberalismo y de Isabel II, contaron con el apoyo de la alta burguesía, las clases medias urbanas, parte de la nobleza y potencias extranjeras como Francia, Portugal y el Reino Unido, que enviaron tropas y armas.
La guerra tuvo tres fases principales:
Tras la muerte de Fernando VII en 1833, María Cristina de Borbón asumió la regencia y, en plena Primera Guerra Carlista, buscó apoyo entre los monárquicos reformistas y los liberales moderados. Bajo su gobierno se impulsó la división provincial de 1833 y se promulgó el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que establecía la soberanía compartida, sufragio censitario y Cortes bicamerales, lo que dividió a los liberales en moderados y progresistas. La crisis económica, una epidemia de cólera y la guerra provocaron revueltas que llevaron al poder al progresista Mendizábal en 1835. Este aplicó la Desamortización de bienes eclesiásticos para financiar la guerra y atraer a la burguesía, aunque sus resultados fueron limitados. Tras su dimisión, el moderado Istúriz fue nombrado jefe de gobierno, pero el Motín de los Sargentos de La Granja (1836) obligó a la regente a restaurar la Constitución de 1812 y a redactar una nueva, la Constitución de 1837. Esta era de carácter progresista, reconocía derechos individuales, permitía la elección de ayuntamientos por sufragio masculino y una Milicia Nacional de ámbito local, pero también mantenía una monarquía constitucional con amplios poderes. Finalmente, cuando los moderados intentaron controlar los ayuntamientos con la Ley de 1840, el general Espartero y los progresistas se rebelaron, forzando la abdicación y el exilio de María Cristina y dando paso a la regencia de Espartero.
La regencia del general Baldomero Espartero fue muy conflictiva debido a su marcado autoritarismo. En 1841 reprimió duramente el asalto al Palacio Real organizado por moderados. En 1842, ordenó el bombardeo de Barcelona tras una revuelta popular provocada por un posible tratado de libre comercio con Inglaterra que perjudicaba gravemente a la industria textil catalana. Estas acciones le hicieron perder el apoyo de los propios progresistas y aumentaron la inestabilidad política. En 1843, el general moderado Narváez lideró una rebelión que provocó la caída y el exilio de Espartero. Para poner fin a la inestabilidad de las regencias, las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II, iniciando así su reinado efectivo.
