1. La Guerra de la Independencia (1808-1814)

La Guerra de la Independencia (1808-1814) supuso el inicio de la crisis definitiva del Antiguo Régimen y el origen del Estado liberal español. Este proceso estuvo marcado por la combinación de una revolución liberal y un contexto de guerra casi permanente. La invasión francesa provocó el colapso de la autoridad monárquica tradicional y favoreció la aparición de nuevas instituciones políticas. Durante el conflicto coexistieron tres proyectos de Estado: el afrancesado, el liberal y el absolutista. La confrontación entre ellos determinó la evolución política de España durante gran parte del siglo XIX.

1.1. El modelo afrancesado de Estado

Tras las abdicaciones de Bayona, Napoleón nombró rey de España a su hermano José Bonaparte el 4 de junio de 1808. Su gobierno se apoyó en los llamados afrancesados, funcionarios e intelectuales ilustrados que pretendían modernizar el país mediante una administración racional, centralizada y eficiente, siguiendo el modelo francés. Aunque su autoridad estuvo limitada por la guerra y por la ocupación militar francesa, intentó implantar importantes reformas políticas y administrativas.

La base jurídica de este proyecto fue el Estatuto de Bayona, promulgado el 6 de julio de 1808. Este texto establecía una monarquía de carácter reformista en la que el rey conservaba amplios poderes. Se mantenía el catolicismo como religión oficial, se suprimían la Inquisición y algunas órdenes religiosas y se reconocían determinados derechos individuales. También se introducía una división de poderes únicamente formal, ya que el monarca seguía concentrando la mayor parte de la autoridad política. Las Cortes y el Senado tenían funciones consultivas y escasa capacidad de control sobre el rey.

Entre las reformas económicas y sociales destacaron:

• Supresión de privilegios estamentales, mayorazgos y señoríos.
• Proyectos destinados a favorecer la creación de un mercado nacional.
• En el ámbito administrativo, el decreto de 1810 dividió el territorio en prefecturas y subprefecturas, siguiendo el modelo francés.
• Sustitución de los antiguos Consejos por ministerios especializados, creando una administración más moderna y profesional.

Aunque el proyecto afrancesado fracasó con la derrota napoleónica, dejó una importante herencia en materia de centralización administrativa, profesionalización burocrática y fortalecimiento del poder estatal.

1.2. El modelo liberal de las Cortes de Cádiz

La invasión francesa provocó la desaparición de las instituciones tradicionales del Antiguo Régimen. Ante el vacío de poder surgieron juntas locales y provinciales que asumieron la dirección de la resistencia. Para coordinar su actuación se creó en 1808 la Junta Suprema Central, sustituida posteriormente por una Regencia en 1810, encargada de convocar las Cortes de Cádiz.

Estas Cortes se reunieron en nombre de la nación y proclamaron por primera vez el principio de soberanía nacional, según el cual el poder residía en la nación y no en el monarca. La principal obra de las Cortes fue la Constitución de Cádiz de 1812, conocida como “La Pepa”. Esta constitución estableció una monarquía parlamentaria, reconoció la soberanía nacional y articuló una división de poderes en la que las Cortes desempeñaban un papel predominante. Se creó un sistema unicameral y un sufragio masculino indirecto, aunque con importantes limitaciones prácticas. Además, se reconocieron derechos civiles y políticos, se mantuvo el catolicismo como religión oficial y se decretó la supresión de la Inquisición.

Las Cortes también impulsaron importantes reformas administrativas:

• Se crearon ayuntamientos y diputaciones provinciales, sometidos al control estatal mediante los jefes políticos.
• En el ámbito económico se separó la Hacienda pública de la Hacienda real.
• Se estableció un presupuesto anual y se eliminaron las aduanas interiores.
• Se promovió la desamortización de bienes eclesiásticos y se suprimieron los señoríos jurisdiccionales, transformándolos en propiedad privada.

Estas medidas contribuyeron al desmantelamiento de las estructuras feudales y sentaron las bases del Estado liberal. El regreso de Fernando VII en 1814 supuso la restauración del absolutismo y la derogación de la Constitución de 1812. Sin embargo, tanto el modelo afrancesado como el liberal dejaron una profunda huella en la organización política y administrativa española. De ambos surgieron elementos fundamentales del futuro Estado liberal, como la centralización administrativa, la creación de ministerios, las diputaciones provinciales, la soberanía nacional y la construcción de una administración moderna dependiente del poder central.

2. Los fundamentos del Estado liberal

La construcción del Estado liberal español durante el siglo XIX tuvo como objetivo sustituir las instituciones del Antiguo Régimen por una organización política y administrativa centralizada, capaz de garantizar la unidad nacional, el orden y la estabilidad. El modelo que terminó imponiéndose fue el de los moderados, basado en un Estado fuerte, jerárquico y con predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial.

2.1. El «Estado grande» de los moderados

El liberalismo moderado defendía una monarquía constitucional en la que el rey conservaba amplios poderes y la administración actuaba como instrumento fundamental de gobierno. Este modelo se reflejó en tres textos básicos:

1. El Estatuto Real de 1834, que establecía un sistema bicameral con gran influencia de la Corona.
2. La Constitución de 1837, que buscó un equilibrio entre progresistas y moderados.
3. La Constitución de 1845, que consolidó definitivamente el predominio del rey y del Gobierno.

La consecuencia fue la creación de un Estado centralizado que redujo la autonomía local y convirtió a la Administración en el principal instrumento de control político y territorial. El Estado pasó a intervenir en ámbitos como la educación, las obras públicas, la Hacienda y el orden público.

2.2. La estructuración ministerial de la Administración central

Los antiguos Consejos del Antiguo Régimen fueron sustituidos por ministerios especializados, dando lugar a una administración más profesional y eficaz. Entre los más importantes destacaron:

• Ministerio de Gracia y Justicia: encargado de la administración judicial.
• Ministerio de Hacienda: responsable de impuestos y presupuestos.
• Ministerio de la Gobernación: encargado del orden público y la administración interior.
• Ministerio de Fomento: dedicado a infraestructuras, educación, industria y agricultura.

La organización judicial se completó con juzgados y audiencias distribuidos por todo el territorio, culminando en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que profesionalizó la justicia y reforzó la unidad del sistema judicial español.

2.3. La organización territorial

Para asegurar el control del territorio, el Estado liberal implantó una organización uniforme basada en provincias, partidos judiciales y municipios. La reforma fundamental fue el Real Decreto de 1833, impulsado por Javier de Burgos, que dividió España en 49 provincias, creando una estructura administrativa homogénea que todavía constituye la base territorial actual. Esta organización se completó con el Real Decreto de 1834, que creó los partidos judiciales como divisiones intermedias para facilitar la administración de justicia y la organización electoral.

2.4. La Administración periférica y local

La presencia del Estado en las provincias se garantizó mediante los gobernadores civiles, surgidos a partir de 1835 con la creación del Ministerio de la Gobernación. Estos funcionarios representaban al Gobierno en cada provincia y supervisaban el cumplimiento de las leyes y la actuación de las autoridades locales. En el ámbito local se organizaron los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Aunque existían órganos representativos, las leyes de 1845 reforzaron su dependencia respecto al Gobierno central. Durante la Restauración, la legislación de 1876 mantuvo este modelo centralizado, consolidando la subordinación de las instituciones locales al Estado.

3. El funcionariado y la función pública

El desarrollo del Estado liberal español estuvo estrechamente ligado a la creación de una administración cada vez más amplia, estable y profesional. La expansión de las competencias estatales exigía disponer de empleados públicos preparados y permanentes que garantizaran el funcionamiento de la Administración con independencia de los cambios políticos. Por ello, el funcionariado se convirtió en uno de los pilares fundamentales del Estado liberal.

Paralelamente se fue configurando una función pública organizada de manera jerárquica y homogénea, basada en normas comunes, categorías administrativas y procedimientos de acceso y promoción cada vez más regulados. La burocracia liberal se estructuró mediante una jerarquía que iba desde los altos cargos ministeriales hasta los funcionarios provinciales y locales. De forma progresiva se exigió formación en disciplinas como Derecho, Administración o Contabilidad. Socialmente, la mayoría de los funcionarios procedía de las clases medias urbanas, para las que el empleo público representaba una vía de estabilidad económica y ascenso social.

3.1. El decreto de funcionarios de Bravo Murillo

La norma fundamental en la organización de la función pública fue el Decreto de 18 de junio de 1852, impulsado por Juan Bravo Murillo. Este decreto constituyó el primer intento serio de regular de forma sistemática el empleo público en España y estableció las bases de la administración funcionarial moderna. Su modelo de referencia fue el Ministerio de Hacienda.

El decreto reguló aspectos esenciales como:

• Ingreso y promoción: Sistemas de acceso mediante oposición o concurso.
• Escalafones: Ordenación de los funcionarios según categoría y antigüedad.
• Hoja de servicios: Documento donde se registraban méritos y sanciones.
• Movilidad territorial: Obligación de servir en cualquier lugar del país.
• Derechos sociales: Creación del sistema de clases pasivas (pensiones y jubilaciones).

Sin embargo, persistió la figura del cesante, es decir, el funcionario que perdía su puesto cuando cambiaba el gobierno, lo que demuestra que la politización de la Administración no desapareció completamente.

3.2. Los cuerpos facultativos especiales

Junto a los cuerpos generales surgieron los cuerpos facultativos especiales, integrados por técnicos altamente cualificados. Estos cuerpos desempeñaron un papel fundamental en la modernización del Estado:

• Cuerpo de Ingenieros de Minas (1777).
• Cuerpo de Ingenieros del Estado (1835).
• Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1835).

La característica principal de estos cuerpos era su elevado nivel de especialización y el acceso mediante oposiciones rigurosas, convirtiéndose en un ejemplo de administración basada en el mérito y la capacidad.

4. La Hacienda Pública

La construcción del Estado liberal exigía una profunda reforma de la Hacienda, ya que el sistema fiscal heredado del Antiguo Régimen era complejo, desigual e ineficaz. Los gobiernos liberales impulsaron diversas reformas destinadas a aumentar los ingresos públicos y racionalizar el sistema tributario.

4.1. La desamortización

La desamortización fue el proceso mediante el cual se expropiaron y vendieron bienes pertenecientes principalmente a la Iglesia y a los municipios. La reforma más importante fue la Desamortización de Mendizábal, iniciada en 1836 por Juan Álvarez Mendizábal. Esta medida afectó especialmente a los bienes de las órdenes religiosas y permitió al Estado recaudar importantes cantidades de dinero, aunque no produjo una distribución equitativa de la propiedad.

4.2. La reforma tributaria de Mon-Santillán

La principal reforma fiscal del siglo XIX fue la llevada a cabo por Alejandro Mon y Ramón de Santillán mediante la Reforma Tributaria de 1845. Esta reforma creó un sistema basado en dos grandes grupos de tributos:

• Impuestos directos: aplicados sobre la riqueza territorial, industrial y comercial.
• Impuestos indirectos: especialmente los impuestos sobre el consumo (consumos).

Este modelo permitió aumentar la recaudación y mejorar la organización de la Hacienda estatal, constituyendo la base de la Hacienda contemporánea española.

4.3. La organización de la Administración de Hacienda

El Ministerio de Hacienda se convirtió en uno de los departamentos más importantes, responsable de la elaboración de presupuestos y el control financiero. A nivel territorial se desarrolló una red de delegaciones que permitieron extender el control fiscal a todas las provincias. Gracias a esta estructura, la Hacienda pública comenzó a funcionar mediante presupuestos anuales, permitiendo una gestión más racional.

4.4. Importancia de la reforma hacendística

Las reformas hacendísticas fueron esenciales para la consolidación del Estado moderno. La desamortización proporcionó recursos extraordinarios, mientras que la Reforma Mon-Santillán creó un sistema tributario uniforme. Gracias a estas medidas, se pudieron financiar las principales instituciones del nuevo régimen liberal.

5. La construcción de una economía nacional

Los gobiernos liberales consideraban imprescindible eliminar los obstáculos del Antiguo Régimen para impulsar el crecimiento del país mediante la unificación del mercado y la modernización de infraestructuras.

5.1. La unificación del mercado nacional

Se suprimieron las aduanas interiores y se estableció una legislación común. Una norma fundamental fue el Código de Comercio de 1829, elaborado por Pedro Sainz de Andino, que dotó al comercio español de una mayor seguridad jurídica.

5.2. La modernización de los transportes y las comunicaciones

La medida más importante fue la Ley General de Ferrocarriles de 1855, que impulsó la expansión de la red ferroviaria española. El ferrocarril redujo los costes de transporte y facilitó el comercio interior. Junto a él, el desarrollo del telégrafo mejoró las comunicaciones administrativas y comerciales.

5.3. La unificación monetaria y financiera

En 1868 se aprobó la creación de la peseta como moneda oficial de España, facilitando los intercambios económicos. También se implantó el sistema métrico decimal. En el ámbito financiero, el Banco de España se consolidó como la principal institución bancaria, encargada de la emisión de moneda y la financiación del Estado.

5.4. La intervención del Estado en la economía

Aunque el liberalismo defendía la libertad económica, el Estado desempeñó un papel activo en la construcción de infraestructuras y la regulación del sistema financiero. Estas reformas permitieron la consolidación de un mercado nacional y fortalecieron el papel del Estado como garante del crecimiento.

6. Las instituciones de orden público

El objetivo era reforzar la autoridad gubernamental, proteger la propiedad privada y asegurar la estabilidad política en un periodo marcado por conflictos sociales y guerras civiles.

6.1. La Superintendencia General de Policía

Creada en 1824 durante el reinado de Fernando VII, fue la primera gran institución de orden público. Aunque inicialmente tuvo un carácter de control político, sentó las bases de la futura policía gubernativa.

6.2. La creación de la Guardia Civil

La institución más importante fue la Guardia Civil, creada en 1844 durante el gobierno moderado. Su fundación, impulsada por Francisco Javier Girón (Duque de Ahumada), respondió a la necesidad de combatir la inseguridad en el medio rural y el bandolerismo. Se diseñó como una institución de carácter militar y presencia permanente en todo el territorio.

6.3. La policía gubernativa

Encargada de la vigilancia en las ciudades, su actividad estaba vinculada al Ministerio de la Gobernación. Sus funciones incluían el control del orden público urbano y la vigilancia política, adaptándose progresivamente al crecimiento de las urbes.

6.4. Importancia de las instituciones de orden público

Gracias a estas instituciones, el Estado pudo ejercer el monopolio de la fuerza de forma eficaz. Las fuerzas de seguridad se convirtieron en uno de los pilares fundamentales del sistema liberal español.

7. El Ejército y el servicio militar

7.1. El Ejército

La Guerra de la Independencia dio origen a un ejército nacional permanente. Durante el siglo XIX, diversas leyes intentaron regularlo:

• Ley Constitutiva del Ejército de 1821 (Trienio Liberal).
• Ley de Ordenanza para el Reemplazo de 1837.
• Ley Constitutiva del Ejército de 1878 (Restauración).

Se crearon cuerpos técnicos como Artillería e Ingenieros Militares, aunque persistió el problema de la hipertrofia de oficiales.

7.2. El reclutamiento y las exenciones

El sistema de quintas (reclutamiento obligatorio) estuvo marcado por la desigualdad social. Existían mecanismos para evitar el servicio militar:

• Redención en metálico: Pago de una cantidad de dinero al Estado.
• Sustitución: Contratar a otra persona para que fuera en lugar del recluta.

Esto generó un fuerte rechazo entre las clases populares. Aunque la Ley de Canalejas de 1912 eliminó la redención en metálico, introdujo la figura del soldado de cuota, manteniendo ciertas diferencias sociales. El reclutamiento reflejó la contradicción de un sistema teóricamente igualitario pero condicionado por los privilegios económicos.