Portada » Historia » Evolución de España: Franquismo, Transición y Consolidación Democrática
El establecimiento de la política autárquica (de autoabastecimiento) en España, tras la Guerra Civil, se fundamentó en varios elementos clave: la devastación y la escasez de capital resultantes del conflicto, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el subsiguiente aislamiento internacional, la consolidación de tendencias proteccionistas, la defensa de la identidad española y un marcado interés político por el control total de la economía. Las autoridades franquistas aspiraban a transformar España en una nación autosuficiente.
Para lograr este objetivo, toda la producción interior se orientó al aprovechamiento de los recursos propios, sustituyendo, en la medida de lo posible, los productos extranjeros por los nacionales. Esta estrategia conllevó una fuerte intervención de la Administración en la economía. Para conseguir la autosuficiencia, se implementaron las siguientes medidas:
Los resultados de esta política autárquica fueron predominantemente negativos:
La supervivencia del régimen requería un cambio en la política económica. En 1957, Franco formó un nuevo gobierno que se decantó por la liberalización económica, culminando en el Plan de Estabilización de 1959.
Los objetivos principales del Plan eran:
El Plan de Estabilización sentó las bases para un crecimiento económico significativo. Sus efectos fueron positivos en la reducción de la demanda y la inflación, así como en el saneamiento del comercio exterior. Sin embargo, esto se logró a costa de la congelación salarial y un aumento del paro, cuya válvula de escape fue la emigración masiva a Europa, que en ese momento vivía una fase de gran prosperidad económica.
El Franquismo puede caracterizarse como una dictadura militar y eclesiástica de tipo tradicional, un sistema totalitario que concentró todos los poderes en la figura del Jefe del Estado, el general Francisco Franco.
El régimen se sustentó en siete Leyes Fundamentales:
A nivel ideológico, el régimen no partió de un concepto preconcebido de Estado basado en una ideología única. Franco fue amalgamando ideas de los falangistas, del conservadurismo antiparlamentario, del catolicismo tradicional, y la negación del reformismo republicano, buscando impedir el comunismo, el liberalismo y el separatismo.
Los ideales de este nuevo Estado, presentes desde el 18 de julio de 1936, incluían:
La oposición política al Franquismo se vio obligada a manifestarse desde la clandestinidad y estuvo sometida a una fuerte represión policial y judicial, ejemplificada por la Ley de Responsabilidades Políticas y el Tribunal de Orden Público. La existencia de presos políticos, la censura, el control de los medios de comunicación y la marginación de los represaliados y enemigos políticos fueron constantes del régimen.
Inicialmente, la oposición provino de los partidos y sindicatos derrotados en la guerra. Sin embargo, progresivamente surgieron nuevas formas de disidencia, incluso desde dentro del propio régimen, demandando libertades.
La oposición democrática de los partidos obreros se manifestó a través de la lucha armada de los guerrilleros, conocidos como «maquis». Al principio, eran principalmente evadidos o huidos de la represión franquista que se refugiaban en los montes; posteriormente, se organizaron como guerrilleros. Realizaron acciones de resistencia desde las zonas montañosas, contando con el apoyo de la población civil y la ayuda del PCE (Partido Comunista de España).
Un intento significativo fue la penetración por el Valle de Arán en 1944, que finalmente fracasó. Durante varios años, actuaron en zonas montañosas (como Galicia-León-Asturias y Extremadura), esperando la ayuda de los aliados. No obstante, la falta de apoyo internacional y en el propio país llevó al fracaso de la guerrilla, con sus miembros siendo capturados, muertos o forzados al exilio.
En los años cuarenta, Franco también se enfrentó a la oposición monárquica, compuesta por aristócratas y generales (como Varela, Moscardó y Aranda) que defendían la restauración de la monarquía. A esta corriente se sumó Don Juan de Borbón en 1945 con el Manifiesto de Lausana. Franco logró desarticular esta oposición, reubicando a los generales disidentes.
En los años cincuenta, surgió un movimiento de oposición al Franquismo dentro de la Universidad, impulsado por gente de clase media con tendencias liberales o democristianas. Coincidió con los intentos aperturistas de Joaquín Ruiz Jiménez en la Universidad y con enfrentamientos con los falangistas. Entre 1955 y 1956, se produjeron manifestaciones y choques entre estudiantes «aperturistas» y falangistas, que Franco reprimió, cesando a Joaquín Ruiz Jiménez y a Raimundo Fernández Cuesta (de Falange).
El movimiento obrero tuvo una importancia limitada en los años cuarenta y principios de los cincuenta (destaca la huelga de tranvías de Barcelona en 1951). Las primeras protestas significativas no se produjeron hasta 1956-1958, con manifestaciones en las zonas mineras (Asturias) e industrializadas (País Vasco). Fue en estas huelgas donde comenzaron a formarse las futuras Comisiones Obreras.
En los años 50 y 60, la oposición política se encontraba muy fragmentada y con pocos militantes. Incluía a los democristianos de Gil Robles y Manuel Jiménez Fernández; los socialdemócratas de Dionisio Ridruejo; los liberales de Joaquín Satrústegui; los republicanos; y el PSOE, liderado por Rodolfo Llopis, muy dividido entre militantes del interior y del exilio (sufrió una escisión con la creación del Partido Socialista del Interior por Tierno Galván). Una de las acciones más relevantes fue la «reunión de Múnich» en 1962.
Desde la Iglesia también se fue gestando una oposición al régimen. El distanciamiento con el Franquismo se acentuó entre 1962 y 1965, con motivo del Concilio Vaticano II, y con el nombramiento en 1971 del cardenal Vicente Enrique y Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Durante el período de desarrollo económico, España experimentó una profunda transformación, llegando a convertirse en la décima potencia industrial del mundo. La renta per cápita se disparó de 300 dólares en 1960 (la más baja de Europa) a 1000 dólares en 1970, con una tasa de crecimiento anual muy alta del 8,6%.
Este cambio estructural fue posible gracias a una masiva migración de la población:
Estas transformaciones económicas produjeron cambios significativos en la estructura de la población, con un considerable incremento demográfico (34 millones en 1970). Entre 1960 y 1973, la España agraria, rural y tradicional dio paso a una España industrial, urbana y moderna, similar a la de los países de Europa Occidental. Disminuyó el porcentaje de personas ocupadas en la agricultura y aumentó el número de obreros de la industria y de empleados del sector servicios (terciarización).
También cambió la estructura social, con un predominio creciente de las clases medias urbanas. El aumento de los salarios (aunque aún bajos en comparación con los europeos) y de la renta per cápita elevó el nivel de vida de los españoles, quienes comenzaron a integrarse en la sociedad de consumo. Mejoró la alimentación, y la construcción de viviendas aumentó (aunque persistieron el chabolismo y el crecimiento de barrios periféricos sin infraestructuras adecuadas). Los hogares se equiparon con frigoríficos, televisores y teléfonos. Las vacaciones y el automóvil, con el icónico Seat 600, se hicieron accesibles para más personas.
En el ámbito social, la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) garantizó asistencia médica, pensiones de jubilación y otras prestaciones a los afiliados, si bien resultaron insuficientes. La Ley General de Educación (1970) amplió la escolarización obligatoria hasta los 14 años, contribuyendo a la disminución del analfabetismo.
Se produjeron también cambios profundos en la mentalidad. Los jóvenes españoles, en contacto con turistas extranjeros, la vida urbana y la televisión (a pesar de la censura y manipulación continuas), desarrollaron una concepción del mundo más abierta y tolerante que la tradicional de la España oficial. Buscaban inspiración cultural en Europa en cuanto a moda, música y pensamiento. España se secularizó, y las nuevas generaciones demandaban no solo libertad económica, sino también política.
Inicialmente, Franco se declaró neutral ante el conflicto mundial, aunque la Falange y Serrano Suñer, cuñado de Franco, abogaban por un apoyo temprano a la guerra. En octubre de 1940, Hitler y Franco se reunieron en Hendaya para discutir el papel de España en la guerra. El encuentro fue un fracaso; se firmó un protocolo secreto por el que España se comprometía a entrar en guerra sin precisar la fecha. Hitler, ante las excesivas exigencias de Franco, prefirió la neutralidad española.
Pocos meses después, Franco se reunió con Mussolini, pero tampoco hubo acuerdo para la entrada en guerra debido a las condiciones impuestas por el dictador español. En junio de 1941, España cambió su estatus a «no beligerante», una situación en la que un Estado no participa activamente en una guerra, pero sí muestra apoyo a uno de los bandos. Tras la invasión de la URSS en 1941, el gobierno envió voluntarios para luchar contra el comunismo, formando la División Azul, compuesta por falangistas.
En 1943, España volvió a declararse neutral y retiró la División Azul del frente ruso, aunque mantuvo cierta ayuda a Alemania, que fue decreciendo con el aumento de la presión internacional sobre el régimen. La inminente victoria de los aliados obligó a Franco a disimular el carácter dictatorial de su régimen.
El final de la guerra fue presentado por el régimen como un mérito personal de Franco por su habilidad para resistir las presiones del Eje. Sin embargo, la situación internacional forzó a Franco a enmascarar el régimen: se desplazó a la Falange, se potenció el catolicismo y se aprobó una ley electoral que, en la práctica, no alteró el sistema.
Las denuncias contra el régimen surgieron desde diversos ámbitos. El Manifiesto de Lausana (1945), promovido por Don Juan de Borbón, abogaba por la restauración de la monarquía. Países como México y Polonia denunciaron el carácter fascista del régimen, y la Conferencia de San Francisco aprobó una condena. Todas estas acusaciones culminaron con la exclusión de España de las Naciones Unidas en diciembre de 1946 y la recomendación de la ONU a los embajadores de retirar sus representaciones de Madrid. Esto provocó el cierre del comercio internacional para España, que solo mantuvo fronteras abiertas con Argentina y Portugal.
En el período de 1973 a 1985, España experimentó una profunda crisis económica, caracterizada, al igual que en otros países occidentales, por altas tasas de inflación y desempleo, una inversión negativa y un crecimiento muy lento del Producto Interior Bruto (PIB). Esta crisis coincidió con los años de la Transición Política, pasando de un régimen autoritario a un sistema democrático.
La Transición Política, si bien retrasó la adopción de medidas económicas inmediatas para afrontar la crisis, también brindó la oportunidad de implementar reformas importantes que contribuyeron a la consolidación de la democracia.
Uno de los asuntos económicos más relevantes de los primeros años fue el caso RUMASA. El gobierno detectó problemas de liquidez e irregularidades en los bancos del holding RUMASA, lo que llevó a su expropiación.
Otro proyecto clave fue la reconversión industrial, dirigida por Carlos Solchaga. El gobierno, en el marco de los Pactos de la Moncloa, llevó a cabo una reforma fiscal que afectó tanto a las rentas de las personas físicas como al patrimonio, aumentando la presión fiscal. Esto permitió al Estado disponer de más recursos para aumentar y mejorar el Estado del Bienestar en áreas como prestaciones por desempleo, sanidad, educación, autonomías e infraestructuras, lo que contribuyó a que España experimentara un crecimiento económico notable.
La construcción del actual Estado autonómico en España no se inicia, en realidad, con la Constitución de 1978, sino que sienta sus bases en los regímenes preautonómicos que, antes de la aprobación constitucional y como requisito necesario para la Transición Política, se generalizaron por casi todo el país.
El restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña por Real Decreto Ley de 29 de septiembre de 1977, tres meses después de las elecciones constituyentes, y el nombramiento de Josep Tarradellas, presidente en el exilio durante casi veinticinco años, como presidente provisional, fue el pistoletazo de salida de un proceso que en 1978 se extendió sucesivamente al País Vasco, Galicia y otras once preautonomías.
La Constitución de 1978 dejó claro el carácter descentralizador y autonomista del nuevo Estado al reconocer y garantizar «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Es la primera vez en la historia constitucional española que la nación se concibe como una articulación de «nacionalidades», además de provincias y regiones, aunque el contenido de este término no se aclaró explícitamente.
En la misma línea, la Constitución establece la oficialidad y obligatoriedad del castellano en todo el Estado, pero también la cooficialidad de las «demás lenguas españolas» en sus respectivos territorios. Se apunta, así, una concepción de España como «nación de naciones» y una oferta de armonización entre los distintos nacionalismos que roza, sin explicitarlo, el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado.
El Título VIII de la Constitución concreta políticamente esta oferta, combinando elementos del Estado centralizado (como el mantenimiento de la antigua red provincial) con otros completamente nuevos. La introducción de la autonomía política a través de las Comunidades Autónomas presenta una clara inspiración federal. Aunque en el texto constitucional eran optativas y podían presentar distintos niveles de autogobierno, en la práctica se han generalizado y alcanzado una casi completa homologación.
La estructura organizativa básica de las Comunidades Autónomas, determinada por sus propios Estatutos, es muy similar, comprendiendo (aunque con denominaciones diversas) una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno, un Presidente y un Tribunal Superior de Justicia. La especificidad más significativa corresponde a las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, que gozan de autonomía fiscal y financiera, continuadora de los antiguos conciertos económicos.
La aplicación general del modelo autonómico fue bastante rápida. Las diecisiete Comunidades Autónomas actuales de España se constituyeron y recibieron sus Estatutos mediante las correspondientes Leyes Orgánicas, aprobadas entre el 18 de diciembre de 1979 (País Vasco y Cataluña) y el 25 de febrero de 1983 (Castilla y León, Extremadura, Baleares y Madrid). A estas se añadirían en 1995 las autonomías de las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla.
En la culminación de este proceso fueron decisivos los Pactos Autonómicos de 1981, que supusieron la efectiva generalización de las autonomías. Posteriormente, la Ley Orgánica 97/1992, de 23 de diciembre, fruto de un acuerdo entre el gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular, estableció la virtual equiparación de todas las Comunidades Autónomas en sus competencias de legislación y gestión, con la excepción de ciertas peculiaridades históricas y lingüísticas propias de algunas comunidades singulares. Consecuentemente, la reforma posterior de los Estatutos ha posibilitado la igualación de servicios básicos entre las comunidades que accedieron al Estatuto por la «vía rápida» (artículo 151) y las que lo hicieron por la «vía lenta» (artículo 143).
Durante la Transición Española (1977-1982), el sistema de partidos se configuró a partir de la distribución del apoyo electoral en las primeras elecciones democráticas de 1977. En ellas, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) se consolidó como la fuerza dominante en el centro-izquierda, mientras que la UCD (Unión de Centro Democrático) hizo lo propio en el centro-derecha.
El resultado de estas elecciones fue una distribución del voto bastante simétrica. Más allá de estas dos fuerzas principales, y alejándonos del centro ideológico, se encontraban los sectores más protagonistas durante el Franquismo: el Partido Comunista de España (PCE) de Santiago Carrillo y Alianza Popular (AP), donde figuraban personalidades como Manuel Fraga y Arias Navarro.
Tras esta primera fase, se pasó a un sistema de partido predominante del PSOE en los años 80, impulsado por dos factores decisivos:
Así, a partir de 1982, el PSOE no tuvo una competencia real significativa hasta 1989. Durante esta década, el partido pudo centrarse en tres grandes objetivos: el saneamiento económico, la consolidación democrática y la integración europea.
Esta dinámica cambió en las elecciones de 1989. El PSOE, que había comenzado a aplicar políticas redistributivas de mayor intensidad con el consiguiente aumento de la presión fiscal, se encontró con una Alianza Popular reconvertida en Partido Popular (PP), en un intento de captar a sectores sociales hasta entonces ajenos a la figura de Fraga.
Además, el Partido Socialista perdió el entendimiento con los sindicatos, no solo en la huelga general de 1988, sino a lo largo de todo este período, lo que sería decisivo en la pérdida de la mayoría absoluta en 1993.
La tercera fase (1993-2000) se caracterizó por un cierto equilibrio del voto entre derecha e izquierda, y por la necesidad de pactos con los partidos nacionalistas, que se convirtieron en actores clave de la situación política. Es importante destacar cómo el Partido Popular, por necesidad durante su primera legislatura, implementó una profunda estrategia de negociación con los agentes sociales, que luego, acompañada de la mayoría absoluta del año 2000, abandonaría por completo.
La cuarta fase, de partido predominante, protagonizada por el PP, concluyó tras la gestión de los atentados del 11 de marzo de 2004, dando lugar a un sistema de partidos semejante al surgido en los años 90, con una mayor alternancia y fragmentación.
Los gobiernos socialistas, a partir de la Transición, consolidaron la presencia española en los organismos internacionales y pusieron fin definitivamente a la etapa de aislamiento. El primer paso fue el abandono de los postulados antiimperialistas y neutralistas, promoviendo una política internacional que establecía como objetivos prioritarios la integración en la CEE (Comunidad Económica Europea) y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), así como el fortalecimiento de los contactos con Iberoamérica y el Mediterráneo.
La posición socialista respecto a la OTAN evolucionó desde un inicial «OTAN, de entrada no» (una postura contraria y el anuncio de retirada si ganaban las elecciones de 1982) a una política de permanencia. Así, en 1986, se convocó un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, con una campaña activa a favor del «Sí» bajo el lema «En interés de España, vota Sí». El referéndum se saldó con una participación del 60% y un 52,5% de votos afirmativos.
España llevaba años negociando su adhesión a la CEE, y desde 1977 la situación estaba estancada. Para desbloquearla, el ministro Fernando Morán impulsó una política de acercamiento a Francia, Alemania y un diálogo con el Reino Unido. De este modo, las negociaciones se agilizaron y el 12 de junio de 1985, España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. El 1 de enero de 1986, España pasó a formar parte de la «Europa de los doce».
La integración de España en Europa (CEE) fue un paso decisivo en la profunda transformación de la sociedad española. El desarrollo económico permitió la creación y consolidación de un Estado del Bienestar, con mejoras significativas en educación, sanidad, Seguridad Social y pensiones.
Tras la retirada de Felipe González, el PSOE había sufrido una crisis interna. El 14 de marzo de 2004, contra todo pronóstico en las encuestas, el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, accedió al poder. La sombra de los atentados del 11 de marzo estuvo presente en numerosos medios de comunicación y generó una gran tensión política en los años siguientes entre el PSOE y el PP.
El éxito de la legislatura socialista se centró en políticas de carácter social, entre las que destacan:
Uno de los aspectos más polémicos fue la reapertura del proceso autonómico, ya que la reforma de los estatutos de varias Comunidades Autónomas provocó enfrentamientos con el PP. Se inició un proceso de negociación con ETA al que el PP se opuso, pero que se rompió con los atentados en Barajas en diciembre de 2006.
Zapatero volvió a ganar las elecciones en marzo de 2008, formando un gobierno compuesto mayoritariamente por mujeres, entre las que destacaba María Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta política.
El fin del protagonismo militar en la vida pública se produjo a partir de 1982 con la llegada del PSOE al poder. La revista de las tropas y vehículos de la División Brunete, mencionada al inicio de este trabajo, simbolizó un cambio de rumbo y la disminución de las tendencias involucionistas.
Podemos considerar las siguientes razones como causas de esta transformación:
A partir de ese momento, los nuevos gobiernos socialistas emprendieron la labor de subordinación total del estamento militar al poder civil, afrontando así la radical transformación de un ejército con vocación interna a un modelo enfocado a la defensa externa. Esto implicó una gran reducción de efectivos del Ejército de Tierra, una modernización progresiva de los medios técnicos y la supresión radical de la autonomía del estamento con respecto a unos mandos civiles que, antes de este momento, solo ejercían un poder teórico sobre los Jefes de Estado Mayor.
La Iglesia Católica, que había gozado de un papel preeminente y de apoyo mutuo con el régimen franquista, también experimentó una redefinición de su rol en la España democrática. La Transición implicó un proceso de secularización y la separación de la Iglesia del Estado, estableciendo un marco de libertad religiosa y pluralismo. La Iglesia mantuvo su influencia social y moral, pero perdió su estatus privilegiado y su capacidad de intervención directa en la política estatal, adaptándose a un nuevo modelo de relaciones con el Estado basado en la cooperación en áreas de interés común, pero sin la tutela ideológica o el control que ejerció durante el Franquismo.