Portada » Filosofía » Dimensiones Fundamentales de la Política y el Estado: Ciencia, Filosofía e Ideología
El hombre, como ser social, busca relacionarse con sus semejantes, y esta relación está enmarcada y motivada por intereses particulares del individuo; es decir, el individuo busca a sus semejantes para satisfacer las necesidades que le son propias, con lo cual busca su propio bienestar. Estas necesidades se podrían resumir básicamente en la seguridad, la alimentación, la amistad y la compañía, entre otras.
Pero en esta relación grupal, también se hace imperante la existencia de normas y leyes que regulen la actividad de la sociedad, evitando el desorden social e impidiendo que el más fuerte (o más rico) abuse del más débil (o más pobre).
Esto evidencia la necesidad del Derecho en la sociedad, pero de nada servirían normas y leyes si no existiera alguna fuerza, o algún ente con poder, que las imponga u obligue a los individuos a acatarlas y cumplirlas. Esta fuerza o poder está en manos del Estado, y es a lo que llamamos política.
El término política se empezó a utilizar en el siglo V a.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada justamente Política, utilizándola como concepto al tratar de definir la relación entre el poder de una sociedad y sus ciudadanos.
Según Gutiérrez (2003), la política es una actividad orientada de forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen en una sociedad.
Por otra parte, Kurt Von Jess (1996) sostiene que la política tiene que ver directamente con el ejercicio del poder en un Estado. Etimológicamente, viene de la palabra griega polis, que significa ciudad, y se refiere a todo el conjunto de actividades que el hombre desarrolla tendientes a darle mayor efectividad a la administración del gobierno en la ciudad.
El ejercicio del poder para imponer las normas y leyes en una sociedad corresponde a un grupo de personas en quienes hemos depositado confiadamente la autoridad para ejercerlo. En nuestro caso, es a través de las votaciones que seleccionamos al grupo de personas para ejercer la autoridad.
El ejercicio de esta autoridad crea un grupo jerárquico que se denomina Gobierno, que conjuntamente con la población (la cual está subordinada a este), el funcionamiento y la estructura de un Estado, es denominado Fenómeno Político.
Por lo tanto, el fenómeno político «es considerado como un conjunto de actividades que el hombre realiza tendientes a la creación de una institución denominada Estado, producto de su instinto de conservación, impulsado por la necesidad de obtener seguridad, de establecer un orden y una jerarquía, para lograr de esa manera implantar un sistema jurídico correspondiente que regule su conducta y la de sus semejantes para la buena y perfecta convivencia» (Kurt Von Jess, 1996, p. 375).
También llamada Ciencia del Poder o Ciencia del Estado, según Flores (2004), es la ciencia que estudia fundamentalmente el ejercicio, la distribución y la organización del poder de una sociedad. Por ser una ciencia social, se interesa por estudiar los hechos políticos.
Para conocer la realidad política, la ciencia política describe los acontecimientos, procesos y conductas calificadas como políticas. Con tal propósito, realiza una exposición minuciosa de las diversas expresiones de la acción política. Un ejemplo de hecho político que estudia la ciencia política son los procesos electorales.
Es la reflexión sobre los principios últimos que permiten dar una explicación total de la realidad política y orientar la acción humana en su relación con la naturaleza y con la historia. El objeto de la Filosofía Política es la actividad política entendida como aquella actividad a través de la cual los hombres aspiran a resolver los problemas de una convivencia ordenada que tiene su máxima expresión en la organización del poder político, es decir, en el Estado. La filosofía política tiene como función racionalizar el mundo político.
Esta disciplina trata de llegar al conocimiento de la misma esencia de los hechos políticos y para ello investiga las causas primeras y últimas del fenómeno político. Según Gutiérrez (2001), esta disciplina se divide en cuatro ramas principales:
Según Gutiérrez (2003), la ideología política comprende todas aquellas tendencias y formas de pensamiento que buscan establecer una forma de interrelación entre los gobernantes y los gobernados; es decir, todas aquellas ideas que tratan de afirmar cómo debe ser el gobierno y cómo se debe conducir el poder del Estado.
Las diferencias entre las ideologías políticas de izquierda y de derecha son las siguientes:
Zulema Salgado (2010) atribuye la introducción del término Estado en el ámbito jurídico-político a Maquiavelo. Cuando introdujo esta palabra en su obra El Príncipe en 1513, al decir que «los Estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o principados. Los principados son, o hereditarios con larga dinastía de príncipes, o nuevos; o completamente nuevos, cual lo fue Milán para Francisco Sforza o miembros reunidos al Estado hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino de Nápoles respecto a la revolución de España. Los Estados así adquiridos, o los gobernaba antes un príncipe, o gozaban de libertad, y se adquieren, o con ajenas armas, o con las propias, por caso afortunado o por valor y genio».
A pesar de que la cita anterior de Maquiavelo estaba enmarcada en una realidad muy distinta a la actual, debido a que fue hecha hace más de cinco siglos, en términos generales, se define el Estado como la organización política y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y bajo un poder de mando regido por la razón.
No todos los Estados actuales surgieron o se formaron de la misma manera, debido a que su constitución se debe a procesos históricos y sociales únicos para cada población. Es distinta por completo la formación del Estado español, ya que es un Reino, a la formación de los nuevos Estados que surgieron de la independencia de sus colonias, los cuales conforman los Estados de los países latinoamericanos.
Pero originariamente, todas las sociedades, que en un principio son grupos sociales simples, van adquiriendo con el paso del tiempo ciertos atributos, hasta convertirse en organizaciones que cumplen la definición de Estado.
Según Oszlak (2007), los atributos que caracterizan al Estado pueden ser:
Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de organización social en el mundo, ya que en cada país y en gran parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un Estado.
Actualmente existen entes supraestatales como la Unión Europea, lo cual ha modificado el concepto tradicional de Estado. En esta unión, varios países europeos se han asociado para crear una figura política que representa a todas y cada una de las naciones integrantes, la cual tiene el control de instancias como las económicas, fiscales, legislativas, de defensa y diplomacia, lo que disminuye en cierta forma la soberanía particular original de los Estados, creando una Autoridad de Gobierno Internacional.
En contraposición, existen otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como Estados, pero en realidad no lo son desde el punto de vista político, y esto se debe a que tienen limitadas sus capacidades y funciones en favor de otros Estados, como, por ejemplo, Aruba, que a pesar de ser considerada independiente, su autoridad y gobierno dependen directamente de Holanda.
La génesis del fenómeno estatal, al igual que sucede con el resto de las instituciones sociales, no se puede fechar con precisión, ya que se trata de un proceso evolutivo.
Por Estado se entiende la centralización del poder y la aparición de instituciones especializadas para la administración de un territorio delimitado. El fenómeno estatal está intrínseco en cada organización social, puesto que históricamente son escasas las sociedades sin alguna forma de Estado.
Existió un período en el cual eran comunes las zonas de tierra de nadie; es decir, extensos territorios sobre los cuales no existía ninguna reivindicación estatal, ni había control por parte de ningún gobierno. En la actualidad, prácticamente todos los territorios del planeta pertenecen o están bajo la administración de algún Estado, incluidos los desiertos, las zonas polares, las montañas más altas o las selvas más intrincadas.
Como se mencionó al principio de este tema, fue hacia el siglo XV, finales de la Edad Media, cuando tuvo lugar el nacimiento del Estado moderno, y se le debe su conceptualización a Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe en 1513, el cual se estudiará en la próxima unidad.
Sánchez-Viamonte (1958) expresa de manera simple y esquemática el largo recorrido histórico de la formación y función del Estado en el siguiente cuadro.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) popularizó el concepto de Contrato Social, afirmando que, para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza y someterse a la autoridad del Estado, que es la entidad creada para hacer cumplir dicho contrato.
Bajo la teoría del contrato social se fundamenta buena parte de la teoría política liberal, en especial el liberalismo clásico por su visión filosófica del individuo, con lo que se llegó a afirmar que «el individuo nace libre, pero decide someter su libertad a una autoridad para poder vivir en sociedad; por lo que necesita del Estado, que asuma esta autoridad y controle la relación de los integrantes en el grupo social, para poder así convivir en armonía».
Dicho concepto de pacto o contrato social fue discutido a lo largo de la historia, inclusive el mismo Simón Bolívar manifestó «la necesidad de un nuevo contrato social» para referirse a la relación que había entre el Rey y sus colonias, y la formación de las nuevas Repúblicas Americanas.
Actualmente, el contrato social es una expresión que hace alusión a un acuerdo real o hipotético realizado en el interior de la población, en relación a los derechos y deberes del Estado y de sus ciudadanos, que parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, por voluntad propia, con dicho contrato social, en virtud de lo cual permanecen en dicho grupo.
Es un término acuñado en 1929 por Hermann Heller por el que se designa a aquella forma de Estado de Derecho que se caracteriza, en respuesta a las exigencias históricas del modelo de sociedad europea del primer tercio del siglo XX, por pretender superar las contradicciones e insuficiencias del Estado liberal de Derecho a través del cambio de actitud de un Estado abstencionista a un Estado intervencionista, promoviendo una mayor garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.
Según Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño (2000), el Estado Social de Derecho se configura como una organización estatal encaminada a realizar la justicia social y la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional.
En esa medida, sostiene Eduardo Cifuentes Muñoz (1998) que el presupuesto central sobre el cual se construye todo tipo de organización política es el de una íntima interrelación entre las esferas del Estado y la sociedad.
Este concepto, actualmente muy discutido y puesto en duda en Venezuela por autores como Max Weber (1998), llega a resumir la intención de que el poder de un país se ajuste a la Ley, que los encargados de hacer cumplir las leyes, las cumplan ellos mismos, que es la definición del Estado de Derecho, pero con el enfoque del acatamiento del mismo poder del Estado en los derechos y deberes sociales en búsqueda de la justicia social.
Cuando se habla de la Constitución Política de un país, se hace referencia a la forma en que está construido o formado políticamente un Estado.
La Constitución Política del Estado (del latín cum, ‘con’, y statuere, ‘establecer’) es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, en la cual se establece la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo.
Además, la Constitución Política del Estado rige la organización funcional, territorial y económica del mismo. Es por ello que la Constitución Política del Estado es considerada, además, la norma jurídica suprema positiva, es decir, la Ley sobre todas las Leyes.
Según Muñoz (1998), la Constitución Política del Estado es la máxima norma jurídica que rige la organización de un Estado, en la cual se establece la autoridad y la forma de ejercicio de esa autoridad.
Por lo cual, se puede concluir que la Constitución Política determina también las funciones, atribuciones, facultades y deberes de dicha autoridad: