Portada » Historia » La Sucesión Española y el Establecimiento Borbónico: Un Nuevo Orden en el Siglo XVIII
Tras la Paz de Westfalia y la Paz de los Pirineos, España perdió su hegemonía en Europa. Posteriormente, durante el reinado de Carlos II, se convirtió en víctima de las potencias europeas, en especial de la emergente Francia. A lo largo de su reinado, Carlos II se casó dos veces, pero no obtuvo descendencia. Al finalizar el siglo XVII, existía la imperiosa necesidad de elegir un sucesor para el trono español.
En esta situación, aparecieron dos candidaturas con derecho a la corona española: el Archiduque Carlos de Austria, de la línea austriaca de la Casa de Habsburgo, y Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón y nieto del rey Luis XIV de Francia. Ambos podían alegar ser descendientes de la familia de los Austrias españoles, pero las razones de política internacional se antepusieron a los lazos familiares.
A pesar de sus problemas económicos, sociales, administrativos y estructurales, la Corona española era apetitosa para el resto de las potencias, sobre todo para Francia y Austria, que no cesaron en su intento de imponer sus propios candidatos al trono. La corte española se convirtió en un auténtico hervidero de intrigas y luchas por el poder entre facciones rivales.
En 1700, murió sin descendencia Carlos II, el último monarca español de la dinastía de los Austrias. Nombró en su testamento a Felipe de Borbón como su sucesor, debido a que solo Francia podía garantizar el mantenimiento de la integridad del reino frente a las aspiraciones de las potencias europeas de repartírselo. Además, Carlos II deseaba acabar con el peligro de guerra con Francia, ya que eran rivales desde hacía siglos. A esta designación se le impusieron dos limitaciones: que las coronas de España y Francia no debían unirse en una misma persona y que se debía mantener la integridad de los territorios españoles.
Por lo que, en ese mismo año, Felipe de Borbón fue proclamado rey de España con el título de Felipe V. Las potencias europeas recelaron del enorme poder que suponía el hecho de que Francia y la Monarquía Hispánica estuvieran gobernadas por miembros de la misma familia y de que una alianza entre ambas pudiese convertirse en un poder hegemónico en Europa, por lo que no lo reconocieron como rey.
En respuesta a la formación de un bloque franco-español y una potencial hegemonía francesa, se formó la Gran Alianza de La Haya, integrada por Austria, Reino Unido, Países Bajos, entre otros, los cuales no reconocían a Felipe V como rey. Declararon la guerra al bando franco-español y, en Viena, proclamaron al Archiduque Carlos de Austria como Carlos III de España.
Esta alianza representaba el frente internacional en la Guerra de Sucesión Española, la cual se desarrolló en dos planos: el internacional y el nacional. En cuanto al plano nacional, la nueva dinastía que se inauguraba en España contaba con simpatías en la Corona de Castilla, harta de soportar el esfuerzo económico y militar de las continuas guerras religiosas o territoriales de los Austrias, pero encontró una fuerte oposición en la Corona de Aragón, que apoyó al Archiduque Carlos de Austria.
La Guerra de Sucesión Española (1702-1714) estalló como consecuencia de la sucesión en el trono español. Fue una guerra europea y prolongada. En Europa, las grandes victorias inglesas obligaron a Francia a buscar una salida negociada. En España, la guerra estuvo indecisa durante algunos años, aunque finalmente la balanza se inclinó a favor del bando franco-español.
En 1711, la guerra dio un vuelco inesperado: el Archiduque Carlos tuvo que ser proclamado Emperador de Austria, debido a la muerte de su hermano José I. Este hecho y el temor de los aliados a un predominio austriaco hicieron que retiraran su apoyo a Carlos y aceptaran a Felipe V. Poco después se firmaría la Paz de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española y dio lugar a un nuevo orden europeo.
Al instalarse los Borbones en el trono español, impusieron el modelo absolutista implantado en Francia. Según esta política, el monarca absoluto constituía la encarnación misma del Estado; le pertenecían el territorio y las instituciones, y su poder era prácticamente ilimitado, pues era fuente de ley, máxima autoridad del gobierno y cabeza de la justicia. Los monarcas combatieron las pocas limitaciones que aún actuaban sobre la Corona, fortaleciendo el poder real.
Los primeros Borbones, Felipe V y Fernando VI, asumieron la tarea de unificar y reorganizar los diferentes reinos peninsulares. Felipe V, mediante los Decretos de Nueva Planta —disposiciones dictadas a medida que iba venciendo a las tropas del Archiduque de Austria en la Guerra de Sucesión Española—, acordó la supresión de las instituciones políticas y administrativas de los reinos, sustituyéndolas por otras centralistas. De esta forma, se fue imponiendo la organización político-administrativa de Castilla a los territorios de la Corona de Aragón, que perdieron su soberanía y se integraron en un modelo uniformador y centralista.
Los únicos territorios que siguieron manteniendo sus fueros y privilegios fueron Navarra y las Provincias Vascas, por haber apoyado al candidato Borbón.
Para conseguir un modelo de Estado centralizado y uniforme, se sucedieron ciertas reformas. Se creó una nueva administración central, en la que el sistema tradicional de gobierno de los Austrias, basado en consejos, quedó relegado. El Consejo de Castilla fue el único de todo el reino y pasó a tener funciones de Consejo de Estado. Los secretarios de despacho se convirtieron en funcionarios imprescindibles en el gobierno, siendo los precedentes de los ministerios y los ministros. Las cinco secretarías principales fueron: de Estado, Guerra y Marina, Indias, Justicia y Hacienda.
Por otro lado, el país se dividió en provincias e intendencias, al frente de las cuales podía haber tres tipos de autoridades:
Son la autoridad civil y económica, encargados de la recaudación de impuestos, el equipamiento militar y las obras públicas. Son nombrados por el secretario de Estado y sirven de enlace entre el poder central y las provincias.
Tienen la autoridad militar y se establecían en áreas donde la defensa era esencial.
Son los órganos judiciales.
También se hicieron reformas en el ejército: los tercios fueron sustituidos por una nueva unidad de combate, el regimiento. Se buscó crear un ejército permanente, potente y sometido a la autoridad del rey y su gobierno. Este nuevo ejército se compuso de voluntarios, levas obligatorias de vagos y maleantes, y las quintas. Además, se necesitaba disponer de una armada poderosa para la defensa de la ruta de las Indias y los intereses españoles en el Mediterráneo.
Los Borbones aplicaron una política regalista, imponiéndose sobre la Iglesia. Los acuerdos con la Santa Sede permitieron a los monarcas españoles ejercer el derecho de patronato universal. Por último, se limitó el poder de la Inquisición.
El Estado intervino en la economía buscando mejorar el bienestar de los súbditos e incrementar las finanzas públicas para atender sus gastos. Reorganizaron la Hacienda para el saneamiento de la economía, buscando que todos los habitantes pagaran de acuerdo con su riqueza, incluso los privilegiados. Durante el reinado de Fernando VI, la hacienda pública consiguió aumentar sus ingresos.
Se crearon manufacturas estatales, grandes talleres dedicados a la fabricación de objetos de lujo destinados al rey y a la Corte. Se construyeron también obras públicas, buscando mejorar la comunicación del interior con la periferia, con la creación de una red de caminos carreteros que atravesaban los puertos de montaña y enlazaban con canales de navegación interior, permitiendo un mercado más integrado. Se inició la construcción del Canal de Castilla y los caminos reales del Guadarrama y Reinosa.