Portada » Historia » La Segunda República Española: Establecimiento, Constitución de 1931 y sus Periodos Clave
Tras la dimisión de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII encargó formar gobierno a los generales Berenguer y Aznar, con la intención de restablecer la Constitución de 1876 y normalizar la vida política. Sin embargo, estos gobiernos no reconocieron los cambios traídos por la Dictadura y se enfrentaron a la oposición de los partidos monárquicos y la creciente fuerza del republicanismo. La crisis económica de 1929, aunque con menor impacto en España, contribuyó a la desestabilización.
Un paso crucial hacia la República fue el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), que unió a los principales líderes políticos republicanos, incluyendo nacionalistas catalanes y gallegos. Este pacto orientó la táctica de la oposición y futuras decisiones de la República, como la convocatoria de Cortes Constituyentes y el reconocimiento de autonomías. El comité revolucionario surgido del pacto consiguió la adhesión del PSOE y la UGT, así como de sectores del ejército. A pesar de un intento fallido de movimiento revolucionario en diciembre de 1930, el sentimiento republicano continuó creciendo.
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía o la república. Aunque en el conjunto del país los concejales monárquicos fueron más, en 41 capitales de provincia la mayoría fue republicana. Ante estos resultados y la falta de apoyo militar, el rey Alfonso XIII suspendió la autoridad real y se exilió el 14 de abril de 1931. La República fue proclamada en diversas ciudades con gran entusiasmo popular.
El Gobierno Provisional, formado por las fuerzas del Pacto de San Sebastián, asumió el poder la noche del 14 de abril. Su principal objetivo fue la convocatoria de elecciones constituyentes para el 28 de junio de 1931, que dieron una victoria a la conjunción republicano-socialista. Las Cortes Constituyentes, inauguradas el 14 de julio, elaboraron la Constitución de 1931, calificada de democrática, reformista y de izquierdas.
La República se estableció gracias a la confluencia de diversas fuerzas políticas antimonárquicas, principalmente:
Sus principios fundamentales fueron:
La Constitución definió a España como una República de trabajadores de toda clase y un Estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones. Con esta fórmula se pretendía:
Cataluña ya contaba, desde agosto de 1931, con el Estatuto de Nuria. En el País Vasco y Galicia ya se elaboraron, cuando se discutía el texto constitucional, los anteproyectos de Estatutos.
Se estableció una República parlamentaria con un presidente elegido por los diputados.
La Constitución garantizaba amplios derechos, incluyendo:
Se estableció un Estado laico, con:
Este gobierno se formó tras las elecciones de abril de 1931, con Niceto Alcalá Zamora como presidente. Su principal objetivo fue convocar elecciones constituyentes. Se tomaron las primeras medidas políticas, como una amnistía.
En cuanto a la reforma agraria, durante esta fase, y bajo el impulso de Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, se adoptaron las primeras medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los campesinos. Estas incluyeron:
Este periodo estuvo marcado por varios gobiernos presididos por Manuel Azaña, con ministros republicanos de izquierda y socialistas. Se implementaron diversas reformas.
La reforma agraria se concretó con la aprobación de la Ley de Bases de la Reforma Agraria el 9 de septiembre de 1932. Esta ley tenía como objetivos transformar la desigual distribución de la propiedad de la tierra, remediar el paro agrario e incrementar la productividad. La ley contemplaba la expropiación de tierras de los grandes propietarios absentistas.
Se establecieron trece categorías de tierras expropiables, algunas sin indemnización (como las tierras de los Grandes de España, por considerar que apoyaron el intento de golpe de estado de Sanjurjo) y otras con indemnización, tales como:
Las tierras expropiadas se destinarían al asentamiento de familias campesinas, quienes no podrían venderlas, arrendarlas ni hipotecarlas. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de elaborar el inventario de tierras expropiables, con un presupuesto anual exiguo de 50 millones de pesetas para indemnizar a los propietarios y dar créditos a los campesinos.
Pese a las intenciones, la ley fue farragosa, compleja, burocrática y contó con una financiación limitada, lo que restringió significativamente su aplicación. Se asentaron muchas menos familias de las esperadas (unas 12.000 familias entre 1932 y 1934, frente al plan de asentar entre 60.000 y 75.000).
Los grandes propietarios vieron el régimen republicano como enemigo de sus intereses y boicotearon la aplicación de los decretos agrarios. Los campesinos quedaron profundamente decepcionados ante el lento avance y las limitaciones de la reforma, lo que generó agitación social e impulsó posturas más revolucionarias. En 1932 se publicó la Ley de intensificación de cultivos, que pretendía incrementar el empleo rural mediante la ocupación temporal de tierras sin cultivar, afectando sobre todo a Extremadura y Andalucía.
Buscó crear un ejército profesional y democrático, reducir el número de oficiales y someter el ejército al poder civil. Se suprimió la Ley de Jurisdicciones y se ofreció la Ley de Retiro a la oficialidad.
Se construyeron nuevas escuelas, se aumentaron las plazas de maestros y sus salarios, se crearon las Misiones Pedagógicas y se suprimió la obligatoriedad de la formación religiosa.
La Constitución de 1931 estableció un Estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones, abriendo la posibilidad de elaborar Estatutos de Autonomía. Cataluña obtuvo el Estatuto de Nuria en 1932.
Se estableció la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos, la separación Iglesia-Estado, la legalización del divorcio y el matrimonio civil, y se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. Se disolvió la Compañía de Jesús y se nacionalizaron sus bienes.
Tras las elecciones de 1933, triunfaron la CEDA y el Partido Radical. Los gobiernos de este periodo paralizaron o revirtieron las reformas del bienio anterior.
La reforma agraria se frenó. Se acordó la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a campesinos y se concedió total libertad de contratación, lo que tendió a la baja los salarios de los jornaleros. Esto generó malestar y numerosas huelgas campesinas.
Esta coalición de izquierda ganó las elecciones de febrero de 1936. Se intentó continuar con las reformas.
La reforma agraria se impulsó nuevamente con una serie de medidas urgentes. Se suspendió el pago de arrendamientos en Andalucía y Extremadura. Se prohibieron los desahucios por falta de pago. Se aceleró el asentamiento de miles de campesinos, legalizándose incluso ocupaciones espontáneas de tierras, especialmente en Extremadura. Más de 500.000 hectáreas fueron expropiadas en estos meses. Sin embargo, este periodo fue breve y la creciente polarización culminó con la sublevación militar del 18 de julio de 1936.