Portada » Historia » La Segunda República Española (1931-1936): Historia, Reformas y Camino a la Guerra Civil
Se daba por hecho que, tras la caída de Primo de Rivera, vendría la caída del rey. El Pacto de San Sebastián agrupó a los antimonárquicos, que ni siquiera necesitaron un pronunciamiento (de hecho, sucedió en Jaca y fue sofocado) para que se realizase el cambio político. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron, sin quererlo, un plebiscito para la monarquía. La aplastante victoria republicana en las grandes ciudades hizo reconocer al rey su derrota. El día 14, espontáneamente se proclamó la República en Madrid y otras ciudades. Esa misma noche, Alfonso XIII abandonó el país. Por la tarde, los integrantes del comité republicano proclamaron oficialmente la República y se hicieron cargo del Gobierno Provisional, presidido por Alcalá-Zamora.
Su misión era gobernar mientras las nuevas Cortes Constituyentes hacían su labor, y para ello iniciaron una amplia labor legislativa, que incluyó:
Sin embargo, antes de cumplir un mes, ante la pasividad del gobierno (Azaña dijo: «Todas las iglesias de España no valen la vida de un republicano»), se produjo en varias ciudades españolas una quema de iglesias y conventos. No hubo muertos, pero tampoco detenidos. La República nació, pues, herida de muerte.
Las elecciones constituyentes (junio) las ganaron los republicano-socialistas. En la discusión de la futura Constitución, bastante progresista, la cuestión religiosa fue la más dura de debatir. Se saldó con la proclamación del Estado laico, la expulsión de los Jesuitas, la prohibición a los religiosos de ejercer la educación y la desaparición de la aportación para el mantenimiento del clero. Como protesta, Alcalá-Zamora dimitió, recayendo la presidencia en Azaña, precisamente el inspirador de toda esta legislación anticlerical, que la Iglesia, los católicos y la derecha española entendieron como una declaración de guerra.
Se dio viabilidad a la creación de regiones autónomas que se regirían por un estatuto. En cuanto a los poderes del Estado, se observa una fuerte dependencia entre el ejecutivo y el legislativo: el jefe del Estado es elegido por las Cortes (que son unicamerales, elegidas cada 4 años por sufragio universal de hombres y mujeres mayores de 23 años) por 6 años. Este nombra al jefe de gobierno y este a los ministros, que deben ser ratificados por las Cortes, ante las cuales son responsables. Se establece el derecho a la educación y al trabajo, y a una propiedad privada susceptible de expropiación en interés público.
Las reformas se hicieron con una coyuntura económica desfavorable (aunque no tan grave como la europea) que se reflejó sobre todo en el aumento del paro. Con Alcalá-Zamora en la presidencia y Azaña en la jefatura del gobierno, se profundizaron las reformas encaminadas a satisfacer a las clases populares.
A todas estas reformas se opusieron la derecha, el ejército y la Iglesia. En un principio, estos grupos habían aceptado la República, pero cuando se vieron asediados, el general Sanjurjo comenzó a conspirar. Su rebelión probablemente hubiera triunfado en 1932 de no ser por las indiscreciones de sus colaboradores. Azaña detuvo a Sanjurjo (quien fue condenado a muerte y luego a cadena perpetua) con facilidad (este éxito dio fuerza al gobierno para aprobar la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto Catalán).
Pero Azaña no pudo aprovechar su triunfo, porque el gobierno reprimió brutalmente un levantamiento anarquista en Casas Viejas. El PSOE amenazó con abandonar el gobierno, y la derecha se organizó ante un posible adelanto electoral (como de hecho ocurrió) uniéndose en la CEDA. La pérdida de una votación parlamentaria provocó la dimisión de Azaña, siendo brevemente sustituido por Lerroux y luego por Martínez Barrio (radicales), quien convocó las elecciones de 1933, que ganó la derecha.
El triunfo de la derecha se debió a varias causas:
La victoria derechista fue respondida con una rebelión organizada por la CNT, que fue dominada tras ocasionar unos 100 muertos.
Lerroux fue jefe de gobierno, aunque su partido no fue el más votado, sino la CEDA. Realizó, de acuerdo con ella, un programa «contrarrevolucionario» que no estuvo libre de tensiones mutuas.
Los enfrentamientos verbales entre las «dos Españas» pasaron a los hechos en la huelga general del campo en el verano de 1934, que fue duramente reprimida. Cuando unos meses después entraron en el gobierno tres ministros de la CEDA, la izquierda lo interpretó como un avance del fascismo (que estaba entonces triunfando en Europa).
El 4 de octubre estalló otra huelga general revolucionaria que se venía preparando tiempo atrás, y aunque triunfó en Asturias, Cataluña (donde Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española) y algunas zonas aisladas, 8 días más tarde solo Asturias resistía. En Madrid fueron detenidos destacados dirigentes socialistas. Franco, que hizo traer legionarios de África, fue encargado por el gobierno para sofocar la revolución. El balance fue trágico: 1300 muertos, 2600 heridos, 30000 detenidos, entre ellos Companys, Azaña, Julián Besteiro y Largo Caballero (Indalecio Prieto logró huir). Hubo 20 condenas a muerte, de las que finalmente 18 fueron conmutadas por cadena perpetua. Fortalecido el gobierno, suspendió el Estatuto de Cataluña y se aprobó una nueva ley de reforma agraria (que en realidad anulaba lo poco que se había hecho).
Sin embargo, el excesivo autoritarismo de la CEDA le enemistó con sus aliados radicales, y a su derecha surgió el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, de ideología prácticamente fascista. Por otro lado, la izquierda y el propio Alcalá-Zamora temían que la CEDA y el ejército estuvieran preparando un golpe para reinstaurar la monarquía. Por su parte, la izquierda se reorganizaba: los socialistas comenzaban a entenderse con comunistas (que obedecían así las órdenes del Komintern) y anarquistas, y Azaña, una vez libre, recuperó su liderazgo entre los republicanos de izquierdas.
Pero lo que hizo caer al gobierno en octubre del 35 fue el escándalo del Estraperlo (sobornos a funcionarios —entre ellos un hijo de Lerroux— para que admitieran en los casinos una especie de ruleta con «truco») y el Caso Nombela (pago de cuantiosas indemnizaciones a una empresa naviera que operaba en Guinea Española). Lerroux fue sustituido por Chapaprieta y este por Portela Valladares, quien convocó para febrero las elecciones que ganaría el Frente Popular.
En enero se fraguó una potente coalición de izquierda (republicanos, socialistas, comunistas, trotskistas) que se denominó Frente Popular. La CEDA y el Bloque Nacional acudieron en coalición, pero no estaban los radicales, el PNV ni los falangistas. Su programa filofascista les restó votos. La campaña, pese a la violencia verbal, fue pacífica y las elecciones ordenadas. La participación fue alta (72%). El Frente Popular obtuvo una victoria ajustada, pero enseguida se vivió un ambiente revolucionario: sin esperar a los resultados oficiales, los izquierdistas abrieron las cárceles.
Pero el Frente Popular tenía profundas fisuras: el ala «revolucionaria» (casi todo el PSOE de Largo Caballero, los comunistas y anarquistas) deseaba una revolución proletaria al estilo soviético, mientras que los republicanos de Azaña intentaban mantener la legalidad constitucional, aunque con las reformas necesarias.
Azaña formó un gobierno sin ministros socialistas. Se amnistió a los revolucionarios de Octubre que aún permanecían en la cárcel, se restableció la Generalitat y el Estatuto catalán, y se reanudó la reforma agraria, aunque los campesinos la llevaron a cabo por su cuenta con ocupaciones que fueron legalizadas por el gobierno, ocasionando graves enfrentamientos entre jornaleros y patronos, quienes prefirieron perder la cosecha antes que contratarlos.
Azaña forzó la dimisión de Alcalá-Zamora (debido a un tecnicismo constitucional: había disuelto las Cortes dos veces, cuando solo podía hacerlo una vez), y él mismo ocupó la Presidencia de la República. Debido a las luchas internas en el PSOE, en vez de a un socialista tuvo que nombrar a un miembro de su partido (IR), Casares Quiroga. Este gobierno alejó a Franco y otros posibles golpistas, destinándolos a la periferia (Franco, a Canarias). Por otra parte, ante el ambiente de violencia y agitación, los partidos y sindicatos organizaban sus propias milicias que se enfrentaban en tremendas luchas callejeras. Falange fue ilegalizada.
En realidad, la conspiración antirrepublicana es tan antigua como la propia República (Sanjurjo…), pero tras las elecciones del 36 los líderes derechistas eran conscientes de que solo un golpe militar evitaría la revolución socialista. Desde Navarra, Mola (apodado «el Director») puso en contacto a los militares con la trama civil: carlistas, Juan March, Gil-Robles, y coordinó los intereses de todos. Lo más difícil fue lograr el sí de Franco. El asesinato de Calvo Sotelo (como represalia por el asesinato, a manos de pistoleros derechistas, del Teniente Castillo, guardia de asalto e instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas) decidió a Franco, que el 18 de julio de 1936 se pondría al frente del ejército sublevado en Marruecos.