El Manifiesto de Manzanares y el Inicio del Bienio Progresista (1854)

El Manifiesto de Manzanares se sitúa en el marco del Estado liberal durante el reinado de Isabel II, caracterizado por una gran inestabilidad política y donde los pronunciamientos militares se convirtieron en un recurso frecuente para cambiar gobiernos o modificar el régimen vigente. La Vicalvarada de 1854 comenzó como un levantamiento de militares moderados liderados por O’Donnell, pero pronto se transformó en un movimiento revolucionario al sumarse los progresistas, y finalmente alcanzó carácter popular gracias al Manifiesto redactado por Cánovas del Castillo.

Causas y Consecuencias del Levantamiento

Entre las causas que motivaron el pronunciamiento destacan:

• El desgaste del gobierno moderado, que desde 1844 ejercía un control autoritario y estaba salpicado por la corrupción y el clientelismo.
• La crisis económica y el malestar social.
• La exclusión de los progresistas, descontentos con el sistema establecido por la Constitución de 1845.

El Manifiesto incorporó demandas progresistas, como la ampliación de libertades, reformas políticas y la convocatoria de Cortes, logrando el respaldo popular necesario para que el pronunciamiento triunfara. Este éxito abrió la puerta al Bienio Progresista (1854-1856), la única interrupción del predominio moderado durante el reinado de Isabel II.

A. La Monarquía Liberal Conservadora (1833-1868)

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), España consolidó un Estado liberal con un fuerte centralismo, controlado por las élites moderadas. La Constitución de 1845 estableció una soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, permitiendo al monarca intervenir en el proceso legislativo, y mantuvo un sufragio censitario muy limitado, restringiendo así la participación política. Se instauró un sistema bicameral, con Congreso y Senado, este último parcialmente designado por la Corona, reforzando la autoridad real. Los derechos y libertades se reconocían como concesiones del gobierno, que podía regularlos y limitarlos. En conjunto, este sistema aseguraba la supremacía política de los moderados y un fuerte centralismo.

El funcionamiento del Estado se apoyaba en una administración centralizada, con los gobernadores civiles y la Guardia Civil (establecida en 1844) encargados de mantener el orden en todo el territorio. La Ley de Ayuntamientos de 1845 permitió además al Gobierno controlar los municipios mediante el nombramiento directo de los alcaldes, mientras que la Milicia Nacional, brazo armado de los progresistas, fue eliminada.

Sin embargo, esta estructura provocaba malestar entre los sectores progresistas, que reclamaban mayor participación política, y entre las clases populares, afectadas por la crisis económica y los impuestos elevados. La corrupción, el nepotismo y la dependencia del poder militar generaron gran inestabilidad, donde los pronunciamientos se convirtieron en la forma habitual de sustituir gobiernos. El juntismo —la creación de Juntas Revolucionarias locales en momentos de sublevación— reflejaba la fragilidad institucional y la importancia de la acción popular en estos movimientos.

B. Ideologías y Partidos Políticos

El sistema político isabelino estuvo dominado por la tensión entre moderados y progresistas, ambos corrientes liberales con diferencias en cuanto al alcance del poder.

• Partido Moderado: Defendía un liberalismo conservador centrado en el orden, la autoridad y la limitación de derechos políticos. Respaldaba la Constitución de 1845, el centralismo y el control del sufragio por las élites.
• Partido Progresista: Reclamaba mayor soberanía nacional, ampliación del sufragio, libertad de prensa, fortalecimiento de las Cortes y recuperación de la Milicia Nacional.

O’Donnell lideró la Unión Liberal, buscando una posición intermedia entre moderados y progresistas. Otros grupos incluían los demócratas, partidarios del sufragio universal y reformas sociales más profundas; los republicanos, contrarios a la monarquía; y los carlistas, defensores del absolutismo y las tradiciones. El Manifiesto de Manzanares representó un punto intermedio entre el autoritarismo moderado y el progresismo radical, pretendiendo reformar la monarquía sin abolirla, mediante medidas políticas que devolvieran libertades básicas y mejoraran la representación nacional.

C. Fragilidad de la Monarquía Isabelina

A pesar de los intentos por consolidar un régimen liberal, la monarquía de Isabel II descansaba sobre una base social y política limitada. El poder real se concentraba en una minoría de propietarios y funcionarios, mientras que la mayoría de la población permanecía al margen de la vida política.

España seguía siendo mayoritariamente agraria y atrasada, con estructuras feudales todavía presentes en muchas zonas. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz pretendían modernizar la economía, financiando al Estado y creando una nueva clase de propietarios, pero no resolvieron los problemas del campesinado ni promovieron una reforma agraria real.

La monarquía también perdió prestigio debido a las camarillas cortesanas y los escándalos políticos, provocando el rechazo de amplios sectores sociales. Todo ello explica la proliferación de pronunciamientos, como el de 1854, que buscaban generar cambios en un sistema desgastado y poco legítimo.

Conclusión sobre el Manifiesto de Manzanares

En definitiva, el Manifiesto de Manzanares fue el detonante del Bienio Progresista, que intentó instaurar una monarquía constitucional más abierta y liberal. Aunque sus reformas no transformaron completamente el sistema, su importancia histórica reside en haber expresado las aspiraciones de gran parte del liberalismo español, deseoso de conciliar progreso y estabilidad política.

La Constitución de 1869: El Marco Legal del Sexenio Democrático

La Constitución de 1869 fue el marco legal fundamental del Sexenio Democrático y la primera constitución plenamente democrática de la historia de España. Su aprobación representó la ruptura definitiva con el sistema moderado isabelino y el inicio de un proyecto político basado en la soberanía nacional, los derechos individuales y el sufragio universal masculino.

Contexto Histórico: La Revolución de 1868

El Sexenio Democrático (1868-1874) se inició tras la Revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”, que puso fin al reinado de Isabel II. Esta insurrección político-militar, impulsada por los generales Prim, Serrano y Topete y apoyada por sectores burgueses y populares, tenía como objetivo derrocar el régimen moderado isabelino, caracterizado por la soberanía compartida, el sufragio censitario y un fuerte centralismo.

Además, en los años previos al levantamiento, España atravesaba una grave crisis de subsistencias y financiera, lo que aumentó el descontento social y facilitó el estallido revolucionario. En 1866, la oposición progresista y democrática firmó el Pacto de Ostende, cuyo propósito era acabar con el régimen isabelino y establecer un sistema verdaderamente representativo. Tras el triunfo de la revolución, Isabel II se exilió en Francia, lo que permitió la formación de un gobierno provisional y la redacción de la Constitución de 1869.

Elaboración y Principios Fundamentales

Tras el triunfo revolucionario se formó un Gobierno Provisional, que convocó elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino, con la misión de legitimar el nuevo régimen y elaborar una Constitución que reflejara los principios progresistas y democráticos.

En las Cortes se debatió la forma de Estado —monarquía o república—, aunque finalmente se decidió mantener una monarquía parlamentaria, dejando vacante el trono hasta la llegada de Amadeo de Saboya, apoyado por el general Prim. En este contexto se aprobó la Constitución de 1869, considerada uno de los textos más avanzados del constitucionalismo español del siglo XIX, reflejando la ideología e intereses de progresistas y demócratas.

Características Clave de la Constitución de 1869

Entre sus características más destacadas se encuentran:

• Soberanía Nacional Plena: Recuperación de la soberanía nacional establecida en 1812, en contraste con la soberanía compartida de 1845.
• Monarquía Parlamentaria: Establecimiento de una separación efectiva de poderes y un papel más limitado de la Corona.
• Sufragio Universal Masculino: Aplicado a mayores de 25 años, lo que supuso una verdadera ampliación de la participación política.
• Amplia Declaración de Derechos: Incluía la libertad de opinión e imprenta, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, y los derechos de reunión y asociación.
• Libertad de Cultos: Una novedad crucial, aunque el Estado continuó manteniendo a la Iglesia, lo que provocó recelo del clero.
• Descentralización Política: Promoción de la autonomía local mediante la elección democrática de ayuntamientos y diputaciones, frente al modelo centralista moderado.

En el contexto nacional, la Constitución de 1869 representó un hito: un proyecto político adelantado a su tiempo, que intentó consolidar una democracia liberal moderna. En el ámbito internacional, situó a España en la vanguardia del constitucionalismo europeo, siendo valorada por sectores liberales extranjeros aunque vista con desconfianza por las monarquías tradicionales.

Desafíos y Conflictos del Sexenio Democrático

No obstante, el régimen nacido en 1869 enfrentó serias dificultades desde sus inicios. El general Prim fue asesinado en un atentado justo cuando el nuevo rey llegaba a España, dejando a Amadeo de Saboya sin su sostén más importante. Además, Amadeo carecía de apoyos sólidos: los moderados desconfiaban de él, los isabelinos querían restaurar a los Borbones y los republicanos rechazaban cualquier monarquía.

A esta debilidad se sumaron varios conflictos simultáneos:

• Guerra de Cuba: Debido a la exigencia de autonomía y a la presión del Gobierno por abolir la esclavitud, el conflicto se convirtió en una guerra larga y muy costosa.
• Tercera Guerra Carlista: Estalló, apoyada por sectores tradicionalistas que defendían a Carlos VII y el mantenimiento de los fueros.
• Insurrección Cantonal (1873): Los federalistas intransigentes proclamaron cantones autónomos (como Cartagena), generando un desafío directo al gobierno republicano.

La proclamación de la Primera República en 1873 evidenció la fragilidad del sistema, con los republicanos divididos entre unitarios, federales moderados e intransigentes. En un contexto tan conflictivo, marcado por guerras, crisis y enfrentamientos internos, resultó imposible construir una República estable.

Legado de la Constitución de 1869

En conclusión, la Constitución de 1869 fue el intento más avanzado de modernización política en la España del siglo XIX. Aunque su vigencia fue breve, dejó un legado fundamental en materia de derechos y participación política, marcando un precedente para futuros proyectos democráticos. Su relevancia radica tanto en su contenido innovador como en su papel dentro del proceso de transformación del constitucionalismo español.