Portada » Historia » España: Del Régimen Franquista a la Democracia (1937-1978)
El contexto histórico se sitúa durante la Guerra Civil Española, específicamente en 1937, en la zona nacional donde los sublevados avanzaban rápidamente. En este periodo, se sientan los pilares del franquismo. Tras su victoria en el Alcázar, Francisco Franco es nombrado Jefe del Estado nacional en Burgos. Se produce la consolidación de una dictadura apoyada por tres pilares fundamentales:
El tipo de saludo que realizaba el Caudillo, el saludo a la romana, reflejaba un régimen fascista, similar al de los fascistas italianos y nazis, correspondiendo a la primera etapa de la dictadura. Los tres pilares que sustentaban el régimen eran claramente visibles:
El Ejército: Fue el apoyo más destacado del régimen. Se configuró como instrumento básico de la represión política a través de la extensión de la jurisdicción militar a la población civil y participó activamente en el poder (más del 40% de los ministros hasta 1956). Buena parte de los ministros fueron militares que ocuparon carteras civiles como Industria y Gobernación, y cargos importantes como gobernadores civiles o procuradores en Cortes.
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS): El partido único enroló a la militancia más activa del franquismo. Para ampliar su influencia entre la sociedad, se crearon organizaciones de masas:
FET y de las JONS fue también el gran instrumento de difusión del discurso oficial del régimen y ejerció el control de los medios de comunicación y propaganda.
La Iglesia Católica: Tuvo un papel activo en defensa y justificación del régimen, que se definió como Estado confesional católico. Obtuvo beneficios económicos, se constituyó como máxima autoridad en el sistema educativo e impulsó la moral católica al conjunto de la población. Esta profunda implicación en el Estado dio lugar al nacionalcatolicismo, resultado de la identificación entre el Estado, la nación española y la religión católica.
Estos pilares, junto con otros grupos como carlistas y monárquicos, formaron las ‘familias’ del franquismo:
La rivalidad entre las distintas familias fue constante a lo largo de las diferentes etapas del franquismo.
Franco se sostuvo por el apoyo incondicional de la Iglesia, el Ejército y las ‘familias’ durante la dictadura. Se distanció del fascismo a partir de 1945, cuando las potencias del Eje perdieron la Segunda Guerra Mundial, y mantuvo a la Falange en un puesto determinado. Franco poseía un concepto de Estado totalitario, con un control estatal total y una economía autárquica. La lengua oficial era el español y el Estado era centralista: no había más gobierno que el de la nación.
Además, España fue un Estado católico (nacionalcatolicismo) hasta 1956, año en que se admitió el culto privado de otras religiones, aunque la católica permaneció como la principal. Desde el inicio de la contienda, a finales de la época republicana, la Iglesia apoyó a Franco, debido a las medidas del Frente Popular contra la Iglesia, como la quema de conventos o el matrimonio civil. Se firmó el Concordato con la Santa Sede en 1953, y la Iglesia recuperó la enseñanza y el sostenimiento del culto. Así se consolidó el nacionalcatolicismo, pues la Iglesia llegó a todos los puntos de la vida española, desde la enseñanza, educando con moral católica, por ejemplo, a través de la Sección Femenina.
En definitiva, la Iglesia fue uno de los pilares más importantes que no solo provocó la estabilidad de la dictadura franquista, sino también su justificación, recuperando así sus privilegios perdidos en gobiernos anteriores. Aun después de Franco, ya en democracia, la Iglesia aún mantiene su importancia y permanece en la memoria de la mayoría de los españoles.
El 25 aniversario del fin de la guerra en 1964 dio lugar a una gran operación de propaganda, difundida como 25 años de paz. Con ella, se intentaba crear una nueva imagen de Franco y del régimen, asociada a la paz y al progreso, aunque sin renunciar a la Victoria. Los gobiernos tecnócratas, formados a partir de la influencia de Carrero Blanco, se orientaron hacia la promoción del desarrollo económico, pero también hacia la modernización de la administración, la legislación y las instituciones del país. Las reformas políticas que adecuaban el régimen a las transformaciones económicas y sociales que se estaban produciendo y que, al mismo tiempo, enmascaraban algunos de los aspectos más autoritarios del franquismo. Las reformas buscaban mejorar la imagen ante la Comunidad Económica Europea, aumentar su representatividad y adaptarse a los nuevos patrones sociales, sin reconocer las libertades fundamentales ni aceptar la democracia. Detrás de este tímido reformismo estaba la convicción de que la prosperidad y el bienestar social suplirían la falta de libertades y de un gobierno democrático. Se creía que el desarrollismo consolidaría el régimen franquista al aumentar el consenso social de amplios sectores de la sociedad.
La primera evidencia de que el franquismo no estaba dispuesto a reconocer las libertades democráticas y los derechos humanos fue el mantenimiento del aparato represivo como pieza fundamental del régimen. El único cambio relevante fue su desmilitarización parcial a partir de la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) en 1963. Fue una jurisdicción civil para los delitos vinculados al ejercicio de las libertades políticas, salvo en casos excepcionales que continuaron en manos militares. Este tribunal estuvo vigente hasta 1977 y por él pasaron más de 50.000 personas, de las cuales más de 9.000 fueron procesadas. Los consejos de guerra continuaron celebrándose (1.817 civiles fueron procesados entre 1969 y 1975), adquiriendo especial relieve aquellos que impusieron penas de muerte, ya que provocaron cada vez mayores manifestaciones de rechazo, también en el exterior. En 1963, fue ejecutado el dirigente comunista Julián Grimau por su acción durante la Guerra Civil, y los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, acusados de un atentado que no habían cometido. Entre 1974 y 1975, antes de la muerte de Franco, se produjeron nuevas ejecuciones. También se recurrió frecuentemente a proclamar el estado de excepción (1967, 1969, 1970, etc.) para frenar las movilizaciones y acabar con la oposición. Por otro lado, la violencia policial y la Brigada Político-Social incrementaron su actividad represiva.
En 1966, el ministro Manuel Fraga Iribarne promovió la nueva Ley de Prensa. Se trataba de una ley liberalizadora que suprimía la censura previa, pero imponía limitaciones a la libertad de expresión y fijaba sanciones a autores y editores por el contenido ideológico y político de las publicaciones. El mismo año, el ministro José Solís Ruiz estimuló la participación de los trabajadores en las elecciones sindicales para dotar de representatividad a la Organización Sindical. En 1967 se aprobaron nuevas leyes, como la Ley de Libertad Religiosa (aunque la religión católica siguió siendo la propia de la nación española), o la de elección de procuradores familiares a las Cortes, que eran elegidos por los cabezas de familia y las mujeres casadas. La mayor relevancia legislativa recayó en la Ley Orgánica del Estado, aprobada en 1967 en un referéndum lleno de irregularidades. Participó casi el 90% del censo electoral y el ‘sí’ obtuvo el 96% de los votos. Esta nueva ley fundamental confirmaba la institucionalización monárquica del régimen, fijaba los poderes del Jefe del Estado, separando el cargo del nuevo Presidente del Gobierno, y actualizaba leyes fundamentales como la Ley de Cortes. Poco después, en julio de 1969, y de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Sucesión, Franco designó al príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón, como su sucesor. Este nombramiento significó la culminación del programa de institucionalización y sucesión del franquismo. Fue entonces cuando Franco aseguró que la continuidad del franquismo estaba garantizada: Todo ha quedado atado y bien atado.
Las reformas provocaron diferencias entre las distintas familias del régimen, que siempre habían estado contenidas por la autoridad indiscutible del Caudillo. Estas corrientes fueron:
En 1969, las diferencias políticas en el interior del gobierno se hicieron públicas. El estallido del denominado escándalo Matesa, una empresa de maquinaria textil conectada con el entorno del Opus Dei, provocó una crisis gubernamental. Este caso de corrupción, en el que se veían implicados varios ministros, fue ampliamente difundido por la prensa y los sectores inmovilistas culparon a la excesiva tolerancia informativa de haber contribuido al descrédito público del gobierno. La crisis se resolvió con la victoria de Carrero Blanco y con la formación del llamado ‘gobierno monocolor’, que supuso la salida de los ministros más aperturistas, Manuel Fraga y José Solís Ruiz, a los que se responsabilizaba del aumento de la contestación social.