La Guerra Civil Española (1936-1939)

La Guerra Civil Española (1936-1939) fue consecuencia del fracaso de un golpe de Estado contra la Segunda República, que no logró sofocarlo completamente. Así se inició una guerra que dividiría España en dos bandos y acabaría dando paso a la dictadura de Francisco Franco, vigente hasta 1975. Desde el punto de vista historiográfico, el conflicto ha sido objeto de intensos debates. La historiografía franquista defendía la guerra como inevitable o necesaria, con autores como Ricardo de la Cierva. Por otro lado, historiadores como Paul Preston y Julián Casanova defienden la legitimidad de la República, mientras otras corrientes hablan de una responsabilidad colectiva en el estallido de la guerra.

Las causas del conflicto se encuentran en la resistencia de sectores conservadores a las reformas republicanas: agraria, laboral, educativa, militar y laica. También hubo una creciente radicalización en sectores obreros y de la izquierda, así como enfrentamientos entre grupos ideológicos opuestos. Tras la victoria del Frente Popular en 1936, se extendió el temor a una revolución, y la inestabilidad se intensificó. El 17 de julio de 1936, un grupo de militares liderados por el general Mola, con apoyo de falangistas y carlistas, intentó un golpe de Estado desde Melilla. El general Sanjurjo fue nombrado jefe, aunque murió poco después. La sublevación no triunfó totalmente, pero tampoco fue sofocada: España quedó dividida.

El bando sublevado o “nacional” fue apoyado por militares conservadores, falangistas, carlistas, sectores de la Iglesia, la alta burguesía y las potencias fascistas de Alemania e Italia. El bando republicano contó con el respaldo de obreros, campesinos, anarquistas, comunistas, clases medias urbanas, la URSS y las Brigadas Internacionales. Controlaban grandes ciudades, el Banco de España y buena parte de la flota.

En la primera fase de la guerra (julio 1936-marzo 1937), Franco fue nombrado jefe del ejército. El intento de tomar Madrid fracasó en las batallas de Guadarrama y Jarama. El gobierno republicano se trasladó a Valencia. Entre marzo de 1937 y julio de 1938 tuvo lugar la “Batalla del Norte”, incluida la destrucción de Gernika por la Legión Cóndor. Los nacionales tomaron el control de industrias estratégicas. Las ofensivas republicanas en Brunete, Belchite y Teruel fracasaron. En julio de 1938, la República lanzó la ofensiva del Ebro, la batalla más sangrienta de la guerra. Aunque inicialmente avanzaron, los republicanos fueron finalmente derrotados. La caída del frente de Aragón supuso un duro golpe. En enero de 1939, las tropas franquistas tomaron Barcelona casi sin resistencia. Francia y Reino Unido reconocieron al gobierno de Franco. El 1 de abril, la guerra terminó oficialmente con un parte que declaraba la victoria nacional.

Las consecuencias fueron devastadoras: más de medio millón de muertos, heridos y desaparecidos, además de cerca de medio millón de exiliados. Las infraestructuras quedaron destruidas, la economía arruinada y el país sumido en una dura posguerra. La democracia republicana fue reemplazada por la dictadura de Franco, que duraría hasta su muerte en 1975, marcando una de las etapas más oscuras del siglo XX español.

Evolución política en ambas zonas durante la Guerra Civil

Durante la Guerra Civil Española, tanto en la zona republicana como en la zona sublevada se cometieron persecuciones y represalias brutales contra los considerados enemigos. La violencia política, las ejecuciones y las represiones fueron una constante en ambos bandos. Hasta el final del conflicto, los republicanos confiaron en una posible intervención de Francia y Reino Unido, que nunca llegó.

En la zona republicana se sucedieron tres gobiernos principales: José Giral, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín. El primero, Giral, asumió el mando tras el golpe militar de julio de 1936, pero fue superado por un proceso revolucionario encabezado por anarquistas, comunistas y socialistas, que impulsaron milicias y colectivizaciones. El gobierno quedó desplazado mientras se perseguía a miembros del “viejo orden”: religiosos, empresarios y derechistas fueron asesinados o encarcelados. En septiembre de 1936, Largo Caballero reemplazó a Giral. Incorporó a anarquistas y comunistas al gobierno, incluso a la ministra Federica Montseny. Intentó institucionalizar la revolución y organizar el Ejército Popular. Sin embargo, surgieron tensiones internas: Prieto y los comunistas criticaban su gestión, mientras que grupos como el POUM y sectores anarquistas consideraban que los cambios eran insuficientes. En mayo de 1937, en Barcelona, se produjeron enfrentamientos entre comunistas y anarquistas, que acabaron con la derrota de la CNT y del POUM. Esta crisis política provocó la caída del gobierno de Largo Caballero. Le sucedió Juan Negrín, respaldado por los comunistas y partidario de una centralización del poder. Reprimió a los sectores revolucionarios disidentes y prohibió el POUM. Negrín presentó en 1938 su programa de los “Trece Puntos”, rechazado por Franco. A pesar del desgaste general y del creciente escepticismo, mantuvo la esperanza de una intervención de las democracias occidentales. Sin embargo, esta ayuda nunca llegó y la moral republicana se fue debilitando.

En la zona sublevada, el 24 de julio de 1936 se creó en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas. Tras la muerte de Mola, Sanjurjo y Goded, Franco fue nombrado Generalísimo, Jefe del Estado y líder del partido único, convirtiéndose en “Caudillo”. La represión en esta zona fue igualmente dura. Los detenidos eran juzgados en consejos de guerra sin garantías, y muchos fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo. Las cárceles pasaron de 13.000 presos antes de la guerra a 280.000 en 1940. Se establecieron entre 200 y 300 campos de concentración en todo el país. Como castigo por el apoyo republicano, regiones como Vizcaya, Guipúzcoa y Cataluña perdieron sus privilegios jurídicos. La Iglesia apoyó mayoritariamente a los sublevados, consolidando su influencia en el nuevo régimen. En 1937 se promulgó el Decreto de Unificación, que fusionó falangistas y carlistas en la Falange Española Tradicionalista de las JONS, núcleo del Movimiento Nacional. En 1938 se formó en Burgos el primer gobierno nacional con leyes como la del Fuero del Trabajo y la Ley de Responsabilidades Políticas. La guerra terminó oficialmente el 1 de abril de 1939 con la victoria franquista. Sin embargo, no hubo reconciliación: el país quedó dividido entre vencedores y vencidos, y comenzó una larga dictadura que marcaría el futuro de España durante décadas.

Fundamentos ideológicos y apoyos sociales del Franquismo

Las bases del franquismo se establecieron durante la Guerra Civil y se consolidaron después. El régimen de Franco se caracterizó por su carácter autoritario, la represión ideológica y la ausencia de libertades democráticas. España quedó aislada internacionalmente tras la Segunda Guerra Mundial, debido a su afinidad con los regímenes derrotados, como la Alemania nazi y la Italia fascista. Las características esenciales del franquismo incluyeron una fuerte represión ideológica, la concentración de todos los poderes en Franco, el rechazo de la democracia liberal, la existencia de un partido único y la defensa del catolicismo como pilar del Estado.

Entre los pilares del régimen destacaban el ejército, que no solo cumplía funciones militares sino que también tenía gran poder político. Muchos ministros y altos cargos provenían de las fuerzas armadas, y el ejército se utilizó como instrumento de represión. El segundo pilar era el partido único: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Esta organización incluía varios suborganismos como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina y el Sindicato Español Universitario (SEU), todos dedicados al adoctrinamiento y control ideológico de la sociedad. Otro pilar clave fue el Sindicato Vertical, la única organización sindical permitida. Agrupaba a patronos y trabajadores en una misma estructura, eliminando así el conflicto de clases. Estaba bajo control del Estado y no permitía la existencia de sindicatos libres. La Iglesia católica también jugó un papel fundamental. Obtuvo grandes privilegios, influencia en la educación y apoyo institucional. El Estado se definió como confesional y la moral católica impregnó las leyes y costumbres. A partir de los años 50, el Opus Dei empezó a ganar influencia dentro del gobierno.

El franquismo se sostuvo gracias a distintas “familias” políticas que apoyaban al régimen y competían entre sí: los militares, la Falange, los carlistas, los monárquicos y la Iglesia. Cada una representaba intereses e ideologías distintas, pero todas compartían el apoyo al orden franquista. Los falangistas, de inspiración fascista, perdieron protagonismo tras la derrota del Eje en 1945. Los carlistas defendían el tradicionalismo, aunque renunciaron a su reivindicación dinástica. Los monárquicos eran conservadores y cercanos a Franco, aunque este evitó restaurar la monarquía durante su vida. El heredero legítimo era Juan de Borbón, aunque Franco prefirió preparar como sucesor a su hijo, Juan Carlos, quien más tarde impulsaría la Transición a la democracia. La Iglesia fue la única institución con capacidad para formar asociaciones al margen del Movimiento Nacional. Su jerarquía apoyó firmemente a Franco, y su influencia creció aún más con la entrada de tecnócratas del Opus Dei a partir de 1956.

En el plano internacional, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, España quedó aislada por su relación con los regímenes fascistas. No fue admitida en la ONU y quedó fuera del Plan Marshall. Franco, entonces, suavizó los símbolos fascistas del régimen y reforzó la imagen católica y conservadora del Estado, relegando a los falangistas. Con el inicio de la Guerra Fría, España se presentó como un bastión del anticomunismo, y las potencias occidentales comenzaron a verla como un posible aliado estratégico. Así, el aislamiento internacional fue disminuyendo, y en 1955 España fue admitida finalmente en la ONU, marcando un cambio en su posición global.

Evolución política y etapas del Franquismo

Tras el final de la Guerra Civil Española (1936-1939), se produjo la institucionalización del régimen franquista, concretándose los principios e ideas de los sublevados en leyes, organizaciones e instituciones políticas. Las Leyes Fundamentales del Reino fueron ocho leyes que organizaban los poderes del Estado. Por ejemplo, la Ley Constitutiva de las Cortes establecía en apariencia una cámara de representación, pero estaban subordinadas al Caudillo. Los estatutos de autonomía fueron abolidos, recentralizando el Estado, y las lenguas y culturas de Galicia, País Vasco y Cataluña fueron marginadas. Los gobernadores civiles representaban al gobierno central en cada provincia.

Políticamente, podemos distinguir cuatro etapas en el franquismo:

• La primera de ellas es la etapa falangista (1939-1945). Entre las familias políticas, la máxima influencia la ejercieron los miembros de la Falange, el partido único. La sociedad fue organizada a través del Sindicato Vertical y asociaciones vinculadas a la Falange, como la Sección Femenina o el Frente de Juventudes. Algunos autores señalan que durante esta fase Franco quiso implantar un gobierno totalitario. Sin embargo, cuando la derrota de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se hizo inevitable, España quedaría aislada internacionalmente. El régimen fue condenado por la ONU, que recomendó la retirada de embajadores, y España fue excluida del Plan Marshall. Son los años del hambre y las cartillas de racionamiento.
• La segunda es la fase del nacional-catolicismo (1945-1957). La preponderancia política recayó en los católicos. Comenzó a superarse paulatinamente el aislamiento internacional, ya que los EE. UU., en el contexto de la Guerra Fría, vieron en España a un aliado. Se firmó un Concordato con la Santa Sede (1953), así como convenios con EE. UU., que instaló bases militares en Torrejón, Morón, Zaragoza y Rota, a cambio de ayuda militar y económica. España ingresó en la ONU en 1955. Una crisis política y económica en 1957, llevó a Franco a remodelar su gobierno, con la entrada de los llamados ministros tecnócratas, algunos de ellos vinculados al Opus Dei.
• La tercera fase es el desarrollismo (1957-1969). Los ministros mencionados impulsaron el Plan de Estabilización (1959), cuyo objetivo era dejar atrás la autarquía, y modernizar y liberalizar la economía. Se trató de una fase caracterizada por el crecimiento económico. Más adelante, algunas medidas aperturistas fueron introducidas, como la Ley de Prensa (1966) de Manuel Fraga, que ponía límites a la censura. En 1969, con la Ley de Sucesión, Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de Franco como Jefe de Estado, saltándose a su padre Juan en el orden dinástico. Consolidada la relación con EE. UU., Franco trató de aproximarse a la hoy Unión Europea, sin éxito. Por otro lado, se produjo la independencia de las colonias Marruecos y Guinea Ecuatorial.
• La última fase es la crisis del franquismo (1969-1975). Destaca la figura del inmovilista Carrero Blanco, que restringió algunas medidas aperturistas y a quien ETA asesinó en 1973. La exigencia de libertades y la conflictividad social, sobre todo obrera y estudiantil, aumentó, así como la represión y el desprestigio exterior. Podemos destacar la movilización contra el proceso de Burgos (1970), que logró impedir la condena a muerte de tres presos de ETA. También se propagó la violencia de grupos terroristas como la ETA, el GRAPO o el FRAP. La oposición creó organismos políticos alternativos al régimen, como la Junta Democrática. Marruecos, ante la inacción española, ocupó pacíficamente el Sáhara, mediante la Marcha Verde (1975). Y ese mismo año, en medio de un contexto de represión, condena internacional, tensiones sociales e incertidumbre, murió Franco, iniciándose la etapa política de la Transición.

Transformaciones económicas y sociales en el Franquismo

Tras la Guerra Civil, los vencidos fueron sometidos a vigilancia y represión. Muchos sufrieron el llamado “exilio interior”, mientras que la clase media adoptó una actitud pasiva. Se llevó a cabo una “contrarreforma agraria” que devolvió las tierras a sus antiguos propietarios, en un contexto de hambre, inflación y desabastecimiento.

A partir de los años 50, con el fin del aislamiento, la situación empezó a mejorar y la población creció significativamente. En los años 60, la tasa de crecimiento demográfico alcanzó el 1,2% anual, con un aumento de población de 30,4 millones en 1960 a 35,7 millones en 1975. Para 1975, la esperanza de vida era de 73,3 años y la natalidad de 2,8 hijos por mujer. Se produjeron grandes movimientos migratorios: entre 2 y 2,5 millones de personas emigraron del campo a la ciudad, y 1,5 millones lo hicieron al extranjero. Esto impulsó el crecimiento urbano, con la aparición de áreas metropolitanas y ciudades dormitorio, aunque muchas carecían de infraestructura adecuada.

Entre 1960 y 1975, la renta per cápita se duplicó y se consolidó la sociedad de consumo. Los hogares se equiparon con electrodomésticos y muchas familias adquirieron un automóvil. La sociedad se volvió más plural, con procesos como la secularización, la expansión de la educación básica, cambios en la estructura familiar y el papel de la mujer, así como la eclosión de la juventud como actor social.

En lo económico, la primera etapa del franquismo (1939-1951) se caracterizó por la autarquía, con un modelo de autosuficiencia que generó escasez y cartillas de racionamiento. El Estado creó industrias públicas como Iberia, Endesa y SEAT, pero la falta de recursos derivó en un mercado negro. A partir de 1951, se introdujeron medidas liberalizadoras. España, excluida del Plan Marshall, recibió créditos de EE. UU. en 1953. Esto alivió la escasez y permitió el fin del racionamiento. Sin embargo, en 1956 estalló una crisis con huelgas, inflación y déficit comercial. Para enfrentarla, en 1959 se implementó el Plan de Estabilización, que liberalizó la economía y permitió obtener financiación internacional. Se adoptaron medidas como la elevación de tipos de interés, congelación de salarios y apertura al comercio exterior. Esto marcó el inicio del “desarrollismo”, con un crecimiento basado en la industrialización y la expansión de los servicios. Se promovieron polos de desarrollo para equilibrar el crecimiento territorial, aunque con poco éxito. La industria creció un 10% anual, destacando la producción de automóviles y electrodomésticos en Cataluña, Madrid y el País Vasco. El sector agrícola se modernizó, reduciendo su peso en la economía. La población activa pasó de 11,8 millones en 1960 a 13,3 millones en 1975, con un gran trasvase de trabajadores del campo a la industria y los servicios. El turismo se convirtió en un pilar económico, pasando de 6 millones de turistas en 1960 a 34 millones en 1973. Esto generó empleo y divisas, aunque con un modelo de crecimiento desordenado y poco sostenible. En 1973, la crisis del petróleo golpeó la economía española, afectando al modelo de crecimiento y aumentando la inflación y el desempleo. Sin embargo, los cambios económicos y sociales de estas décadas prepararon el camino para la transición democrática tras la muerte de Franco en 1975.

La oposición al régimen franquista y la cultura

A medida que avanzaban los años, los movimientos antifranquistas fueron creciendo, aunque sometidos a una fuerte represión. En el ámbito cultural, el exilio de numerosos intelectuales tras la guerra dejó un gran vacío en España.

Tras la guerra, el régimen mantuvo campos de concentración, batallones de trabajadores y prisiones saturadas de presos políticos. La tortura fue una práctica habitual y la pena de muerte se aplicó hasta 1975. Se estima que hubo entre 200 y 300 campos de concentración entre 1936 y 1947, algunos permanentes y otros provisionales. Se promulgaron leyes represivas como la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) y la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo (1947). Además, el régimen llevó a cabo una depuración de funcionarios, maestros, jueces y policías, eliminando cualquier rastro de oposición en el ámbito público.

Los partidos políticos y sindicatos fueron prohibidos, operando en la clandestinidad o el exilio. En 1944, el PCE organizó la infiltración de 4.000 guerrilleros en el Valle de Arán, pero la operación fue rápidamente desactivada por el ejército franquista. Desde el exterior, diversas plataformas intentaron restaurar la República sin éxito. En 1944, se creó la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que agrupaba socialistas, republicanos y monárquicos. En el ámbito monárquico, Juan de Borbón criticó al régimen en el Manifiesto de Lausana (1945). La resistencia armada tuvo su expresión en los maquis, guerrilleros antifranquistas refugiados en el monte. Sin embargo, la intensa persecución por parte del régimen acabó con estos grupos.

En el ámbito laboral, se produjeron huelgas y protestas obreras en Cataluña y el País Vasco en 1947 y 1948, así como la huelga de tranvías en Barcelona (1951). No obstante, las movilizaciones fueron sofocadas por la represión. A partir de 1962, resurge el movimiento obrero con huelgas en las minas de Asturias, extendiéndose a otros territorios. Ese mismo año se creó el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.), aunque fue prohibido en 1967. En 1972, su dirección, encabezada por Marcelino Camacho, fue detenida y juzgada en el Proceso 1001.

Desde 1965, las protestas universitarias contra la dictadura se convirtieron en un desafío constante para el régimen. Con la influencia del Mayo del 68, estas protestas se intensificaron, coincidiendo con el auge de nuevas culturas alternativas. A partir del Concilio Vaticano II, sectores de la Iglesia comenzaron a criticar el franquismo, y muchos sacerdotes se unieron a los movimientos antifranquistas.

En el ámbito político, el PCE, liderado por Santiago Carrillo, y el PSOE, reorganizado tras el Congreso de Suresnes, encabezaron la oposición de izquierda. También surgieron figuras disidentes dentro del régimen, como Dionisio Ridruejo y Joaquín Ruiz Giménez. En 1971, en Cataluña, se creó la Asamblea de Cataluña, una plataforma transversal con el lema “Libertad, Amnistía, Estatuto de Cataluña”. Paralelamente, surgieron grupos terroristas como ETA, así como el FRAP y el GRAPO, de extrema izquierda. En respuesta, el gobierno de Arias Navarro intensificó la represión. Se crearon organismos políticos opositores: la Junta Democrática, liderada por el PCE, y la Plataforma de Convergencia Democrática, promovida por el PSOE.

El exilio de intelectuales dejó un vacío cultural en España. Literatos como Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Rafael Alberti, y filósofos como Ortega y Gasset, José Ferrater Mora y María Zambrano, tuvieron que abandonar el país. En España, la censura limitó la publicación de obras críticas con el régimen. Sin embargo, en los años 40 y 50 emergió una generación de escritores realistas, como Antonio Buero Vallejo, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Luis Martín Santos y Juan Marsé, todos ellos de tendencia antifranquista. Desde finales de los años 60, con la Ley de Prensa de 1966, hubo una mayor apertura, aunque limitada. Aún en los años 70, el régimen se encontraba al margen de la cultura real o en abierto enfrentamiento con ella.

La Transición a la Democracia (1975-1982)

El 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Franco, se inicia la transición. Dos días después, Juan Carlos I es proclamado rey. El gobierno seguía bajo Carlos Arias Navarro, con ministros como Manuel Fraga y Adolfo Suárez. Arias Navarro propuso una reforma limitada del franquismo (“espíritu del 12 de febrero”), reconociendo algunos derechos y modificando las Cortes para incluir cierto sufragio. Sin embargo, esta apertura fue insuficiente para la oposición y demasiado audaz para los sectores más inmovilistas. Las protestas aumentaron con huelgas, manifestaciones pacíficas y campañas por la amnistía. Hubo también demandas de autonomía, conflictividad obrera y agitación estudiantil. Se fortalecieron las plataformas opositoras como la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, que luego se unieron en la Coordinación Democrática. El régimen respondió con represión, lo que puso en riesgo la imagen de la nueva monarquía. Para evitar el colapso del proceso, Juan Carlos I forzó la dimisión de Arias Navarro en 1976, marcando el fracaso del inmovilismo.

Adolfo Suárez asumió la presidencia y promovió medidas clave:

• Amnistía parcial.
• Ampliación del derecho de asociación.
• Ley para la Reforma Política (1976): reconocía derechos fundamentales y establecía elecciones en seis meses.

Para garantizar la continuidad del proceso, Suárez convenció a las Cortes franquistas de aprobar la reforma. En un referéndum, el 94% votó a favor. En 1977, se aprobaron la Ley Electoral y la legalización del PCE, a cambio de que este aceptara la monarquía. Sin embargo, la violencia de ETA, GRAPO y la extrema derecha intentó sabotear la transición.

Las elecciones de junio de 1977 registraron una alta participación (78,8%). UCD ganó, seguida del PSOE, iniciando el primer gobierno democrático desde la Segunda República. Sin mayoría absoluta, Suárez buscó consenso y aprobó:

• Ley de Amnistía (1977): para superar la división entre vencedores y vencidos.
• Pactos de la Moncloa: acuerdos políticos y económicos para frenar la inflación y estabilizar el país.

Estas medidas allanaron el camino hacia la Constitución de 1978.

La crisis del petróleo de 1973 afectó a España con:

• Crisis industrial y desempleo.
• Caída del turismo y exportaciones.
• Retorno de emigrantes y alta inflación.

Los Pactos de la Moncloa incluyeron medidas como:

• Devaluación de la peseta.
• Control salarial y despido libre.
• Creación del IRPF.
• Fin de la censura y refuerzo de libertades.

Las elecciones de 1979 confirmaron la victoria de UCD, pero el partido comenzó a debilitarse. Retos clave:

• Elecciones municipales (favorables al PSOE).
• Desarrollo autonómico.
• Aumento de la violencia terrorista.

En 1981, Suárez dimitió en medio de una crisis interna de UCD. El 23 de febrero, durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel Tejero intentó un golpe de Estado (23-F), con apoyo de los generales Milans del Bosch y Armada. La intervención televisada del rey Juan Carlos I fue clave para abortarlo. Calvo-Sotelo, ya como presidente, no logró estabilizar UCD, pero logró la entrada de España en la OTAN (1982). Finalmente, se convocaron nuevas elecciones.

La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías

Para su redacción, se eligió una ponencia de siete diputados provenientes de partidos con representación parlamentaria, aunque el PNV delegó su participación en un diputado catalán. Entre los temas más debatidos estuvieron la cuestión territorial, la no confesionalidad del Estado, la libertad de empresa y mercado, y la función social de la propiedad.

La Constitución establece que España es un Estado social y democrático de Derecho, en el que se reconocen como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. También establece la Monarquía parlamentaria, con una figura del rey que desempeña funciones representativas, pero sin poder ejecutivo directo. La soberanía nacional reside en el pueblo español, y el poder está dividido entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Además, establece que las Fuerzas Armadas estarán bajo el control del poder civil. Se reconoce el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que componen España, así como las libertades civiles y políticas y el sufragio universal a partir de los 18 años. El artículo 2, por su parte, resalta la unidad de la nación española, pero garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, promoviendo la solidaridad entre ellas.

La Constitución fue aprobada en el Parlamento con solo seis votos en contra y dos abstenciones. Además, en el referéndum celebrado en 1978, el 87% de los votantes aprobó el texto, con una participación del 67%. Tras las elecciones de 1977, se establecieron instituciones provisionales de autogobierno, como la Generalitat de Catalunya, que fue presidida por Josep Tarradellas tras su regreso del exilio, el Consejo General Vasco y la Xunta de Galicia. La Constitución también estableció un sistema descentralizado en el que se crearon Comunidades Autónomas, cada una con su propio Estatuto de Autonomía, que definiría sus competencias y órganos de gobierno. El acceso a la autonomía se regula de dos maneras: la vía lenta, que otorga menor grado de autogobierno, y la vía rápida, que otorga más competencias desde el principio. A través de estos mecanismos, la Constitución dio lugar a un sistema político y administrativo descentralizado en tres niveles: nacional, regional y municipal. Este modelo autonómico ha sido clave en la organización territorial de España, permitiendo la adaptación de las distintas regiones a un sistema de autogobierno, siempre dentro del marco constitucional. Este principio de autonomía y descentralización sigue siendo uno de los pilares de la Constitución de 1978.

Los gobiernos democráticos (1982-2023)

Desde la victoria socialista en 1982, España ha vivido un sistema político basado en la alternancia entre el PSOE y el PP, conocido como bipartidismo. Estos dos partidos se han alternado en el poder, a veces con mayorías absolutas y otras veces apoyándose en partidos minoritarios, incluidos nacionalistas.

La victoria socialista en 1982 marcó el comienzo de este modelo político. El PSOE, bajo el liderazgo de Felipe González, gobernó durante cuatro legislaturas (1982, 1986, 1989 y 1993), logrando mayorías absolutas en las tres primeras y necesitando el apoyo de partidos nacionalistas en la última. Durante su mandato, se redujo el tamaño del ejército, se estableció la objeción de conciencia y se celebró un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, que resultó en un sí con un 52% de los votos. También se impulsaron políticas sociales que favorecieron la expansión del estado de bienestar, con reformas en educación y sanidad, y se despenalizó el aborto. En 1986, España ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE), lo que supuso ajustes económicos y control de la inflación, con la recepción de fondos europeos para las regiones menos desarrolladas. Durante este periodo, se intensificó el terrorismo de ETA, y el gobierno del PSOE fue acusado de llevar a cabo una guerra sucia mediante los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). A pesar de los logros, a principios de los años 90 el PSOE comenzó a desgastarse debido a varios escándalos de corrupción (como los casos de Filesa, Luis Roldán y Juan Guerra) y a la oposición creciente del PP, que había sido constituido en 1989 por José María Aznar, tras la disolución de AP.

En 1996, Aznar ganó las elecciones, aunque sin mayoría absoluta, y formó gobierno con el apoyo de partidos como CiU, PNV y Coalición Canaria. En su primera legislatura, abolió el servicio militar obligatorio y siguió transfiriendo competencias a las autonomías. La lucha contra ETA se intensificó, especialmente tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. A nivel económico, España experimentó un crecimiento demográfico y económico durante su mandato. En su segunda legislatura (2000-2004), Aznar logró una mayoría absoluta y la economía continuó en expansión. Sin embargo, el gobierno de Aznar fue muy controvertido por su apoyo a la invasión de Irak, lo que generó una fuerte oposición interna. En 2004, los atentados del 11-M en Madrid, atribuidos inicialmente a ETA, cambiaron el curso político, llevando al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, en un contexto de crisis.

Zapatero gobernó desde 2004 hasta 2011. Durante su mandato, retiró las tropas de Irak, promovió legislaciones progresistas en derechos civiles, como la ley de violencia de género, la legalización del matrimonio homosexual y la asistencia a personas dependientes. También se enfrentó al final de la violencia de ETA y a un cambio en el Estatuto de Cataluña, que generó tensiones con el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la crisis económica global de 2008 afectó profundamente a España. El paro se disparó y se produjeron recortes en el estado de bienestar debido a las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea. En 2011, el PP, bajo Mariano Rajoy, ganó las elecciones y formó un gobierno con mayoría absoluta, adoptando medidas de ajuste económico.

En 2015, el PP experimentó un retroceso electoral debido al auge de nuevas formaciones como Podemos y Ciudadanos, mientras que los escándalos de corrupción continuaban. En 2017, el auge del soberanismo catalán llevó a tensiones políticas, y el gobierno aplicó el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña. En 2018, Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra Rajoy y asumió la presidencia del gobierno con el apoyo de fuerzas políticas regionalistas. Desde entonces, el PSOE ha formado un gobierno de coalición con Podemos y ha enfrentado la crisis sanitaria del COVID-19 en 2020. En 2023, pese a la victoria del PP, el PSOE volvió a gobernar en coalición, con VOX consolidándose como una nueva fuerza electoral.

Integración de España en Europa y transformaciones socioeconómicas (1982-2023)

En 2018, Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra Rajoy y asumió la presidencia del gobierno con el apoyo de fuerzas políticas regionalistas. Desde entonces, el PSOE ha formado un gobierno de coalición con Podemos y ha enfrentado la crisis sanitaria del COVID-19 en 2020. En 2023, pese a la victoria del PP, el PSOE volvió a gobernar en coalición, con VOX consolidándose como una nueva fuerza electoral.

La llegada de la democracia a España, tras la muerte de Franco, impulsó la modernización del país y el crecimiento económico, aunque con un problema persistente de desempleo estructural. A pesar de los avances, la crisis económica de 2008 debilitó gravemente el Estado de bienestar, creando una situación de incertidumbre en la sociedad española.

Uno de los primeros pasos en la nueva etapa económica fueron los Pactos de la Moncloa de 1977, que se acordaron para abordar la grave crisis económica, caracterizada por una inflación del 26,39%. Estos pactos incluyeron medidas como la devaluación de la peseta, la limitación de los salarios y la creación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Con la llegada del PSOE al poder en 1982, se inició un período de consolidación del Estado de bienestar a través de reformas fiscales y un aumento del gasto público. Sin embargo, el cierre de empresas públicas no competitivas, como parte de la reconversión industrial, incrementó el desempleo, especialmente en regiones como Asturias, Cantabria y el País Vasco. A pesar de ello, los fondos europeos recibidos a partir de 1986 permitieron emprender importantes proyectos de infraestructuras, como la construcción de autopistas y líneas de Alta Velocidad (AVE), mejorando la conectividad y modernizando el país. En los años siguientes, España accedió a nuevos mercados sin aranceles, atrajo inversiones extranjeras y experimentó un notable crecimiento económico, hasta que una nueva crisis económica se desató en 1991. La tasa de paro alcanzó casi el 25% y, en 1992, se adoptaron criterios de convergencia para acceder a la moneda única europea.

Con la llegada del PP al poder en 1996, se implementaron políticas de privatización de empresas públicas y se controló el gasto público para cumplir con los criterios europeos. Esta política ayudó a estabilizar la economía y reducir el paro. La entrada en la zona euro en 2002 consolidó el crecimiento económico, aunque la burbuja inmobiliaria comenzó a gestarse, lo que desembocó en la crisis de 2008. En ese año, la economía española sufrió un duro golpe con el colapso del sistema financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que elevó el paro al 25,77%. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ante la crisis, se vio obligado a aplicar recortes drásticos en el gasto público, incluyendo la reducción de salarios de los funcionarios y el aumento de la edad de jubilación. La crisis se agudizó hasta que, en 2011, el PP, liderado por Mariano Rajoy, asumió el poder y aplicó una política de austeridad que generó un lento proceso de recuperación económica, aunque la crisis del COVID-19 de 2020 volvió a trastocar la estabilidad económica. Durante el gobierno de Pedro Sánchez, se adoptaron medidas como los ERTE para evitar el cierre de empresas y mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, en 2022, la invasión de Ucrania desató una nueva ola de inflación, exacerbando la crisis económica.

En cuanto a la sociedad, desde 1975 hasta 1998, la fertilidad en España experimentó una caída drástica, debido a factores como la universalización de la enseñanza, el acceso de la mujer al mercado laboral y el cambio de mentalidad. A partir de 1998, la natalidad aumentó gracias a la llegada de inmigrantes, pero volvió a descender tras la crisis de 2008. El envejecimiento de la población es un problema acuciante, ya que la alta esperanza de vida y la baja fertilidad generan una presión sobre el sistema de pensiones. El número de inmigrantes también creció significativamente en las dos primeras décadas del siglo XXI, atraídos por el crecimiento económico. En 1995, había unos 500.000 extranjeros, y para 2015, esa cifra alcanzó los 4,7 millones. Sin embargo, a partir de 2008, la llegada de inmigrantes comenzó a disminuir.

El papel de la mujer en la sociedad española ha evolucionado considerablemente desde la dictadura, con avances legislativos que han promovido la igualdad de género. La Constitución de 1978 afirmaba la igualdad ante la ley, y a partir de ahí, se aprobaron leyes que favorecían la paridad y la igualdad. Los gobiernos de Zapatero impulsaron una legislación más amplia en favor de los derechos de las mujeres, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la Ley de Violencia de Género. Los gobiernos de coalición a partir de 2019 también han abordado cuestiones de género con leyes como la de garantía integral de la libertad sexual y la ley de paridad. Sin embargo, la violencia de género sigue siendo un problema persistente que debe seguir abordándose.

En resumen, la democracia en España ha estado marcada por un progreso económico y social, pero también por crisis que han dejado secuelas en la sociedad y la economía, creando desafíos que aún persisten.

FUENTES Y TEXTOS

FUENTE

Los frentes de guerra diciembre 1937

Se trata de una fuente secundaria de tipo cartográfico, ya que representa la situación de los frentes de guerra en diciembre de 1937 durante la Guerra Civil Española. La localización cronológica corresponde a la segunda mitad del conflicto. El mapa muestra las zonas controladas por los sublevados (en azul) y los republicanos (en rojo), así como las principales ofensivas de ambos bandos, como las de Brunete, Belchite y Teruel.

La imagen representa los frentes de guerra en diciembre de 1937, un momento clave en el desarrollo de la Guerra Civil Española (1936-1939). Este conflicto fue consecuencia de un golpe de Estado fallido contra la Segunda República en julio de 1936, lo que derivó en una guerra entre los sublevados (nacionales) y los republicanos. Desde el punto de vista historiográfico, la guerra ha sido interpretada de diferentes formas: mientras algunos autores la ven como inevitable por la radicalización política y social, otros defienden la legitimidad del régimen republicano y responsabilizan al bando sublevado del inicio del conflicto.

El mapa permite visualizar claramente cómo estaba dividido el país en ese momento. En azul se observa la zona controlada por los sublevados, mientras que en rojo aparece la zona republicana. También se señalan tres ofensivas importantes de ese año: Brunete, Belchite y Teruel, que fueron intentos del bando republicano por frenar el avance nacional. Sin embargo, todas ellas acabaron fracasando, lo que muestra la pérdida progresiva de fuerza del gobierno republicano frente a un ejército sublevado cada vez más organizado y apoyado militarmente por la Alemania nazi y la Italia fascista.

Una de las claves del año 1937 fue la llamada “Batalla del Norte”, en la que los sublevados, bajo el mando de Franco, tomaron el control del norte industrial del país (Asturias, Cantabria y País Vasco), incluyendo la destrucción de Guernica por la Legión Cóndor. Esta ofensiva representó un punto de inflexión, pues permitió al bando franquista hacerse con recursos estratégicos vitales para continuar la guerra. El gobierno republicano, ante esta situación, se trasladó a Valencia.

El mapa también refleja la situación previa a la batalla del Ebro en 1938, la más sangrienta del conflicto, donde los republicanos intentaron recuperar terreno cruzando el río, pero terminaron siendo derrotados. Esta derrota significó prácticamente el final de la guerra, que concluiría en 1939 con la entrada de las tropas franquistas en Madrid y la instauración de la dictadura de Franco.

En conclusión, esta imagen ayuda a comprender visualmente el avance del conflicto y cómo las derrotas republicanas fueron consolidando el dominio sublevado, lo que marcó el inicio de una dictadura que duraría hasta 1975 y tendría profundas consecuencias políticas, sociales y económicas para España.

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La evolución del PIB

Esta fuente es un gráfico estadístico procedente del INE (Instituto Nacional de Estadística), por tanto, se trata de una fuente primaria de carácter oficial. Refleja la evolución anual del PIB español desde 1996 hasta 2023, lo que permite ubicarla cronológicamente en el marco de la historia reciente de España. El contenido muestra las fluctuaciones del crecimiento económico en relación con crisis y periodos de recuperación, destacando momentos como la recesión de 2008 y la caída provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020.

Esta imagen se relaciona con la evolución económica y social de España desde finales del siglo XX hasta la actualidad. El crecimiento del PIB refleja los cambios en el modelo productivo, la consolidación del Estado del bienestar y los desafíos derivados de las crisis económicas. Durante los años de bonanza (1996-2007), España vivió un crecimiento sostenido impulsado por la expansión del sector inmobiliario y la incorporación de fondos europeos, lo cual permitió avanzar en infraestructuras, sanidad y educación. No obstante, la crisis de 2008 supuso un fuerte retroceso, con un impacto directo en el desempleo, la deuda pública y la desigualdad social. El gobierno aplicó políticas de austeridad que afectaron duramente al gasto público y a las clases medias y trabajadoras. A partir de 2014, con la recuperación económica, comenzaron a revertirse algunas de estas medidas. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una nueva caída del PIB del -11,3%, obligando al Estado a adoptar medidas excepcionales como los ERTE. A pesar de estos altibajos, el país ha mostrado cierta resiliencia y capacidad de recuperación. Esta evolución económica ha estado estrechamente ligada a los cambios sociales y demográficos, como el acceso de la mujer al trabajo, el envejecimiento de la población o el aumento de la esperanza de vida. La estabilidad democrática y la pertenencia a la Unión Europea también han sido clave para encauzar las transformaciones del modelo económico y garantizar derechos sociales que hoy forman parte del Estado del bienestar.

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Hombres y mujeres

Esta fuente es un gráfico estadístico que refleja la evolución de la esperanza de vida al nacer en España entre 1900 y 2016, diferenciando entre varones y mujeres. Se trata de una fuente primaria de carácter demográfico y oficial. Cronológicamente abarca más de un siglo, lo que permite observar las mejoras sanitarias, sociales y económicas que han incidido en la salud de la población. El contenido destaca el notable incremento en la esperanza de vida, especialmente entre las mujeres.

Esta imagen se relaciona directamente con los profundos cambios sociales y demográficos que ha experimentado España en el siglo XX y XXI. El aumento sostenido de la esperanza de vida refleja mejoras en el sistema sanitario, en la nutrición, en la higiene, en la educación y en las condiciones laborales.

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Aumento de la población (1940-1975)

Esta fuente es un gráfico estadístico que representa la evolución del número de habitantes en España entre 1940 y 1975. Se trata de una fuente secundaria de carácter demográfico. La localización cronológica abarca desde la posguerra inmediata hasta el final del franquismo. El contenido muestra un incremento progresivo de la población, pasando de 25,8 millones en 1940 a 35,8 millones en 1975, lo que refleja una mejora general de las condiciones de vida y sanitarias en el país.

La imagen se relaciona con el tema 11.3 Transformaciones sociales y económicas del franquismo. En primer lugar, el crecimiento poblacional fue consecuencia del fin de la guerra, la mejora sanitaria y el descenso de la mortalidad infantil, así como un aumento de la natalidad. A partir de los años 50, con el fin del aislamiento internacional, la economía comenzó a mejorar y se inició un proceso de transformación social: se duplicó la renta per cápita y apareció una incipiente sociedad de consumo. El aumento demográfico fue acompañado de grandes movimientos migratorios: entre 2 y 2,5 millones de personas emigraron del campo a la ciudad, y 1,5 millones lo hicieron al extranjero, lo que impulsó el crecimiento urbano y la expansión de las áreas metropolitanas. En el ámbito económico, el desarrollo fue estimulado a partir del Plan de Estabilización de 1959, que liberalizó la economía, facilitó la entrada de capital extranjero y el fin del racionamiento. Esto favoreció el inicio del “desarrollismo”, con fuerte crecimiento industrial y del sector servicios. La industrialización permitió mejorar los niveles de vida, facilitando el crecimiento poblacional. En lo social, se vivió un proceso de modernización: se redujo el tamaño familiar, creció la escolarización, se secularizó la sociedad y aumentó la presencia de la mujer en la vida pública. Todo esto explica el incremento poblacional reflejado en el gráfico, que es un indicador clave de estas transformaciones profundas que experimentó España durante la dictadura.

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Composición del empleo (1960-1973)

Esta fuente es un gráfico estadístico que muestra la evolución del empleo por sectores (agricultura y pesca, industria y construcción, y servicios) en España entre 1960 y 1973. Es una fuente secundaria de carácter económico y social. La cronología coincide con los años del “desarrollismo” y el auge económico bajo el franquismo. El contenido refleja una transformación en la estructura productiva: descenso del empleo agrícola y aumento de los sectores industrial y, sobre todo, del terciario.

Esta imagen se relaciona directamente con el tema 11.3 Transformaciones sociales y económicas. El gráfico refleja el paso de una economía tradicional, basada en la agricultura, a una economía moderna e industrializada, con un fuerte peso de los servicios. Esta transformación se aceleró con el Plan de Estabilización de 1959, que supuso la liberalización económica y la apertura al capital extranjero. España experimentó un crecimiento sostenido, destacando la expansión de la industria del automóvil, electrodomésticos y turismo, especialmente en regiones como Madrid, Cataluña y el País Vasco. El cambio estructural implicó una reducción de la población activa en el campo, con un descenso de 1,8 millones de trabajadores agrícolas entre 1960 y 1975. Al mismo tiempo, se produjo un incremento notable del empleo en la industria, aunque con tendencia a estancarse a finales del periodo, y un aumento aún más pronunciado del sector servicios, impulsado por el crecimiento urbano y el turismo. En paralelo, se vivieron fuertes migraciones internas del campo a la ciudad, y también hacia Europa Occidental. La urbanización y el desarrollo económico favorecieron la modernización de la sociedad española. Este nuevo modelo económico transformó también el entorno social: surgió una clase media con mayor acceso al consumo, se amplió la educación y se inició la incorporación de la mujer al mundo laboral. La estructura de empleo reflejada en el gráfico es prueba clara de ese cambio de modelo económico que preparó a España para la transición democrática posterior al franquismo.

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Las elecciones de 1977 al Congreso de los Diputados

La fuente es un gráfico estadístico que muestra los resultados de las elecciones generales al Congreso de los Diputados celebradas en España en junio de 1977. Cronológicamente se sitúa en la Transición democrática, poco después de la muerte de Franco (1975). El contenido refleja la distribución de escaños entre los distintos partidos políticos, con UCD como fuerza mayoritaria, seguido del PSOE y otras fuerzas como el PCE o AP. Esta fuente permite analizar la pluralidad ideológica que emergió tras la dictadura.

La imagen refleja los resultados de las elecciones generales celebradas en junio de 1977, las primeras democráticas tras más de cuarenta años de dictadura franquista. Este proceso electoral marcó un hito fundamental en la transición española hacia la democracia, iniciada tras la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. A partir de entonces, Juan Carlos I fue proclamado rey y confió en Adolfo Suárez, quien promovió una serie de reformas claves para desmontar el aparato político del franquismo desde dentro. Entre esas medidas se encuentran la Ley para la Reforma Política (1976), la legalización de partidos políticos (incluido el PCE), la amnistía parcial y la ampliación del derecho de asociación. Gracias a estas reformas, se garantizó la celebración de unas elecciones libres en 1977, en las que participaron fuerzas de todo el espectro político. En el gráfico, se observa cómo la UCD (Unión de Centro Democrático), encabezada por Suárez, obtuvo la mayoría de los escaños, seguida por el PSOE, el PCE, y partidos conservadores como AP, así como nacionalistas como PNV y CDC. Este reparto plural de escaños evidencia el nuevo clima de libertad política y la diversidad ideológica de la sociedad española.

Estas elecciones supusieron un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema democrático, permitiendo la redacción de una nueva Constitución, aprobada en 1978. Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades: el país atravesaba una grave crisis económica debido a la crisis del petróleo de 1973, con altos niveles de inflación y desempleo, además de la presión terrorista de ETA, el GRAPO y otras organizaciones radicales. También hubo resistencias desde sectores franquistas, que temían perder sus privilegios, y desde la izquierda radical, que cuestionaba la lentitud del proceso. Los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, fueron otra medida clave en este contexto: supusieron acuerdos entre fuerzas políticas, sindicales y empresariales para estabilizar la economía y garantizar el éxito de la transición. Esta capacidad de diálogo y consenso permitió avanzar hacia un nuevo marco político basado en libertades, derechos fundamentales, separación de poderes y pluralismo político.

En conclusión, la fuente ilustra un momento crucial de transformación política: el paso de un régimen autoritario a un sistema democrático, superando obstáculos sociales, económicos y políticos mediante el consenso. Las elecciones de 1977 no solo reflejaron una nueva etapa institucional, sino que simbolizaron el deseo colectivo de los ciudadanos españoles por una democracia real y duradera.

FUENTE

Vagón destruido por los atentados del 11-M del 2004

La imagen es una fuente primaria de tipo fotográfica, tomada tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que varios trenes fueron atacados con explosivos, provocando cerca de 200 muertos. Cronológicamente se sitúa en el contexto de la España democrática de principios del siglo XXI, en un momento marcado por el auge del terrorismo yihadista. Refleja la magnitud del atentado y la respuesta inmediata de los servicios de emergencia. Este hecho tuvo importantes consecuencias sociales y políticas.

El atentado del 11 de marzo de 2004 (11-M) representa uno de los momentos más trágicos de la historia reciente de España. Este ataque, llevado a cabo por terroristas yihadistas, marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo y supuso un duro golpe para la sociedad española. Se enmarca dentro del contexto de la alternancia política democrática en España, ya que se produjo pocos días antes de las elecciones generales, provocando un giro inesperado en los resultados. El gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, fue duramente criticado por atribuir inicialmente los atentados a ETA, lo que generó un gran malestar social y movilizaciones ciudadanas. Finalmente, el PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, ganó las elecciones y accedió al poder.

Durante los años anteriores, España había vivido un sistema político estable basado en la alternancia entre PSOE y PP, con reformas económicas y sociales importantes. Felipe González (PSOE) gobernó entre 1982 y 1996, y José María Aznar (PP) entre 1996 y 2004. Con la llegada de Zapatero se introdujeron leyes progresistas, como la legalización del matrimonio homosexual y mejoras en los derechos sociales. Además, se enfrentó a la violencia de ETA, que comenzó a perder fuerza, hasta su disolución definitiva en 2018. El 11-M demostró que el terrorismo seguía siendo una amenaza real, aunque ya no solo procedente de ETA, sino también del ámbito internacional, en este caso del islamismo radical. El atentado tuvo también consecuencias en la política exterior, como la retirada de las tropas españolas de Irak por parte del nuevo gobierno. A partir de ese momento, la seguridad nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo se convirtieron en prioridades para los sucesivos gobiernos. El atentado del 11-M simboliza, por tanto, la complejidad de mantener la normalización democrática en un contexto global marcado por nuevos desafíos.

TEXTO

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1946

Este texto es una declaración de la Organización de Naciones Unidas (institución fundada en 1945) justificando por qué la España de Franco no debe integrarse en las organizaciones internacionales, debido a su carácter autoritario y antidemocrático. Está redactado un año después del final de la Segunda Guerra Mundial y siete años después de la Guerra Civil Española.

Las ideas principales del texto son las siguientes:

• El gobierno de Franco tiene un carácter fascista. Prueba de ello es la ayuda que los sublevados en España en julio del 36 contra el gobierno republicano recibieron por parte de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini, en el contexto de la Guerra Civil Española (1936-1939). Tal ayuda fue decisiva para decidir el resultado del conflicto.
• Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), si bien oficialmente España no participó en el conflicto, Franco sí ayudó a las potencias del Eje, como ocurrió con el envío de la División Azul a la URSS, para combatir junto a las tropas nazis.
• El gobierno de Franco no representa a los españoles y, por tanto, es ilegítimo y no merece el reconocimiento internacional.
• El texto sostiene que España, por todas estas razones, no debe integrarse en la ONU ni en las instituciones a ella asociadas (refiriéndose aquí a la FAO, la UNESCO o el FMI, entre otras).
• Por último, la ONU insta a sus países miembros a cortar cualquier lazo diplomático con la España franquista, retirando a sus respectivos embajadores.

Durante los primeros años de la posguerra española, el gobierno de Franco tuvo unos rasgos marcadamente fascistas. Sin embargo, la derrota de Alemania, Italia y Japón en la Segunda Guerra Mundial, y el triunfo de los aliados, llevó a Franco a suavizar estos rasgos. En efecto, la primera etapa del franquismo es la falangista (1939-1945). Entre las familias políticas, la máxima influencia la ejercieron los miembros de la Falange, el partido único. La sociedad fue organizada a través del Sindicato Vertical y asociaciones vinculadas a la Falange, como la Sección Femenina o el Frente de Juventudes. Algunos autores señalan que, durante esta fase, Franco quiso implantar un gobierno totalitario. El resultado de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), como muestra este texto, dejó a España aislada internacionalmente. Son los años del hambre y las cartillas de racionamiento.

La segunda es la fase del nacional-catolicismo (1945-1957). Comenzó a superarse paulatinamente el aislamiento internacional, ya que los EE. UU., en el contexto de la Guerra Fría, vieron en España a un aliado. Se firmó un Concordato con la Santa Sede (1953), así como convenios con EE. UU., que instaló bases militares en Torrejón, Morón, Zaragoza y Rota, a cambio de ayuda militar y económica. España, finalmente, ingresó en la ONU en 1955.

La tercera fase es el desarrollismo (1957-1969). Los ministros tecnócratas impulsaron el Plan de Estabilización (1959), cuyo objetivo era dejar atrás la autarquía. Se trató de una fase caracterizada por el crecimiento económico. En 1969, con la Ley de Sucesión, Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de Franco como Jefe de Estado. Internacionalmente, se consolidó la relación con EE. UU., y Franco trató de aproximarse a la hoy Unión Europea, sin éxito. Por otro lado, se produjo la independencia de Marruecos y Guinea Ecuatorial.

La última fase es la crisis del franquismo (1969-1975). La exigencia de libertades y la conflictividad social, sobre todo obrera y estudiantil, aumentó, así como la represión y el desprestigio exterior. La oposición creó organismos políticos alternativos al régimen, como la Junta Democrática. Marruecos, ante la inacción española, ocupó pacíficamente el Sáhara, mediante la Marcha Verde (1975). Y ese mismo año, en medio de un contexto de represión, condena internacional, tensiones sociales e incertidumbre, murió Franco, iniciándose la etapa política de la Transición.

TEXTO

Declaración de la Junta Democrática de España en 1974

Este texto constituye una declaración de objetivos de la Junta Democrática, una de las plataformas políticas que, en la fase final del franquismo, lucharon por la democracia y el restablecimiento de las libertades. Esta Junta tenía un carácter transversal, integrando por ejemplo a miembros del Partido Socialista Popular y del Partido Carlista, entre otros, si bien estuvo liderada por el Partido Comunista de España.

Las ideas principales del texto son las siguientes:

• Propone el establecimiento de un gobierno provisional, que sustituya al gobierno franquista de Arias Navarro, y restablezca la democracia tras la larga dictadura instaurada en 1939.
• Exige la amnistía política, es decir, el indulto de todos aquellos condenados por su oposición al franquismo.
• Reivindica una serie de libertades y principios democráticos restringidos en la dictadura, tales como el derecho de huelga, reunión, manifestación u opinión, así como la eliminación de la censura, equiparando a España con otros países de su contexto geográfico.
• Defiende la restitución de la autonomía política para Galicia, el País Vasco y Cataluña, sin menoscabo de la unidad de España. En efecto, tras el inicio de la dictadura, Franco había suprimido los estatutos de autonomía, recentralizando el Estado y marginando la lengua y la cultura de estos territorios.
• Asimismo, aboga por la separación entre Iglesia y Estado. En 1953, España y la Santa Sede habían firmado un concordato, que establecía la confesionalidad (la identidad católica) del Estado español.

A medida que la dictadura de Franco (1939-1975) avanzaba en el tiempo, los movimientos antifranquistas fueron aumentando, aunque sometidos a una fuerte represión. Este texto se ubica en el año anterior a la muerte de Franco. Plataformas políticas como la Junta Democrática o la Plataforma de Convergencia Democrática surgieron en aquel contexto coordinando las reivindicaciones democráticas de gran parte de la población.

Políticamente, la primera etapa del franquismo es la falangista (1939-1945), en la cual la máxima influencia la ejercieron los miembros de la Falange, el partido único. La sociedad fue organizada a través del Sindicato Vertical y asociaciones vinculadas a la Falange, como la Sección Femenina o el Frente de Juventudes. Algunos autores señalan que, durante esta fase, Franco quiso implantar un gobierno totalitario. El resultado de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) dejó a España aislada internacionalmente. Son los años del hambre y las cartillas de racionamiento.

La segunda es la fase del nacional-catolicismo (1945-1957). Comenzó a superarse paulatinamente el aislamiento internacional, ya que los EE. UU., en el contexto de la Guerra Fría, vieron en España a un aliado. Se firmó un Concordato con la Santa Sede (1953), así como convenios con EE. UU., que instaló bases militares en Torrejón, Morón, Zaragoza y Rota, a cambio de ayuda militar y económica. España, finalmente, ingresó en la ONU en 1955.

La tercera fase es el desarrollismo (1957-1969). Los ministros tecnócratas impulsaron el Plan de Estabilización (1959), cuyo objetivo era dejar atrás la autarquía. Se trató de una fase caracterizada por el crecimiento económico. En 1969, con la Ley de Sucesión, Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de Franco como Jefe de Estado. Internacionalmente, se consolidó la relación con EE. UU., y Franco trató de aproximarse a la hoy Unión Europea, sin éxito. Por otro lado, se produjo la independencia de Marruecos y Guinea Ecuatorial.

La última fase es la crisis del franquismo (1969-1975). La exigencia de libertades y la conflictividad social, sobre todo obrera y estudiantil, aumentó, así como la represión y el desprestigio exterior. La oposición creó organismos políticos alternativos al régimen, como la Junta Democrática. Marruecos, ante la inacción española, ocupó pacíficamente el Sáhara, mediante la Marcha Verde (1975). Y ese mismo año, en medio de un contexto de represión, condena internacional, tensiones sociales e incertidumbre, murió Franco, iniciándose la etapa política de la Transición.