Portada » Historia » De la Crisis de 1917 al Golpe de 1923: El Fin de la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera
El periodo posterior a 1917 marcó la entrada del régimen de la Restauración en una progresiva descomposición. Los dirigentes de los dos partidos principales (Conservador y Liberal) fueron incapaces de llevar a cabo una renovación política efectiva. Alfonso XIII trató de reactivar el sistema mediante un experimento político: la formación de gobiernos de concentración que unían a ambos partidos, a los que se sumó Cambó (Lliga Regionalista).
Se aplicó la Ley de Fugas, que permitía disparar a prisioneros por la espalda. En Andalucía, la terrible situación de los campesinos, unida al aumento de precios, condujo al Trienio Bolchevique (1918-1921), donde anarquistas y socialistas animaron a revueltas campesinas.
España intentaba controlar la zona del Rif, pero apareció la figura de Abd el Krim. En 1921, el general Silvestre planificó una operación militar que acabó en el Desastre de Annual, resultando en la muerte de más de 10.000 soldados españoles. Este desastre tuvo un efecto devastador sobre la opinión pública, comparable al del 98.
Se formó una comisión para aclarar lo ocurrido, cuyo informe, conocido como el “Expediente Picasso”, establecía las deficiencias del ejército español en África. Antes de que el informe pudiera discutirse en las Cortes, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923, poniendo fin a casi medio siglo de poder civil.
En septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera (Capitán General de Cataluña) se pronunció contra la legalidad vigente, declaró el estado de guerra y exigió al monarca que el poder pasara a manos militares. El golpe de Estado contó con el apoyo del empresariado catalán, de los grandes financieros y propietarios, y de un sector del ejército partidario de la mano dura contra el desorden social. El rey Alfonso XIII aceptó el golpe de Estado como único medio de perpetuar la monarquía.
Primo de Rivera justificó el golpe como una solución moral y regeneracionista, buscando evitar que el sistema acabara por democratizarse. El golpe fue ilegal e inconstitucional: disolvió las Cortes y suspendió la Constitución.
Los miembros del gobierno eran todos militares. Sus principales acciones fueron:
Esta fase incluyó ministros civiles, como Calvo Sotelo. Primo de Rivera buscó no volver a la legalidad constitucional y sustituyó el Directorio Militar por el Civil. Creó la Unión Patriótica (un partido único antiliberal) y estableció una Asamblea Nacional Consultiva, cuyos miembros pertenecían a determinados sectores de la sociedad. La nueva asamblea, sin embargo, no llegó a redactar una nueva Constitución.
La dictadura buscó lograr la paz social, dejando en manos del Estado la resolución de cualquier conflicto laboral. Se reprimió a las organizaciones más radicales, pero también se establecieron los Comités Paritarios. Es importante destacar que los principales dirigentes socialistas de la UGT, como Largo Caballero y Julián Besteiro, colaboraron inicialmente con la dictadura.
La dictadura aplicó una política proteccionista e intervencionista. La idea era nacionalizar importantes sectores de la economía y aplicar una mayor intervención estatal. Se fomentaron grandes obras públicas. Surgieron importantes monopolios estatales como Telefónica y Tabacalera.
El mundo agrario se mantuvo en manos de grandes propietarios, sin apenas cambios, aunque se promovió el regadío a través de la creación de Confederaciones Hidrográficas. Esta política fue exitosa a corto plazo, redujo el paro y mejoró la paz social, pero limitó la iniciativa privada e hizo subir el déficit público. La Crisis de 1929 terminaría por hundir las mejoras económicas.
Primo de Rivera pretendió controlar a los intelectuales y al mundo universitario con una fuerte censura, limitando sus libertades y cerrando centros universitarios. En 1924 se publicó un manifiesto contra la política cultural de la dictadura.
Con los problemas económicos se hizo más evidente la falta de apoyos a la dictadura. La creciente oposición llevó al rey a creer que la continuidad de la dictadura constituía un enorme peligro para la monarquía, por lo que retiró su confianza al dictador. A finales de enero de 1930, Primo de Rivera presentó su dimisión. Alfonso XIII la aceptó y restableció el viejo sistema parlamentario.
El rey encomendó al general Dámaso Berenguer volver a la normalidad constitucional de la Restauración. La oposición (republicanos, catalanistas de izquierda y algunos socialistas) se organizó para acabar con el régimen monárquico y acordaron el Pacto de San Sebastián (1930), que contemplaba un programa para ir a unas elecciones y constituir un comité revolucionario, así como la organización de una sublevación.
Berenguer trató de convocar elecciones a Cortes, pero la oposición se negó, y en 1931 dimitió. Alfonso XIII encargó formar gobierno al almirante Juan Bautista Aznar, quien decidió celebrar elecciones municipales el 12 de abril de 1931. La victoria de la conjunción republicano-socialista provocó un espontáneo estallido popular, traducido en la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, la renuncia de Alfonso XIII al trono y el exilio de la familia real.
