Portada » Historia » Historia de la Segunda República: Reformas, Bienios y el Frente Popular
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que la oposición planteó como un plebiscito entre monarquía y república. Los republicano-socialistas triunfaron en las principales ciudades y capitales de provincia, por lo que Alfonso XIII se exilió y el 14 de abril de 1931 se proclamó la República. Niceto Alcalá-Zamora la proclamó en Madrid y formó un Gobierno Provisional de republicanos, socialistas y nacionalistas.
El Gobierno inició reformas sociales, militares y educativas, pero topó con la oposición de la Iglesia, que rechazaba el Estado laico, la oligarquía, que veía peligrar sus intereses, y parte del proletariado, que exigía cambios más radicales. Esto rompió el consenso inicial.
Las elecciones constituyentes se celebraron el 28 de junio de 1931, siendo el primer proceso electoral legítimo desde el Sexenio Democrático. Con la República se multiplicaron los partidos, pero fueron incapaces de formar gobiernos sólidos, lo que restó eficacia al régimen.
Entre los republicanos, en el centro-derecha destacaban el Partido Radical de Lerroux, el Partido Republicano Progresista de Alcalá-Zamora y el Partido Republicano Conservador de Maura.
En la izquierda sobresalían Izquierda Republicana de Azaña y el Partido Radical Socialista de Domingo y Albornoz, que defendían el Estado laico y el reformismo social.
En cuanto a las organizaciones obreras:
Los nacionalistas fueron favorables a la República. En Cataluña destacó la ERC de Macià y Companys, que relevó a la conservadora Lliga Regionalista de Cambó. En Galicia actuó la ORGA de Casares Quiroga y en el País Vasco el PNV de Aguirre.
Las fuerzas de derechas contrarias a la República se articularon en torno a Acción Popular, que en 1933 formó la CEDA bajo el liderazgo de Gil-Robles, la Renovación Española de monárquicos alfonsinos (Calvo Sotelo), la Comunión Tradicionalista carlista y el Partido Agrario Español. También surgieron grupos fascistas: las JONS, fundadas por Ledesma y Redondo en 1931, y la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera en 1933, que se fusionaron en 1934.
Aprobada el 9 de diciembre de 1931 por mayoría republicano-socialista, estableció un sistema democrático con Cortes unicamerales elegidas por sufragio universal masculino mayor de 23 años. Por primera vez se concedió el voto a las mujeres, que también podían ser elegidas diputadas. El poder ejecutivo lo tenía el Gobierno, responsable ante las Cortes, y el presidente de la República era elegido por estas cada 6 años, pudiendo nombrar al jefe de Gobierno, promulgar leyes y disolver las Cortes. Se creó además el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Se reconocieron las libertades individuales y los derechos sociales y políticos para hombres y mujeres: libertad religiosa, de expresión, de reunión y de asociación. La estructura del Estado era unitaria pero reconocía el derecho de autonomía a municipios y regiones, aunque el artículo 13 prohibía la federación entre regiones.
En materia religiosa, los artículos 26 y 27 establecieron la separación Iglesia-Estado, el régimen laico, la supresión del presupuesto del clero y la exclusión de las órdenes religiosas de la enseñanza. Esto provocó que Alcalá-Zamora y Maura abandonaran el Gobierno, pasando Azaña a ser presidente del Gobierno Provisional.
Manuel Azaña presidió la coalición republicano-socialista. El contexto era adverso: la crisis económica iniciada en 1929, el auge del fascismo en Italia y Alemania y el ejemplo del comunismo soviético dificultaban la estabilización del régimen. En España, la crisis agravó el desempleo y las tensiones sociales, afectando principalmente al comercio exterior.
Se disolvió la Compañía de Jesús y se confiscaron sus bienes. Se aprobaron el divorcio, el matrimonio civil y la secularización de cementerios, y en 1933 se promulgó la Ley de Congregaciones para regular las actividades de la Iglesia, que se posicionó abiertamente contra la República junto a la oligarquía económica.
Su objetivo era modernizar el ejército y asegurar su lealtad a la República. Se decretó el retiro voluntario con sueldo para quienes no quisieran jurar fidelidad, se redujeron las regiones militares, se suprimieron las capitanías generales y la Academia Militar de Zaragoza dirigida por Franco, se creó la Guardia de Asalto y se redujo el servicio militar a un año. La reforma generó malestar en el ejército y estuvo limitada por la falta de presupuesto.
La Ley de 1932 buscaba eliminar el latifundismo mediante la expropiación de tierras de los Grandes de España sin indemnización y de grandes fincas mal explotadas con indemnización. El Instituto de Reforma Agraria (IRA) era el encargado de distribuirlas. Su aplicación fue ineficaz por la complejidad de la ley, la falta de presupuesto, la burocracia y la oposición de los afectados, lo que provocó el descontento del campesinado.
Largo Caballero, como ministro de Trabajo, impulsó la negociación de convenios colectivos, el derecho a huelga, la ley de contratos de trabajo, los seguros sociales y la reducción de la jornada laboral campesina. Sin embargo, no existía un plan eficaz para combatir el paro.
Influida por la Institución Libre de Enseñanza, se construyeron nuevas escuelas, se aumentaron plazas y sueldos de maestros, se crearon las Misiones Pedagógicas para llevar la cultura al mundo rural y se suprimió la formación religiosa obligatoria. La falta de fondos impidió su plena aplicación.
En Cataluña, Macià proclamó la República catalana y tras negociar con el Gobierno se creó la Generalitat. El Estatuto de Núria, aprobado por el 99% de los catalanes, fue recortado por las Cortes en 1932. ERC ganó las elecciones y Macià fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco, el Estatuto de Estella fue rechazado por su conservadurismo, el nuevo proyecto fue paralizado en 1934 y no se aprobó hasta 1936. En Galicia, el Estatuto se presentó en 1936, ya iniciada la Guerra Civil, por lo que nunca llegó a debatirse. Otras iniciativas en Valencia, Aragón, Baleares y Andalucía quedaron frenadas por la política conservadora de 1934-35 y, definitivamente, por la Guerra Civil.
La derecha impulsó la sublevación del general Sanjurjo en 1932, la «sanjurjada», que fue sofocada por el Gobierno, mientras la CEDA de Gil-Robles llevaba a cabo una virulenta campaña de desprestigio contra el ejecutivo. En la izquierda radical, la CNT controlada por la FAI promovía la revolución. Destacan la insurrección de Castilblanco (UGT, 1931) y la de Casas Viejas (CNT, 1933), donde la dura represión con 14 campesinos fusilados desacreditó gravemente al Gobierno.
El Partido Radical se unió a la campaña de desprestigio de la derecha y las elecciones municipales de 1933 beneficiaron a radicales y derechistas. Alcalá-Zamora retiró su confianza a Azaña, quien dimitió. Tras dos Gobiernos minoritarios, se convocaron elecciones para el 19 de noviembre de 1933, en las que la mujer votó por primera vez en la historia de España. La izquierda estaba desunida y la CNT promovía la abstención, mientras la derecha (CEDA, agrarios, monárquicos) se alió y obtuvo la mayoría.
La CEDA fue el partido más votado pero sin mayoría absoluta, quedando el Partido Radical en segundo lugar. Alcalá-Zamora se negó a entregar el poder a Gil-Robles por no reconocer la República, por lo que se formaron Gobiernos radicales en minoría con apoyo parlamentario de la CEDA. La izquierda denominó esta etapa «bienio negro» por la anulación sistemática de las reformas anteriores. Se concedió amnistía a los sublevados con Sanjurjo en 1932, reintegrando a militares antirrepublicanos, se restauró el presupuesto del clero y se eliminó la ley de congregaciones, la Iglesia volvió a las escuelas, se revisó la reforma educativa suprimiendo la enseñanza mixta, se anularon las expropiaciones agrarias y las mejoras laborales del campesinado, y se bloqueó tanto la ley de contratos de cultivo de la Generalitat como el Estatuto vasco.
La entrada de la CEDA en el Gobierno en octubre de 1934 fue interpretada por la izquierda como un intento de acabar con la República de forma legal, al igual que Hitler en Alemania. Las organizaciones obreras convocaron una huelga general el 5 de octubre de 1934 que fracasó en general por falta de coordinación y la no participación de la CNT, excepto en dos focos. En Cataluña, Companys proclamó el Estado catalán dentro de una República Federal Española, pero el ejército sofocó la sublevación, el Gobierno autonómico fue encarcelado y el Estatuto suspendido. En Asturias, la Alianza Obrera formada por la CNT, comunistas y socialistas tomó el poder en Oviedo y la cuenca minera durante dos semanas. El Gobierno envió al ejército con tropas coloniales al mando del general Franco, que aplastó el movimiento. La represión fue durísima: 30.000 encarcelados, torturas, ejecuciones sin juicio, condenas a muerte y censura de prensa.
La represión de octubre generó una reacción favorable a la izquierda. En 1935 la política del Gobierno se volvió más reaccionaria con la paralización de reformas, el nombramiento de militares antirrepublicanos y el acercamiento a la Alemania nazi. A finales de 1935, los escándalos de corrupción del «straperlo» y el «asunto Nombela» hundieron al Partido Radical. Alcalá-Zamora nombró presidente a Manuel Portela Valladares para gestionar las nuevas elecciones.
En enero de 1936, republicanos de centro-izquierda, socialistas, PCE y POUM pactaron el Frente Popular para recuperar las reformas del primer bienio y conceder amnistía a los represaliados de octubre de 1934. La CNT, sin firmar el pacto, recomendó votar a la coalición. La derecha no logró unirse y la ley electoral, que favorecía a las coaliciones, dio la mayoría en las Cortes al Frente Popular.
Portela dimitió tras los resultados y Alcalá-Zamora nombró a Azaña presidente del Gobierno. Más adelante, Azaña fue elegido presidente de la República y Casares Quiroga, jefe de Gobierno. El Gobierno aplicó el programa electoral: concedió una amplia amnistía, restauró la Generalitat con Companys, tramitó los Estatutos vasco y gallego, readmitió a los represaliados, impulsó la reforma educativa y reanudó la reforma agraria, con más de 500.000 hectáreas expropiadas, lo que alarmó profundamente a los propietarios.
La radicalización política y social tras el triunfo del Frente Popular se debió a las profundas divisiones internas entre reformistas y revolucionarios, imponiéndose estos últimos bajo el liderazgo de Francisco Largo Caballero. Esto provocó un aumento de la conflictividad social, con huelgas, ocupaciones de tierras, ataques a instituciones religiosas y enfrentamientos entre distintos grupos obreros y con las fuerzas del orden. Al mismo tiempo, los sectores conservadores, alarmados por las reformas y el clima de violencia, se agruparon en torno a fuerzas como la CEDA y el Bloque Nacional y comenzaron a conspirar contra la República en defensa de sus intereses. El Gobierno fue incapaz de controlar la situación, lo que favoreció la escalada de violencia política, con atentados y choques entre grupos de izquierda y derecha, en los que también participó la Falange con intención desestabilizadora. Paralelamente, algunos militares, como Francisco Franco, organizaron una conspiración para derribar el régimen. En este contexto de creciente tensión, el asesinato de José Calvo Sotelo fue utilizado como pretexto para justificar el golpe de Estado de julio de 1936, que, al fracasar parcialmente, dio lugar al estallido de la Guerra Civil.
