Portada » Historia » La Construcción del Estado Liberal en España: De la Crisis de 1808 al Bienio Progresista (1856)
Al año siguiente de ser proclamado rey de España, Carlos IV (1788-1808), se produjo el inicio de la Revolución Francesa. Este acontecimiento favoreció la difusión de ideas liberales, pero, al mismo tiempo, provocó el rechazo de los privilegiados hacia las ideas ilustradas, a las que culpaban de la revolución.
Carlos IV apartó a los ilustrados del gobierno, cerró las fronteras con Francia (el cordón sanitario), nombró a Manuel Godoy secretario de Estado… e incluso en 1793 se unió a la coalición europea contra la Francia revolucionaria. Los costes económicos fueron enormes y España fue derrotada.
Tras la Paz de Basilea (1795), España quedó subordinada a los intereses franceses. Tras el ascenso de Napoleón al poder, España se convirtió en aliada de Francia contra Gran Bretaña. En 1805, la flota franco-española fue derrotada en Trafalgar, lo que supuso la pérdida de casi toda la flota española y la interrupción del comercio con América. Esto mermó los ingresos de la Hacienda, pero aumentó el endeudamiento y la presión fiscal, lo que provocó gran malestar entre privilegiados y el pueblo, manifestado en motines.
El desprestigio del gobierno aún fue mayor tras la firma del Tratado de Fontainebleau (1807), que autorizaba a las tropas francesas a cruzar España para atacar Portugal y acordaba el reparto de este país, del que Godoy obtendría una parte. El ejército francés entró en España, ocupando plazas importantes como Barcelona o Vitoria. Cuando las tropas napoleónicas llegaron a Madrid, la Familia Real huyó a Aranjuez, donde se produjo el llamado Motín de Aranjuez el 17 de marzo de 1808.
Los amotinados, soldados y miembros del pueblo impulsados por nobles y eclesiásticos, pidieron la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando. Al día siguiente fue proclamado Fernando VII, pero Carlos IV solicitó ayuda de Napoleón para recuperar el trono. El Emperador francés los convocó en Bayona y allí abdicaron. Napoleón nombró rey de España a su hermano José y convocó una asamblea de notables que aprobó una carta otorgada, el Estatuto de Bayona, de carácter reformista que reconocía la igualdad ante la ley de todos los españoles.
Un motín importante se produjo en Madrid el 2 de mayo de 1808 y fue duramente reprimido por el general Murat. Al no poder controlar la rebelión popular ni hacer frente a la invasión francesa, las instituciones de gobierno españolas se desmoronaron, creándose un vacío de poder. Los rebeldes o patriotas crearon Juntas integradas por élites locales. Estas formaron una Junta Suprema Central en septiembre que reconoció como rey a Fernando VII y asumió la autoridad en su ausencia. Mientras tanto, los voluntarios unidos a una parte del ejército derrotaron a los franceses en las batallas del Bruch (provincia de Barcelona, junio de 1808) y de Bailén (provincia de Jaén, 19 de julio). Las tropas francesas y José I tuvieron que replegarse, pero la guerra no había hecho más que empezar.
El reinado de Fernando VII se divide en tres etapas:
Fernando VII llegó a España, no acató el régimen constitucional y, aprovechando las peticiones de los absolutistas, expresadas en el Manifiesto de los Persas, volvió al Antiguo Régimen (A.R.), quitando la Constitución e iniciando la persecución de liberales y afrancesados. Restauró las antiguas instituciones y el régimen señorial. Se negó a hacer reformas y a sanear la Hacienda.
Los movimientos independentistas americanos interrumpieron el comercio y el cobro de impuestos; combatirlos exigía gastos militares, y el rey no estaba dispuesto a cobrar impuestos a los privilegiados. La guerra había cambiado la sociedad: los campesinos empezaron a negarse a pagar rentas señoriales y diezmos; las personas que habían comprado tierras desamortizadas y roturado baldíos, muchas de ellas burgueses y nobles, exigían que se respetasen sus compras. Además, los productores reclamaban libertad de industria y mercado, y en las ciudades había un gran malestar entre la pequeña burguesía y los trabajadores por la crisis.
Esto favorecía a los liberales y estimulaba pronunciamientos militares como medio para conquistar el poder. Estos suponían el levantamiento de una parte del ejército a favor de la Constitución de 1812. El apoyo de los liberales de las ciudades pretendía conseguir suficiente fuerza para imponerse a Fernando VII. Estos pronunciamientos dirigidos por militares liberales fracasaron y fueron respondidos con fuerte represión. No obstante, el 1 de enero de 1820 triunfó el pronunciamiento a favor de la Constitución de 1812 encabezado por el coronel Rafael Riego en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), antes de embarcarse para ir a combatir contra los independentistas americanos.
Tras el pronunciamiento de Riego y ante la pasividad del ejército, Fernando VII tuvo que aceptar la Constitución de 1812 y se formó un gobierno que proclamó una amnistía que permitió el regreso de liberales y afrancesados. Se convocaron elecciones que fueron ganadas por los liberales.
Las nuevas Cortes, formadas por mayoría de diputados liberales, iniciaron una importante obra reformista cuyo objetivo era abolir el Antiguo Régimen (AR):
Las reformas suscitaron la oposición de Fernando VII y los absolutistas. El Rey paralizó muchas de estas leyes haciendo uso del derecho de veto suspensivo que le otorgaba la Constitución. Los campesinos también estaban descontentos porque no accedieron a la propiedad ni bajaron los impuestos. Los señores se convirtieron en propietarios y los campesinos perdieron sus antiguos derechos. Así, muchos campesinos se sumaron a la agitación antiliberal. La Iglesia, al perder privilegios, también era antiliberal. En 1822 se alzaron antiliberales en Cataluña, Navarra, Galicia y el Maestrazgo, llegando a establecer una regencia absolutista en la Seo de Urgel en 1823.
Los liberales se dividieron en dos bandos:
El triunfo del liberalismo en España se propagó a Nápoles, Portugal y Piamonte. Las potencias de la Santa Alianza, ante las demandas de ayuda de Fernando VII, organizaron un ejército, los Cien Mil Hijos de San Luis, que intervino en España para restituir el absolutismo. Así se formó un gobierno absolutista que derogó los decretos y leyes del Trienio Constitucional, y Fernando VII volvió a ser monarca absoluto. Los liberales fueron perseguidos y se implantó un régimen de terror.
El regreso del absolutismo estuvo acompañado de una dura represión de los liberales (el Terror de 1824). Se dio marcha atrás a las reformas que España necesitaba. Se creó un cuerpo militar (Voluntarios Realistas) encargado de perseguir a los liberales. No obstante, algunos ministros proponían la necesidad de una amnistía para superar la división de los españoles y una reforma de la Hacienda.
Desde 1825, el rey, acuciado por problemas económicos, buscó la colaboración de la burguesía liberal moderada y propuso un ministro de Hacienda que exigiera el pago de impuestos a los privilegiados. Esto provocó que los realistas más intransigentes, llamados apostólicos y liderados por el hermano del rey, Carlos María Isidro, denunciaran la supuesta influencia de revolucionarios en la corte.
En 1829, Fernando VII se casó en cuartas nupcias con su sobrina María Cristina de Borbón y en 1830 nació Isabel. Para que pudiese ser su sucesora, el rey promulgó la Pragmática Sanción, que autorizaba la sucesión femenina al trono que hasta entonces prohibía la Ley Sálica. Los realistas más conservadores creían que el sucesor debía ser el hermano del rey, convencido defensor del absolutismo.
En los últimos meses de vida de Fernando VII, la reina María Cristina asumió la regencia durante la enfermedad de su marido. Se acercó a los absolutistas más moderados para que apoyasen a su hija Isabel. Además, promulgó una amplia amnistía que permitió el regreso de los liberales exiliados.
En 1854, el régimen moderado había perdido casi todos los apoyos con los que contó en algún momento: la monarquía maniobraba con los progresistas tras el asunto de las bodas reales, la oligarquía moderada estaba dividida ante un clima de corrupción generalizado, y la crisis económica provocaba paro obrero y, consecuentemente, descontento.
Ante esta situación, varios generales moderados, pero opuestos al régimen, se pronunciaron en Vicálvaro y publicaron el Manifiesto de Manzanares, donde se recogían algunas aspiraciones progresistas: reforma de la ley electoral y una mayor apertura del derecho de imprenta. La Vicalvarada, apoyada por levantamientos progresistas en las principales ciudades del reino, propició que la Reina entregara el poder a Espartero, quien lo compartiría con O’Donnell. Se inicia así el Bienio Progresista.
Siguiendo la pauta marcada por los progresistas en 1844, estos convocaron elecciones para unas Cortes Constituyentes, que iniciaron la preparación de la Constitución «non nata» de 1856, ya que nunca fue promulgada.
Además de la labor de las Cortes Constituyentes, el gobierno progresista durante el Bienio estuvo marcado por la inestabilidad que provocó el auge del movimiento obrero, manifestado en forma de huelgas, las exigencias de mantenimiento del orden público por parte de la burguesía y una nueva desamortización.
La inestabilidad social fue provocada por la subida de precios (a causa de una serie de malas cosechas) y por la repercusión sobre las capas modestas de la sociedad de la desamortización de los bienes comunales efectuada por Madoz. Además, se produjeron los primeros casos de asociacionismo obrero, como la Unión de Clases, una especie de sindicato de los trabajadores textiles, que luchaban por la reducción de la jornada y otras mejoras en las condiciones de trabajo.
El Bienio acabó cuando el clima de inestabilidad provocó la suspensión de las Cortes, la dimisión de Espartero y su sustitución, a pesar de la oposición protagonizada por la Milicia Nacional, por el general O’Donnell, líder de la Unión Liberal.