Portada » Historia » Historia de España: Del Franquismo a la Democracia y la Autonomía Andaluza
Tras la victoria de las tropas nacionalistas en la Guerra Civil, Francisco Franco estableció en España un régimen dictatorial que se prolongó desde 1939 hasta su muerte, en 1975. Desde el inicio, Franco concentró en su persona todos los poderes: ejercía simultáneamente como jefe del Estado, como jefe del Gobierno y como máxima autoridad del Ejército; solo en 1973 se incorporó la figura de un presidente del Gobierno, aunque el poder real siguió recayendo en el Caudillo. No existía una Constitución, sino un conjunto de “Leyes Fundamentales” aprobadas por él, y las Cortes —parlamento de carácter consultivo— carecían de autonomía real. Solo se permitía un partido único, la FET y de las JONS, en el que se aglutinaban los grupos que habían apoyado la sublevación contra la Segunda República. Bajo este sistema se suprimieron todas las libertades civiles y se prohibió cualquier manifestación de nacionalismo regional, lo que llevó a la abolición de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco.
El régimen franquista ejerció una represión implacable. Miles de republicanos fueron forzados al exilio y quienes permanecieron en territorio español pudieron ser encarcelados, condenados a trabajos forzados o incluso ejecutados sumariamente. Se llevó a cabo una depuración del funcionariado —inspeccionando a los empleados públicos por su conducta durante la guerra—, lo que permitía apartar temporal o definitivamente a aquellos vinculados al bando republicano. Además, el régimen instauró una estricta censura de prensa, literatura, teatro, cine y radio, con el fin de controlar la información y la opinión pública.
El sostenimiento del franquismo descansó en varios pilares sociales e institucionales. Por un lado, el Ejército constituyó el principal soporte del Estado y muchos altos cargos políticos fueron ocupados por militares. Por otro, la Iglesia católica se benefició de la condición de religión oficial y ejerció un control casi total sobre la educación y los comportamientos públicos. También obtuvieron ventajas los terratenientes y grandes empresarios: la burguesía rural recuperó las propiedades expropiadas durante la reforma agraria republicana, y la industrial quedó al amparo de la prohibición de sindicatos libres. Finalmente, un sector conservador de la clase media, ansioso de orden y estabilidad tras la guerra, se alineó con el régimen.
En la primera etapa, el falangismo tuvo gran protagonismo. FET y de las JONS organizó a la población en distintas ramas: la Organización Nacional Sindicalista integraba a obreros y empresarios bajo la doctrina sindicalista estatal; la Sección Femenina agrupaba a las mujeres para realizar labores sociales según el ideal tradicional; y el Frente de Juventudes ofrecía actividades recreativas (excursiones, campamentos, estancias en playas o montañas) con la finalidad de adoctrinar a los jóvenes. Aunque España no entró en la Segunda Guerra Mundial —se mantuvo primero neutral y luego no beligerante—, Franco mostró simpatías por el Eje, entrevistándose con Hitler en Hendaya en 1940 y enviando en 1941 la División Azul al frente ruso. Sin embargo, ante el avance aliado, la División se retiró en 1943. Al finalizar la guerra, las potencias vencedoras aislaron internacionalmente a España: se le negó el ingreso en la ONU, se redujo la representación diplomática de otros países y Francia cerró su frontera.
La posguerra dejó una España arruinada: infraestructuras destruidas, industrias paralizadas y campos devastados. El éxodo rural de quienes regresaban a las ciudades chocó con la falta de trabajo y de servicios. Para afrontar la escasez, el régimen impuso la política de autarquía, buscando la autosuficiencia nacional. Se crearon entidades como el Servicio Nacional del Trigo —para controlar producción y reparto de cereal— y el Instituto Nacional de Industria (INI) —para impulsar empresas estatales—, pero el sistema fracasó. Durante la década de los años cuarenta hubo racionamiento de alimentos, ropa o combustible y floreció el mercado negro (el estraperlo), mientras el régimen promovía el ahorro entre la población.
Con el estallido de la Guerra Fría, Estados Unidos vio en España un aliado anticomunista y facilitó su reapertura internacional: se reabrió la frontera con Francia, regresaron embajadas y España firmó en 1953 el Concordato con la Santa Sede y el Tratado de Amistad Hispano-Norteamericano, que permitió la instalación de bases militares estadounidenses a cambio de ayuda económica. Además, España ingresó en la FAO (1951), en la UNESCO (1952) y, finalmente, en la ONU (1955). En el plano interno, el falangismo perdió peso en favor de católicos y monárquicos, y se definió el régimen como democracia orgánica aunque permaneciera la dictadura. El descontento social comenzó a organizarse con disturbios estudiantiles (1956) y huelgas obreras.
El desarrollismo favoreció el crecimiento demográfico (alta natalidad y descenso de la mortalidad), aceleró el éxodo rural y produjo una rápida urbanización, aunque con graves problemas de vivienda y servicios, que dieron lugar a barrios de chabolas. Muchas familias emigraron al extranjero, sobre todo a Suiza, Alemania y Francia, en busca de empleo. También se produjo un cambio social: emergió una clase media más numerosa, aumentó la incorporación de la mujer al trabajo remunerado y la Iglesia perdió parte de su influencia cotidiana. Políticamente, se aprobaron la Ley sobre Bases de la Seguridad Social (1963) y la Ley de Prensa e Imprenta (1966), que rebajó la censura, y en 1969 Franco nombró heredero a Juan Carlos de Borbón.
En la década de los sesenta creció la resistencia al franquismo: el Partido Comunista buscó coaliciones de todos los partidos antifranquistas (documento de Múnich, 1962), el PSOE se reorganizó en Suresnes (1974) y surgieron asociaciones como la Junta Democrática (1974) y la Plataforma de Convergencia Democrática (1975). También se impusieron movimientos vecinales, estudiantiles y el sindicalismo clandestino (Comisiones Obreras). Al mismo tiempo, aparecieron grupos terroristas violentos (GRAPO, FRAP, ETA). La crisis del petróleo de 1973 provocó inflación, paro, cierre de empresas y caída del turismo. En 1973 Franco nombró almirante Carrero Blanco jefe de Gobierno, pero fue asesinado por ETA ese mismo año. El régimen respondió con represión y estados de excepción. Finalmente, el debilitado Franco falleció el 20 de noviembre de 1975.
Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I proclamó la monarquía y mantuvo como presidente a Carlos Arias Navarro, que acometió tímidas reformas. Ante la presión popular, en julio de 1976 el rey pidió la dimisión de Arias y nombró a Adolfo Suárez, quien promovió la Ley para la Reforma Política (1976), refrendada en referéndum, concedió amnistía a presos políticos, legalizó partidos (incluido el PCE) y convocó elecciones en junio de 1977. El resultado otorgó la victoria a la UCD, seguida por el PSOE, el PCE y Alianza Popular. El nuevo Gobierno, sin mayoría absoluta, impulsó los Pactos de la Moncloa, redactó la Constitución de 1978 y estableció el régimen de autonomías, sentando así las bases de la democracia española.
El PSOE, liderado por Felipe González, gobernó España desde 1982 hasta 1996, en la etapa más larga de un partido en la democracia española. Durante este periodo, se consolidó la democracia y se llevaron a cabo importantes reformas que modernizaron el país:
La popularidad del PSOE cayó a finales de los 80 por la crisis económica, el paro y casos de corrupción, como el de los GAL. Aunque ganó las elecciones de 1993 sin mayoría absoluta, perdió en 1996 ante el Partido Popular.
Inicialmente opuesto a la OTAN, el PSOE cambió de postura al llegar al poder. En 1986 convocó un referéndum para decidir la permanencia de España en la OTAN, apoyando el “sí” con condiciones: no integrarse en la estructura militar, no permitir armas nucleares y reducir la presencia militar de EE. UU. Ganó el “sí” por un estrecho margen.
El PSOE impulsó la incorporación a la Comunidad Económica Europea (CEE), iniciada por la UCD. Para lograrlo, estrechó lazos con Francia, Alemania y Reino Unido, y aplicó reformas económicas para hacer a España más competitiva. El Tratado de Adhesión se firmó en 1985 y entró en vigor en 1986, marcando un hito en la modernización del país.
Entre 1996 y 2004, el Partido Popular gobernó bajo la presidencia de José María Aznar. En su primera legislatura, sin mayoría absoluta, tuvo que pactar con partidos nacionalistas. Su política se centró en reducir el desempleo y la deuda del Estado mediante privatizaciones, lo que permitió la adopción del euro. En 2000 logró mayoría absoluta y aprobó reformas como la ley de partidos y la ley de extranjería. Su apoyo a la guerra de Iraq y los atentados del 11-M en 2004 causaron un fuerte descenso en su popularidad.
El PSOE regresó al poder en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero, quien promovió políticas sociales como la ley de dependencia, la ley contra la violencia de género y la de Memoria Histórica. Hubo crecimiento económico hasta que en 2008 la crisis internacional, agravada por el colapso del sector inmobiliario, disparó el desempleo. Esto obligó a aplicar recortes sociales. En 2011, ETA anunció el fin de su actividad armada.
En 2011, el PP volvió al poder con Mariano Rajoy. Su Gobierno aplicó políticas de austeridad exigidas por la UE, pero el desempleo se disparó. El malestar social dio lugar al movimiento 15-M. Se sumaron escándalos de corrupción y, en 2014, la abdicación de Juan Carlos I en favor de Felipe VI.
Las elecciones de 2015 marcaron el fin del bipartidismo con la irrupción de Ciudadanos y Podemos. En 2016 se repitieron elecciones y Rajoy gobernó en minoría con apoyo de Ciudadanos y abstención del PSOE. En 2018 una moción de censura llevó a Pedro Sánchez (PSOE) al poder. En 2019 se celebraron dos elecciones que resultaron en un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que tuvo que afrontar la pandemia de COVID-19.
Durante la transición, la economía española sufrió una fuerte crisis causada por la subida del petróleo en 1973. Esto trajo inflación, cierre de empresas y desempleo. En 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, que permitieron modernizar el sistema fiscal, contener la inflación y reforzar el gasto social.
En los años ochenta se inició una reconversión industrial y se privatizaron empresas públicas. Tras la entrada en la CEE, España recibió fondos para modernizar infraestructuras. Durante los Gobiernos del PP, se profundizó en las privatizaciones, se redujo el déficit y la construcción impulsó el crecimiento económico. Sin embargo, la escasa inversión en innovación limitó el desarrollo, y la crisis de 2007 afectó gravemente al país. El sector financiero fue rescatado. A pesar de una recuperación desde 2014, la pandemia de 2020 provocó una nueva recesión.
En lo demográfico, desde 1975 la natalidad descendió notablemente y la fecundidad actual no asegura el reemplazo generacional. La población envejece y, aunque la inmigración aumentó desde los 80, la crisis de 2007 redujo estos flujos. En 2016 la inmigración volvió a superar a la emigración, pero se redujo de nuevo con la pandemia.
La Constitución de 1978 reconoció la igualdad de género. La participación femenina en el trabajo creció del 28% en 1975 al 53% en 2019, aunque persisten desigualdades salariales y de acceso a cargos directivos. También han cambiado los modelos familiares y se ha retrasado la edad para formar una familia.
El Estado de bienestar se ha desarrollado progresivamente. Se aprobaron medidas como la ley de dependencia en 2006 y el Ingreso Mínimo Vital en 2020. Sin embargo, la pandemia puso en riesgo su sostenibilidad.
Durante el franquismo, la economía andaluza se caracterizaba por una agricultura con graves problemas estructurales: gran concentración de tierras, bajos salarios y paro crónico. Desde mediados de los años cincuenta comenzó cierta modernización del campo, pero esto generó más excedente de mano de obra.
La industria era escasa y se basaba principalmente en el sector agroalimentario. Para fomentar su desarrollo, se crearon polos industriales en Córdoba, Granada, Sevilla y Huelva, pero dependían de capital externo y generaban poco empleo. Destacaron algunas industrias químicas, navales y mecánicas.
Estas condiciones provocaron una intensa emigración tanto hacia otras regiones españolas como al extranjero. Entre 1941 y 1970 emigraron más de 1,5 millones de andaluces. A partir de los años 60, el turismo de sol y playa, especialmente en la Costa del Sol, se convirtió en un motor económico importante.
Durante los primeros años del franquismo, la represión eliminó casi por completo la oposición. Sin embargo, en las serranías de Córdoba, Granada y Málaga actuaron guerrillas hasta los años cincuenta. A partir de los años sesenta surgieron grupos clandestinos, destacando Comisiones Obreras y organizaciones católicas como la HOAC y la JOC.
El PSOE y el PCE se reorganizaron, y surgieron formaciones andalucistas como la Alianza Socialista de Andalucía, precursora del Partido Andalucista fundado en 1984.
En 1977 se formó la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, que impulsó el proceso autonómico. Ese mismo año, más de un millón de personas se manifestaron en favor de la autonomía. En 1978 se instauró un régimen preautonómico y se firmó el Pacto de Antequera para alcanzar una autonomía plena.
La Constitución de 1978 ofrecía dos vías para lograr la autonomía: una rápida (art. 151) y otra progresiva (art. 143). Andalucía optó por la vía rápida y celebró un referéndum en 1980, donde todas las provincias, salvo Almería, aprobaron la autonomía. Finalmente, tras nuevas negociaciones, en 1981 se aprobó el Estatuto de Autonomía mediante referéndum, consolidando la identidad histórica de Andalucía y su derecho al autogobierno.
En 1982 se celebraron las primeras elecciones autonómicas, con victoria absoluta del PSOE. Rafael Escuredo fue el primer presidente de la Junta. Desde entonces, los socialistas gobernaron hasta 2019, con presidentes como Rodríguez de la Borbolla, Chaves, Griñán y Susana Díaz. En 2019, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) asumió la presidencia.
El Estatuto fue reformado en 2006. Las instituciones autonómicas están compuestas por el Parlamento, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. También existen otras instituciones como el Tribunal Superior de Justicia, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Económico y Social.
Desde 1975, la economía andaluza sufría grandes desequilibrios: exceso de dependencia del sector primario, debilidad industrial y desigualdad entre el litoral y el interior. En democracia se impulsaron reformas agrarias, mejoras de infraestructuras, creación de parques tecnológicos y reducción del paro. Actualmente, predomina el sector terciario, aunque el primario sigue teniendo peso relativo.
La crisis de 2007 afectó gravemente a la región. Tras una leve recuperación a partir de 2014, la crisis sanitaria de 2019-2020 volvió a perjudicar la economía.
Andalucía participa activamente en organismos de la UE como el Comité de las Regiones y colabora con regiones vecinas, como Alentejo y Algarve en Portugal. También mantiene vínculos con el norte de Marruecos y otras áreas del Mediterráneo.
Debido a su histórica emigración, Andalucía tiene una gran diáspora en el extranjero. En 2010 se aprobó el Estatuto de los Andaluces y Andaluzas en el Mundo para fortalecer los lazos con las comunidades andaluzas fuera de la región.