1. El final de la dictadura y de la monarquía

La Segunda República española se proclamó el 14 de abril de 1931, tras la crisis de la monarquía de Alfonso XIII. La dictadura de Primo de Rivera había terminado en enero de 1930, cuando el rey forzó su dimisión. Posteriormente, se intentó retornar al sistema constitucional de 1876 mediante el gobierno del general Berenguer, conocido como la “dictablanda”, y más tarde con el gobierno del general Aznar. Sin embargo, la monarquía estaba profundamente debilitada. La oposición al régimen había crecido significativamente: republicanos, socialistas, parte del ejército, intelectuales, universitarios, nacionalistas catalanes, la CNT y la FAI, entre otros sectores. Además, la crisis económica de 1929 agravó la situación social y política. En este contexto, las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron interpretadas como un plebiscito entre monarquía y república. Aunque los monárquicos ganaron en muchas zonas rurales, los republicanos triunfaron en la mayoría de las grandes ciudades, evidenciando la pérdida de legitimidad de Alfonso XIII, quien finalmente abandonó España.

2. El gobierno provisional

Tras proclamarse la República, se formó un gobierno provisional integrado por los partidos que habían firmado el Pacto de San Sebastián: republicanos de izquierda, republicanos radicales, socialistas y nacionalistas catalanes. El presidente fue Niceto Alcalá-Zamora, de la derecha republicana. Entre sus miembros destacaban Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Este gobierno tenía como objetivo modernizar España mediante reformas profundas: reforma agraria, reforma militar, separación Iglesia-Estado, educación pública y laica, descentralización territorial y mejoras laborales. No obstante, desde el principio enfrentó grandes dificultades: la oposición de la derecha monárquica, la Iglesia, los grandes propietarios, sectores financieros, comunistas y anarquistas; además de la proclamación inicial de la República Catalana y el complejo contexto internacional de crisis económica, ascenso del fascismo y polarización ideológica.

3. La Constitución de 1931

Las elecciones a Cortes Constituyentes dieron la mayoría a la coalición republicano-socialista. El 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución, que representaba una ideología democrática, progresista y laica. Sus principios fundamentales fueron:

• Soberanía popular.
• Sufragio universal masculino y femenino para mayores de 23 años.
• Amplios derechos y libertades.
• Educación primaria obligatoria y gratuita.
• Matrimonio civil y divorcio.
• Estado aconfesional y fin de los privilegios de la Iglesia.
• Posibilidad de aprobar estatutos de autonomía dentro de un Estado integral.

También establecía una clara división de poderes, con Cortes unicamerales y un presidente de la República elegido por las Cortes. Uno de los debates más importantes fue el del voto femenino. Clara Campoamor lo defendió como un derecho democrático básico, mientras que Victoria Kent pensaba que debía aplazarse por la influencia de la Iglesia en las mujeres. Finalmente, el sufragio femenino fue aprobado, y las mujeres votaron por primera vez en las elecciones generales de 1933.

4. El Bienio Reformista (1931-1933)

El primer gobierno republicano, presidido por Manuel Azaña, impulsó un amplio programa de reformas para transformar las estructuras tradicionales de España y acercarla a un modelo democrático, laico, moderno y socialmente más justo.

4.1. La reforma religiosa

Esta reforma pretendía reducir el poder de la Iglesia y secularizar la sociedad. Se estableció un Estado no confesional, se eliminó el presupuesto público destinado al clero, se aprobó el matrimonio civil y el divorcio, y se impulsó la Ley de Congregaciones. Esta medida generó una fuerte oposición entre católicos y la derecha política, provocando un gran desgaste para el gobierno.

4.2. La reforma agraria

La Ley de Reforma Agraria de 1932 pretendía acabar con el latifundismo, expropiar tierras mal explotadas y asentar campesinos. Se creó el Instituto de Reforma Agraria para gestionar las expropiaciones. Sin embargo, la reforma avanzó lentamente debido a la burocracia, la falta de presupuesto y la resistencia de los propietarios, lo que generó frustración en el campesinado y mayor oposición de los terratenientes.

4.3. La reforma militar y policial

Azaña intentó modernizar el ejército y someterlo al poder civil mediante la Ley de Retiro de la Oficialidad. Se eliminaron cargos tradicionales, se redujeron unidades y se cerró la Academia Militar de Zaragoza. Además, se creó la Guardia de Asalto. Estas reformas provocaron la oposición de sectores militares, culminando en el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932.

4.4. La política autonómica

La República impulsó la descentralización. El caso más destacado fue Cataluña, con la restauración de la Generalitat y la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1932. Aunque el proyecto inicial fue recortado, permitió a Cataluña tener gobierno y competencias propias. Otros territorios como el País Vasco, Galicia y el País Valenciano iniciaron procesos similares, aunque fueron interrumpidos por la Guerra Civil.

4.5. La obra educativa y cultural

La educación fue una prioridad para reducir el analfabetismo. Se construyeron miles de escuelas, se crearon bibliotecas rurales y se formaron maestros bajo un modelo público, laico y gratuito. La República veía la educación como una herramienta esencial para formar ciudadanos libres y críticos.

4.6. Las reformas sociolaborales

Desde el Ministerio de Trabajo, Largo Caballero impulsó medidas como la jornada de ocho horas en el campo, salarios mínimos, jurados mixtos y la Ley de Términos Municipales. Estas reformas buscaban proteger a obreros y campesinos, pero fueron vistas como una amenaza por los empresarios y propietarios.

5. La crisis del Bienio Reformista

A partir de 1932-1933, el gobierno reformista comenzó a desgastarse. La derecha rechazaba las reformas, mientras que los trabajadores y campesinos se sentían frustrados por la lentitud de los cambios. La conflictividad social aumentó con huelgas e insurrecciones (como los sucesos de Casas Viejas en 1933). La crisis económica internacional y las tensiones internas en el gobierno llevaron a la dimisión de Azaña y a la convocatoria de nuevas elecciones.