El Bienio Conservador (1933-1936)

Ante la situación de crisis, el jefe de gobierno, Manuel Azaña, presentó su dimisión, y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933. Las elecciones las ganó la derecha (la CEDA), que inmediatamente inició un proceso de desmantelamiento de toda la obra del bienio anterior. Paralizó la reforma agraria, la reforma laboral y amnistiaron a los sublevados del golpe de Sanjurjo. Esto provocó la radicalización de los grupos de izquierda, de los trabajadores y de los campesinos.

En 1934 se produjeron unas revueltas en todo el país, principalmente en Asturias y en Cataluña, que alcanzaron una enorme gravedad. En Asturias, anarquistas, socialistas y comunistas, unidos, ocuparon la cuenca minera y resistieron frente al gobierno. La revuelta fue sofocada por el ejército y la represión posterior resultó brutal. En Cataluña, donde el gobierno conservaba una coalición de izquierdas, fue el propio presidente Lluís Companys el que encabezó la insurrección. La revuelta de 1934 significó la disolución de la Generalitat de Cataluña, la suspensión del Estatuto de Autonomía, aprobado en 1932, y el encarcelamiento de su presidente, junto a otros líderes políticos.

A pesar de controlar el país, manteniendo disuelta la Generalitat de Cataluña y encarcelando a casi todos los dirigentes de izquierdas, una serie de escándalos de corrupción en el gobierno y las disidencias entre los diferentes grupos de derechas llevaron a la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936.

El Frente Popular (1936)

Para enfrentarse a la derecha en las elecciones, se formó un frente electoral que agrupaba un amplio espectro de fuerzas, desde la izquierda revolucionaria al centro-izquierda (PCE, PSOE, Unión Republicana, Nacionalistas, etc.). La CNT, pese a que no participó, debido a su apoliticismo, recomendaba votar al llamado Frente Popular.

El 16 de febrero, aunque por escaso margen, se produjo el triunfo del Frente Popular y Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República. De nuevo en el poder, los republicanos continuaron el programa de reformas del primer bienio (1931-1933): se reinstauró la Generalitat de Cataluña y se reinició el proceso autonómico en el País Vasco y en Galicia. Por ello, se desencadenó un clima de enfrentamientos y violencia social entre izquierdas y derechas, culminando con el asesinato de Calvo Sotelo en represalia por la muerte del teniente Castillo, militante socialista.

Las fuerzas conservadoras, que se habían opuesto en la primera etapa republicana, decidieron que había llegado el momento de interrumpir por las armas el proceso reformista de la República.

Del Golpe de Estado a la Guerra Civil

El 17 de julio de 1936 en Melilla, Tetuán y Ceuta, y el 18 de julio en la Península, un sector importante del ejército, de tradicionalistas (carlistas) y falangistas, protagonizaron un golpe de Estado. Se apoderaron de los órganos de gobierno (gobiernos civiles, ayuntamientos…) de algunas ciudades y constituyeron una junta de altos cargos militares con la intención de restablecer el orden y acabar con el gobierno del Frente Popular.

El gobierno de la República tardó en responder y en dos días los sublevados se habían hecho fuertes no solo en la zona marroquí, sino también en Pamplona, Sevilla, Castilla la Vieja y en parte de Aragón. Muy pronto se hizo evidente el fracaso del golpe militar. Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, los sublevados se encontraron frente a miles de obreros y campesinos, encuadrados en potentes partidos y sindicatos, que, casi sin armas, se enfrentaron a la sublevación.

El 19 de julio, ante el clamor popular, el gobierno republicano decidió entregar armas a los sindicatos y los partidos del Frente Popular. Igualmente, parte del ejército y de las fuerzas de seguridad republicana y amplios sectores de las clases medias, comprometidos con la República, se mantuvieron fieles al Gobierno. Se iniciaba un grave enfrentamiento: una Guerra Civil.

La Internacionalización del Conflicto

Desde el primer momento, la Guerra Civil española alcanzó una gran trascendencia internacional. La situación política europea era ya muy intensa, desde la aparición del fascismo italiano y el nazismo alemán. El estallido de la guerra en España fue visto como una nueva confrontación entre las fuerzas democráticas, y en parte revolucionarias, y las dictaduras y los regímenes fascistas. Para muchos, España era el primer escenario de operaciones en el que combatían las dos fuerzas que se acabaron enfrentando en la Segunda Guerra Mundial.

Para no agravar la tensión se tomó un Acuerdo de No Intervención en el conflicto español. Pero los gobiernos italiano y alemán apoyaron desde el primer momento a los sublevados, y a finales de julio ya les enviaron los primeros aviones y soldados. La intervención alemana fue especialmente importante en aviación (Legión Cóndor), artillería, carros y equipos de transmisión. Los italianos enviaron más tropas, pero de menor importancia estratégica.

Mientras, la República se encontró sin el apoyo de las democracias europeas, pues Francia cerraba su frontera y Gran Bretaña decretaba un embargo total a la República. Ante esta situación, la URSS se convirtió en su único apoyo militar, tanto con armas como con asesores.

La posición de los gobiernos no impidió una enorme oleada de solidaridad internacional con el bando republicano. Miles de voluntarios de los más diversos países llegaron a España para combatir en defensa de la legalidad republicana: eran las llamadas Brigadas Internacionales (unos 60.000 voluntarios). Su papel fue muy importante en la defensa de Madrid y estuvieron en todos los frentes bélicos.

El Bando Republicano: Guerra y Revolución

El hecho de que la defensa de la República estuviese en gran parte en manos de milicias de los partidos y sindicatos de izquierda (UGT, CNT), dio lugar a la formación de órganos de poder popular, que dirigían el esfuerzo bélico y la vida civil en la retaguardia.

Así, la tensión mantenida en los años de la República estalló en este momento con fuerza. Se ocupaban y colectivizaban fábricas y empresas, se confiscaban las tierras de los latifundistas y se daban a colectivos de campesinos. Este proceso se imponía por la fuerza de las armas y de forma dispersa y desorganizada en la mayoría de los casos.

Igualmente, el anticlericalismo se desataba con fuerza. Los clérigos eran perseguidos y las manifestaciones religiosas, consideradas antirrevolucionarias. También, todo símbolo aristocrático o burgués fue perseguido como enemigo y, en ocasiones, resultó causa de encarcelamiento o muerte.

Aunque el propio gobierno, que se constituyó en septiembre de 1936 y fue presidido por el socialista Largo Caballero, integró representantes comunistas y anarquistas, en ocasiones se producía una verdadera dualidad de poder: por un lado, las organizaciones populares, muy radicalizadas, y por otro, la autoridad republicana, interesada sobre todo en ganar la guerra y en mantener la legalidad constitucional.

Las autoridades republicanas intentaron controlar este proceso y desde muy pronto lucharon contra toda forma de represión incontrolada. Asimismo, a partir del verano de 1937 impusieron su autoridad sobre el ejército y se enfrentaron con las organizaciones anarquistas, que se resistían a someterse a los mandos militares.

Por último, en la zona republicana, la guerra dio origen a una enorme movilización social. Organizaciones de todo tipo, centros culturales, comités de ayuda, organizaciones de propaganda… intentaban defender un modelo de sociedad que la guerra ponía en peligro.