Portada » Historia » La España de Franco y la Transición: Represión, Resistencia y Transformación (1939-1982)
El franquismo pretendió reconstruir una España tradicionalista, unitaria, confesional, autoritaria y sin lugar para la disidencia, tanto en lo político como en lo cultural. Quien no se adhiriera al proyecto o quien hubiera promovido uno contrario debía ser castigado. La pena de muerte se aplicaba a quienes habían tenido responsabilidades políticas o estaban comprometidos en delitos de sangre. Fueron abundantes en los primeros años y fueron disminuyendo poco a poco. La mayor parte de las ejecuciones tuvieron lugar en 1939 y 1940. Para ello se aplicaron la Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, considerados por Franco como fuerzas enemigas de España.
En los años cuarenta, el papel fundamental de la oposición recayó sobre los más de 300.000 exiliados que partieron de España al finalizar la Guerra Civil. Los dirigentes republicanos huidos del país en 1939 mantuvieron un Gobierno de la República en el exilio, tratando de mantener la legalidad surgida de la Constitución de 1931.
Los maquis, desde la Francia recién liberada, realizaban incursiones continuas para infiltrarse en el territorio español. Organizaron una ofensiva sobre el Valle de Arán, un intento de la Unión Nacional Española de provocar un levantamiento popular contra la dictadura de Franco. Muchos combatientes republicanos, huyendo de la represión, se “echaron al monte” formando grupos de guerrilleros, los maquis.
Las acciones guerrilleras se intensificaron tras la derrota nazi en 1945. La dura represión y el final de las esperanzas de una intervención exterior llevaron a que en 1948 los comunistas renunciaran a la lucha armada y decidieran cambiar de táctica; la lucha del maquis perdió fuerza.
Otro frente de oposición a Franco fue el de los monárquicos de Don Juan de Borbón, que en 1945 difundió desde Lausana (Suiza) un manifiesto en el que se acusaba al régimen de Franco de estar inspirado en los sistemas totalitarios del Eje, y se ofrecía como alternativa para evitar un nuevo conflicto civil.
En 1951, el boicot a los tranvías de Barcelona constituyó la primera protesta de masas en la historia del franquismo. El malestar universitario culminó en los incidentes de la Universidad Complutense de Madrid en 1956 con enfrentamientos entre los estudiantes y los falangistas del SEU. Estos incidentes mostraron la aparición de una nueva generación, formada esencialmente por los hijos de los vencedores, que iniciaron su oposición a la dictadura.
Debido a los profundos cambios experimentados por la sociedad española, se ampliaron los frentes de oposición al régimen, reivindicando libertad y democracia. La oposición se organizó tanto en el interior como en el exterior:
El exilio de gran parte de artistas, filósofos, científicos, historiadores, etc., dejó un inmenso vacío cultural frente al cual el franquismo propició una cultura de masas: el cine folclórico o intrascendente, la radio con sus seriales, la literatura popular de novelas rosas y de aventuras, los toros y el fútbol. Este modelo cultural se vio favorecido por la inauguración de la televisión en 1956.
La censura eclesiástica y política se estableció sobre espectáculos, prensa y libros, así como sobre cualquier manifestación cultural ajena al régimen. Pero esta censura que aplicaba el régimen no pudo evitar que algunos escritores como Camilo José Cela en La familia de Pascual Duarte o Buero Vallejo en Historia de una escalera reflejaran las duras condiciones de vida.
La educación fue controlada por la Iglesia, incluida la Universidad que, al igual que la enseñanza no universitaria, fue depurada de todos los docentes de izquierdas y liberales. Sin embargo, desde los años cincuenta, nacía la denominada generación realista de la posguerra, con obras como El Jarama de Sánchez Ferlosio o Tiempo de silencio de Martín Santos. Igualmente, el cine se renovaba con García Berlanga (Bienvenido Mr. Marshall) y Bardem (Muerte de un ciclista), directores que, desde la ironía o el realismo, reflejaban la sociedad española de una manera crítica.
La sociedad española de los años 40 y 50 estuvo marcada por el atraso y la pobreza. El hundimiento de la industria y los servicios, junto con el exilio, trajeron consigo la ruralización del país, además de un retraso técnico, científico y cultural. El hambre y la miseria afectaron a la mayoría de campesinos y obreros; se empobrecieron las clases medias, afectadas por la crisis económica. La vieja oligarquía y las élites políticas del franquismo se enriquecieron a la sombra de la corrupción. Durante la República, todo fueron libertades y amplitud de opciones para la organización de la vida privada; con Franco, a partir de 1940, hubo un intento de control social. Se produjo una vuelta al campo de la población debido a la propaganda de la vida sencilla del campo frente a los peligros de la ciudad.
Se impulsó una re-catolización de la sociedad española. Esta labor fue especialmente activa en el campo de la educación y de la moral pública. Las escuelas españolas quedaron bajo el control de católicos, falangistas y excombatientes. El franquismo creó instituciones para controlar a la juventud (Frente de Juventudes) y a la mujer (Sección Femenina). Se introdujeron en la enseñanza clases obligatorias de Formación Política y de Religión Católica. La escuela primaria jugó un papel esencial en este adoctrinamiento y en ella se aprendían las primeras ideas sobre el régimen.
La población española experimentó un espectacular crecimiento gracias a las mejoras sanitarias y la política pronatalista del régimen franquista; esto, junto con la emigración, fueron los procesos demográficos más importantes. La emigración, motivada por la deficiente situación económica de posguerra, fue decisiva para la economía española: los emigrantes reducían la demanda de trabajo interna y, por otra parte, enviaban sus sueldos desde el extranjero a sus familias en España, lo que facilitaba, junto con el turismo, el equilibrio de nuestra balanza de pagos. En el interior se produjeron fuertes corrientes migratorias que desequilibraron la distribución de la población, originando el despoblamiento rural y la concentración de la población en grandes ciudades.
La gran novedad fue la aparición de una numerosa clase media. Comparado con otros países, fue un fenómeno tardío, pero muy rápido. Entre las principales decisiones legislativas referidas al bienestar social debemos destacar:
Al finalizar la guerra, España era un país en ruinas. El descenso demográfico diezmó el sector de los hombres jóvenes. El hambre y la necesidad extrema eran comunes entre la población, que difícilmente subsistía en las ciudades, produciéndose un proceso de ruralización.
El Estado franquista propuso como solución el control de la vida económica con una política basada en la búsqueda de autosuficiencia y el intervencionismo estatal. Se fijaron los precios agrícolas, se racionó el consumo y se fijaron los salarios. Se limitaron las inversiones extranjeras, se redujeron las importaciones planificando el abastecimiento con recursos nacionales. Se nacionalizaron las empresas de ferrocarriles, de aerolíneas y de teléfonos. La agricultura, por su parte, vivió momentos difíciles debido a la gestión unida a la falta de abonos y maquinaria. Esta penuria económica llevó a la implantación de las cartillas de racionamiento para asegurar el aprovisionamiento de los productos de primera necesidad; en ellas el gobierno fijaba la cantidad y los días en los que se podían tomar los alimentos, haciéndose distinciones en función de la edad y el sexo. El mercado negro, el estraperlo y la corrupción se convirtieron en habituales en el país. Los salarios se mantuvieron bajos.
En los inicios de los años cincuenta se produjo un giro en la política económica. El incentivo de la economía fue la llegada de ayudas económicas y financieras procedentes de Estados Unidos en virtud del tratado firmado con EE. UU. Ello permitió poner fin a las cartillas de racionamiento ante las mejoras en la producción agraria, liberalizar parcialmente los precios y la circulación de mercancías, aumentar las importaciones y favorecer las exportaciones.
La agricultura experimentó un importante crecimiento y la producción industrial se duplicó; además, el turismo empezó a ser una significativa fuente de divisas.
La entrada en el gobierno de los tecnócratas, quienes diseñarían el giro definitivo de la política económica a través del Plan de Estabilización de 1959, con el que se lograría definitivamente sanear la economía. El aperturismo establecido en los años cincuenta supuso para España un gran desarrollo económico en la década de los sesenta.
A partir de la remodelación del ejecutivo en 1962, el hombre fuerte del régimen, Luis Carrero Blanco, y sus equipos de tecnócratas tuvieron vía libre para lanzar a España por la senda del desarrollismo económico, muy alejado de las ideas autárquicas y sociales de la Falange. Tras el éxito del Plan de Estabilización, los tecnócratas pusieron en marcha planes de desarrollo que pretendían ordenar los recursos económicos para obtener un crecimiento mayor y equilibrado. Se adoptó el modelo francés: una planificación indicativa que procuraba conjugar intereses estatales y privados.
Se implementó el Primer Plan de Desarrollo (1962-1968), el Segundo (1969-1972) y el Tercero (1972-1975). Se crearon polos de desarrollo y promoción: zonas geográficas en las que se pretendía potenciar la industrialización y el crecimiento económico, para evitar que este se concentrara en unas pocas regiones y el resto quedara retrasado. El resultado fue que entre 1960 y 1973, el progreso económico fue constante y casi se triplicó la producción nacional en su conjunto. La tasa de crecimiento fue la mayor de Europa y en el mundo occidental solo la superó Japón. Las industrias más importantes fueron la metalurgia, la química (muy diversificada en industrias farmacéuticas, textiles y plásticos). El crecimiento más espectacular lo protagonizó el turismo, con la llegada de millones de turistas extranjeros. Zonas como Canarias, Baleares, Cataluña, Andalucía y Valencia se convirtieron en focos de atracción para miles que buscaban el sol y las playas de España. El punto negativo para el régimen, aportado por el boom turístico, fue la entrada en el país de costumbres extranjeras que nada tenían que ver con la férrea moral católica impuesta por el franquismo.
La expansión económica de los años sesenta se frenó a partir de 1973 por la crisis internacional del petróleo. Además, el final del régimen político, con Franco en pleno declive físico, complicó la situación. Los principios ideológicos del franquismo habían quedado deslegitimados ante el empuje de las nuevas generaciones.
Franquismo es el nombre que recibe en la historia el régimen instaurado por el general Franco a raíz de su victoria en la Guerra Civil (1936-1939). El régimen franquista fue una dictadura en la que Franco siempre tuvo los poderes en su mano y los limitó cuando él quiso. Ningún otro gobernante acumuló tanto poder en España, del que no tenía que responder más que «ante Dios y ante la Historia». Se distinguen dos etapas:
La dictadura franquista mantuvo una serie de principios ideológicos que se convirtieron en sus señas de identidad y que son:
Desde el punto de vista social, los apoyos principales fueron la oligarquía terrateniente y financiera, que con él recuperó su situación privilegiada perdida durante la República, y las clases medias rurales de Castilla y el norte peninsular, católicas, para las que el dictador representaba la defensa del orden y el respeto a los valores tradicionales de España. Ni la clase obrera ni la clase media urbana apoyaron a la dictadura. El desarrollo económico hizo que el régimen contara con mayor consenso social entre las clases medias y trabajadoras.
A nivel político, su objetivo fue la eliminación de cualquier síntoma de oposición al régimen. Quedaron prohibidos los partidos políticos y se generó una represión brutal contra todos los que habían apoyado a la República. Se creó FET y de las JONS, al que denominó Movimiento Nacional. Dentro estaban: falangistas (que controlaban la vida social y económica), católicos (del Opus Dei), militares y monárquicos.
En un período tan largo de tiempo, el país cambió y se divide en cuatro etapas:
Sigue las pautas de todos los gobiernos de Franco —participaban todas las familias políticas del régimen—; por otro lado, hubo un predominio cualitativo y cuantitativo de la Falange.
Durante esta etapa, el 17 de julio de 1942, se promulgó la Ley Constitutiva de las Cortes, la segunda de las Leyes Fundamentales como otro paso más para institucionalizar el régimen. El papel de estas Cortes era simbólico: el verdadero poder legislativo lo tenía Franco. En el ámbito exterior, empezó la Segunda Guerra Mundial. España se declaró neutral, pero en 1940, Franco abandonó la neutralidad y declaró la no beligerancia, que equivalía a prebeligerancia. España envió la División Azul contra los soviéticos. A partir de 1942, se vio claramente que la derrota de las potencias del Eje era posible. Franco cambió de postura ante el peligro que suponía para su régimen. Así, en 1943, se abandonó la no beligerancia y se volvió a la neutralidad.
La derrota de las potencias del Eje suponía una verdadera amenaza para la supervivencia de la dictadura en España. Franco realizó un lavado de cara al régimen para marcar distancias con el fascismo. Falange perdió peso y Franco dio un mayor protagonismo a los católicos, en concreto a los de la ACNP. Esto no pudo evitar el aislamiento internacional y la condena de la ONU, que el 12 de diciembre de 1946 votó una resolución en la que prohibía la entrada de España en los organismos de la Organización y la retirada de embajadores. España quedó fuera del Plan Marshall. Franco rompió el aislamiento; en 1951 regresaron los embajadores y en 1955 España entró en la ONU. La Guerra Fría había dividido el mundo en bloques y Franco acentuó su anticomunismo y su catolicismo, consiguiendo el apoyo de EE. UU. y del Vaticano. En el aspecto legislativo, se promulgó la tercera ley fundamental: el Fuero de los Españoles, donde se habla de derechos y deberes de los españoles. La cuarta ley es la Ley del Referéndum Nacional, que consultaría al pueblo sobre cuestiones importantes. La quinta ley es la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado por la que España se definía como Reino y Franco era Jefe de Estado. Estas leyes intentaron hacer pasar a España como una democracia.
El principio del fin de los católicos en el poder llegó con los sucesos de febrero de 1956, enfrentamientos callejeros entre contrarios al régimen y falangistas. Se evidenciaba estancamiento económico como consecuencia de la autarquía y el agotamiento de los católicos. A partir de entonces, Franco se apoyaría en los tecnócratas, quienes serían los artífices del desarrollo económico de los años sesenta.
Los tecnócratas pusieron en marcha una amplia reforma de la administración pública. En 1958 se aprobó la sexta ley fundamental, la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, una recopilación de leyes y normativas anteriores, que definía al régimen como «democracia orgánica». Mediante referéndum se aprobó la Ley Orgánica del Estado. Separó los cargos de Jefe del Estado y de Presidente del Gobierno. En 1969 se nombró como heredero con el título de rey a D. Juan Carlos de Borbón, hijo de D. Juan, saltándose así la línea dinástica.
Frente a los tecnócratas estaban los inmovilistas, el sector duro del Movimiento que pretendía bloquear cualquier tipo de cambio, y los aperturistas, que pretendían lo contrario: la apertura del régimen y su evolución. El enfrentamiento entre tecnócratas y aperturistas explotó con el escándalo Matesa en 1969, un caso de corrupción que afectaba a los tecnócratas. En política exterior los objetivos eran: el acercamiento a la Europa comunitaria, a Estados Unidos y la recuperación de Gibraltar, aunque se quedaron a medio camino y fracasaron.
Tras el escándalo Matesa, asumió el poder Carrero Blanco como vicepresidente. Se produjo la reforma del sistema educativo con la Ley Villar Palasí de 1970, extendiendo la enseñanza básica gratuita hasta los 14 años a través de la EGB.
En el campo laboral se intentó resolver la conflictividad obrera con la nueva Ley Sindical (1971), pero resultó un fracaso. ETA, organización terrorista creada en 1959, empezaba a mostrarse especialmente activa. Franco separó por primera vez la Jefatura del Estado y la del Gobierno, cargo que asumió Carrero Blanco. El día 20 de diciembre de 1973, el presidente Carrero Blanco moría en Madrid víctima de un espectacular atentado de ETA. Sucedieron más dificultades para el régimen: la crisis económica de 1973, la Revolución del 25 de abril de 1974 en Portugal que acababa con la dictadura de Salazar; este hecho perjudicaba al franquismo. En 1975, la situación económica se agravó a la par que se recrudecía el terrorismo; en octubre se anunció que Franco estaba enfermo. Dos días después, el 20 de noviembre, después de una larga agonía, moría Franco. El 22 del mismo mes, Juan Carlos era proclamado rey de España.
La transición española es el período histórico por el que España dejó atrás el régimen dictatorial del general Franco, pasando a regirse por la Constitución de 1978, que consagraba un Estado social y democrático de derecho.
Respecto a la duración, algunos la enmarcan entre la muerte de Franco el 20/11/1975 y la aprobación de la Constitución en referéndum el 6/12/1978; otros dan diversas fechas como los años 1981 o 1982, con el intento fallido de golpe de Estado (23/02/1981) o la llegada al poder del PSOE. Otros van más allá y sitúan el fin de la Transición en 1986, año en el que España entró en la Comunidad Económica Europea.
Tras la muerte de Franco el 20/11/1975, Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático.
Este proceso de transición desde dentro del sistema se ha convertido en un modelo para muchos países. El panorama político que nos encontramos en España a la muerte de Franco es el siguiente:
Muere el general Franco y se inicia un periodo de transición a la democracia con la proclamación de Juan Carlos I como rey de España el 22 de noviembre de 1975. En el discurso pronunciado por el rey ante las Cámaras se atisbaban sus intenciones de establecer una monarquía conciliadora e integradora. Con objeto de mantener en calma a las fuerzas franquistas del régimen, apostó por la continuidad en el gobierno de Arias Navarro. Sin embargo, le obligó a que incluyera en el gobierno a miembros de la línea reformista del franquismo como José María de Areilza, Manuel Fraga Iribarne o Antonio Garrigues. La prueba palpable del espíritu conciliador del rey Juan Carlos fue la concesión del indulto general que permitió la salida de la cárcel de presos políticos.
Fueron tiempos difíciles que trajeron consigo huelgas, manifestaciones y agitación social. Arias Navarro reaccionó de forma violenta ante la situación. Más tarde presentaría su dimisión en julio de 1976. El monarca colocó al frente del gobierno a Adolfo Suárez.
En un principio, la oposición interpretó este nombramiento como un freno a los proyectos de reforma, ya que Suárez tenía unos orígenes falangistas y era Secretario General del Movimiento; sin embargo, sus acciones demostraron que se equivocaban. Nombró un gobierno compuesto por hombres jóvenes democristianos o procedentes del Movimiento. Concedió una amnistía el 30 de julio de 1976 y promulgó la «Ley para la Reforma Política», por la que se establecía el bicameralismo y el sufragio universal en la elección de ambas cámaras. Comenzó a mantener contacto con los líderes políticos de la oposición, iniciándose un proceso de legalización política de los partidos como el PSOE (diciembre de 1976) y el PCE (abril de 1977). Ambos abandonaron su ideología republicana. La oposición no se hizo esperar y el ministro de Marina, Gabriel Pita de Veiga, presentó su dimisión. Suárez continuó negociando. El terrorismo obstaculizaba el proceso de transición democrática. Bandas armadas como ETA y el GRAPO.
En junio de 1977 los partidos políticos se agruparon en las siguientes formaciones:
En las elecciones venció la UCD, seguida del PSOE, ante los estrepitosos fracasos del PCE y AP.
El nuevo gobierno trató de frenar la crisis económica y elaborar un texto constitucional que consolidara el nuevo Estado democrático. En el terreno económico se firmaron los llamados Pactos de la Moncloa (octubre de 1977) que consiguieron frenar la tendencia negativa de la economía. El 6 de diciembre se aprobó la Constitución de 1978.
Aprobada la Constitución, fueron disueltas las Cortes y se convocaron nuevas elecciones el 1 de marzo de 1979, con victoria para Adolfo Suárez. En las elecciones municipales de abril del mismo año, una coalición de partidos de izquierda obtuvo la victoria en las principales ciudades.
El mayor problema de Suárez fue el incremento desmesurado de los atentados terroristas. A esto había que unir el desgaste que produjo el tema autonómico. Por otra parte, el consenso inicial de las fuerzas políticas se diluyó y la oposición comenzó a ejercer fuertes críticas contra el ejecutivo. Si a esto unimos las divisiones internas en el seno de la UCD, llevó a Adolfo Suárez a dimitir a finales de enero de 1981.
El 23 de febrero, mientras se desarrollaba el debate por el que se investiría el nuevo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, Antonio Tejero irrumpió violentamente en el Congreso secuestrando a los diputados. Tras momentos de dura tensión en los que la acción del rey fue decisiva, los golpistas se rindieron al día siguiente. El fallido golpe de Estado reactivó el espíritu de consenso y las Cortes aprobaron por mayoría absoluta la investidura de Calvo Sotelo.
Constituye un texto de naturaleza jurídica. Es una fuente primaria. Por esta resolución, votada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al gobierno de Franco se le impedía el ingreso en la ONU, una institución casi recién nacida, en la que Franco estaba interesado en formar parte con la finalidad de estar presente en el juego de las relaciones internacionales, que se estaban organizando al finalizar la II Guerra Mundial. Cuando estalla la II Guerra Mundial, España se declaró «neutral». Meses después, con los nuevos éxitos de Alemania, España empezaba a creer en la victoria hitleriana y decidió pasar de la «neutralidad» a la «no beligerancia» (junio de 1940). España, en síntesis, estaba con el Eje, pero no entró en la guerra. Apoyó, no obstante, la invasión rusa decretada por Hitler, enviando a la División Azul al frente ruso (julio de 1941). En 1942, el curso de la guerra empezó a cambiar a favor de los aliados. Franco cesó a Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, demasiado vinculado al Eje, y comenzó a dar un giro hacia los aliados. Así, en octubre de 1943, se abandonó la no beligerancia y se volvió a la neutralidad. Al terminar la guerra, la situación de Franco era complicada. El Gobierno de la República en el exilio confiaba en la condena por los aliados del régimen de Franco. Los Tres Grandes en Potsdam (agosto de 1945) anunciaron su negativa a aceptar la entrada de España en la ONU. Franco decidió responder a las dificultades con un cambio de gobierno, en el que redujo la presencia de la Falange e introdujo a un católico. Además, se aprobaron leyes con la intención de presentar al régimen de Franco más abierto y buscar con ello su aceptación por los aliados. Era inútil, Franco no pudo impedir la condena. En febrero de 1946, en efecto, la ONU rechazó la entrada de España. Franco decidió esperar a que el tiempo le sonriera, y así fue. En 1948, la dinámica internacional favoreció a España: con la «Guerra Fría» el antifascismo fue sustituido por el anticomunismo. En el mundo se constituían dos grandes bloques, liderados cada uno por EE. UU. y la U.R.S.S. España se constituía en un enclave estratégico de primer orden. El fin del aislamiento internacional estaba próximo. Con la «Guerra Fría» España se integraba en el contexto internacional con el apoyo claro de EE. UU. En 1950, la Asamblea de la ONU derogó esta resolución. España empezó a ser admitida en organizaciones internacionales. En diciembre de 1955, España fue admitida como estado miembro de la ONU.
Por esta resolución, la Asamblea de la ONU aprobó un texto por el que dejaba aislada a España en el contexto internacional: en ella se recomendaba prohibir al gobierno de Franco participar en organismos de las Naciones Unidas, estudiar los medios para lograr la vuelta de la democracia, y retirar por los Estados miembros sus embajadores en Madrid.
Es una fuente primaria de naturaleza política y carácter público. Su autor es colectivo: los 118 delegados españoles que participaron en el Congreso del Movimiento Europeo de Múnich y que aprobaron por unanimidad la presente resolución; se trata de representantes de diversos grupos de oposición al franquismo, tanto del interior como del exilio. Se aprobó en junio de 1962, en plena dictadura franquista, en la ciudad alemana de Múnich, donde existían las condiciones para llevar a cabo una reunión de esta naturaleza. En cuanto al contenido del fragmento, recoge las condiciones que debería reunir España para ser admitida en las instituciones europeas: gobierno representativo, reconocimiento de los derechos humanos, de las peculiaridades regionales, libertad sindical y derecho de huelga, libertad de creación de partidos políticos. En definitiva, se pedía una democratización del régimen. España se encontraba en una fase de cambio económico y social. Tras las dificultades de la posguerra (años 40) y el fracaso de la vía autárquica (años 50), se inició la época del «desarrollismo» a partir del Plan de Estabilización de 1959. En las principales regiones obreras comenzaron a ser habituales las protestas de carácter laboral exigiendo mejoras salariales y libertad sindical. Por otra parte, la oposición al franquismo comenzó a recomponerse, renovándose la actividad de los viejos partidos políticos y apareciendo nuevos grupos, tanto a la derecha como a la izquierda. En este contexto de cambio, en la primavera de 1962 tuvo lugar una oleada huelguística originada en la minería asturiana y extendida a Vizcaya y Madrid, en la que participaron unos 100.000 obreros. Aunque las huelgas tenían un carácter espontáneo en su mayor parte y no adquirieron una gran envergadura, entrañaban un reto al gobierno, ya que la huelga estaba prohibida. Muchos creyeron hallarse ante el comienzo de un movimiento desestabilizador de gran alcance, dirigido por el PCE. Temiendo un rápido declive del franquismo, los sectores de la oposición moderada (liberales, socialdemócratas, socialistas, monárquicos, democristianos, nacionalistas) quisieron adelantarse a los acontecimientos participando en el Congreso de Múnich. El gobierno de Franco reaccionó muy negativamente ante la difusión que alcanzó la reunión de Múnich. La prensa oficial la denominó «el contubernio de Múnich». Su trascendencia derivó del hecho de que participaran sectores de oposición moderados y de prestigio como Salvador de Madariaga, monárquicos como Gil Robles e incluso antiguos franquistas como Satrústegui, Ridruejo o el propio Álvarez de Miranda. A su regreso a España, muchos de los asistentes fueron encarcelados o desterrados, al tiempo que se tomaron medidas para atajar el movimiento de oposición. El 8 de junio de 1970, España firmaría un acuerdo comercial preferente con la CEE y en 1985, ya con un régimen democrático, sería miembro de esa Comunidad.
El tema central del texto es la instauración de un sistema democrático en España como requisito obligatorio para el ingreso en el Mercado Común, y las principales ideas hacen referencia a las instituciones democráticas, los derechos de la persona, el reconocimiento de las comunidades naturales y los derechos de la oposición. La resolución del Congreso de Múnich no tuvo ningún efecto práctico, pero significó un extraordinario escándalo en España, de ahí la dura represión. Esta resolución es un intento más (por parte de la oposición moderada) de reemplazar al general Franco en el poder y de sustituirlo por un sistema democrático europeísta liberal.
Se trata de un texto de naturaleza política. Es un discurso ideado para ser expuesto por televisión, medio que garantizaba al candidato la difusión inmediata de su mensaje. Es un documento público y destinado a la totalidad del pueblo español, convocado a votar en estas elecciones. Su autor es Adolfo Suárez, aunque sabemos que el periodista Fernando Ónega fue el creador de la fórmula «puedo prometer y prometo». La muerte de Franco (1975) marcó el inicio de la Transición a la democracia. El objetivo prioritario era el de evitar una quiebra de la sociedad española. Tras la desaparición del dictador, Juan Carlos I fue nombrado rey. Sus primeros actos estuvieron dirigidos a tranquilizar al aparato franquista (continuidad del presidente Arias Navarro). Sin embargo, el rey colocó a Fernández Miranda al frente de las Cortes y del Consejo del Reino. Tras la dimisión de Arias Navarro (1976), el rey nombró presidente a Adolfo Suárez (la oposición lo interpretó como un freno al proceso de reforma). Sin embargo, Suárez inició el desmantelamiento de la dictadura a partir de la legalidad franquista: concedió una amnistía generosa, inició una serie de contactos con la oposición y consiguió que las Cortes franquistas aprobaran el proyecto de Ley para la Reforma Política («suicidio político de las Cortes franquistas»). Un paso fundamental para el establecimiento de un sistema democrático era la legalización de los partidos políticos. En 1976, el PSOE recibió el apoyo de la Internacional Socialista y ese año fue legalizado. La actitud moderada del PCE, al encajar con gran serenidad los asesinatos de Atocha, su compromiso de no cuestionar la monarquía y la presión ejercida por el conjunto de la oposición, llevaron a Suárez a legalizar al PCE en abril de 1977, a pesar del malestar que sabía que su decisión iba a producir en el ejército. Una vez garantizada la pluralidad política, se celebrarían las primeras elecciones democráticas que tenían lugar en el país desde los tiempos de la República. A ellas concurrieron, además de los partidos de oposición, otras agrupaciones políticas de reciente aparición. Suárez creó la Unión de Centro Democrático (UCD) y Fraga lideró la derechista Alianza Popular. En la antevíspera de estos comicios, Suárez pronunció este discurso. En él pidió el voto para la Unión de Centro, defendiendo los logros de su gestión (legalización de los partidos, elecciones libres) y se presentó como una opción fiable para buscar el consenso necesario para elaborar una nueva Constitución y superar los acuciantes problemas económicos.
Suárez reiteró su «puedo prometer y prometo» no para atacar a nadie, sino para ponerse en valor y, sobre todo, para lanzar sus ideas de gobierno, basadas en «medidas racionales», una Constitución de «todos», un «entendimiento social» en materia económica, una reforma fiscal basada en que pague más quien más tiene y un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características, todo ello con honestidad y limpieza en una España para todos.
Se trata de un texto de naturaleza jurídica y corresponde a nuestra Constitución de 1978, norma máxima por la que venimos rigiéndonos los españoles. Fue aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. Su disposición final indica que su entrada en vigor sería el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 29 de diciembre de 1978. Después de la muerte de Franco se plantearon en España tres posibles alternativas políticas: el continuismo del sistema político franquista, postura que defendían los sectores inmovilistas; la ruptura democrática, es decir, la formación de un gobierno provisional que convocaría elecciones a Cortes Constituyentes; la reforma del sistema político a partir de las instituciones y de las leyes franquistas hasta alcanzar una democracia plena. En esta tercera vía se situó el propio rey D. Juan Carlos I, y ello fue fundamental para operar la transición de la dictadura a la democracia. D. Juan Carlos I era rey a partir de las leyes franquistas, pero su deseo era reinar para todos los españoles. Su primer gobierno, que encabezaba Arias Navarro, pronto demostró que no estaba en la línea del monarca. Era lento en decisiones; la oleada de huelgas y de manifestaciones proamnistía les desbordaba y el gobierno solo respondía con medidas de represión. El 1 de julio de 1976, Arias Navarro presentaba su dimisión. El nuevo presidente nombrado por el rey, Adolfo Suárez, sorprendió a muchos; no era la persona esperada. Sin embargo, Adolfo Suárez demostró muy pronto que era la persona necesaria para el momento político que vivía España. Su proyecto para pasar de la dictadura a la democracia consistía en presentar a las Cortes una Ley de Reforma Política, que fue discutida y aprobada en noviembre de 1976 por las últimas Cortes franquistas. El 15 de diciembre fue ratificada en referéndum por los españoles. Por esta Ley se acababa con el franquismo a partir de su propia legalidad y establecía una convocatoria de elecciones, por sufragio universal, para elegir dos cámaras, un Congreso y un Senado. Tras la aprobación de la reforma política, los partidos de la oposición iban organizándose con vistas a la consulta electoral. Para ello era necesario legalizar al Partido Comunista de España, cuestión para la que había resistencia en el seno del ejército. Adolfo Suárez, no obstante, tomó la decisión y en abril de 1977, en plena Semana Santa, legalizó al PCE. Eran unos días muy complicados con atentados perpetrados por grupos terroristas de derecha e izquierda. El terrorismo de ETA no cesaba. Sus objetivos eran los militares, a los que se les quería provocar para que bloquearan el proceso hacia la democracia. El 15 de junio de 1977 se celebraron las elecciones generales. El triunfo correspondió al centro político, a la UCD, partido recién creado, liderado por Adolfo Suárez, mientras el PSOE, bajo la dirección de Felipe González, fue el segundo más votado. A la derecha de la UCD quedó Alianza Popular, dirigida por Manuel Fraga, y, a la izquierda, el PCE, con Santiago Carrillo a su frente. También hubo diputados nacionalistas de Cataluña y del País Vasco. El nuevo gobierno, con Adolfo Suárez de presidente, buscó el consenso con la oposición, como fórmula para enfrentarse a los graves problemas del momento. Así, ante la crisis económica por la que venía atravesando España, se aprobaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977); también se aprobó una Ley de Amnistía (octubre de 1977) que permitió salir a la calle a los encarcelados por motivos políticos, incluyendo a los presos de ETA, a pesar de que el terrorismo practicado por esa organización continuaba; en cuanto a la cuestión nacionalista, empezó a dársele cauce a través del establecimiento de las preautonomías, siendo la de Cataluña, la Generalitat, la primera en restablecerse bajo la dirección del honorable Josep Tarradellas (septiembre de 1977). Por último, durante la labor de este gobierno de Suárez, fue aprobada la Constitución por ambas Cámaras, con la abstención del PNV; después, sometida a referéndum, la mayoría de los españoles, el 87,8 % de los votantes, dijo SÍ a la Constitución.
Con la Constitución de 1978, en España se instauró un régimen democrático, similar al que ya venían disfrutando los países europeos occidentales. Está considerada también como la «Constitución de la Concordia» que venía a poner fin a una etapa histórica en la que una parte de España, tras una sangrienta guerra civil, se había impuesto a la otra.