Portada » Historia » Historia Contemporánea de España: Franquismo, Transición y Democracia (1936-2020)
La Dictadura Franquista (1936-1975) estuvo marcada por la personalidad de Francisco Franco que, tras dirigir el bando vencedor de la Guerra Civil, afianzó su poder con la implacable represión del bando vencido y el apoyo de los sectores más conservadores de la sociedad española y de la Iglesia Católica.
El franquismo se asentó sobre unos principios ideológicos elementales y poco estructurados, procedentes del programa de la Falange, del carlismo, de la Iglesia y de la tradición conservadora española.
Los principales elementos definitorios de la ideología franquista apenas se modificaron a lo largo de su existencia:
El franquismo constituyó un régimen político dictatorial que se institucionalizó a través de las Leyes Fundamentales del Reino, un conjunto de siete normas promulgadas entre 1938 y 1967. España se configuró como un Estado con las siguientes características:
España se definió como reino a partir de 1947, aunque el trono permaneció vacante, ya que la Jefatura del Estado se vinculó con carácter vitalicio a la persona de Franco, con derecho a nombrar a su sucesor a título de rey.
Francisco Franco ostentó el supremo poder político y asumió las jefaturas del Estado y del Gobierno. La Ley Orgánica del Estado contempló la posibilidad de separar ambas y facultó a Franco para designar al jefe del Gobierno entre una terna de candidatos propuesta por los miembros del Consejo del Reino. Esto sucedió solo a partir de 1973. Casi toda la iniciativa legislativa correspondía al jefe del Estado. De este modo, las Cortes nunca fueron democráticas. El catolicismo se convirtió en la religión oficial del Estado y las relaciones entre la Iglesia y el Estado estuvieron reguladas por el Concordato de 1953. Su profesión y práctica pública quedó protegida por las autoridades. La doctrina de la Iglesia fue esencial en campos como la moral, la educación o la sanidad. La profesión de otras religiones permaneció restringida debido a la prohibición de llevar a cabo manifestaciones públicas de esos cultos. La jerarquía católica obtuvo el derecho a ocupar puestos relevantes del Estado. Un rígido centralismo anuló cualquier modelo de autonomía y, aunque se promocionaban el folclore y la cultura regional, en la vida pública se vetó el uso de lenguas que no fueran el castellano.
El Fuero de los Españoles contempló la existencia de derechos individuales, subordinados a los principios ideológicos del régimen y con restricciones de libertades impuestas por una legislación muy autoritaria. La política social se desarrolló en leyes y normas como la ampliación de la Seguridad Social en materias de protección familiar, seguros de vejez y enfermedad, legislación sobre contratos laborales o la creación de la Magistratura del Trabajo.
El sistema político recibió el nombre de «democracia orgánica» en la Ley Orgánica del Estado. Concebía a la sociedad como una unión de entidades (familia, municipio y sindicato) que canalizaban la participación política y a las que se les asignaban un número de procuradores y concejales. A esto se añadía la posibilidad de realizar plebiscitos. No obstante, se incentivó la despolitización de la sociedad con la intención de neutralizar el descontento con el régimen.
Los sindicatos de clase fueron prohibidos y en su lugar se estableció la Organización Sindical Española (OSE), formada por veintiocho sindicatos verticales de cada una de las ramas de la actividad industrial, agraria o de servicios, agrupando a la representación empresarial, la técnica y la trabajadora. La afiliación sindical era obligatoria y los altos cargos sindicales eran designados por el Gobierno, mientras que la representación en los niveles de base era más democrática. El Movimiento Nacional actuó como partido único, controló la Organización Sindical y Franco se mantuvo como su jefe nacional. El Movimiento se reservó el papel de guía político de la sociedad, aunque su influencia se diluyó con el paso del tiempo. Compartió protagonismo con otras tendencias ideológicas o «familias» del franquismo: grupos católicos, tecnócratas y militares.
El régimen de Franco mantuvo su arraigo entre los grupos sociales que apoyaron a la España Nacional en la Guerra Civil: la clase terrateniente (que recuperó su papel social), las familias dueñas de pequeñas y medianas propiedades agrícolas, los militares, el clero y las clases medias urbanas, en general bastante despolitizadas y que crecieron desde la década de los sesenta.
El franquismo intentó atraer a la clase trabajadora a través de la Organización Sindical Española y su política social. Sin embargo, lo que más propició el acercamiento de este sector al franquismo fue el progreso económico de los años sesenta, que amplió sus posibilidades de consumo.
Por otro lado, todos los avances por la igualdad entre hombres y mujeres que se habían producido durante la Segunda República fueron suprimidos y las mujeres volvieron a quedar subordinadas al padre y al marido. Los roles de género quedaron definidos por la moral del nacionalcatolicismo y el papel que la sociedad patriarcal reserva a las mujeres como madres y esposas relegadas al ámbito privado y de los cuidados. Los primeros años del franquismo fueron especialmente crueles con las mujeres que no cumplían estos roles o que se habían significado durante la República. La violencia física y sexual, los castigos como el rapado del pelo para escarnio público o el secuestro de su prole por parte de las autoridades fueron una constante.
En 1939, España era un país destruido y con una sociedad desestructurada por la guerra. Ante la escasez de alimentos, en enero de 1940 se impuso la cartilla de racionamiento para asegurar el reparto de los productos de primera necesidad, y se mantuvo vigente hasta 1952. La población se hacinó en viviendas reducidas e insalubres y reaparecieron algunas epidemias. El transporte se vio afectado por la falta de gasolina, e incluso se recurrió al gasógeno como medio de propulsión de vehículos. El tranvía incrementó su presencia en las grandes ciudades y, tras la destrucción en la guerra de buena parte de las infraestructuras y del parque ferroviario, en 1941 el Estado nacionalizó las compañías ferroviarias y creó la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE). La sequía aumentó las penurias, al reducir las cosechas y limitar el suministro de electricidad y de agua a la población.
A pesar de todos estos problemas, el régimen impuso un sistema autárquico para reconstruir el país. El Estado redujo al mínimo los intercambios con el exterior, prohibió las inversiones extranjeras, propició la explotación de los recursos propios para lograr la autosuficiencia y practicó el intervencionismo sobre los precios y toda la actividad productiva. En este sentido destacaron:
La autarquía no consiguió ninguno de sus objetivos. Retrasó la recuperación de España tras la guerra, no logró la autosuficiencia en ningún ámbito y el intervencionismo fomentó la existencia de un mercado negro, conocido como «estraperlo».
Las autoridades impusieron una estricta moral pública, basada en principios conservadores bajo influencia de la Iglesia, que afectó a la familia, a la educación y a las costumbres. Se estableció una censura oficial en la prensa diaria, se prohibieron libros y películas, y se suprimieron algunas fiestas populares como el carnaval, mientras que se potenciaban otras como la Semana Santa. Por su parte, la enseñanza se reguló rígidamente. La enseñanza durante el franquismo obligó a la separación de niños y niñas en aulas o centros diferentes, y estableció el estudio de una Historia propagadora de la idea imperial y de las versiones oficiales que imponía el régimen. Las escuelas estaban impregnadas de símbolos religiosos, acordes con el nacionalcatolicismo, y presididas por la fotografía del dictador. Durante los primeros años de la Dictadura se produjo una violenta represión que continuó en las décadas siguientes de forma más atenuada. Miles de personas leales a la República, o sospechosas de serlo, fueron juzgadas por tribunales militares y condenadas a muerte, encarceladas o apartadas de su ocupación profesional.
Después de la Guerra Civil, miles de personas fueron fusiladas y muchas más desaparecieron o fueron encarceladas. En las cárceles, campos de trabajo y campos de concentración murieron muchísimos prisioneros. Además, mucha gente perdió la vida por el hambre y las enfermedades que vinieron durante y después de la guerra.
Muchos presos fueron obligados a trabajar en obras del Estado como castigo. Un ejemplo conocido es la construcción del Valle de los Caídos, que se hizo durante muchos años con el esfuerzo de miles de prisioneros.
Tras la guerra, la oposición al régimen fue muy limitada. Algunos grupos de guerrilleros, conocidos como maquis, se escondían en las montañas y realizaban ataques contra las fuerzas franquistas. Sin embargo, al no tener suficientes recursos, nunca representaron un verdadero peligro y fueron desapareciendo con el tiempo.
La política exterior en la década de los años cuarenta y hasta 1953 estuvo condicionada por los acontecimientos internacionales. El 4 de septiembre de 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, España proclamó su neutralidad, a pesar de su cercanía ideológica y militar con la Alemania nazi y la Italia fascista, que habían ayudado al bando sublevado en la Guerra Civil. El 12 de junio de 1940, coincidiendo con los triunfos del Eje, la España de Franco cambió su condición por la de potencia no beligerante (país próximo a intervenir en el conflicto) y ocupó Tánger, enclave junto al Protectorado de Marruecos. El franquismo tenía muchas cosas en común con los regímenes totalitarios y autoritarios:
La entrada en el conflicto se postergó, pero tras la invasión de la Unión Soviética por las tropas de Hitler, España envió al frente oriental de Leningrado a la División Azul con el pretexto de la lucha contra el comunismo. Era un cuerpo de 18 000 voluntarios dirigidos por el general Agustín Muñoz Grandes.
El viraje de la contienda mundial con las primeras victorias aliadas motivó un nuevo cambio de la condición de España, que de nuevo pasó a ser potencia neutral en octubre de 1943. El fin de la guerra supuso un momento de aislamiento crítico para el franquismo. La ausencia de libertades democráticas y la naturaleza del franquismo proclive a los fascismos llevaron a la comunidad internacional a levantar un cerco diplomático en torno a España: Francia cerró su frontera y una resolución de la ONU, de diciembre de 1946, aconsejó la retirada de las embajadas del territorio español. El régimen se mantuvo incomunicado, aunque no faltaron ayudas exteriores como ingresos de divisas suministradas por bancos norteamericanos con el visto bueno de su Gobierno y el envío de cereal argentino tras el protocolo Franco-Perón.
El comienzo de la Guerra Fría modificó el panorama internacional y el anticomunismo de Franco permitió el acercamiento de España al bloque occidental. En 1953, dos acontecimientos marcaron el fin del aislamiento del régimen y el inicio de su reconocimiento diplomático:
En relación con la presencia española en Marruecos, el Gobierno renunció al Protectorado en ese país en 1956, después de que lo hiciera Francia.
En la década de los cincuenta se produjo el relevo de la élite que había dirigido la autarquía por una nueva generación de dirigentes. José Solís, procedente de la Organización Sindical, y Laureano López Rodó, miembro del grupo de los tecnócratas del Opus Dei, entre otros, protagonizaron la nueva etapa del régimen. Joaquín Ruiz-Giménez, ministro de Educación a partir de 1951, promovió el regreso de una parte de la intelectualidad que había partido al exilio y la renovación de la universidad. En 1956, el alumnado universitario se manifestó contra la rigidez del sistema y se produjeron algunos incidentes callejeros. El ministro fue destituido y, aplicando medidas policiales, se puso fin a la protesta.
Entretanto se reorganizó la oposición en el exilio. Un dividido Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dejó de ser la fuerza hegemónica de la izquierda, sustituido en ese papel por el Partido Comunista de España (PCE), que cambió la estrategia de oposición armada a partir de 1951 y preconizó la «reconciliación nacional».
El intervencionismo estatal convivió con una creciente liberalización económica y, pese a las buenas cosechas de esos años, el peso de la economía comenzó a desplazarse hacia la industria. Las importaciones aumentaron, pero no así las exportaciones, por lo que la falta de divisas frenó la expansión económica. El régimen puso en práctica proyectos de desarrollo integral de zonas atrasadas (Planes de Desarrollo Regional), como el Plan Badajoz y el Plan Jaén.
La economía arrastraba una elevada inflación y un gran déficit y deuda pública. Carecía de reservas de divisas y las políticas autárquicas habían sido incapaces de ampliar el desarrollo industrial al dificultar el crecimiento de sectores dinámicos y limitar la entrada de tecnología y capital extranjeros.
La clase política del sector tecnócrata vinculada al Opus Dei que había accedido al poder en 1957, convencida de la necesidad de un cambio en la política económica española, y siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, puso en marcha el Plan de Estabilización (1959). Este Plan aplicó medidas como la devaluación de la peseta para adecuarla a su valor real de mercado, la reducción del gasto público, la liberalización parcial del comercio exterior o la reducción de trabas a las inversiones extranjeras en España. Muchos de sus objetivos se lograron: la inflación se contuvo y la economía se liberalizó con el abandono de la autarquía y con la llegada de tecnología y de créditos extranjeros. Todo ello posibilitó el desarrollo económico sobre bases industriales modernas. Sin embargo, tuvo unos elevados costes sociales: la congelación de salarios frenó momentáneamente el consumo, aumentó el paro y acentuó los desequilibrios entre la industria, que fue objeto de todas las atenciones, y el sector primario, que quedó relegado.
Tras la estabilización, los planes de desarrollo canalizaron el proceso de crecimiento. A partir de 1964 se establecieron planes cuatrienales con unas previsiones de crecimiento vinculantes para las empresas del sector público e indicativas para el sector privado. El tercer plan no llegó a completarse debido a la crisis económica de 1973.
Junto con una coyuntura económica internacional excepcionalmente propicia, tres factores contribuyeron al desarrollo nacional:
Gracias a todo esto, al comenzar los años 70, España se había convertido en el décimo país más industrializado del mundo, produciendo mucho acero, cemento, electricidad, coches y barcos. Pero aún dependía mucho del exterior, porque no tenía tecnología propia ni suficiente energía, y seguía teniendo un campo poco desarrollado y grandes diferencias entre unas regiones y otras. Al mismo tiempo, surgió la sociedad de consumo moderna, basada en crear la necesidad de comprar cosas. La publicidad y el crédito facilitaron este cambio. Una nueva clase media en las ciudades empezó a comprar casas, electrodomésticos y coches, a enviar a sus hijos a la universidad y a disfrutar del ocio y los viajes.
Otra consecuencia fue el éxodo rural, es decir, el abandono del campo por millones de personas que se fueron a ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Esto hizo crecer mucho las ciudades y aumentó las diferencias entre regiones.
Aunque la economía cambió mucho, la política no. Franco mantuvo el control total, aunque en 1967 se aprobó una nueva ley que organizaba el régimen y en 1969 nombró como sucesor al rey Juan Carlos de Borbón.
En 1966 se aprobó una nueva ley de prensa (promovida por Manuel Fraga) que quitó la censura previa, aunque el Gobierno seguía controlando lo que se publicaba. En 1970 se aprobó una ley educativa que modernizó la enseñanza y estableció la educación básica obligatoria.
En política exterior, España insistía en recuperar Gibraltar, dependía militarmente de EE. UU., dio independencia a Guinea Ecuatorial y mejoró relaciones con países árabes y latinoamericanos. También intentó acercarse a Europa del Este, pero no pudo entrar en la Comunidad Económica Europea porque era una dictadura.
Sobre la monarquía, Franco no se llevaba muy bien con Juan de Borbón (padre de Juan Carlos), pero decidió que Juan Carlos sería su sucesor. Lo trajo a España para formarlo a su gusto. Así aseguraba que tras su muerte, el régimen continuara con Juan Carlos como rey.
La oposición al régimen creció, dentro y fuera del país:
En 1973, tras un atentado del FRAP, Franco nombró a Luis Carrero Blanco como presidente del Gobierno. Este formaba parte del sector más duro del franquismo, el llamado “búnker”, que no quería cambios.
En ese mismo año comenzó una crisis económica provocada por el alza del precio del petróleo. El Gobierno trató de estabilizar la economía, pero crecieron las protestas sociales y se aplicó más represión. En diciembre de 1973, ETA asesinó a Carrero Blanco.
Franco nombró a Carlos Arias Navarro como nuevo presidente. En febrero de 1974, prometió una apertura política limitada, permitiendo algunas asociaciones políticas (pero no partidos). Se notó cierta apertura en la prensa con el ministro Pío Cabanillas, pero todo se frenó por casos como la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich o el conflicto con el obispo Añoveros. El régimen se dividió entre los duros (“búnker”) y los más moderados (“aperturistas”).
La Revolución de los Claveles en Portugal animó a la oposición. En 1974 se formaron dos grandes grupos opositores: la Junta Democrática, apoyada por el PCE, y la Plataforma de Convergencia Democrática, con partidos como el PSOE o el PNV. Ambos querían una ruptura pacífica con el franquismo y reclamaban libertades, elecciones y amnistía.
Ese mismo año, un atentado de ETA mató a 11 personas en una cafetería. El régimen aprovechó para frenar cualquier apertura. Pío Cabanillas fue destituido y hubo muchas dimisiones en protesta. Así se acabó el “espíritu del 12 de febrero”.
En 1974 se aprobó una ley que permitía asociaciones políticas con muchas limitaciones. En marzo de 1975, Adolfo Suárez entró en el Gobierno como mano derecha del Movimiento Nacional.
La represión aumentó: se declaró el estado de excepción en el País Vasco y se aprobó una dura ley antiterrorista. En septiembre se ejecutó a cinco militantes de ETA y el FRAP, lo que provocó una gran condena internacional. Franco respondió reuniendo a sus seguidores en la Plaza de Oriente en un acto simbólico. Poco después cayó gravemente enfermo. Al mismo tiempo, surgió un conflicto con el Sáhara Occidental, colonia española. España quiso organizar un referéndum para que los saharauis decidieran su futuro, pero Marruecos reclamó el territorio y organizó la Marcha Verde. España, presionada por EE. UU. y sin apoyo de la ONU, firmó un acuerdo con Marruecos y Mauritania, dejando el Sáhara en manos de ambos. El Frente Polisario comenzó una guerra de guerrillas por la independencia. Finalmente, Franco murió el 20 de noviembre de 1975, cerrando así casi 40 años de dictadura.
La Transición Española fue el proceso por el que España pasó de ser una dictadura (el régimen de Franco) a convertirse en una democracia, es decir, un país donde las personas podían votar libremente y participar en la política. Este cambio no ocurrió de golpe, sino poco a poco, a lo largo de varios años. Empezó a notarse más claramente cuando en 1973 fue asesinado Carrero Blanco, que era el presidente del Gobierno y una figura importante dentro del franquismo. A partir de ahí, ocurrieron una serie de hechos importantes:
Aunque la Transición trajo libertad política, no cambió mucho la economía ni la forma de organizar el país a nivel social, pero sí cambió la manera de pensar de muchas personas: la gente recuperó sus libertades y empezó a participar más en la vida pública.
Este cambio fue posible porque coincidieron varias circunstancias favorables:
La Transición tuvo unas características especiales:
El rey Juan Carlos I fue proclamado como nuevo monarca el 22 de noviembre de 1975, pocos días después de la muerte de Franco. Fue nombrado por las Cortes franquistas (el parlamento controlado por el régimen), y en ese momento todavía tenía casi el mismo poder que había tenido Franco. Su nombramiento fue recibido con desconfianza por varios sectores:
Sin embargo, el Ejército permaneció leal a Juan Carlos porque había sido educado en sus academias y elegido por Franco. En su primer discurso como rey, apenas habló de cambios, lo que hizo que muchos dudaran de sus intenciones. A pesar de eso, confirmó como presidente del Gobierno a Arias Navarro, aunque le obligó a incluir en su equipo a políticos que querían cambios, como Fraga, Areilza y Garrigues.
Arias Navarro intentó hacer algunos cambios, pero solo hablando con los sectores franquistas más conservadores, sin escuchar a los políticos demócratas. Además, su gobierno tuvo muchos problemas:
Todo esto desprestigió al Gobierno, y dentro de él había luchas por el poder. Fraga y Areilza querían sustituir a Arias Navarro. También hubo un momento tenso cuando se censuró una entrevista del rey en una revista estadounidense. Poco después, el rey hizo un discurso en el Congreso de EE. UU. donde mostró claramente que estaba a favor de la democracia. Finalmente, Arias Navarro dimitió el 1 de julio de 1976.
El rey eligió como nuevo presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, que era joven, venía del franquismo pero quería reformas más profundas. Suárez conectó bien tanto con los políticos reformistas como con la oposición democrática, que se había organizado en la Coordinación Democrática. Su idea, junto con Torcuato Fernández-Miranda, era usar una ley nueva para hacer el cambio desde dentro del sistema franquista. Así nació la Ley para la Reforma Política, que se presentó a los ciudadanos en un referéndum (una votación popular) en diciembre de 1976. Fue aprobada por una amplia mayoría.
Para que esa ley tuviera éxito:
Esto provocó el malestar en parte del Ejército. Incluso dimitió el vicepresidente militar, que fue reemplazado por Gutiérrez Mellado, un general que sí apoyaba la democracia.
Aunque la reforma avanzaba, el camino fue muy difícil por culpa del terrorismo. Mientras se debatía la ley:
Después del referéndum, Suárez aceleró las reformas. Una de las decisiones más importantes fue legalizar los partidos políticos, incluso el Partido Comunista (PCE), que era el más polémico. Esta legalización se hizo el 9 de abril de 1977, y fue una decisión personal de Suárez para demostrar que la reforma era real. El PCE, dirigido por Santiago Carrillo, aceptó la monarquía y la bandera de España, algo muy simbólico. El Ejército no lo aceptó bien y hubo protestas, incluso dimitió el ministro de Marina.
Después de esto:
También se prepararon las normas para las elecciones democráticas. En ese contexto, Don Juan de Borbón (padre del rey) renunció oficialmente al trono en favor de su hijo en mayo de 1977. Esto dio más legitimidad al rey Juan Carlos como heredero oficial de la monarquía española.
Las primeras elecciones democráticas desde 1936 se celebraron el 15 de junio de 1977. Hubo mucha participación y un ambiente de entusiasmo y libertad. Ganó la UCD (Unión de Centro Democrático), el partido liderado por Adolfo Suárez. Era una coalición de centro formada por personas con ideas moderadas: socialdemócratas, liberales, democristianos y antiguos franquistas reformistas. Obtuvo 165 escaños. El PSOE, dirigido por Felipe González, quedó como segundo partido con 118 escaños, convirtiéndose en la principal fuerza de la oposición.
Tras las elecciones de junio de 1977, se hizo evidente que el nacionalismo vasco y catalán tenían una gran fuerza. El Gobierno decidió crear sistemas de autogobierno provisionales (las llamadas preautonomías) mientras se preparaba la nueva Constitución. En Cataluña, todo fue más fácil. No había grupos terroristas vinculados al nacionalismo y el Gobierno encontró una figura muy respetada para negociar: Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio. El 29 de septiembre de 1977 se restableció la Generalitat. Tarradellas regresó a Cataluña el 23 de octubre y asumió el liderazgo de forma provisional. En el País Vasco, el proceso fue más complicado por la violencia de ETA, que mató a 12 personas solo en 1977. Además, no había una figura de consenso como Tarradellas. Aun así, el Gobierno concedió la preautonomía en enero de 1978.
En 1977, España vivía una grave crisis económica: el precio del petróleo subía sin parar, había mucha deuda, alta inflación (alrededor del 40 %), paro y conflictos sociales. El Gobierno estaba más centrado en la política que en la economía. Por eso, el ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, reunió a partidos, sindicatos y empresarios para firmar los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), un acuerdo político y económico para estabilizar el país.
Principales medidas económicas:
Principales medidas políticas:
Medidas que no se cumplieron (incumplimientos): algunas reformas importantes quedaron sin hacer: justicia militar, educación, alquileres, Seguridad Social agrícola, Banco de España, estatuto del consumidor, etc.
Un grupo de siete diputados redactó un primer borrador de la Constitución. Representaban a: UCD (3 miembros), PSOE, PCE-PSUC, AP y CiU. Los dos partidos principales, UCD y PSOE, negociaron los puntos más complicados y llegaron a acuerdos importantes (consenso). El texto final fue aprobado por el Congreso y el Senado el 31 de octubre de 1978, con el apoyo de: UCD, PSOE, PCE y Minoría Catalana (aunque uno de sus diputados se abstuvo). El PNV y ERC también se abstuvieron. AP dividió su voto entre sí, no y abstención. Finalmente, se celebró un referéndum el 6 de diciembre de 1978, donde la Constitución fue aprobada por amplia mayoría.
La Constitución española de 1978 tiene 169 artículos y varias disposiciones adicionales y transitorias. Estos son sus puntos clave:
En 1979, Adolfo Suárez volvió a ganar las elecciones con su partido, la UCD, aunque con menos apoyo que antes. El PSOE estuvo muy cerca de alcanzarlo. Suárez formó un nuevo gobierno, prometiendo aplicar la Constitución recién aprobada y mejorar la situación social del país. Pero tuvo muchos problemas:
Aunque Suárez intentó arreglar la situación cambiando ministros y dando espacio a distintas opiniones dentro de su partido, la UCD seguía debilitándose. Aun así, se lograron avances como la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980.
En abril de 1979 se celebraron elecciones municipales y el PSOE, junto al PCE, consiguió gobernar en muchas ciudades importantes. En 1980, Felipe González propuso dejar el marxismo para atraer a más votantes. Al principio no le hicieron caso y renunció, pero luego fue respaldado en un congreso extraordinario. Esto fortaleció al PSOE. Además, cuando presentaron una moción de censura contra Suárez (que no prosperó), González pudo mostrar cómo sería su estilo de gobernar, y la gente empezó a ver al PSOE como la mejor alternativa.
Tras aprobarse la Constitución, comenzó el proceso para que las regiones tuvieran sus propios gobiernos. Primero se dio autonomía a Cataluña y al País Vasco en 1979. En el caso vasco fue más complicado por la violencia de ETA y por la idea de unir Navarra, algo que no se aceptó. Después, Galicia también obtuvo su estatuto. Para el resto de regiones, había dos caminos: la vía lenta (artículo 143), con menos competencias, que se ampliaban con el tiempo; y la vía rápida (artículo 151), con misma autonomía que Cataluña o el País Vasco desde el principio, pero requería un referéndum. El Gobierno de Suárez, presionado por sectores conservadores y militares, quería que casi todas las regiones tomaran la vía lenta. Pero en Andalucía, la gente votó por la vía rápida, aunque no logró la mayoría absoluta en una provincia. Esto debilitó aún más al Gobierno y dio impulso al PSOE. Finalmente, tras un acuerdo político, se permitió que Andalucía tuviera plena autonomía en 1981. Las demás comunidades siguieron mayormente la vía lenta.
En enero de 1981, Adolfo Suárez dimitió. Estaba agotado por la presión de la oposición, los problemas en su partido y el miedo a un retroceso democrático. Esto creó un clima de inestabilidad. El 23 de febrero de 1981, mientras se votaba en el Congreso a su sucesor (Calvo-Sotelo), el teniente coronel Tejero entró con la Guardia Civil y secuestró a los diputados. En Valencia, otro general declaró el estado de guerra y hubo movimientos militares en Madrid. El golpe fracasó gracias a que el rey Juan Carlos I salió en televisión defendiendo la democracia. Con su apoyo, los militares rebeldes se rindieron. Los responsables fueron juzgados y expulsados del Ejército.
Tras el golpe, Leopoldo Calvo-Sotelo fue nombrado presidente. Su gobierno fue breve y no pudo hacer mucho, pero pactó con el PSOE un mapa con 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. En 1982 se aprobó una ley (LOAPA) para igualar progresivamente la autonomía entre regiones, pero el Tribunal Constitucional anuló parte de ella porque limitaba los estatutos. Para calmar al Ejército, se revisaron los juicios del golpe y se endurecieron las penas. Además, España entró en la OTAN para alinearse con EE. UU. y reforzar la posición democrática del país. El PSOE se opuso inicialmente. El partido de Calvo-Sotelo (UCD) se desmoronó. Muchos dirigentes, incluido Suárez, se fueron. Con el partido dividido, la economía empeorando y el PSOE cada vez más fuerte, Calvo-Sotelo convocó elecciones para octubre de 1982 y se retiró de la política.
Desde 1982, el poder en España ha pasado principalmente entre dos partidos: el PSOE y el PP.