Portada » Economía » Funcionamiento y Estructura de la Economía Española: Mercado Laboral, Sistema Financiero y Sector Público
Existen múltiples razones que explican el interés por el mercado laboral. Su mal funcionamiento puede afectar negativamente al crecimiento económico y al empleo. El desempleo también conlleva significativos costes económicos y sociales. En términos económicos, el desempleo representa una disminución de la producción potencial; en términos sociales, sus efectos dañinos sobre la distribución óptima de los recursos y la cohesión social dependen en gran medida del nivel de ingresos, lo que a su vez afecta directamente al bienestar de los ciudadanos. Así, la cohesión social, el crecimiento y la optimización de los recursos dependen del adecuado desempeño del mercado laboral.
Los factores institucionales relacionados con la regulación laboral y sus instituciones desempeñan un papel clave en el comportamiento del empleo:
Cuando se negocian convenios de manera colectiva, se logra que la cobertura sea más amplia; en consecuencia, los sindicatos adquieren mayor poder para negociar y demandar salarios más altos. La negociación puede ser:
El modelo laboral español, configurado por el Estatuto de los Trabajadores de 1980, se basó originalmente en convenios sectoriales de ámbito provincial con eficacia general y ultraactividad ilimitada, lo que otorgó una gran fuerza negociadora a los sindicatos pese a su baja afiliación. La reforma de 2012 introdujo medidas de flexibilidad interna para reducir la rigidez salarial, como la prioridad del convenio de empresa y el límite a la ultraactividad, aspectos que fueron revertidos en la reforma de 2021. No obstante, se ha mantenido la posibilidad de no aplicar convenios por causas económicas y se ha reforzado la estabilidad del empleo frente al despido mediante el fomento de los ERTE y el nuevo Mecanismo RED.
Incluyen tanto los procedimientos requeridos para recortar personal como la indemnización por despido, que normalmente depende de si las causas que lo originan son justificadas o no, y de cuánto tiempo ha trabajado el empleado en la empresa. Cuando los costes de despido son elevados, se complica la adaptación de las contrataciones. Por lo tanto, la mayor adaptación de las plantillas a las fluctuantes condiciones del mercado (es decir, la reducción de despidos y la estabilidad laboral para los ocupados) tiene como contraparte un paro más prolongado entre los desempleados y, por ende, una tasa de desempleo más alta y persistente.
Históricamente, España mantuvo una regulación del despido muy rigurosa y costosa, lo que empujó a las empresas a abusar de la contratación temporal y generó una marcada dualidad laboral. Entre 1994 y 2010, las reformas se centraron en clarificar las causas legales del despido y reducir sus costes de tramitación, pero no fue hasta la reforma de 2012 cuando se redujeron efectivamente las indemnizaciones por despido improcedente. Esta última reforma facilitó el despido por causas económicas, eliminó la autorización administrativa en los despidos colectivos y simplificó las trabas legales, buscando agilizar tanto la creación como la destrucción de empleo en el mercado de trabajo.
El cobro de prestaciones por desempleo facilita a los parados realizar una búsqueda de trabajo más eficaz, lo que contribuye a que el empleo conseguido se ajuste mejor a sus habilidades y cualidades. Cuando el emparejamiento es de mejor calidad, por lo general, el contrato dura más. En contraposición, a medida que la tasa de sustitución es más alta y el tiempo de cobro se extiende, hay menos urgencia para hallar trabajo y las gestiones para obtener un nuevo empleo se demoran más; además, estas se realizan con menor intensidad. Todo esto tiene como consecuencia una búsqueda de empleo menos activa y un aumento en el porcentaje de desempleados de larga duración.
En 1992, se modificaron las regulaciones de las prestaciones por desempleo, que eran más generosas que en otros países. La gran cantidad de personas desempleadas que tenían derecho a recibir prestaciones y el alto gasto que el sistema de Seguridad Social tenía que cubrir, así como los efectos perjudiciales que estas prestaciones generan en la búsqueda activa de empleo, llevaron a limitar su duración media, su acceso y su cuantía. Se llevó a cabo la reforma al suprimir la exención de estas prestaciones por desempleo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se redujo su generosidad, ubicándose en un valor próximo al promedio europeo, al igual que la proporción de desempleados que recibían la prestación. No hubo modificaciones significativas en este ámbito hasta 2012, cuando la cuantía de la prestación se redujo a partir del sexto mes de desempleo. En el año 2023, esta cantidad volvió a ser la misma que antes de dicha reducción.
En contraste con las políticas pasivas, que se limitan a pagar prestaciones por desempleo, las políticas activas incluyen el desembolso de recursos para asesorar y ayudar al desempleado a formarse, además de subsidios para su contratación. Es evidente, por lo tanto, que estas políticas mejoran la capacidad de adaptación de los desempleados y propician un ajuste más adecuado entre las cualificaciones de los parados y las exigencias de los puestos de trabajo.
La política del mercado laboral se implementa, además, a través de la cantidad de recursos económicos asignados a políticas activas y pasivas. Las primeras tienen el objetivo de estimular la búsqueda de trabajo y mejorar las posibilidades de empleo para los desempleados; las segundas tienen el propósito de mitigar la disminución de ingresos que resulta del desempleo. En cuanto al gasto total en políticas activas de empleo, comparado con la tasa de desempleo, la economía española se encuentra claramente rezagada en comparación con la mayor parte de los países europeos. El uso extensivo de contratos temporales, que causa una alta rotación y un desempleo significativo, limita la disponibilidad de recursos para políticas activas al absorber gran parte del presupuesto en el pago de prestaciones por desempleo.
