Portada » Historia » España en el Siglo XIX: Crisis del 98, Desamortización y Transformaciones Económicas
A finales del siglo XIX, España experimentó una crisis de gran magnitud. Este periodo crítico se inició con las guerras de independencia en Cuba (1895-1898) y Filipinas (1896-1898), donde las poblaciones locales pugnaban por su emancipación del dominio español. Estos conflictos culminaron con la pérdida de las últimas colonias significativas de España, lo que marcó un punto de inflexión decisivo en su historia.
Después de perder la mayor parte de América en el siglo XIX, a España solo le quedaban algunas islas. Cuba y Puerto Rico, de gran relevancia agrícola, manifestaban un profundo descontento debido al estricto control comercial ejercido por España. Filipinas, geográficamente más distante, también expresaba su insatisfacción con la administración colonial y la marcada influencia de las órdenes religiosas.
España incumplió las promesas realizadas a Cuba tras un conflicto previo.
La economía cubana se veía constreñida por el atraso estructural de la metrópoli española.
Estados Unidos mostraba un interés creciente en estas islas estratégicas.
El sentimiento patriótico se intensificó en Cuba y Filipinas, impulsando el anhelo de independencia.
En 1868, Cuba ya había sido escenario de un conflicto bélico (la Guerra de los Diez Años), que concluyó en 1878 con la Paz de Zanjón.
En 1895, el conflicto resurgió con el Grito de Baire, liderado por figuras clave como José Martí, Máximo Gómez, Calixto García y Antonio Maceo.
El general Arsenio Martínez Campos intentó una vía negociadora, pero su reticencia a emplear medidas represivas extremas contra la población civil llevó a su sustitución por Valeriano Weyler. Este último implementó una estrategia de gran dureza, dividiendo la isla con líneas fortificadas para cortar el apoyo civil a los insurgentes.
La prensa estadounidense criticó duramente las acciones de Weyler. En 1897, el presidente William McKinley instó a España a pacificar Cuba o a venderla por 300 millones de dólares, una propuesta que España rechazó.
Inicialmente, los conflictos fueron guerras coloniales entre los rebeldes y España, pero la intervención de Estados Unidos se hizo patente, especialmente tras la misteriosa explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana en 1898.
La guerra hispano-estadounidense fue breve y decisivamente desfavorable para España, que sufrió contundentes derrotas navales en Cavite (Filipinas) y Santiago de Cuba.
El conflicto culminó con la firma del Tratado de París en diciembre de 1898. En virtud de este acuerdo, España reconoció la independencia de Cuba y cedió Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos. Posteriormente, vendió otras islas del Pacífico a Alemania.
Esta pérdida causó un gran impacto en España:
Sociales: Se estima la muerte de unas 120.000 personas, muchas de ellas por enfermedades. Las clases más desfavorecidas fueron las más afectadas, al no poder costear la exención del servicio militar obligatorio.
Económicas: A pesar de la pérdida de los mercados coloniales, el capital repatriado de las colonias contribuyó al crecimiento y fortalecimiento del sector bancario español.
Políticas: Aumentó la crítica hacia el gobierno y se hizo evidente la profunda crisis del sistema de la Restauración. Asimismo, los nacionalismos regionales, especialmente en Cataluña y el País Vasco, cobraron mayor fuerza.
Militares: Se puso de manifiesto la deficiente preparación del ejército español, lo que generó una creciente desconfianza de la población hacia la institución militar.
Ideológicas: Surgió una intensa reflexión sobre la identidad y los problemas de España. Numerosos pensadores y escritores, agrupados en la Generación del 98, comenzaron a debatir sobre el atraso del país y la imperiosa necesidad de modernización y cambio.
Después del desastre, surgió un movimiento intelectual y político conocido como Regeneracionismo, cuyo objetivo principal era modernizar España y erradicar el atraso político, económico y social.
Este movimiento se manifestó en dos vertientes principales:
Regeneracionismo desde fuera del sistema: Intelectuales de la talla de Miguel de Unamuno o Pío Baroja reflexionaron profundamente sobre el denominado «problema de España».
Joaquín Costa, figura central del regeneracionismo, abogó por reformas estructurales como una mejor educación, el reparto de tierras y la inversión en obras públicas. Paralelamente, diversos movimientos como los nacionalistas, republicanos y obreros demandaban una profunda transformación del sistema de gobierno.
Regeneracionismo dentro del sistema: Algunos políticos conservadores y liberales intentaron implementar reformas desde las estructuras existentes, buscando una modernización sin alterar radicalmente el sistema.
El ejemplo más destacado fue José Canalejas, quien impulsó un ambicioso programa de modernización del país, pero su asesinato en 1912 truncó estos intentos reformistas.
Durante el siglo XIX, la economía española se caracterizó por una dualidad: mientras que amplias zonas mantenían sistemas productivos arcaicos y poco eficientes, otras regiones, como Cataluña o el País Vasco, iniciaban un proceso de modernización. En este contexto, la agricultura, a pesar de ser la principal actividad económica, presentaba un notable atraso. En esta sección, se abordará uno de los procesos más trascendentales del siglo XIX: la desamortización, junto con los principales cambios y limitaciones de la agricultura española.
La desamortización fue un proceso jurídico y económico mediante el cual el Estado expropió y puso en venta, a través de subasta pública, bienes inmuebles pertenecientes a la Iglesia, los ayuntamientos (bienes de propios y comunes) y, en menor medida, a instituciones nobiliarias. El objetivo primordial era sanear las finanzas públicas, amortizar la deuda y financiar guerras, más que llevar a cabo una reforma agraria estructural.
Económicas: El Estado español arrastraba una cuantiosa deuda pública y necesitaba ingresos urgentes.
Políticas: Se buscaba mermar el poder económico y político de la Iglesia, institución que en gran medida apoyaba al carlismo.
Sociales: Se pretendía eliminar los privilegios estamentales propios del Antiguo Régimen y consolidar la propiedad privada.
Agrarias: Existía la expectativa de que la privatización de la tierra impulsaría la modernización agrícola, aunque esta mejora no se materializó en la medida esperada.
Aunque hubo varias etapas, las más importantes fueron:
Desamortización de Mendizábal (1836): Afectó principalmente a los bienes del clero regular (monasterios y conventos). Las tierras fueron vendidas en subasta pública con el doble objetivo de financiar la Primera Guerra Carlista y debilitar el poder económico de la Iglesia.
Desamortización de Madoz (1855): Conocida como la Desamortización General, incluyó bienes de los ayuntamientos (bienes de propios y comunes), del Estado y, en menor medida, de la Iglesia. Su finalidad era también sanear la deuda pública y financiar la construcción de infraestructuras, como la red ferroviaria.
En ambos procesos, las tierras fueron adquiridas mayoritariamente por la burguesía y la nobleza enriquecida, excluyendo a la gran masa de campesinos sin recursos.
Económicas: Se consolidó la propiedad privada de la tierra. Se acentuó la concentración de la propiedad, dando lugar a un aumento de los latifundios. El problema de la deuda pública no se resolvió de forma definitiva. La modernización agrícola esperada no se produjo a gran escala.
Sociales y Políticas: Surgió una numerosa clase de campesinos sin tierras, los jornaleros, que vivían en condiciones precarias. La burguesía, especialmente la agraria, se vio enormemente beneficiada, consolidando su poder económico y social. La Iglesia sufrió una significativa pérdida de patrimonio y poder, lo que generó una profunda ruptura en sus relaciones con el Estado.
Culturales: Se produjo la pérdida o deterioro de numerosos edificios religiosos y obras de arte. Gran parte del patrimonio cultural fue destruido, dispersado o vendido a particulares.
Beneficiados: La nobleza (al regularizar y consolidar sus propiedades), y la burguesía comercial y agraria.
Perjudicados: La Iglesia y los campesinos pobres, quienes perdieron el acceso a las tierras comunales de las que dependían para su subsistencia.
A comienzos del siglo XIX, la agricultura española era muy poco eficiente:
Se empleaban técnicas agrícolas arcaicas (como la rotación trienal y el arado romano).
Había una notable escasez de herramientas modernas, abonos y capital para invertir.
El campo sufría de despoblación debido a las duras condiciones de vida.
Además, la legislación favorecía a la ganadería trashumante (Mesta), lo que iba en detrimento de los intereses de los agricultores.
En el sur (Andalucía, Extremadura), predominaban los latifundios, a menudo improductivos, con una gran masa de campesinos pobres. En el norte (Galicia, Castilla), la estructura de la propiedad se caracterizaba por los minifundios, pequeñas parcelas poco rentables.
La marcada desigualdad entre los grandes propietarios y los jornaleros sin tierra generó importantes tensiones sociales. A pesar de algunas mejoras puntuales (como el aumento de la superficie cultivada o la mejora de los precios de ciertos productos), no se produjo una transformación estructural y profunda de la agricultura.
No obstante, algunos cultivos especializados, como la vid, el olivo y los cítricos, experimentaron un notable crecimiento impulsado por el comercio exterior, especialmente en regiones como Cataluña, La Rioja o Valencia.
La agricultura no contribuyó significativamente al desarrollo económico general del país por varias razones:
No generó el capital suficiente para una inversión sustancial en la industria.
No liberó una cantidad significativa de mano de obra hacia otros sectores productivos.
No logró crear un mercado interno robusto, ya que la población rural carecía de poder adquisitivo para consumir productos industriales.