La Transición a la Democracia y la Consolidación Democrática en España (1975-1996)

La Transición a la Democracia hasta la Elaboración de la Constitución

Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey el 22 de diciembre de 1975, siguiendo las previsiones de la dictadura franquista, y mantuvo a Carlos Arias Navarro como Presidente del Gobierno, quien había sido nombrado por Franco. Este primer gobierno de la monarquía se enfrentó a fuertes deseos de reforma política, exigidos tanto por la oposición clandestina como por amplios sectores del país y del propio gobierno. Todos eran conscientes de la necesidad de una democratización que permitiera una aproximación política y económica al entorno europeo occidental. Sin embargo, los planteamientos reformistas resultaron insuficientes, lo que provocó movilizaciones que reclamaban libertades democráticas, amnistía para los presos políticos y mejoras laborales y sociales.

Tras su cese por parte del Rey, Adolfo Suárez, un joven presidente proveniente del franquismo, asumió la agenda del cambio político en julio de 1976. Suárez promovió la Ley de Reforma Política, que fue aprobada primero por las Cortes franquistas y luego en referéndum en diciembre de 1976. Esto supuso la desaparición de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, además de la afirmación de la soberanía popular y los derechos fundamentales. Varios decretos sobre libertad sindical, legalización de partidos políticos y una amplia amnistía prepararon el camino para las elecciones generales, que se celebraron el 15 de junio de 1977, una vez legalizado el Partido Comunista de España en abril.

A estas elecciones concurrieron, entre otros, los partidos de la izquierda que habían vertebrado la oposición al franquismo (PSOE, PCE, PSP…), grupos y partidos de tendencia nacionalista (especialmente en Cataluña y País Vasco), y sectores provenientes del franquismo partidarios de un cambio limitado (Alianza Popular, AP). El propio Suárez, desde el poder, con personal reformista de la dictadura y sectores opositores moderados, creó la Unión de Centro Democrático (UCD), que ganó las elecciones. Estas primeras cámaras, Congreso y Senado, iniciaron un rápido proceso de redacción de una constitución democrática y de consenso entre todas las fuerzas, buscando consolidar la democracia y las libertades. También se inició un ampliamente reclamado proceso de descentralización de España.

Este proceso de transición hacia la democracia se desarrolló en un contexto de crisis económica internacional y terrorismo. El impacto de la crisis del petróleo desde 1973 afectó a España, dando lugar a una elevada inflación, aumento significativo del paro, déficit comercial y, como consecuencia, un aumento de las huelgas, donde se mezclaban las reivindicaciones económicas y políticas. En octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, acordados con partidos y agentes sociales, que contenían un plan de actuación jurídica y de reforma y saneamiento económico, lo que supuso un paso importante para limitar la conflictividad social, consolidar la democratización y hacer frente a la crisis.

El terrorismo de la organización separatista vasca ETA se había iniciado al final del franquismo, pero fue en estos años de la transición cuando realizó más acciones (atentados, secuestros, extorsiones) con un gran coste en vidas, lo que desgastó a los sucesivos gobiernos democráticos. Otras organizaciones de extrema izquierda, como el GRAPO, o de la extrema derecha, perpetraron también atentados y asesinatos, como la matanza de abogados laboralistas de Atocha en enero de 1977. Toda esta situación de acoso terrorista, que tenía su objetivo en las fuerzas armadas en muchas ocasiones, aumentó la amenaza de involución militar, dado que buena parte de los altos mandos se identificaban con el franquismo.

A pesar de estas tensiones, el proyecto de constitución democrática elaborado por las Cortes fue sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978 y aprobado por amplia mayoría. La Constitución de 1978 define a España como un «Estado social y democrático de derecho» basado en el pluralismo político, organizado como una monarquía constitucional y con una estructura territorial de carácter autonómico.

Los Problemas para la Consolidación de la Democracia hasta la Victoria Socialista

En las elecciones de marzo de 1979, la UCD volvió a ganar y Adolfo Suárez formó gobierno, mientras el PSOE se afianzaba como principal fuerza de la oposición. El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a problemas como la crisis económica y la configuración del estado autonómico. Tensiones internas y cierta paralización gubernamental provocaron una moción de censura del PSOE que debilitó al gobierno, mientras que el terrorismo continuaba su escalada. En ese contexto se produjo la dimisión de Adolfo Suárez el 29 de enero y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, por parte del Teniente Coronel Antonio Tejero, como parte visible de una trama civil y militar amplia y compleja, pero que no pudo subvertir el orden constitucional. A Suárez le sucedió Leopoldo Calvo-Sotelo. Su corto mandato estuvo presidido por el consenso en algunos temas (armonización del proceso autonómico y ley de divorcio).

Las discrepancias en política exterior (entrada de España en la OTAN en mayo de 1982) y la complicada situación político-social (evolucionismo militar, envenenamiento por aceite de colza, terrorismo de ETA) marcaron su gestión.

Los Gobiernos Socialistas (1982-1996)

Leopoldo Calvo-Sotelo convocó elecciones para el 28 de octubre de 1982, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González obtuvo una gran victoria con una mayoría absoluta (202 escaños de 350). Esto le permitió llevar a cabo una política de modernización social y económica y de transformación general del país, lo que aseguró sus sucesivas reelecciones (1986, 1989, 1993) hasta que dejó el gobierno en 1996. En sus primeros años, hubo que adoptar medidas frente a la crisis y los problemas estructurales de la economía española (caso Rumasa, inflación, reconversión industrial, etc.), y se consiguió un crecimiento económico sostenible entre 1985 y 1992, a pesar de las dificultades para remontar un paro estructural.

El legado de los gobiernos socialistas incluye, entre otras cosas: la reforma del ejército, de la administración, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; la transformación del sistema educativo (LOGSE y LRU); el incentivo de una verdadera política social (asistencia sanitaria, universalización de la educación, pensiones no contributivas…); y una reforma fiscal y nuevos impuestos (IVA) para mejorar el Estado de bienestar (desempleo, sanidad, educación, autonomías e infraestructuras). En política internacional, España ganó en proyección con la adhesión a la Comunidad Europea en 1986 y la participación activa en el proceso de construcción europea (Tratado de Maastricht en 1992), aceptando la permanencia en la OTAN tras un polémico referéndum (1986).

El desgaste del gobierno comenzó a notarse cuando estallaron, durante los últimos gobiernos socialistas, diferentes casos de corrupción y arbitrariedad (caso Guerra, Filesa, Luis Roldán, la guerra sucia de los GAL), también presentes en otros partidos e instituciones. El terrorismo, aunque causó menos víctimas en comparación con los años de la transición, fue un lastre social y político durante las cuatro legislaturas. El Partido Popular, liderado por José María Aznar, consiguió la victoria en las elecciones de marzo de 1996. Era heredero de la vieja Alianza Popular de la transición, pero se había refundado en 1989 como un partido liberal-conservador, gobernando hasta 2004.