Portada » Historia » España: Crisis de la Restauración y Dictadura de Primo de Rivera (1902-1931)
El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) en España se caracterizó por una creciente descomposición política que condujo a la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), seguida de la Segunda República (1931-1939). Durante este período, España experimentó una evolución socioeconómica lenta pero significativa, con altos niveles de atraso agrario y cultural, exacerbados por el Desastre del 98, con los campesinos viviendo en la miseria. El ejército enfrentó desafíos con los nacionalismos periféricos, mientras que la «Paz Armada» previa a la Primera Guerra Mundial tuvo impactos económicos y políticos, incluida una crisis económica entre 1918 y 1923, debido a la depresión de posguerra y la Revolución Rusa de 1917.
Durante el período de 1902 a 1923, España enfrentó una crisis económica que afectó al sistema canovista. Esta crisis estuvo marcada por varios factores, como el papel activo de Alfonso XIII en el gobierno, la división de los partidos del turno y la pérdida de influencia del caciquismo, especialmente en las grandes ciudades (dificultad para la manipulación de datos). Las luchas sociales, principalmente entre las clases populares, contribuyeron a la polarización social y la inestabilidad. La influencia de la religión, con la Iglesia expandiendo el anticlericalismo, y la reacción hostil del ejército hacia sectores menos conservadores también jugaron un papel importante. El conflicto en Marruecos, especialmente tras la Conferencia de Algeciras en 1906, añadió tensiones adicionales. El panorama político se fragmentó, lo que dificultó la creación de gobiernos estables. Surgieron fuerzas políticas marginadas, como el PSOE y la UGT, que crecieron en áreas donde tenían una fuerte presencia, y el anarcosindicalismo ganó terreno, especialmente a través de la CNT en 1910. Los movimientos nacionalistas, como el catalán liderado por la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, y el vasco, que se dividió en independentistas y moderados tras la muerte de Sabino Arana, también tuvieron un impacto significativo. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux destacó por su carácter anticlerical y españolista. En resumen, este período estuvo marcado por una compleja red de tensiones políticas y sociales en España.
Después del Desastre del 98, que causó pesimismo, Alfonso XIII impulsó la regeneración política, centrándose en la moralización del gobierno y la reforma del Estado. En el Partido Conservador, dirigido por Silvela, se tomaron medidas regeneracionistas, como la creación de ministerios y la adopción de legislación social. En el Partido Liberal, la rivalidad entre Montero Ríos y Moret favoreció el catalanismo, lo que llevó a la victoria de la Lliga Regionalista en 1906. Sin embargo, la reacción del ejército y la aprobación de la Ley de Jurisdicciones en 1906 reflejaron la resistencia a los cambios. Esto se vio reflejado en la pérdida de representación conservadora y liberal en las elecciones catalanas de 1907.
La crisis catalana trajo de vuelta a los conservadores al poder, liderados por Maura, quien implementó un amplio programa de reformas entre 1907 y 1909. Esto incluyó leyes para la industria y la agricultura, un plan de rearme naval, una nueva ley electoral y la propuesta del Instituto Nacional de Previsión para asuntos sociales. Maura también planteó la Ley de Administración Local como un primer paso hacia el autogobierno regional, aunque no fue aprobada. Sin embargo, su proyecto enfrentó obstáculos debido al creciente anticlericalismo en Barcelona, la falta de organización del movimiento obrero, el radicalismo republicano liderado por Lerroux y el aumento del antimilitarismo después de la Ley de Jurisdicciones.
En Marruecos, la presencia española generó resistencia entre la población local, especialmente en el Rif, donde se produjeron ataques contra las obras del ferrocarril en Melilla. Esto llevó a la movilización de reservistas en Madrid y Barcelona por parte del gobierno, lo que provocó una reacción popular debido al recuerdo del Desastre del 98 y al injusto reclutamiento. La situación culminó en el Desastre del Barranco del Lobo. El 26 de julio de 1909, estalló una huelga en Barcelona conocida como la Semana Trágica, en la que la población asaltó conventos y se produjeron enfrentamientos entre huelguistas y la policía. La ciudad quedó aislada hasta que la tensión remitió el 29 de julio, pero dejó más de 100 muertos, 300 heridos y unos 80 edificios destruidos. La represión incluyó la ejecución de Francisco Ferrer i Guardia, fundador de la Escuela Moderna, debido al clamor popular nacional e internacional.
En octubre de 1909, Moret y Canalejas anunciaron la ruptura entre el Partido Liberal y el Conservador, desencadenando un boicot al gobierno. Maura perdió la confianza del rey, quien encargó a Moret formar un nuevo gobierno. Canalejas, el principal líder del Partido Liberal, lideró el gobierno desde 1910 hasta 1912, durante el cual promovió reformas como la «Ley del Candado«, que reforzaba el poder civil sin afectar a la Iglesia, y la Ley de Mancomunidades para abordar el regionalismo. El asesinato de Canalejas en 1912 dividió al partido Liberal entre los partidarios de García Prieto y Romanones. Esta división se asemeja a la del Partido Conservador entre Dato y De la Cierva en 1913. Tras la muerte de Canalejas, comenzó una etapa de crisis continua en el régimen.
El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) coincidió con la crisis del sistema canovista por las transformaciones socioeconómicas, sumado a problemas exteriores que favorecieron la crisis de 1923.
Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, el gobierno español de Dato declaró la neutralidad, aunque hubo tensiones entre aliadófilos y germanófilos. La economía española se vio beneficiada por la exportación de productos agrícolas e industriales a países en guerra, generando superávit comercial entre 1915 y 1919. Esto impulsó el crecimiento industrial, la consolidación bancaria y el enriquecimiento de comerciantes e intermediarios, mientras los salarios no lograron mantener el ritmo de la inflación. Este desequilibrio económico aumentó la conflictividad social, culminando en tensiones en 1917. El fraccionamiento y desprestigio de los partidos dinásticos, el reparto desigual de la riqueza y una grave crisis económica llevaron en 1917 a una crisis definitiva. Hubo tres manifestaciones con clara intención de derrocar al gobierno:
Durante el último periodo de la Restauración en España (1918-1923), el país se enfrentó a una crisis social, política y económica que culminó en un golpe de Estado. Esta crisis se reflejó en la sucesión de once gobiernos de concentración, marcados por difíciles equilibrios políticos y sin una solución clara. Tras la Primera Guerra Mundial, la crisis económica se intensificó con la disminución de la producción y el aumento del desempleo, exacerbando la conflictividad social y las huelgas. La epidemia de gripe, que mató a 230.000 personas, contribuyó a aumentar las tensiones sociales. Esto impulsó la actividad de sindicatos y partidos obreros en su lucha por la emancipación social, surgiendo el «Trienio Bolchevique«. En 1918, los jornaleros andaluces protagonizaron una revuelta que se extendió por otras zonas urbanas, como Barcelona, donde la huelga contra «La Canadiense» el 1 de febrero desencadenó una violenta represión por parte de las autoridades. Este conflicto entre huelguistas y empresarios se intensificó, dando lugar a violencia y represalias. En 1921, las autoridades se sumaron a las represalias con la «Ley de Fugas«, mientras que los anarquistas respondieron con el asesinato de políticos prominentes como Dato y Seguí en 1921 y 1923, respectivamente. Además, la situación política y social se tornó cada vez más tensa, lo que finalmente desembocó en el golpe de Estado de 1923 y el establecimiento de una dictadura militar liderada por Miguel Primo de Rivera. Esta dictadura eliminó todos los partidos políticos y, en abril de 1924, Primo de Rivera creó un nuevo partido siguiendo el modelo del partido Fascista Italiano, la Unión Patriótica.
Después del reparto de África en la Conferencia de Algeciras en 1906, Marruecos fue dividido en un protectorado controlado por Francia y España, abarcando este último la franja norte montañosa. Esta división provocó conflictos con la población autóctona, especialmente las cabilas rifeñas, lo que resultó en importantes reveses para el ejército español. En 1919, bajo el mando de Dámaso Berenguer, se intensificaron las acciones en el protectorado, enfrentándose a cabilas cada vez más hostiles. La situación se vio agravada por la incompetencia, la corrupción y las tensiones entre africanistas y peninsulares. En 1921, Abd-el-Krim unió a las cabilas del Rif y lideró el movimiento anticolonial, culminando en el «Desastre de Annual«, donde el ejército español sufrió una derrota humillante. Aunque Berenguer logró recuperar algunas posiciones, el desastre desencadenó la creación de la comisión militar Expediente Picasso para investigar las irregularidades y la negligencia, aunque no hubo consecuencias políticas o penales. Antes de que se dictaminara, Primo de Rivera dio un golpe de Estado en septiembre de 1923, instaurando una dictadura militar y disolviendo todos los partidos políticos. En abril de 1924, Primo de Rivera estableció el partido Unión Patriótica, siguiendo el modelo del partido Fascista Italiano.
La gran cantidad de problemas que afectaban al régimen de la Restauración aumentaron debido a las consecuencias socioeconómicas de la Primera Guerra Mundial, el estallido de la crisis de 1917, la inestabilidad social del Trienio Bolchevique y los problemas asociados a la presencia española en Marruecos. Las circunstancias que llevaron a la dictadura fueron varias:
En abril de 1923, un gobierno militar dirigido por García Prieto propuso una reforma de la Constitución. Para frenar este proyecto, un grupo de militares decidió dar un golpe de Estado para instaurar un gobierno fuerte, el cual sería dirigido por Miguel Primo de Rivera. El golpe tuvo lugar el 13 de septiembre de ese año y pronto contó con la connivencia del rey y el apoyo de la extrema derecha. Este nuevo régimen se presentó al país a través de un Manifiesto, prometiendo mejorar la situación nacional. Las primeras medidas que se tomaron fueron de una dictadura inflexible. Primo de Rivera fue nombrado ministro único, el cual tenía un Directorio Militar, y por tanto prohibió y destituyó a todos los cargos electos, sustituyéndolos por mandos militares. También disolvió el Congreso y la parte efectiva del Senado, por lo que el poder legislativo quedó eliminado. Se estableció una censura a la prensa para eliminar cualquier crítica hacia la dictadura. En definitiva, la acción política en estos dos años se basó en acabar con los viejos partidos de la Restauración y el régimen parlamentario. La victoria en Marruecos colocó a Primo de Rivera en la cumbre de su prestigio: le reconcilió con los militares africanistas, elevó su popularidad y le permitió renovar el apoyo de la oligarquía, que podía volver a invertir con tranquilidad en el protectorado.
En diciembre de 1925, Primo de Rivera propuso al rey la sustitución del Directorio Militar por un gobierno o Directorio Civil. En el nuevo Gobierno solo permanecía un militar: Martínez Anido, en Gobernación. El ejército retornaba a los cuarteles aunque permanecían suspendidas la Constitución y las libertades. En 1927 se convocó una Asamblea Nacional Consultiva, la cual se encargó de la elaboración de una nueva constitución. En 1929 se presentó el proyecto, el cual no convenció a nadie. Al final, la Asamblea Nacional y la Unión Patriótica terminaron siendo un fracaso. Los años de la dictadura fueron, en su conjunto, años de crecimiento económico. Aunque también existían indicadores negativos como el bajo poder adquisitivo de los agricultores (no se afrontó una reforma agraria) que perjudicaba a la industria, o el recurso a la emisión descontrolada de deuda para pagar las infraestructuras. A pesar del prestigio que tenía la dictadura por el crecimiento económico, esta no tenía el apoyo ni de republicanos, ni de los partidos del turno, e incluso dentro del ejército. Por tanto, el 28 de enero de 1930, el dictador presentó su dimisión al rey.
Tras la dimisión del dictador, se pretendió volver al mismo sistema político y constitución anterior, dando lugar a la Dictablanda. En el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), las fuerzas republicanas y catalanistas se pusieron de acuerdo en la necesidad de instaurar un régimen republicano, abrir un proceso constituyente y dotar a Cataluña de un estatuto de autonomía. Pero era necesaria la participación de las fuerzas de izquierdas para lograr los objetivos. Solo después de un largo debate interno, el PSOE y la UGT se sumaron al Pacto en octubre de 1930. Sin embargo, el 12 de diciembre de 1930, tres días antes de lo previsto, se produjo el pronunciamiento del acuartelamiento de Jaca, que fue reprimido violentamente. El 15 de diciembre de 1930, solo se produjo un tímido levantamiento, también fracasado. Se intentó crear también un partido monárquico, pero solo los partidos más conservadores apoyaban a Alfonso XIII. Este nombró entonces, el 12 de abril de 1931, un nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar. A partir de ahí, se volvieron a convocar elecciones, empezando por las municipales y terminando en las generales. Esto llevó a que la mayoría de votos en las elecciones municipales fueran para el partido republicano y, por tanto, a la caída de la monarquía.