Portada » Historia » El Régimen Franquista: Fundamentos, Evolución y Crisis de la Dictadura en España (1939-1975)
La victoria en la Guerra Civil permitió a Franco establecer durante casi cuatro décadas una dictadura personal, un régimen que supo adaptarse a distintas circunstancias y que se mantuvo hasta la muerte del Generalísimo. Aunque su duración hace difícil una definición única de la etapa, puede afirmarse que en todo instante Franco se apoyó en distintos sectores del bloque dominante, lo que no evitó enfrentamientos entre las llamadas «familias» que lo integraban, siempre sujetas a la dirección del Caudillo. Esto ayuda a explicar que, fallecido aquél, fuera imposible la pervivencia del sistema, iniciándose el proceso democratizador que los tiempos y la sociedad española requerían.
Las llamadas «familias», institucionalizadas o no, coincidían en lazos ideológicos comunes que incluían una visión compartida ante la necesidad del alzamiento militar de 1936, la desconfianza hacia los sistemas políticos de izquierdas, el autoritarismo, la lealtad a Franco o un acendrado catolicismo.
Dentro del régimen hubo también «familias» no institucionalizadas, integradas por elementos que mantenían principios ideológicos compartidos. Así destacan:
En cuanto a su ideología, el Franquismo se cimentó en principios como:
El entramado legal del régimen se sustentó en las denominadas Leyes Fundamentales, entre las que destacan:
En 1939, en una España destrozada por los efectos de la Guerra Civil y dividida entre vencedores y vencidos, comienza un proceso de reafirmación del carácter autoritario del régimen, a la vez que se consolidan las alianzas internacionales con las naciones que habían ayudado a Franco en la contienda. Las cartillas de racionamiento eran el ejemplo de una escasez paralela a una intensa persecución de los derrotados, con miles de españoles depurados, encarcelados e incluso ejecutados en aplicación de la dura Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. Pero las derrotas del Eje cambiaron la política española, que pretendió un progresivo distanciamiento que, sin embargo, no daría fruto, pues en la Conferencia de Yalta (febrero de 1945) ya se advirtió un aislamiento internacional por la anterior vinculación con las potencias totalitarias.
En otro orden de cosas, a lo largo de los años 40, el Movimiento Nacional, liderado por miembros de la Falange, despliega por toda España sus organizaciones, aunque nunca gozó del poder omnímodo de los partidos únicos en los regímenes totalitarios, dado el ascendiente de otros grupos como el Ejército, la Iglesia y los grandes empresarios. Finalizaremos este breve repaso señalando el duro control sobre cualquier oposición interior, como la actividad del maquis, con la estricta aplicación de normas como la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) o la Ley de Seguridad del Estado (1941). En el exterior, se constituyó en México el gobierno de la República en el exilio, presidido por Martínez Barrio. También debemos constatar el alejamiento temporal de los donjuanistas tras la publicación del Manifiesto de Lausana en 1945.
Tras la Segunda Guerra Mundial, España debe soportar un aislamiento internacional auspiciado desde la recién creada ONU. Pero desde 1947, con el inicio de la Guerra Fría, esta situación cambia paulatinamente, como muestran los acuerdos económicos firmados ese año con Estados Unidos, la visita a España de Eva Duarte de Perón o la reapertura de embajadas cerradas a la conclusión del conflicto. Franco colaboró a este cambio impulsando una aparente liberación del régimen. En estos años se desarrolla la «democracia orgánica», se aprueban el Fuero de los Españoles, la Ley de Enseñanza Primaria, la de supresión del saludo fascista o las Leyes de Cortes, Referéndum y Sucesión a la Jefatura del Estado. Además, se deja la política exterior en manos de políticos próximos a la democracia cristiana, entonces triunfante en Europa Occidental (el ministro de Exteriores fue el presidente de Acción Católica, Alberto Martín Artajo).
Esta línea continuaba con el nuevo gobierno de 1951, al que se incorporaban ministros de talante más aperturista, como el de Comercio, Manuel Arburúa, o el de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez. Será ahora cuando el fin del aislamiento internacional consolide la España franquista, iniciándose la apertura al exterior y la liberalización económica que permitirá un notable crecimiento industrial, si bien hacia 1956 podemos constatar problemas que frenan esta recuperación y una intensificación de la oposición al régimen. El ingreso en varios de sus organismos preludiará la admisión de España en la ONU en 1955. Además, el Vaticano reconoce una vez más al régimen de Franco con el Concordato de 1953, año en el que también se firman los convenios de defensa y ayuda económica con los Estados Unidos.
A lo largo de los años 50, va a cambiar la estructura económica: el sector industrial desplaza al agrícola en el primer lugar del PIB, y las rentas nacional y per cápita ascienden notablemente. Aunque en 1956 el panorama se ensombrece por el aumento de los precios, el déficit de la balanza de pagos o el agotamiento de las divisas, con lo que resurge la conflictividad social. En cuanto a la oposición, tras fallidos intentos de coordinación como el Pacto de San Juan de Luz (1948), las relaciones con los monárquicos mejoran con los acuerdos adoptados entre Franco y don Juan sobre el futuro del príncipe Juan Carlos. El PCE pierde bastante de su capacidad de actuación hasta su reorganización en el Congreso de Praga de 1954. En el interior, se aprecia la aparición de una nueva oposición articulada a través de medios obreros católicos como la HOAC y la JOC, los sindicatos oficiales en los que se han infiltrado elementos antifranquistas, y en los ambientes intelectuales y universitarios favorecidos por el aperturismo propiciado por Ruiz-Giménez.
En la década de los 60, el desarrollo económico será el argumento utilizado por el régimen para su legitimación, ahogando a una oposición cada vez más amplia, pero todavía muy débil, y procurando en todo momento la integración europea. En efecto, los años 60 se caracterizan por un gran crecimiento económico, motivado por el cambio de directrices adoptado por el nuevo gobierno de 1957 e impulsado por los llamados «tecnócratas», defensores de planteamientos económicos más liberales entre los que sobresale Laureano López Rodó. Tras distintas medidas de saneamiento como la apertura al capital extranjero, la reforma fiscal o la elevación de los tipos de interés para frenar la subida de los precios y controlar la inflación, en julio de 1959 se aprueba el Plan de Estabilización, base del «milagro español» de estos años. Sus medidas permiten la modernización económica, acercándose a las de las naciones europeas desarrolladas y creciendo a un ritmo anual medio del 7%, el segundo más alto del mundo tras Japón.
Aunque con sombras evidentes, esta mejora del nivel de vida de los españoles acarreó hondos cambios sociales y culturales, conformando una sociedad más moderna, urbana y abierta. A este cambio también contribuyen los influjos que vienen del extranjero a través del turismo y de los medios de comunicación, en especial la televisión, que había comenzado sus emisiones en España en 1956. A pesar de todo, en el ámbito político los sectores inmovilistas se mantenían con fuerza, como prueba, por ejemplo, la creación en 1963 del Tribunal de Orden Público (TOP). De hecho, los círculos inmovilistas se consolidan con el nombramiento de Carrero Blanco como Vicepresidente en septiembre de 1967. En los últimos años 60, se incrementan la conflictividad social y las tensiones en la universidad, a la vez que en agosto de 1968 ETA comete sus primeros atentados. La etapa se cerraba con el nombramiento en julio de 1969 del príncipe don Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey. Cabe señalar que también en esta etapa se inscribe un hecho dramático, como fue el fusilamiento en 1963 de Julián Grimau.
Al iniciarse los años 70, España es un país de economía próxima a la de los países europeos desarrollados, pero que padece grandes desequilibrios internos. Al estallar en 1973 la crisis económica internacional, no estará en condiciones de afrontarla, originándose un descenso del nivel de vida y de la capacidad adquisitiva de los españoles. Aperturismo e inmovilismo se darán la mano en el gobierno nombrado en octubre de 1969, en el que el hombre fuerte es Carrero Blanco, pero en el que se integran políticos de talante bien diferente, como Torcuato Fernández Miranda o Enrique García Ramal. En junio de 1973, Franco designa por primera vez a un Presidente de Gobierno, Carrero Blanco, quien significaba para el Caudillo una garantía de estabilidad de cara al futuro. Sin embargo, todo quedará frustrado tras su muerte en un atentado de ETA el 20 de diciembre de 1973, justo el mismo día en el que se iniciaba el Proceso 1001 contra dirigentes de Comisiones Obreras.
Muerto Carrero, el Generalísimo se inclinará por las facciones más derechistas nombrando Presidente a Arias Navarro. Aunque el contenido aperturista de su primer discurso dio origen al llamado «espíritu del 12 de febrero», sucesos como el caso Añoveros o la ejecución el 2 de marzo de 1974 de Puig Antich señalaron la inmovilidad del sistema y la consolidación del «búnker». La precaria salud del dictador coincide con la paulatina descomposición del régimen. Si a nivel internacional la Marcha Verde es determinante para la retirada española de sus dominios en el Sáhara, en el interior ETA sigue golpeando con fuerza, sumándose a sus acciones las de otros grupos como el FRAP y el GRAPO. El 21 de octubre de 1975, las autoridades reconocían la grave enfermedad de Franco, y don Juan Carlos asumía la Jefatura del Estado. Inmediatamente, con este en el trono y los restos del Generalísimo descansando ya en el Valle de los Caídos, comenzaría la transición española.