Portada » Historia » El Régimen de Franco y la Transición Española: Ideología, Economía y Constitución de 1978
El régimen franquista se sustentó en la figura del Caudillo, concentrando los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Los grupos que lo apoyaron coincidían en varios puntos fundamentales:
Crecieron durante la Guerra Civil tras la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Se fusionaron con los tradicionalistas, pero perdieron identidad tras las derrotas iniciales de la Segunda Guerra Mundial.
Franco ostentaba la Jefatura política y militar, siendo el Generalísimo. Inicialmente, el Gobierno se estableció en Burgos, asesorado por la Junta Técnica del Estado.
El régimen era autoritario, nacionalista y católico. Se apoyaba en el Ejército (defensa), la Religión y el Anticomunismo.
El régimen promovió la Democracia Orgánica, un sistema de propaganda que, con el tiempo, sustituyó la influencia falangista por la católica. Su objetivo era presentar una organización política con la apariencia de un Estado de Derecho.
La representatividad no se basaba en partidos políticos, sino en las «unidades naturales»: Familia, Municipio y Sindicato. España se definía como una Monarquía católica, social y representativa.
Estas leyes actuaban como la «constitución» del régimen:
El Movimiento Nacional controlaba el aparato productivo a través del Sindicato Vertical, que agrupaba a empresarios y trabajadores.
La crisis final del régimen se gestó a partir de varias contradicciones sociales y políticas, agravadas por la decadencia física del dictador.
Los años 70 se caracterizaron por el aumento del paro, el retorno de emigrantes y la inestabilidad laboral. Los conflictos huelguísticos se intensificaron. Aunque se utilizaba la estructura del Sindicato Vertical, surgieron representantes clandestinos, destacando la aparición de Comisiones Obreras (CCOO), cuyos cargos en el Sindicato Vertical eran controlados por trabajadores afines a la oposición.
Se intensificó el debate sobre la continuidad del régimen entre aperturistas e inmovilistas.
Tras la hospitalización de Franco, Juan Carlos de Borbón asumió brevemente el poder. Al recuperarse Franco, se incrementó la represión. Se declaró el Estado de Excepción en Gipuzkoa y Bizkaia durante tres meses. Los problemas de orden público incluyeron la actividad de grupos como los «Guerrilleros de Cristo Rey».
La oposición se unió en dos grandes sectores: la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia. Se juzgó a 12 condenados a muerte, de los cuales cinco fueron fusilados, generando una fuerte condena internacional.
Marruecos, bajo el rey Hassan II, reclamó el Sáhara Occidental. Marruecos y Mauritania se enfrentaron al Frente Polisario (que proclamó la República Árabe Saharaui Democrática).
Franco muere en noviembre de 1975.
Inicialmente, España mantuvo una neutralidad (1939-1940), aunque con claras simpatías hacia Alemania e Italia (permitiendo espías y el suministro de minerales desde puertos españoles). Posteriormente, pasó a la no beligerancia (Entrevista de Hendaya, 1940).
Cuando Alemania invadió la URSS, Franco envió la División Azul. Tras el cambio de signo de la guerra, el régimen volvió a la neutralidad y retiró la División Azul.
El régimen fue excluido de organismos internacionales (no se incorporó a la ONU). Franco promulgó leyes para organizar el Estado y las relaciones laborales (Fuero del Trabajo, de carácter paternalista y disciplinado, que abolía sindicatos y el derecho de huelga).
Se promulgaron la Ley Constitutiva de las Cortes (Cortes orgánicas y deliberantes), el Fuero de los Españoles, la Ley del Referéndum y la Ley de Sucesión.
El fin del aislamiento fue favorecido por la Guerra Fría, donde España se convirtió en un aliado estratégico contra el comunismo.
La Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (1958) estableció las bases no democráticas del régimen, rechazando la actividad sindical o política ajena al Movimiento.
Se produjo una moderada apertura del régimen, impulsada por el desarrollo de infraestructuras turísticas y una ligera liberación de la información periodística.
Los falangistas perdieron poder en favor de la Familia y los tecnócratas del Opus Dei.
Franco designó a Juan Carlos de Borbón como sucesor. Se produjo el asesinato de Carrero Blanco, la Revolución de los Claveles y los fusilamientos de miembros de ETA y el FRAP, que generaron protestas internacionales, mientras la salud de Franco se deterioraba.
El objetivo era convertir a España en un país autosuficiente en materia económica, reduciendo las importaciones y controlando la economía (precios y salarios). Se nacionalizaron empresas (como Telefónica) y se creó RENFE.
Las condiciones de vida empeoraron, caracterizadas por el racionamiento, el aumento de los intereses y el auge del estraperlo (mercado negro).
El fracaso de la autarquía obligó a un cambio de gobierno y de política económica, buscando la apertura hacia el exterior y el crecimiento económico.
Este plan marcó el inicio del Desarrollismo. Sus medidas principales fueron:
El resultado fue un crecimiento económico masivo, conocido como el Milagro Español. Sin embargo, España pasó a depender del exterior, generando un déficit en la balanza de pagos, compensado en parte por la entrada masiva de turistas y las remesas de emigrantes.
Impulsados por López Rodó, estos planes (cuadrienales) buscaban crear polos de desarrollo para potenciar sectores clave (químico, metalúrgico, mecánico y automovilístico).
Se produjo un intenso proceso migratorio del campo a la ciudad y la emigración a países de Europa Occidental.
La fase de crecimiento terminó con la Crisis del Petróleo (1973).
Los republicanos exiliados tuvieron éxito en Francia e Hispanoamérica. En el interior, la represión fue brutal (Ley de Responsabilidades Políticas, acusación de rebelión militar). Se desarticuló todo intento de oposición.
El PCE (Partido Comunista de España) organizó la guerrilla (los Maquis), que fueron capturados y exterminados.
En el exilio, Don Juan de Borbón emitió el Manifiesto de Lausana (1945), distanciándose de Franco.
Se produjo una tímida apertura cultural e ideológica de tinte liberal (por ejemplo, con el ministro Joaquín Ruiz-Giménez). Surgió un germen de oposición en la universidad.
El movimiento sindical clandestino se organizó a través de asociaciones católicas dentro de los sindicatos verticales. Santiago Carrillo (PCE) renovó la estrategia, creando una red de activistas en el interior.
La Iglesia se distanció del régimen tras el ascenso del Papa Juan XXIII y la renovación del Concilio Vaticano II. Obispos y sacerdotes comenzaron a criticar la falta de libertades.
Aumentaron las tensiones nacionalistas (ejemplo: detención de Jordi Pujol).
El Contubernio de Múnich (1962), donde 118 españoles se reunieron para debatir la democracia, provocó una dura respuesta del Gobierno.
El aumento de las huelgas, a pesar de la falta de libertades, obligó a José Solís a abrir un margen de negociación (elección de jurados y enlaces sindicales). Comisiones Obreras (CCOO) nació aprovechando estos enlaces sindicales.
La oposición creció en las universidades. Se creó el Tribunal de Orden Público (TOP) para juzgar delitos políticos.
El Proceso de Burgos (1970), donde nueve miembros de ETA fueron condenados a muerte (luego conmutadas), visibilizó la oposición armada.
La represión aumentó, pero también el distanciamiento de la Iglesia (Tarancón, Añoveros). Tras el asesinato de Carrero Blanco, la oposición se organizó formalmente:
Las reticencias de Arias Navarro eran un obstáculo para la reforma. El Rey Juan Carlos I provocó su dimisión. Adolfo Suárez fue nombrado presidente preconstitucional, iniciando contactos con la oposición y enfrentándose al dilema entre Monarquía y República.
Las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política (LRP), que fue aprobada en referéndum (con un 94% de votos a favor). Esto permitió la «ruptura pactada» con el régimen anterior y la elección de unas nuevas Cortes por sufragio universal directo.
Los contactos con la oposición dieron sus frutos. Suárez implementó medidas cruciales:
La Transición se desarrolló bajo máxima tensión debido al terrorismo de ETA y el GRAPO (ej. secuestro del Teniente General Villaescusa, asesinato de policías y guardias civiles). La Matanza de Atocha (1977) fue un punto crítico.
El Gobierno mantuvo contactos discretos con líderes de la oposición, como Santiago Carrillo.
Tras la legalización de los partidos, se celebraron las primeras elecciones democráticas. Los resultados principales fueron:
También obtuvieron representación los partidos nacionalistas.
El Rey encomendó a Adolfo Suárez la tarea de paliar la recesión económica. Se firmaron los Pactos de la Moncloa entre partidos políticos, sindicatos, patronal y Gobierno.
La izquierda moderó la presión sindical a cambio de:
Se implementó la contención salarial, lo que disminuyó la inflación y aumentó la reserva de divisas. Las empresas obtuvieron beneficios, pero el paro creció.
Una vez elegidas las Cortes democráticas, sus representantes se convirtieron en Cortes Constituyentes para elaborar la nueva Constitución.
Se formó una comisión (la Ponencia Constitucional) compuesta por siete miembros de los diferentes grupos parlamentarios (los «Padres de la Constitución»). El proyecto resultante fue un documento extenso, elaborado y duradero, basado en el consenso generalizado.
La composición de la Ponencia fue:
El texto fue aprobado en referéndum. La izquierda renunció a la República, y la derecha aceptó la democracia y el sistema de autonomías. Los catalanes aceptaron el concepto de nacionalidad.
La Constitución de 1978 establece:
El Rey es el Jefe del Estado, ostenta el mando militar y actúa como poder moderador.
Es bicameral (Congreso y Senado), elegido por sufragio universal directo. Controla al Gobierno y le exige responsabilidades.
Dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y la defensa del Estado. Responde ante el Congreso. El Presidente es nombrado por el Rey, previa elección por los diputados.
Compuesto por jueces y magistrados vitalicios (Tribunal Supremo). Se crean órganos de control como el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
España se reconoce como un Estado autonómico, compuesto por 17 Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, reconociendo la existencia de algunas nacionalidades históricas.
