Derechos Fundamentales: Examen 2 (Artículos 17 a 28 CE)

Este documento resume los aspectos clave de varios derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española (CE), centrándose en la libertad y seguridad personal, la intimidad, las comunicaciones, la protección de datos, y los derechos de reunión, asociación y huelga.

Artículo 17: Libertad y Seguridad Personal

6.1. Libertad y seguridad personal

El artículo 17 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la libertad personal, entendido no como una libertad abstracta, sino como el derecho a no ser privado de libertad salvo en los casos y en la forma previstos en la ley.

Este derecho está estrechamente vinculado con la libertad deambulatoria del artículo 19 CE, que protege el derecho a circular y residir libremente.

El Código Penal tiene carácter de Ley Orgánica no por regular la jurisdicción penal, sino porque regula penas privativas de libertad, afectando directamente a un derecho fundamental.

6.2. Detención preventiva, prisión provisional y procedimiento de habeas corpus

El artículo 17 CE contempla las formas constitucionalmente legítimas de privación de libertad. Para el Tribunal Constitucional (TC), estas son tres:

1. Detención preventiva
2. Prisión provisional
3. Prisión tras sentencia judicial firme

Sin perjuicio de otras situaciones de privación de libertad, como:

• El internamiento en centros sanitarios, psiquiátricos o CIE, que también exigen control judicial.

A) Detención preventiva

La Constitución establece:

“La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en un máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial”. REALIZADA POR LAS AUTORIDADES POLICIALES

Límites temporales:

• Debe durar solo el tiempo estrictamente necesario.
• En ningún caso puede superar las 72 horas.
• El TEDH considera este plazo conforme al Convenio Europeo si está debidamente justificado y no se prolonga indebidamente.

Detenciones en alta mar:

En los supuestos en los que existe imposibilidad material de entregar al detenido al juez en 72 horas (por ejemplo, en detenciones en alta mar), el TC ha considerado que se cumple la garantía si existe un control judicial efectivo por medios técnicos (teléfono, radio, videoconferencia).

Derechos de la persona detenida

La LECrim reconoce al detenido los siguientes derechos:

• A ser informado del motivo de su detención y de sus derechos.
• Información clara, comprensible y adecuada a sus circunstancias.
• Derecho a intérprete si no comprende el castellano.
  • 📌 El Tribunal Constitucional ha reconocido que incluso ciudadanos españoles que no dominan el castellano tienen derecho a intérprete si hablan otra lengua cooficial.
• Derecho a no declarar o a declarar solo ante el juez.
• Derecho a la asistencia letrada desde el inicio.

Detención incomunicada vs Derecho a la asistencia letrada

En casos excepcionales (como terrorismo):

• Puede denegarse la libre designación de abogado, pero el TEDH exige una motivación rigurosa.
• Debe asegurarse la entrevista reservada con el letrado designado de oficio.
• Se puede interrumpir la comunicación telefónica si hay riesgo de:
  • Destrucción de pruebas
  • Aviso a terceros

EL INCUMPLIMIENTO DE TODOS ESTOS DERECHOS PUEDE LLEVAR A LA SOLICITUD DE UN PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS

B) Prisión provisional

Es una medida ACORDADA EXCLUSIVAMENTE POR JUEZ.

Finalidades:

• Asegurar la presencia del acusado en el proceso.
• Evitar su fuga.
• Evitar destrucción de pruebas.
• Evitar reiteración delictiva.

❌ La alarma social por sí sola no es motivo suficiente.

Debe ser:

• Excepcional.
• Proporcionada.
• Motivada.

En este sentido, en caso de que el Juez pueda recurrir a medidas menos lesivas que aseguren el cumplimiento de las FINALIDADES, se deberá optar por estas medidas menos lesivas.

Las prórrogas deben basarse en circunstancias nuevas y actuales.
Si desaparecen los motivos, debe decretarse la libertad.

C) Prisión tras sentencia

Es una pena impuesta tras sentencia firme.

📌 El habeas corpus no queda cerrado en estos casos y se pueden dar estas dos situaciones:

1. Cuando no existe decreto judicial previo de privación de libertad.
2. Cuando se cumple condena en un centro no adecuado legalmente.

PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS

Es un procedimiento rápido y sencillo para controlar la legalidad de cualquier privación de libertad.

Se aplica a los siguientes supuestos:

1. Las que fueren detenidas por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.
2. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
3. Las que estuvieran detenidas por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
4. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.

El Juez competente será:

• El del lugar donde se HALLE el detenido.
• En su defecto, el del lugar donde se PRODUJO la detención.
• En su defecto, el del lugar donde se TUVIERON las últimas noticias del detenido.

• En casos de art. 55 CE → Juez Central de Instrucción.
• En ámbito militar → Juez Togado Militar.

Pueden INSTARLO:

• El detenido o sus familiares.
• El Ministerio Fiscal.
• El Defensor del Pueblo.
• El abogado del detenido (según jurisprudencia TC).

Puede INICIARLO

• El juez, de oficio.

El juez debe oír siempre al DETENIDO. Si no lo hace, puede ser causa de recurso ante el TC.

El juez puede, oído el detenido y las personas bajo cuya custodia esté:

• Archivar si considera legal la detención.
• Ordenar la libertad inmediata.
• Cambiar el lugar o responsables de custodia.
• Ponerlo a disposición judicial.

El habeas corpus también se admite:

✅ En prisión provisional

✅ Durante el cumplimiento de condena

✅ En supuestos de identificación irregular

6.3. Identificación policial (LO 4/2015)

Las identificaciones no pueden realizarse arbitrariamente.

Debe existir:

✔️ Motivo fundado de PREVENCIÓN de delito o infracción.

✔️ Intento previo de IDENTIFICACIÓN telemática o telefónica.

Si no es posible:

👉 La persona podrá ser conducida a CUALQUIER dependencia policial donde se disponga de los medios.

• 🔹 Límite máximo: 6 horas (incluido desplazamiento).
• 🔹 Si deriva en una detención, ese tiempo se descuenta de las 72 horas.
• 🔹 En estos casos también procede el habeas corpus.

6.4. Internamientos

También son supuestos de privación de libertad:

• Internamientos en centros psiquiátricos o sanitarios.
  • En urgencias psiquiátricas, el juez debe ratificar en máx. 24 horas.
• Centros de Internamiento de Extranjeros (máx. 60 días).

Todos requieren:

✔️ Autorización judicial.

❌ No basta solo un informe médico.

Artículo 18: Esfera Personal y Privada

El artículo 18 protege la esfera personal y privada del individuo mediante cuatro grandes bloques:

1. Honor, intimidad y propia imagen (art. 18.1).
2. Inviolabilidad del domicilio (art. 18.2).
3. Secreto de las comunicaciones (art. 18.3).
4. Protección de datos personales (art. 18.4).

El CEDH agrupa estos derechos en el art. 8 (vida privada y familiar, domicilio y correspondencia), que el TEDH usa de forma amplia como referencia para reforzar estos derechos.

1. Honor, Intimidad y Propia Imagen (Art. 18.1)

A) Derecho al honor

• Protege la buena reputación y la estima personal. Solo aplicable a personas vivas.
• Se vulnera cuando hay expresiones o imputaciones que menoscaban gravemente esa reputación.
• Se protege:
  • Penalmente (injurias, calumnias) en los casos más graves.
  • Civilmente (los insultos) en el resto.
• La valoración del daño depende de:
  • Tiempo,
  • Contexto,
  • Medio de difusión.
• Personas jurídicas:
  • Públicas: en general no titulares de derecho fundamental al honor.
  • Privadas: sí pueden ser titulares cuando el daño trasciende de lo puramente ECONÓMICO.
• Personas públicas (políticos, famosos):
  • Mayor tolerancia a la crítica, sobre todo sobre su actividad pública o profesional. Sobre todo cuando hay cuestiones exclusivamente económicas como considera el TC.
• Posibilidad de RECURSO PREFERENTE Y SUMARIO para la protección civil del derecho

B) Derecho a la intimidad personal y familiar

• Reconoce un ámbito privado ajeno al conocimiento de terceros.
• El alcance varía según:
  • Tipo de persona (famoso, cargo público, persona anónima).
  • Grado de exposición pública.
• La jurisprudencia distingue:
  • Criterio subjetivo/formal: cada persona fija qué considera íntimo.
  • Criterio objetivo/material: existen núcleos de intimidad siempre protegidos (salud, datos personales especialmente sensibles, etc.).
• Se busca equilibrio entre:
  • Intimidad
  • Libertad de expresión
  • Libertad de información
• Especial protección:
  • Menores y personas con discapacidad.
  • Intervención relevante del Ministerio Fiscal en su protección.
• Videovigilancia:
  • Permitida con límites y garantías (información, finalidad, proporcionalidad).
  • Restringida en ámbitos especialmente sensibles (baños, vestuarios, etc.).
  • Afecta principalmente al derecho a la intimidad y a la propia imagen.

C) Derecho a la propia imagen

• Derecho a controlar la captación, reproducción y difusión de la imagen y otros rasgos identificativos (incluida la voz).
• La afectación depende de:
  • Quién es la persona (pública o anónima).
  • Dónde se toman las imágenes (espacio público o privado).
  • Finalidad (informativa, comercial, etc.).
• Personas con notoriedad pública:
  • El TC establece mayor protección de su imagen en actos privados que en el ejercicio de su profesión.
  • Necesidad de consentimiento para usos ajenos a ese ámbito.
• Consentimiento:
  • Excluye, en principio, la intromisión ilegítima.
  • Es revocable, aunque puede generar obligaciones indemnizatorias si existía contrato.
• Caricaturas y apariciones accidentales:
  • Admitidas si respetan los usos sociales y no implican ataque desproporcionado.

2. Inviolabilidad del Domicilio (Art. 18.2)

• Garantía formal que protege el espacio donde se desarrolla la intimidad, con independencia de lo que ocurra dentro.
• El Tribunal Constitucional entiende como domicilio:
  • Lugares donde efectivamente se desarrolla la vida privada, no solo la vivienda habitual.
  • Salvo las Celdas
• Domicilio compartido:
  • En pisos compartidos (alquiler de habitación), el consentimiento de un compañero no vale para la habitación privada del otro, ni para las zonas comunes.
  • Caso diferente es con parejas que sí valdría. Salvo oposición. Menores NO.
• También se reconoce a:
  • Personas jurídicas: domicilio es el lugar donde se desarrolla su actividad principal o donde se ubica su centro de operaciones y documentación, con especial cautela en despachos profesionales con datos sensibles (abogados, médicos, etc.).
    • Reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
    • NO por el TJUE

Supuestos en los que se puede entrar en domicilio:

1. Consentimiento del titular o morador.
2. Resolución judicial (penal, civil, contencioso-administrativa, etc.).
3. Flagrante delito (REQUISITOS de inmediatez temporal y personal).
4. Datos y Hacienda: Los datos bancarios están protegidos, salvo para personas públicas frente a Hacienda.
5. La ley 4/2015 admite entrada en casos de extrema y urgente necesidad (catástrofes, ruina inminente, grave riesgo para personas, etc.).

Requisitos de la resolución judicial:

• Motivación suficiente.
• Determinación del alcance (dependencias, personas autorizadas, finalidad).
• Limitación temporal adecuada.

El TEDH, aplicando el art. 8 CEDH, ha reforzado este derecho, exigiendo al Estado no solo abstenerse de injerencias arbitrarias, sino también proteger frente a intromisiones de terceros o inacciones que afecten gravemente al domicilio y la vida privada.

3. Secreto de las Comunicaciones (Art. 18.3)

• Protege la confidencialidad de las comunicaciones:
  • Escritas y telegráficas
  • Telefónicas o Telemáticas
  • A través de Instrumentos informáticos o tecnología de la información.
• Es una garantía formal: la intervención de la comunicación es ya una injerencia, con independencia de su contenido.
• Solo puede realizarse:
  • Con autorización judicial.
  • En supuestos tasados de delincuencia grave según LO 13/2015 y reforma de la LECrim:
    • Delitos con pena ≥ 3 años. TEDH cree más correcto 5 años
    • Terrorismo
    • Grupo u Organización Criminal

1. Naturaleza del derecho

• Es una garantía formal:
  • → La mera intervención de una comunicación ya supone vulneración, aunque no tenga contenido.
• → Solo hay vulneración si proviene de un tercero.
  • Si uno de los propios intervinientes difunde la comunicación, no hay violación del secreto.

2. Qué se considera intervención

• Normalmente se EXIGE la utilización de medios técnicos para intervenir la comunicación:
  • El Tribunal Constitucional ha llegado a considerar intervención incluso sin medios técnicos en algunos casos (contextos de custodia).
• La escucha casual en lugar público no se considera vulneración.

3. Comunicaciones especialmente protegidas

• Las comunicaciones entre abogado e investigado tienen una protección reforzada:
  • Solo pueden ser intervenidas cuando el abogado esté también siendo investigado.

4. Alcance del secreto en telefonía

Teléfonos fijos:

• Protege tanto:
  • El contenido.
  • Como los datos de tráfico (números, conexiones…)
• Necesidad de información del dispositivo y su alcance

Smartphones:

• Agenda del móvil → no se considera intervención.
• Registro de llamadas → sí se considera intervención.

5. Intervención de comunicaciones (LO 13/2015)

• Requiere siempre autorización judicial.
• La solicitud debe ser:
  • Concreta
  • Individualizada
  • Limitada en el tiempo
  • Justificada por la gravedad del delito
• Principios que deben cumplirse:
  • Necesidad
  • Idoneidad
  • Proporcionalidad
  • Especialidad
  • Excepcionalidad
• El hallazgo de nuevos delitos debe comunicarse inmediatamente al juez de instrucción.

6. Comunicaciones postales y electrónicas

• No toda paquetería postal está protegida por el secreto (cuando se considera mera mercancía).
• El correo electrónico se equipara al correo postal:
  • Según el TC, acceder a correos ya leídos no vulnera directamente el secreto.
• En redes sociales y sistemas abiertos: la doctrina no está completamente cerrada → análisis caso por caso.

7. Intercambio de archivos

• TC: no vulnera el secreto de las comunicaciones.
• TEDH: sí puede vulnerarlo.
• 👉 Diferencia relevante para examen.

8. Grabación de comunicaciones orales

• Se permiten grabaciones con dispositivos electrónicos con autorización judicial.
• Debe concretarse:
  • Duración
  • Alcance
  • Lugar
• En casos excepcionales pueden captarse también imágenes.
• El TC ha admitido grabaciones prolongadas en vehículos en investigaciones complejas.

9. Intervención de dispositivos electrónicos

• Se exige autorización judicial específica tanto para:
  • Aprehensión del dispositivo.
  • Acceso a su contenido.
• Si el dispositivo es esencial para el trabajo, debe priorizarse la extracción de datos sobre la incautación.

10. Entorno virtual

• El Tribunal Supremo habla del concepto de “entorno virtual”, que integra:
  • Secreto de las comunicaciones.
  • Derechos de intimidad.
  • Protección de datos.

11. Registros remotos en dispositivos

Permitidos solo para delitos especialmente graves:

• Terrorismo.
• Criminalidad organizada.
• Delitos contra menores.
• Delitos contra el CE, TRAICIÓN Y DEFENSA NACIONAL.
• Cibercriminalidad.

12. Consecuencias procesales

• Si no se respetan los requisitos legales, las pruebas obtenidas pueden ser:→ Declaradas nulas en juicio.

4. Protección de Datos Personales (Art. 18.4)

El artículo 18.4 de la Constitución establece que:

“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

Aunque no menciona expresamente el término “protección de datos”, el Tribunal Constitucional ha construido sobre este precepto un derecho fundamental autónomo a la protección de datos personales.

4.1. Fundamento y marco normativo

Este derecho se apoya en:

• La jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
• El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
• La normativa europea:
  • Reglamento (UE) 2016/679, RGPD.
• Y en España:
  • Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
  • Ley Orgánica 7/2021, sobre tratamiento de datos en el ámbito penal.

👉 El RGPD es de aplicación directa, pero España lo desarrolla y adapta a través de normas internas.

4.2. Concepto de protección de datos

El derecho a la protección de datos consiste en:

El poder de control que tiene cada persona sobre sus datos personales: quién los recoge, con qué finalidad, cómo se usan, cuánto tiempo se conservan y a quién se comunican.

No se reduce a la intimidad, sino que se aplica también a datos que no son íntimos, pero que identifican a la persona.

4.3. Principios del tratamiento de datos

El tratamiento de datos debe respetar los siguientes principios:

1. Tratamiento Lícito y leal: no se pueden tratar datos sin base legal.
2. Finalidad determinada, explícitos y legítimos: los datos solo pueden usarse para fines concretos y legítimos.
3. Adecuados, pertinentes y no excesivos: no se pueden recoger más datos de los necesarios.
4. Exactitud: deben ser veraces y si fuere necesario actualizados.
5. Limitación del plazo de conservación: no pueden guardarse indefinidamente.
6. Integridad y confidencialidad: deben protegerse frente a accesos o usos no autorizados.

El responsable del tratamiento debe garantizar el cumplimiento de todos estos principios.

4.4. Categorías especiales de datos

La ley distingue datos especialmente sensibles, que reciben una protección reforzada:

• Ideología.
• Afiliación sindical.
• Religión o creencias.
• Origen racial o étnico.
• Salud.
• Orientación sexual.
• Datos biométricos o genéticos.

👉 Su tratamiento está generalmente prohibido, salvo:

• Consentimiento expreso.
• Ley que lo autorice.
• Razones de interés público esencial.
• Protección de intereses vitales.
• Datos manifiestamente públicos.

4.5. Derechos de las personas (derechos ARSOLP)

Los ciudadanos tienen varios derechos frente al tratamiento de sus datos:

• Derecho de acceso.
• Derecho de rectificación.
• Derecho de supresión (incluido el derecho al olvido).
• Derecho de oposición.
• Derecho a la limitación del tratamiento.
• Derecho a la portabilidad de los datos.

Estos derechos permiten ejercer un control efectivo sobre la información personal.

4.6. El derecho al olvido

Deriva de la jurisprudencia del TJUE (caso Google Spain).

Consiste en el derecho a solicitar que determinados datos personales:

• No aparezcan vinculados al nombre de una persona en los resultados de buscadores, aunque no se eliminen de la fuente original.

Está limitado cuando:

• Existe interés público.
• Tiene valor histórico.
• Es relevante informativamente.

El análisis se hace siempre caso por caso.

4.7. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Es el organismo encargado de:

• Supervisar el cumplimiento de la normativa.
• Asesorar a ciudadanos, empresas y administraciones.
• Imponer sanciones por infracciones leves, graves y muy graves.

Sus resoluciones pueden ser recurridas ante los tribunales.

4.8. Protección de datos en el ámbito penal (LO 7/2021)

Regula el tratamiento de datos personales con fines de:

• Prevención de delitos.
• Investigación penal.
• Enjuiciamiento.
• Ejecución de sanciones.

Se establecen principios específicos:

• Finalidad estrictamente vinculada a la función penal.
• Revisión periódica cada 3 años.
• Límite general de conservación: 20 años, salvo excepciones.

Se distinguen categorías de personas:

• Personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que hayan cometido, puedan cometer o colaborar en la comisión de una infracción penal.
• Personas condenadas o sancionadas por una infracción penal.
• Víctimas o afectados por una infracción penal o que puedan serlo.
• Terceros involucrados en una infracción penal.

También regula:

• El uso de sistemas de videovigilancia por fuerzas de seguridad.
• El uso de cámaras fijas y móviles bajo criterios de necesidad, proporcionalidad e injerencia mínima.
  • Fijas para evitar intromisiones ilegítimas
  • Móviles, evitar el uso generalizado, restringido al orden público

4.9. Transferencia internacional de datos

En cuanto a transferencias de datos:

• Dentro de la UE: libre circulación de datos con las mismas garantías.
• Fuera de la UE:
  • Solo a países con nivel de protección equivalente.
  • O con autorización de la Comisión Europea.
  • En casos excepcionales: urgencia, seguridad pública o intereses vitales.

SITUACIONES

• Que se trate de países con informe favorable de la Comisión Europea, en donde se puede proceder al trasvase.
• Que no exista informe favorable de la Comisión Europea, pero que se tengan datos suficientes para considerar que el país tiene garantías suficientes, en este caso se puede proceder al trasvase, pero con un mayor grado de supervisión.
• Que los países que no cuenten con informe favorable de la Comisión Europea y no den garantías suficientes. En este caso solo se trasvasarán datos por causas de emergencia de afección grave a la seguridad pública.

4.10. Garantías Derechos digitales

La LO 3/2018 también desarrolla los derechos digitales, entre ellos:

• Neutralidad de internet.
• Acceso universal a internet.
• Seguridad digital.
• Protección de menores en internet.
• Derechos digitales en el ámbito laboral (desconexión digital, videovigilancia, geolocalización, etc.).

Artículo 19 CE – Libertad de residencia y circulación

Este derecho está directamente relacionado con el art. 17, al proteger la libertad deambulatoria.

• Los españoles tienen libertad general de circulación y residencia:
  • Salvo los funcionarios en cumplimiento de su servicio público
• Los extranjeros tienen un régimen más limitado, especialmente los no comunitarios. Los ciudadanos europeos tienen una casi total equiparación a los españoles.
  • El TC admite restricciones en supuestos excepcionales: orden público, salud pública, situaciones de emergencia, etc.

Que exige valorar el TEDH en las expulsiones:

• Arraigo
• Vínculos familiares
• Situación personal

Existe una tendencia a aproximar los derechos de los extranjeros no comunitarios a los comunitarios.

Arresto domiciliario

El arresto domiciliario:

❌ No se considera prisión en sentido técnico.

✅ Pero sí limita la libertad de circulación (art. 19 CE).

Artículo 20 CE – Libertad de Expresión e Información

El artículo 20 CE reconoce los siguientes derechos:

a) Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones

b) Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) Libertad de cátedra.

d) Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Además, ordena que la ley regule:

• La cláusula de conciencia.
• El secreto profesional.

1. Libertad de expresión

Es el derecho a manifestar ideas, opiniones, juicios de valor o pensamientos.

Características:

• No exige veracidad: protege opiniones, no hechos.
• Se vincula con la libertad ideológica (art. 16 CE).
• Se puede ejercer:
  • Oralmente.
  • Por escrito.
  • Mediante símbolos, signos, vestimenta, pancartas, etc.

Límites:

• No protege insultos, injurias ni calumnias.
• Plantea conflictos con los delitos de odio (art. 510 CP), donde:
  • No hay doctrina completamente clara.
  • Debe analizarse cada caso.
• En conflictos con símbolos nacionales o religiosos, el TEDH suele:
  • Amparar expresiones críticas siempre que no exista incitación real a la violencia.

2. Libertad de información

Es el derecho a comunicar o recibir información sobre hechos, no opiniones.

Características:

• Exige veracidad: entendida como diligencia en la comprobación.
• Se cumple si el informador:
  • Actúa con seriedad.
  • Usa fuentes mínimamente contrastadas.
  • Realiza comprobaciones razonables.

No exige verdad objetiva absoluta, sino comportamiento diligente.

3. Relación y conflicto entre expresión e información

En muchos casos se mezclan hechos y opiniones.

El Tribunal Constitucional analiza:

👉 Qué elemento predomina:

• Si predominan los hechos → se aplica libertad de información.
• Si predominan los juicios de valor → se aplica libertad de expresión.

Reportaje neutral

Existe cuando:

• El periodista reproduce declaraciones de terceros,
• Sin hacerlas propias,
• Identificando la fuente.

Esto puede ser válido incluso si no puede comprobar totalmente la veracidad.

4. La libertad de información en una sociedad democrática

Tiene especial importancia porque:

• Permite formar una opinión pública libre.
• Es esencial para el funcionamiento de la democracia.

Por ello:

• Puede tener carácter preferente frente a otros derechos, pero
  • Siempre se resuelve caso por caso mediante ponderación.

5. Derecho de rectificación

Regulado en la LO 2/1984.

Características:

• Se ejerce frente a hechos inexactos que afecten a derechos fundamentales.
• No exige que exista ofensa al honor.
• Solo se refiere a hechos, no a opiniones.

Procedimiento:

1. Se solicita al director del medio.
2. Si se rechaza → se acude al juez.
3. El juez puede obligar a publicar la rectificación.
4. Debe hacerse con la misma relevancia que la noticia inicial.
5. Se aplica también a medios digitales y redes sociales.

Cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

6. Medios de comunicación y creación de medios

La libertad de información incluye:

• El derecho a crear medios de comunicación.

Si existen limitaciones técnicas:

• El Estado debe establecer cauces que permitan ejercer el derecho.

Los medios de comunicación públicos:

• No son obligatorios.
• Pero si existen, deben:
  • Estar sometidos a control parlamentario.
  • Garantizar pluralismo e imparcialidad.

7. Censura previa y secuestro

Está prohibida toda censura previa administrativa.

No se considera censura previa:

• La adopción de medidas cautelares judiciales en casos absolutamente excepcionales.

El secuestro de publicaciones:

• Solo puede acordarlo un juez.
• Nunca una autoridad administrativa.

8. Secreto profesional y cláusula de conciencia

Secreto profesional

Permite al periodista:

• No revelar sus fuentes.
• Proteger sus medios de trabajo (no se pueden investigar indirectamente).

Protege:

• Al periodista.
• Al equipo de redacción.
• Al director del medio.

Puede decaer en casos de delitos de especial gravedad.

Cláusula de conciencia

Permite al periodista:

• Negarse a informar si se le obliga a mentir.
• Mantener su coherencia profesional.

9. Información sobre procesos judiciales

En relación con procesos penales:

• Prima la libertad de información incluso frente al secreto de sumario, si la información llega al periodista de forma externa.

Pero:

• Debe respetar la presunción de inocencia.
• Debe evitar que se identifique indirectamente a víctimas.

10. Límites generales (art. 20.4 CE)

Todos estos derechos tienen como límites:

• El honor.
• La intimidad.
• La propia imagen.
• La protección de la infancia y juventud.

Libertad de expresión y delitos de odio (art. 20 CE)

• En materia de delitos de odio no existe una doctrina plenamente clara ni unívoca, ya que se produce una colisión directa entre la libertad de expresión del artículo 20 CE y otros bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.
• El legislador ha tratado de dar respuesta a esta cuestión mediante su regulación penal, pero se trata de un ámbito sensible y en constante evolución, por lo que existe una discusión doctrinal importante sobre si la regulación actual es suficiente, excesiva o mejorable.
• El problema principal se encuentra en determinar hasta dónde puede llegar la libertad de expresión sin lesionarse los derechos de colectivos vulnerables, evitando al mismo tiempo que la actuación penal resulte desproporcionada o termine convirtiéndose en un mecanismo de censura ideológica.

Artículo 21 CE – Derecho de Reunión (completado con LO 9/1983)

1. Naturaleza del Derecho

• Derecho fundamental de libertad y defensa.
• Su ejercicio implica que los poderes públicos no pueden impedir las reuniones pacíficas y deben proteger su desarrollo.
• Es un derecho de aplicación directa, pero con regulación legal (Ley Orgánica 9/1983).

2. Contenido del Derecho

• Reunión pacífica y sin armas.
• Las reuniones en lugares de tránsito público sí exigen comunicación previa a la autoridad.
• Las reuniones en lugares cerrados no requieren comunicación previa.

3. Requisitos esenciales

• Debe existir concurrencia de personas.
• Ha de perseguir una finalidad lícita.
• Ha de ser temporal, no permanente.
• Sin armas.

4. Comunicación previa

Obligatoria cuando la reunión se realiza:

• En vía pública.
• En lugares abiertos al tránsito público.

La comunicación NO es solicitud: no se pide permiso. La Administración solo puede prohibir o proponer modificaciones en casos muy tasados.

5. Límites del Derecho (art. 21.2 CE)

La autoridad solo podrá prohibir reuniones en vía pública cuando existan:

• Alteraciones del orden público previsibles:
  • Con peligro para personas o bienes.

Se exige:

• Proporcionalidad (adecuación, necesidad y ponderación).
• Respeto al contenido esencial.

6. Regulación legal (LO 9/1983)

La Ley Orgánica 9/1983 desarrolla el derecho de reunión y concentra sus aspectos esenciales:

6.1. Concepto legal de reunión

• Agrupación de más de 20 personas.
• Carácter temporal.
• Finalidad lícita.
• No requiere estructura organizativa.

Las reuniones de menos de 20 personas no están sometidas a la LO 9/1983 aunque siguen protegidas por el art. 21 CE.

6.2. Manifestaciones

• Son una modalidad de reunión que se desarrolla en lugares de tránsito público.
• Siempre exigen comunicación previa.

6.3. Comunicación previa (arts. 8 y 9 LO 9/1983)

La comunicación debe hacerse:

• Por escrito.
• Con una antelación entre 10 y 30 días.
• Excepcionalmente: 24 horas si hay causa grave y justificada.

La comunicación debe incluir:

• Identidad de los organizadores.
• Objeto de la reunión.
• Fecha, hora, duración.
• Itinerario si es manifestación.
• Medios materiales que se emplearán.

La comunicación no implica autorización: la Administración solo puede prohibir o modificar en casos estrictamente tasados. La NO comunicación NO convierte a una manifestación automáticamente en ilegal, salvo que existan alteraciones significativas del orden público

6.4. Autoridad competente

• En general: Delegación / Subdelegación del Gobierno.
• En CCAA con policía propia (Euskadi, Cataluña): también intervienen sus cuerpos policiales.

6.5. Modificación o prohibición (art. 10 LO 9/1983)

Solo cabe cuando existan razones fundadas de que la reunión:

• Producirá alteraciones del orden público.
• Generará peligro para personas o bienes.

La resolución debe:

• Ser motivada.
• Notificarse en 72 horas desde la comunicación.

En caso de prohibición o modificación:

• Los organizadores pueden recurrir mediante el procedimiento preferente y sumario en las 48h siguientes a la resolución y deberá resolverse en los 4 días

6.6. Obligaciones de los organizadores

• Garantizar el carácter pacífico.
• Mantener el orden interno.
• Estar presentes durante la reunión.
• Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sea necesario.

6.7. Disolución de reuniones (art. 5 LO 9/1983)

La autoridad podrá ordenar la disolución cuando:

• La reunión se convierta en violenta.
• Se haga uso de armas u objetos peligrosos.
• Se produzcan desórdenes graves.
• Se incumplan las órdenes de la autoridad.

La intervención policial debe ser:

• Progresiva, mínima necesaria y proporcional.

7. Jurisprudencia e interpretación

• Interpretación siempre pro derecho (principio de optimización).
• En caso de colisión (por ej., con seguridad pública) se aplica ponderación.
• El derecho se extiende a zonas aledañas si el aforo crece (ejercicio efectivo del derecho).

8. Protección jurídica

El derecho se protege por:

• Procedimiento preferente y sumario (art. 53.2 CE).
• Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
• Vías jurisdiccionales ordinarias.

ESCRACHES

• TRABAJO. Admitido
• DOMICILIO. Teniendo en cuenta si:
  • Hay menores o no
  • Afecta a terceros
  • Día puntual o reiterado
  • Afecta a otros derechos
  • Hay alteraciones del orden público

Artículo 22 CE – Derecho de Asociación

1. Naturaleza del derecho

• Derecho fundamental de libertad colectiva.
• Garantiza la libre creación, integración, desvinculación y organización interna de asociaciones.
• Vinculado con la libertad ideológica, reunión y participación.

• Creación Libre, sin permiso previo del Gobierno.
• Supervivencia Solo un Juez puede cerrarla (nunca la Administración).
• Defensa Vía judicial Preferente y Sumario y Recurso de Amparo ante el TC.
• Regulación Solo por Ley Orgánica (mayoría absoluta del Parlamento).

2. Contenido esencial

• Libertad de constituir asociaciones.
• Libertad de integrarse. OBLIGACIÓN DE INTEGRARSE
• Libertad de no integrarse (prohibición de afiliación obligatoria).
• Libertad de permanecer o abandonar.
• Autonomía interna para establecer sus propios estatutos, organización y fines.
• EXCLUIDAS.
  • Asociaciones con ánimo de lucro
  • Sociedades plenamente mercantiles

3. Funcionamiento democrático

• Las asociaciones deben regirse por principios democráticos, especialmente las de proyección pública.
• Estatutos, órganos representativos y reglas internas deben ser transparentes y accesibles.

4. Prohibiciones (art. 22.2 CE + PDF)

Prohibidas las asociaciones:

• Con fines ilícitos.
• Que empleen medios tipificados como delito.
• Secretas (ocultan existencia, estructura, miembros o fines).
• Paramilitares o que organicen actividades equiparables.

5. Régimen de inscripción

• La inscripción tiene efectos de publicidad, no constitutivos.
• La asociación existe desde el acuerdo de constitución.
• La inscripción facilita relaciones con terceros y acceso a ayudas o convenios públicos.
• El Encargado del Registro solo se limitará a inscribir la asociación sin entrar a valorar si podía o no inscribirse. Si aparece algún tipo de ilegalidad lo pondrá en conocimiento del Mº Fiscal

6. Disolución y suspensión (art. 22.4 CE)

• Solo cabe por resolución judicial motivada.
• Prohibido cualquier intento de disolución administrativa.
• Diferencia entre:
  • Suspensión: paralización temporal.
  • Disolución: desaparición definitiva.

7. Titulares del derecho

• Personas físicas.
• Personas jurídicas privadas.
• Las personas jurídicas públicas no ejercen derecho fundamental, aunque pueden crear organismos.

8. Protección jurisdiccional

• Procedimiento preferente y sumario.
• Recurso de amparo.
• Jurisdicción civil o contencioso-administrativa según la naturaleza del conflicto.

9. Relación con otros derechos

• Con libertad ideológica: vehículo para la expresión organizada de ideas.
• Con libertad de reunión: la asociación implica estabilidad, frente al carácter puntual de la reunión.
• Con derecho de participación: muchas asociaciones sirven de cauce para influir en asuntos públicos.

1. Partidos Políticos – Art. 6 CE y LO 6/2002

1. Naturaleza y posición constitucional

Los partidos políticos aparecen en el Título Preliminar (art. 6 CE), lo que refleja su relevancia constitucional pese a no ubicarse en la sección de derechos fundamentales.

Tienen naturaleza de asociaciones cualificadas:

• Son personas jurídicas privadas, no entes públicos.
• Pueden interponer recurso de amparo, debido a su naturaleza asociativa.
• Cumplen funciones constitucionales esenciales:
  • Expresar el pluralismo político.
  • Ser el instrumento fundamental de participación política.

2. Creación, estructura y funcionamiento

• La creación es libre, igual que el resto de asociaciones (art. 22 CE).
• La afiliación es voluntaria: nadie puede ser obligado a entrar o permanecer en un partido.
• La estructura y funcionamiento deben ser democráticos (art. 6 CE):
  • Las direcciones pueden expulsar afiliados disidentes, pero siempre respetando los estatutos.
  • Existe control judicial frente a vulneraciones.

3. Inscripción y personalidad jurídica

La inscripción se realiza ante el Ministerio del Interior, mediante un procedimiento reglado, no discrecional.

El Encargado del Registro solo verifica requisitos formales, no la legalidad de fondo.

• Si aprecia indicios de ilicitud penal, no puede denegar la inscripción → debe trasladarla al Ministerio Fiscal.
• Efectos de la inscripción:
  • El partido adquiere personalidad jurídica plena.
  • Puede presentar candidaturas electorales sin requisitos adicionales, a diferencia de las agrupaciones de electores, que requieren recogida de firmas.

4. Organización interna

La Ley de Partidos exige:

• Órganos internos mínimos.
• Asambleas periódicas.
• Democracia interna real → principio reforzado por su función constitucional.

5. Extinción y baja registral

Además de la disolución judicial, existe la baja registral, cuando:

• No presentan cuentas durante 3 ejercicios consecutivos, o
• No renuevan órganos internos durante dos periodos estatutarios.

El Ministerio del Interior puede cancelar la inscripción.

6. Ilegalización y disolución judicial

La disolución nunca es administrativa, solo judicial.

6.1. Vía penal (Código Penal)

Por asociación ilícita: organizaciones que promuevan violencia, racismo, paramilitarismo…

6.2. Vía específica – LO 6/2002 (Ley de Partidos)

Ley creada con el objetivo declarado de combatir el terrorismo y sus instrumentos políticos.

Causas de ilegalización (art. 9 LO 6/2002)

1. Incurrir en supuestos de asociación ilícita del Código Penal.
2. Vulnerar de forma grave, reiterada y continuada la exigencia de democracia interna.
3. Realizar de manera reiterada y grave actividades dirigidas a destruir el régimen de libertades, apoyar o legitimar el terrorismo, o utilizar medios violentos.

Órgano competente

La Sala del 61 del Tribunal Supremo:

• Integrada por el Presidente del TS, Presidentes de Sala y magistrados más antiguo y moderno de cada Sala.

Legitimación activa

• Gobierno (a propuesta de Congreso o Senado).
• Congreso.
• Senado.
• Ministerio Fiscal.

Efectos

• Extinción del partido político.
• Extiende los efectos a partidos sucesores (fraude de ley).
• Los cargos electos conservan el escaño (acta personal → doctrina del TC).

7. Límites a la participación política en ciertos colectivos

Determinados funcionarios no pueden afiliarse a partidos:

• Miembros de FCSE.
• Militares.
• Jueces y magistrados.

Busca garantizar la neutralidad institucional.

Artículo 28 – Derecho de Huelga y Conflictos Colectivos

1. Marco general

El derecho de sindicación (art. 28.1 CE) deriva del derecho de asociación, pero los sindicatos tienen un estatus cualificado (art. 7 CE).

El derecho de huelga aparece en el art. 28.2 CE:

• Derecho fundamental.
• Vinculado a la defensa de intereses de los trabajadores (interpretación amplia por el TC).

Situación normativa actual

No existe Ley Orgánica posterior a la Constitución.

Se aplica el RDL 17/1977, muy limitado desde la STC 11/1981:

• Muchos preceptos se declararon inconstitucionales o reinterpretados.
• El texto legal está “vacío” y se usa básicamente la doctrina constitucional.

2. Libertad sindical

• Todos pueden sindicarse libremente (también extranjeros).
• Nadie puede ser obligado a afiliarse:
  • Límites para militares, Guardia Civil y determinados funcionarios.

3. Función de los sindicatos en el sistema laboral

• Participan en la negociación colectiva.
• Los convenios colectivos forman parte del ordenamiento jurídico.
• Los más representativos deben ser oídos en materias laborales.

Protecciones del afiliado:

• Nulidad de sanciones o despidos si se prueban motivaciones antisindicales.
• La empresa debe facilitar la actividad sindical.
• La afiliación sindical debe ser conocida por la empresa para asegurar interlocución, pero con protección máxima de datos.

4. Naturaleza del derecho de huelga

La huelga implica el cese colectivo del trabajo para la defensa de intereses laborales.

Doble naturaleza:

• Titularidad individual: cada trabajador decide si se suma.
• Ejercicio colectivo: requiere convocatoria conjunta y organización.

Pueden convocarla, debe haber preaviso:

• Sindicatos.
• Representaciones unitarias de los trabajadores.

Conductas prohibidas al empresario

• Esquirolaje externo: prohibido contratar sustitutos.
• Esquirolaje interno: posible en ciertos límites, pero no si vacía el derecho.
• Cierre patronal prohibido salvo peligro grave.

5. Servicios mínimos

Concepto clave para examen.

• Solo para garantizar servicios esenciales de la comunidad (vida, salud, libertades…).
• No equivalen a servicios públicos: algunos públicos no son esenciales y viceversa.

Quién los fija

• Autoridad gubernativa (Estado o CCAA).
• Nunca la empresa.

Requisitos

• Ser motivados y proporcionales.
• No pueden vaciar el derecho:
  • No se puede imponer el 100% del servicio (salvo supuestos vitales).
  • Deben modularse según:
    • Sector.
    • Ámbito de la huelga.
    • Horas punta/valle.
    • Riesgos para la comunidad.

Los servicios mínimos deben ser prestados preferentemente por trabajadores que no secundan la huelga, nunca por contrataciones externas.

Control jurisdiccional

• Jurisdicción contencioso-administrativa.
• Revisión tardía: la sentencia suele llegar cuando la huelga ya ha finalizado.

6. Piquetes

• Piquetes informativos permitidos:
  • Se admite cierta presión verbal propia del conflicto.
• Piquetes coactivos o violentos: ilícitos penal o laboralmente.

El centro de trabajo debe permanecer abierto, salvo peligro real para personas o bienes.