Portada » Historia » Del Imperio a la Democracia: Evolución Política y Movimientos Sociales en la Historia Contemporánea Española
El liberalismo y la Constitución de Cádiz de 1812 favorecieron corrientes de pensamiento que reivindicaron la independencia de las colonias americanas. En ese contexto, se produjo la independencia, entre 1810 y 1825, de la mayor parte de estas; por ejemplo, México, Colombia, Argentina o Chile.
España mantuvo algunas colonias en el Caribe y en el Pacífico, pero tras su derrota frente a los Estados Unidos en la Guerra Hispanoamericana (1898) perdió las últimas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La firma de la Paz de París marcó el fin del imperio español, lo que desencadenó la crisis de 1898 y el movimiento regeneracionista.
Durante la primera mitad del siglo XX, en un contexto de políticas imperialistas agresivas, España buscó en África una nueva oportunidad para mantener cierto prestigio internacional. En 1912, España obtuvo un protectorado en el norte de Marruecos, pero encontró una fuerte resistencia que se tradujo en graves conflictos:
Además, la política colonial española en Marruecos generó un conflicto interno en el Ejército (oficiales africanistas frente a los peninsulares), el crecimiento del antimilitarismo popular y una cultura antipolítica del ejército, lo que derivó en la vuelta a la injerencia militar en la vida política.
Tras la II Guerra Mundial, el sentimiento anticolonial aumentó y el proceso descolonizador se intensificó en las décadas de 1950 y 1960. En el caso español, se produjo la independencia de Marruecos (1956), Guinea Ecuatorial (1968) y Sidi Ifni (1969).
En 1975, tras la “Marcha Verde”, concluyó la ocupación del Sahara Español, que quedó dividido entre Marruecos y Mauritania, mientras que la población saharaui partidaria de la independencia se alineó con el Frente Polisario. Así, España cerró su capítulo colonial, dejando un legado de conflictos y relaciones complejas con sus antiguas colonias, muchas de las cuales siguen siendo objeto de tensiones políticas y territoriales.
La historia del derecho a voto refleja un proceso de avances y retrocesos tras el cual el sufragio pasó de ser un derecho restringido a las élites a convertirse en una conquista que incluye a toda la ciudadanía.
Con la excepción de la Constitución de 1812, que otorgó ciertos derechos políticos a los ciudadanos y reconocía el sufragio universal masculino indirecto, el sufragio censitario fue el sistema de voto predominante en las primeras constituciones. De esta manera, el derecho al voto se concedía solo a quienes cumplían ciertos requisitos económicos y sociales, excluyendo a las clases populares. Así, el poder político estuvo en manos de una élite que controló el sistema electoral.
El contexto cambió radicalmente durante el Sexenio Democrático. La Constitución de 1869 introdujo el sufragio universal masculino por primera vez. Fue un avance significativo ya que permitió a todos los hombres mayores de 25 años participar en las elecciones, sin distinción de clase. Sin embargo, la experiencia fue efímera: tras la monarquía de Amadeo I y la I República, la Restauración restableció el sistema censitario.
Aunque la Constitución de 1875 no explicitó el tipo de sufragio, se mantuvo una ley electoral que limitaba el sufragio atendiendo a la capacidad de renta. Solo con la Ley Electoral de 1890 se restableció el sufragio universal masculino para los varones mayores de 25 años.
El movimiento sufragista cobró fuerza a inicios del siglo XX, promovido por una creciente conciencia social y política en el contexto de una progresiva movilización de las mujeres en favor de sus derechos. Durante la II República se logró un avance histórico cuando la Constitución de 1931 estableció el sufragio universal, que coincidió con el derecho al voto a toda la ciudadanía, tanto hombres como mujeres. Merece especial atención la labor de figuras como Clara Campoamor. Las primeras elecciones con sufragio universal se celebraron en noviembre de 1933, seguidas de las de febrero de 1936.
Sin embargo, tras la Guerra Civil, la dictadura franquista restringió el derecho al voto y limitó la participación política a reformas no democráticas. No se recuperó la situación previa a 1936 hasta el retorno de la democracia, cuando se restauró el sufragio universal de la Constitución de 1978, que garantizó el derecho al voto a toda la ciudadanía mayor de 18 años, consolidando así un sistema democrático en el que la participación política es un derecho fundamental.
El movimiento obrero se desarrolló en estrecha relación con el proceso de industrialización y las transformaciones en la propiedad de la tierra. El ludismo fue una de las primeras manifestaciones de protesta y, a mediados del siglo XIX, surgieron las primeras asociaciones obreras, como la Asociación de Tejedores de Barcelona (1840). Durante los gobiernos moderados del reinado de Isabel II, las pésimas condiciones laborales impulsaron el movimiento obrero, aunque de manera clandestina. En el Bienio Progresista se produjo la I huelga general (1855) y en 1868 se creó la Sección Española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT).
Se articuló en dos corrientes ideológicas con un modelo organizativo y prácticas:
El desarrollo del movimiento obrero favoreció el estallido de la Semana Trágica (1909) y la convocatoria de la huelga de 1917. El impacto de la Revolución Rusa y la protesta obrera y campesina durante el Trienio Bolchevique provocó la división del socialismo con la aparición del Partido Comunista (1920).
Durante la dictadura de Primo de Rivera, la UGT colaboró con el régimen, mientras que el anarquismo sufrió la represión global. En la II República, el partido socialista fue una de las fuerzas políticas más importantes, especialmente durante el Bienio Reformista. Tras la derrota electoral de 1933, el movimiento obrero organizó la revolución de octubre de 1934. En febrero de 1936, la victoria en las urnas del Frente Popular (republicanos, socialistas y comunistas) permitió el regreso del proceso reformista, que quedó frustrado por el golpe de Estado de julio.
Durante la Guerra Civil, el PCE se fortaleció gracias al apoyo de la URSS y se identificó con la idea de ganar la guerra, mientras que los anarquistas lucharon por su proyecto de revolución social. La represión y el exilio limitaron la actividad del movimiento obrero, que actuó en la clandestinidad.
La conflictividad laboral y la movilización social aumentaron a partir del PCE (1977) y el gobierno de Adolfo Suárez (UCD) reguló el derecho de asociación sindical con la legalización de CCOO y UGT. Para hacer frente a la inflación y al desempleo, se firmaron, con amplio consenso, los Pactos de la Moncloa (1977), que supusieron la aceptación por las fuerzas de izquierda de una política de moderación. En octubre de 1982 el PSOE ganó las elecciones por mayoría absoluta y accedió por primera vez al gobierno, permaneciendo en él casi 14 años.
El régimen de la Restauración llegó a comienzos del siglo XX profundamente desgastado por su incapacidad para democratizarse, la crisis económica derivada de la I Guerra Mundial, el fortalecimiento de la oposición republicana y obrera, el auge de los nacionalismos y el impacto de la crisis de 1917 y de la guerra de Marruecos. En un contexto europeo de inestabilidad política y aparición de alternativas autoritarias como el fascismo, se abrió paso la dictadura de Primo de Rivera.
El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera protagonizó un golpe de Estado inspirado en el modelo italiano. La causa inmediata fue el intento reformista del gobierno liberal de García Prieto, que pretendía democratizar el sistema, limitar el poder del rey, reducir la influencia de la Iglesia y disminuir el peso del Ejército, además de investigar las responsabilidades del desastre de Annual mediante el expediente Picasso. La oposición del monarca, del Ejército y de la Iglesia bloqueó estas reformas.
Primo de Rivera justificó su actuación como una respuesta al desgobierno, la corrupción, el peligro revolucionario y la amenaza nacionalista. Alfonso XIII apoyó el golpe, el gobierno dimitió y se instauró la dictadura. Contó con el respaldo del Ejército, la alta burguesía y sectores de las clases medias, mientras que la oposición inicial fue escasa ya que la población se mostró indiferente; existió una huelga de la CNT que no llegó a nada.
La dictadura se planteó como un régimen regeneracionista con varios objetivos:
Frente al nuevo régimen se situaron el anarquismo y el Partido Comunista, mientras que republicanos y socialistas adoptaron inicialmente una actitud expectante. Apoyaron la dictadura de la banca, la Iglesia, la alta burguesía, el Ejército y Alfonso XIII. El régimen se estructuró en dos etapas: una primera fase de Directorio Militar (1923-1925) y una segunda de Directorio Civil, iniciada en 1925, aunque con una presencia militar todavía más importante.
Se suspendió la Constitución, se disolvieron las Cortes, se prohibieron partidos y sindicatos y se militarizó el orden público. Se reprimió duramente a la CNT y a los comunistas.
El mayor éxito del periodo fue la solución del conflicto marroquí con el desembarco de Alhucemas (1925) junto a Francia y la derrota de Abd el-Krim, consolidándose el control español en 1927.
Para reforzar el régimen se creó el partido único Unión Patriótica, que era un partido sin ideología clara, formado sobre todo por católicos, funcionarios y notables locales, y se fomentó un nacionalismo español de carácter regeneracionista.
Tras el éxito en Marruecos se intentó institucionalizar la dictadura mediante un Estado corporativo inspirado en el fascismo. En 1927 se creó una Asamblea Nacional Consultiva, que era reuniones de obreros y patronos con un mediador impuesto por el gobierno, cuyos miembros no eran elegidos por sufragio y cuya función era únicamente consultiva.
En el ámbito social se impulsó un modelo corporativo con la Organización Corporativa Nacional y los Comités Paritarios, destinados a regular los conflictos nacionales. La UGT colaboró inicialmente, mientras que la CNT fue perseguida.
La política económica fue intervencionista y se benefició de la prosperidad de los años veinte. Se impulsaron obras públicas, la electrificación y la industria, se crearon confederaciones hidrográficas como la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y monopolios como CAMPSA y Telefónica. El PSOE colaboró con el régimen ocupando algunos cargos.
Aunque al principio Primo de Rivera no tuvo gran oposición, esta fue creciendo. Algunos líderes dinásticos apoyaron conspiraciones militares como la Sanjuanada (1926), mientras en 1926 se creó la Alianza Republicana, con Lerroux y Manuel Azaña, para desprestigiar el régimen. Los intelectuales y estudiantes denunciaron la censura y la falta de libertades; surgió la Federación Universitaria Española y la Agrupación al Servicio de la República y figuras como Unamuno fueron desterradas por criticar al régimen.
Ante la creciente oposición, el rey retiró su apoyo a Primo de Rivera, que dimitió el 30 de enero de 1930, lo que provocó el debilitamiento de la monarquía alfonsina. Le sucedió el general Berenguer, iniciando la llamada dictablanda, con la misión de preparar elecciones y restaurar la normalidad constitucional, pero fue incapaz de hacerlo y fue reemplazado por el almirante Aznar, quien convocó elecciones municipales, provinciales y legislativas.
En agosto de 1930 republicanos, nacionalistas periféricos y socialistas firmaron el Pacto de San Sebastián para organizar la futura República. Se prepararon levantamientos militares con apoyo civil en Jaca y en el aeródromo de Cuatro Vientos, que fracasaron y cuyos responsables fueron fusilados. Las elecciones municipales de abril de 1931 funcionaron como un plebiscito contra la monarquía, dando paso a la II República.
La dictadura de Primo de Rivera fue consecuencia del hundimiento del sistema de la Restauración y del malestar del Ejército tras la pérdida del imperio colonial. Aunque al principio contó con apoyos y estabilidad, su carácter autoritario, su prolongación en el tiempo y el cambio de la coyuntura económica provocaron un creciente rechazo, desembocando en su caída y en el fin de la monarquía.
