La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

La Primera Guerra Carlista (1833-1840) se inicia con el comienzo del reinado de Isabel II, a raíz de una doble problemática: una cuestión sucesoria y un profundo enfrentamiento ideológico.

Causas y Bandos

Por un lado, los carlistas apoyaban al infante Don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, basándose en la Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres. Por otro lado, los isabelinos o cristinos defendían los derechos de Isabel II, legitimados por la Pragmática Sanción de 1789, promulgada por su padre.

Ideológicamente, el carlismo representaba la defensa del Antiguo Régimen, el absolutismo monárquico y el foralismo (la conservación de los fueros y leyes tradicionales de los territorios). En contraste, el liberalismo abogaba por la soberanía nacional, la división de poderes y un Estado centralizado.

La base social del carlismo estaba compuesta por la Iglesia, el campesinado pobre, parte de la nobleza y sectores de las clases medias defensoras de los fueros. Los liberales, por su parte, contaban con el apoyo del aparato del Estado, el ejército y la burguesía urbana. La guerra comenzó oficialmente con el Manifiesto de Abrantes, proclamado por Don Carlos el 1 de octubre de 1833.

Fases del Conflicto

• Avance Carlista (1833-1835): Se establecieron dos frentes principales: uno en el País Vasco y Navarra, liderado por el general Zumalacárregui, y otro en el norte de Cataluña.
• Repliegue Carlista (1835-1837): Durante esta etapa, fracasaron las expediciones de los generales Gómez y Real, y los carlistas sufrieron una importante derrota en la batalla de Luchana (1836).
• Triunfo Isabelino (1837-1840): La división interna del bando carlista facilitó la firma del Convenio de Vergara en 1839 entre los generales Maroto (carlista) y Espartero (isabelino), sellado con el conocido como «Abrazo de Vergara». En el acuerdo se pactaba respetar los fueros e integrar a los oficiales carlistas en el ejército real. Sin embargo, la facción más intransigente, conocida como los «apostólicos», continuó la guerra hasta su derrota definitiva en Morella (1840).

Consecuencias

La guerra tuvo graves consecuencias: el incumplimiento parcial del pacto de Vergara, un alto coste en vidas humanas, una pesada losa para la Hacienda pública, la inclinación definitiva del Estado hacia el liberalismo, el creciente protagonismo de los militares en la política (los «espadones») y la pervivencia de un conflicto ideológico que desembocaría en la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), motivada por el fracaso del matrimonio entre Isabel II y el pretendiente carlista.

El Reinado de Isabel II (1833-1868)

El reinado de Isabel II se divide en dos grandes etapas: su minoría de edad (1833-1843), con las regencias de su madre María Cristina (1833-1840) y del general Espartero (1840-1843), y su mayoría de edad o reinado efectivo (1843-1868). Durante este periodo no existieron partidos políticos de masas, sino agrupaciones de notables, a menudo alejados de la realidad social, que se movían en un sistema electoral de baja participación y alta corrupción. Fue durante las regencias cuando se estableció definitivamente el modelo liberal en España.

La Minoría de Edad: Las Regencias (1833-1843)

Regencia de María Cristina (1833-1840)

María Cristina inició una transición controlada hacia el liberalismo, primero con el conservador Cea Bermúdez (responsable de la división provincial de Javier de Burgos) y luego con el liberal moderado Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real de 1834. La insurrección de 1835 aceleró la revolución liberal (1835-1837). El progresista Mendizábal intentó desmantelar el Antiguo Régimen con medidas como la ley de supresión de conventos y la desamortización de bienes del clero. Tras su destitución, un intento de volver al moderantismo con el gobierno de Istúriz desencadenó la protesta de los progresistas, culminando en el motín de los sargentos de La Granja (verano de 1836). Esto llevó a un nuevo gobierno progresista dirigido por Calatrava, con Mendizábal como Ministro de Hacienda. Calatrava eliminó el régimen señorial, los mayorazgos y el diezmo, restableció la Ley Municipal y promovió la elaboración de la Constitución de 1837. Sin embargo, en las elecciones de octubre de 1837 triunfaron los moderados, dando paso al Trienio Moderado (1837-1840), que puso fin al espíritu conciliador de la Constitución. El intento de modificar la Ley Municipal en 1840 provocó la oposición progresista, liderada por Espartero, y forzó la salida de la regente de España.

Regencia de Espartero (1840-1843)

La regencia del general progresista Espartero se caracterizó por su autoritarismo y su apuesta por el librecambismo, lo que generó descontento. Un levantamiento moderado de O’Donnell y la rebeldía de Cataluña, que fue sofocada con el bombardeo sobre Barcelona en 1842, debilitaron su poder. Finalmente, moderados y sectores del progresismo organizaron un pronunciamiento liderado por Narváez. Espartero dimitió tras la batalla de Torrejón de Ardoz en 1843. Para evitar una nueva regencia, las Cortes declararon mayor de edad a Isabel II con solo trece años.

La Mayoría de Edad: El Reinado Efectivo (1843-1868)

Durante esta etapa se consolidó el Estado liberal bajo un modelo mayoritariamente moderado.

La Década Moderada (1844-1854)

Bajo el liderazgo del general Narváez, se estableció un modelo centralista y uniforme. El gobierno de González Bravo creó la Guardia Civil en 1844. Las principales medidas de este periodo fueron la Constitución de 1845, las Leyes de Administración Local y Provincial (1845), la reforma fiscal de Mon, la creación de los gobernadores civiles y la elaboración de nuevos códigos, como el Código Civil (1851). Además, el gobierno de Bravo Murillo firmó el Concordato con la Santa Sede de 1851.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Este breve periodo comenzó con el pronunciamiento del general O’Donnell en Vicálvaro (la «Vicalvarada»). A él se unió el general Serrano, y juntos proclamaron el Manifiesto de Manzanares. La reina Isabel II, para salvar su trono, encargó gobierno a Espartero. Fue una etapa de intensa actividad legislativa: la Desamortización de Madoz, la Ley General de Ferrocarriles, la Ley de Banca y la elaboración de una constitución (la «non nata» de 1856) que nunca llegó a promulgarse. La crisis económica y social le hizo dimitir.

La Crisis del Moderantismo y el Final del Reinado (1856-1868)

En esta última etapa se alternaron en el poder los moderados y la Unión Liberal, un partido de centro creado por O’Donnell. El gobierno buscó prestigio exterior con campañas militares (Marruecos, México, Conchinchina), se impulsaron infraestructuras como el Canal de Isabel II, pero el sistema se enfrentó a graves problemas: epidemias de cólera (1865), revueltas campesinas (Loja, 1861) y una profunda crisis económica en 1866. Esta crisis aceleró la descomposición de un sistema incapaz de afrontar los problemas del país. El desprestigio de la reina, el pronunciamiento de Prim en Villarejo de Salvanés (1866), la sublevación de los sargentos del Cuartel de San Gil (1866) y la firma del Pacto de Ostende entre progresistas, demócratas y republicanos para destronar a la reina y convocar Cortes Constituyentes, marcaron el camino hacia el final. La muerte de Narváez y O’Donnell dejó a la reina sin sus principales apoyos. En septiembre de 1868, los almirantes Prim y Topete iniciaron la sublevación conocida como «La Gloriosa», dirigida por el general Serrano. Isabel II cayó, abriendo la esperanza de un régimen democrático.

Textos Constitucionales del Periodo Isabelino

El Estatuto Real de 1834

Fue una carta otorgada, es decir, una concesión de la Corona sin la participación de la nación. No hacía referencia a la soberanía nacional ni a los derechos fundamentales. Establecía unas Cortes bicamerales compuestas por:

• Estamento de los Próceres: Formado por personas designadas por la reina entre la nobleza y las altas jerarquías eclesiásticas.
• Estamento de los Procuradores: Elegido por sufragio censitario muy restringido, limitado a la burguesía y las élites económicas.

Las Cortes carecían de capacidad legislativa real; su función era consultiva y de debate, pudiendo elevar propuestas al monarca.

La Constitución Progresista de 1837

Recuperaba aspectos de la Constitución de 1812, como la separación de poderes y una amplia declaración de derechos (libertad de imprenta, de expresión). Buscaba conciliar las tendencias del liberalismo. Introdujo cambios importantes respecto a la de 1812: la Corona salía reforzada. Aunque reconocía la soberanía nacional, esta era atribuida conjuntamente a las Cortes y al rey. La Corona tenía derecho de veto y poder para disolver las Cortes, que eran bicamerales: Congreso de los Diputados y Senado. El sufragio era censitario, permitiendo votar solo a los mayores contribuyentes (en octubre de 1837, votó aproximadamente el 2% de la población). En su redacción tuvo un papel fundamental Agustín Argüelles. Supuso la implantación definitiva del régimen constitucional y el sistema parlamentario en España.

La Constitución Moderada de 1845

Establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, declaraba la unidad católica de España y suprimía la Milicia Nacional. El rey poseía el poder ejecutivo, nombraba a su gobierno, podía disolver las Cortes y vetar sus decisiones. Las Cortes eran bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio censitario aún más restringido y un Senado de designación real y carácter vitalicio.