Portada » Derecho » Conceptos Fundamentales de Derecho Mercantil y Civil en España
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y ocupa el nivel más alto en la jerarquía normativa. Todas las demás normas, como leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, deben ajustarse a ella y no pueden contradecir su contenido. Además, reconoce los derechos fundamentales, organiza los poderes del Estado y establece los principios básicos del sistema jurídico. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de garantizar su cumplimiento y declarar inconstitucionales las normas que la vulneren.
En caso de conflicto de leyes dentro del ámbito mercantil, se aplicará con carácter preferente la legislación mercantil, por el principio de especialidad. El Derecho Mercantil regula específicamente la actividad empresarial y las relaciones comerciales, por lo que prevalece sobre el Derecho Civil cuando existe una norma mercantil aplicable. El Derecho Civil actúa de manera supletoria, es decir, solo se aplica cuando no exista regulación mercantil específica.
El régimen de separación de bienes es aquel en el que cada cónyuge conserva la propiedad, administración y disposición de sus bienes tanto anteriores como posteriores al matrimonio. No existe un patrimonio común, por lo que cada uno responde individualmente de sus deudas y obligaciones. Los gastos familiares deben sufragarse proporcionalmente según los recursos de cada cónyuge. Este régimen puede pactarse mediante capitulaciones matrimoniales y es el régimen legal en algunas comunidades autónomas.
Las fuentes del Derecho Civil español se regulan en el artículo 1 del Código Civil y son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho:
La inscripción de un acto mercantil en el Registro Mercantil sigue estos pasos:
La responsabilidad objetiva es aquella en la que existe obligación de indemnizar un daño aunque no haya culpa o negligencia del causante. Se aplica especialmente en actividades peligrosas o de alto riesgo, como la circulación de vehículos a motor o la caza. En estos casos, basta con demostrar la existencia del daño y la relación con la actividad realizada. El objetivo es proteger a las víctimas y facilitar su indemnización debido al riesgo inherente de dichas actividades.
Los administradores mancomunados son una forma de organización en la que varios administradores deben actuar conjuntamente para representar y obligar a la sociedad. Ninguno puede actuar por separado salvo que los estatutos lo permitan expresamente para determinados actos. Este sistema busca un mayor control y reparto de responsabilidades.
El administrador de hecho es la persona que, sin haber sido nombrada formalmente, ejerce funciones de dirección y gestión de manera efectiva. Actúa tomando decisiones relevantes e influyendo en la actividad social. La ley puede exigirle responsabilidad igual que a un administrador de derecho.
En la Sociedad Anónima, la Junta General se constituye en primera convocatoria con el 25% del capital con derecho a voto. En segunda convocatoria, no hay mínimo. Para acuerdos especiales (modificación de estatutos, aumento/reducción de capital), se exige el 50% en primera convocatoria y el 25% en segunda.
La marca es un signo distintivo (palabras, imágenes, números) que identifica productos o servicios. Debe tener carácter distintivo, ser lícita y susceptible de representación. Su duración es de diez años, renovables indefinidamente.
Para patentar una invención industrial se requiere:
La SA divide su capital en acciones (mínimo 60.000€) y es flexible en su transmisión, mientras que la SL usa participaciones sociales (mínimo 3.000€) con mayores restricciones. La SA se orienta a grandes empresas y la SL a PYMES.
Si no se inscribe la unipersonalidad en el Registro Mercantil, el socio único responde personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante ese periodo.
Los socios responden de las deudas sociales de forma personal, ilimitada, solidaria y subsidiaria. Si la sociedad no paga, los acreedores pueden reclamar el patrimonio personal de los socios.
Requiere convocatoria de Junta General, aprobación por mayoría legal o estatutaria, elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil para surtir efectos frente a terceros.
Ocurre cuando una empresa con poder de mercado limita la competencia mediante precios excesivos o prácticas desleales. Está prohibido por el Derecho de la Competencia.
Las fusiones o adquisiciones deben ser notificadas a la CNMC si afectan a la competencia. El organismo analiza la operación y puede autorizarla, condicionarla o prohibirla.
El concurso fortuito deriva de causas económicas inevitables. El concurso culpable se declara cuando la insolvencia es causada por dolo o negligencia grave de los administradores, pudiendo conllevar inhabilitación y responsabilidad patrimonial.
