Obligaciones Constitucionales Negativas y Positivas

Una democracia constitucional es un régimen político que combina dos elementos fundamentales: por un lado, el componente del autogobierno por medio de representantes; y por otro, el establecimiento de un límite que se impone a las decisiones democráticas del pueblo, tomadas de acuerdo con lo que se identifique como primer componente del sistema.

Es cierto que las ideas liberales clásicas que rodearon la sanción de la Constitución Nacional (CN) concebían a la libertad como negativa y veían en el Estado, constituido por las mayorías, una amenaza al ejercicio de las libertades civiles.

La concepción de supremacía constitucional se funda, a su vez, en la creencia de que en una democracia constitucional existen dos niveles de decisión política: uno constitucional y otro legislativo o de gobierno. Las decisiones constitucionales limitan las decisiones legislativas, y estas resultan en límites negativos (de no hacer o de abstenerse) y positivos (de hacer).

Obligaciones Constitucionales del Estado y el Principio de Igualdad

El Estado tiene obligaciones positivas y negativas derivadas de la CN, tendientes a asegurar a todas las personas su derecho a la vida. El derecho de asociación, por ejemplo, tiene restricciones impuestas vinculadas a una evaluación de los fines de la asociación de que se trate.

El interrogante central es si el derecho de igualdad ante la ley exige acciones positivas por parte del Estado a fin de evitar que personas particulares, en ejercicio de su libertad individual y de su autonomía personal, afecten el derecho de igualdad ante la ley.

Tipos de Interferencias Estatales para Asegurar la Igualdad

Existen dos tipos de interferencias estatales posibles a fin de asegurar la igualdad ante la ley:

1. El juicio que podríamos llamar de legitimidad de fines y de razonabilidad o funcionalidad de medios.
2. La necesidad de impedir o desmantelar las situaciones de desigualdad estructural.

Derecho a Contratar Libremente y la Igualdad ante la Ley

Consiste en la libertad de que las personas establezcan acuerdos con quienes deseen, cuándo y en los términos que quieran. Existen interrogantes para saber si hay límite constitucional al derecho de no contratar. Los extremos accesibles están definidos del siguiente modo: A) el establecimiento de regulaciones estatales que por robustez harían

Obligaciones del Estado en la Remoción de Patrones Socioculturales

El artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dice que los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

El artículo 10 prescribe que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, con el fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y para asegurarla en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

Concepto de Género

Consiste en una construcción social que se genera, se mantiene y se reproduce fundamentalmente en los ámbitos del lenguaje y de la cultura. Alda Facio define el concepto de género como aquellas características, roles, actitudes, valores y símbolos que son impuestos dicotómicamente a cada sexo a través de la socialización y que nos hacen creer que los sexos son diametralmente opuestos.

Definición de Discriminación (Art. 1, CEDAW)

Esta expresión denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquiera otra esfera.

Violencia contra la Mujer (Art. 1, Convención de Belém do Pará)

Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Tipos de Violencia

• Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
• Psicológica: La que causa daño emocional o disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos o creencias mediante amenazas, acoso, hostigamiento, etc.

Derecho a la Privacidad o a la Autonomía Personal

Este derecho está previsto en la primera parte del artículo 19 de la CN, en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Este derecho protege la libertad de realizar cualquier acción que no cause un daño a los demás. En este marco, afirma la libre elección de planes de vida e ideales de excelencia humana y veda la interferencia con esa libre elección sobre la base de que el plan de vida o el ideal al que responde una acción es inaceptable.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha entendido que el derecho a la privacidad otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros.

El derecho a la privacidad es aquel que toda persona tiene a elegir libremente su plan de vida, sus modelos de virtud personal y sus preferencias morales, y a realizar libremente acciones que no provoquen un daño relevante a terceros, vedando al Estado u otros individuos la posibilidad de interferir en ellas.

Distinción entre el Derecho a la Privacidad y el Derecho a la Intimidad

Según Carlos Nino, la doctrina y la jurisprudencia han confundido sistemáticamente el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad. Si bien el primero presupone al segundo, se trata de dos conceptos diferentes que se encuentran en artículos distintos de la CN.

• La Privacidad se vincula al contenido de los actos que se entenderán privados en tanto solo afecten al propio agente y no dañen a terceros, sin importar el lugar o el medio en que son realizados.
• En cambio, la Intimidad se refiere a un ámbito exento del conocimiento generalizado de otros. Si bien se desprende del artículo 19, se encuentra regulado específicamente en el artículo 18 de la CN, en tanto se protege el domicilio, los papeles privados y la correspondencia epistolar.

A diferencia de lo sostenido por Nino, la CSJN ha considerado de manera idéntica estos conceptos. En Ponzetti de Balbín, la Corte utiliza los términos intimidad y privacidad como sinónimos que hacen a una misma cosa. En el precedente Halabi, Ernesto, la CSJN ha adecuado la ubicación constitucional del derecho a la intimidad en el artículo 18 de la CN. En sentido similar, la jueza ARGIBAY ha ubicado el derecho a la intimidad en el artículo 18 en el caso BALDIVIESO.

Noción y Exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)

La Declaración y el Programa de Viena potencian los caracteres de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Establecen que debe hacerse un esfuerzo concertado para garantizar el reconocimiento de los DESC a nivel social, regional e internacional. Debe admitirse que los derechos sociales presentan al menos alguna veta de justiciabilidad que debe ser resguardada para evitar que se diluya el núcleo esencial del derecho en cuestión.

Noción del Comité DESC

El Comité DESC es el órgano de supervisión del cumplimiento de las obligaciones estatales asumidas a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Asignó al Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) el examen de los informes periódicos de los Estados Partes. Frente a la dificultad para aplicar los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de los compromisos emergentes del Pacto por los Estados Partes, el ECOSOC procedió a crear el Comité.

Refutación de las Formulaciones Antinómicas entre Derechos

Tradicionalmente, se han planteado formulaciones antinómicas entre los Derechos Civiles y Políticos (DCP) y los DESC:

1. Derechos Perfectos (DCP) vs. Derechos Imperfectos (DESC): Si la presunta imperfección o debilidad intrínseca se conecta con inconsistencias estructurales de los DESC que los tornan insusceptibles de ser reclamados judicialmente, siempre existe al menos una faceta de exigibilidad judicial del derecho social en cuestión para evitar que se diluya su contenido mínimo.
2. Derechos de Abstención (DCP) vs. Derechos de Acción Positiva (DESC): Del mismo modo, carece de fundamento postular que solo los DESC requieren acciones positivas de parte del Estado, pues los civiles y políticos también las demandan. De lo contrario, bastaría una abstención para que quedaran abastecidos, lo que lejos está de ser razonable.
3. Derechos Gratuitos (DCP) vs. Derechos Prestacionales (DESC): Por último, queda preguntarse si existen verdaderamente derechos gratuitos o de costo cero para el Estado. La respuesta es negativa. Queda claro que los derechos civiles y políticos demandan prestaciones, por ejemplo, un sistema de administración de justicia o implementar una estructura policial para la seguridad ciudadana.