Portada » Historia » La Crisis de la Restauración y el Colapso de la Monarquía de Alfonso XIII (1902-1931)
Para superar la fragmentación del anarquismo y abarcar el conjunto del territorio español, en 1910, el sindicato Solidaridad Obrera promovió la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Sus principales líderes eran Salvador Seguí, Ángel Pestaña y Joan Peiró. La CNT estuvo prohibida y perseguida. En 1919, tras el Congreso de Sants (Barcelona) y el del Teatro de la Comedia (Madrid), se reafirmó en el apoliticismo, la negociación directa entre trabajadores y empresarios y la acción directa, lo que dio lugar a un aumento del pistolerismo.
En 1910, y gracias a esa coalición, el socialismo entró en el juego parlamentario, y desde ese momento conoció un notable incremento de su fuerza electoral e influencia en la vida política. Sus principales líderes eran Pablo Iglesias, Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero. Otros destacados fueron José Díaz y Dolores Ibárruri.
La Conferencia de Algeciras (1906) y el posterior Tratado Hispano-Francés (1912) supusieron y establecieron un protectorado franco-español en Marruecos. A España se le concedió una franja en el Norte, el Rif, y un enclave en la costa atlántica (Ifni y Río de Oro). La presencia española en esa zona se vio estimulada tanto por intereses económicos (minas de hierro, inversiones en ferrocarriles, obras públicas, etc.) como por la voluntad política de restaurar el prestigio del ejército, que pretendía convertir España en una nueva potencia colonial.
Sin embargo, la presencia española en esta área fue contestada por las tribus bereberes (cabilas). Los continuos ataques de estos obligaron a mantener una fuerte presencia militar española, que se intensificó a partir de 1909, cuando en unas operaciones militares para garantizar la plaza de Melilla, los rifeños infligieron una importante derrota a las tropas españolas en El Barranco del Lobo, donde se ocasionaron muchas bajas. Se pensó entonces incrementar el número de soldados españoles en el Rif para evitar la caída de Melilla. Para ello, el gobierno ordenó el envío de tropas integrado por reservistas, muchos de ellos casados.
El envío de un contingente de fuerzas reservistas provocó un importante movimiento de protesta popular en Barcelona, conocido como la Semana Trágica, apoyado por anarquistas, socialistas y republicanos. Hay que tener en cuenta que el sistema de reclutamiento de quintas comportaba que solo los varones de las familias humildes, que no podían pagar el rescate, fueron reclutados para la guerra. Los incidentes se registraron el 18 de julio durante el embarque de las tropas en el puerto barcelonés.
El sindicato de orientación anarquista Solidaridad Obrera hizo un llamamiento a la huelga general para el 26 de julio, que fue apoyada por la UGT y grupos republicanos. La revuelta en Barcelona se prolongó durante una semana, dando lugar a un movimiento que adquirió un fuerte componente antimilitarista y de rechazo a la hegemonía social y cultural de la Iglesia. En las calles se levantaron barricadas, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden y se incendiaron más de 80 edificios religiosos. Las autoridades respondieron declarando el estado de guerra y enviando refuerzos para reprimir las manifestaciones. Hubo heridos y muertos, con lo que el movimiento insurreccional se radicalizó y derivó hacia la actuación incontrolada de grupos que actuaban sin dirección ni coordinación. La situación volvió a la normalidad a partir del 29 de julio.
El balance de los enfrentamientos fue de más de 100 muertos, 300 heridos y casi un centenar de edificios destruidos. La Semana Trágica tuvo consecuencias políticas que afectaron a una notable desestabilización de los partidos del turno dinástico y a la caída del gobierno de Maura (campaña ¡Maura no!). La dureza de la represión unió a liberales y republicanos en la crítica al gobierno. Ante esta presión, el rey disolvió las Cortes y entregó el gobierno al líder liberal José Canalejas, que hasta su asesinato en 1912 llevó a cabo el último intento reformista desde dentro del sistema de la Restauración.
El dominio del protectorado de Marruecos era fuertemente sostenido por una parte del ejército, los llamados militares africanistas, y por el propio Alfonso XIII. Las empresas españolas también tenían interés por la construcción de ferrocarriles y la explotación de los recursos mineros de la zona. Por el contrario, la opinión pública no entendía que España interviniera en una zona tan pobre, llegando a iniciar una nueva guerra.
Después de los incidentes acaecidos en 1909 hubo un segundo momento histórico en el verano de 1921, cuando las tropas españolas iniciaron un avance desde Melilla con el fin de consolidar la ocupación del territorio. La acción, mal dirigida y planificada por el general Silvestre, pero que contaba con el beneplácito del rey, finalizó con una derrota en Annual. Los ataques y emboscadas contra las tropas españolas, inexpertas y dispersas en multitud de pequeñas fortificaciones, dieron lugar a una retirada masiva y desordenada que ocasionó más de 13.000 muertos en el ejército español, entre ellos el general Silvestre.
El Desastre de Annual provocó una terrible impresión en una opinión pública que ya era contraria a la guerra. Hubo grandes protestas y los diputados republicanos y socialistas reclamaron en el Parlamento el abandono de Marruecos y la petición de responsabilidades sobre los hechos. La comisión militar de investigación, presidida por el general Picasso, puso de manifiesto grandes irregularidades, corrupción e ineficacia, tanto en el ejército español destinado en África como en el Gobierno. Socialistas y republicanos plantearon la posible responsabilidad del rey, con quien el general Silvestre tenía relación directa. En septiembre de 1923, poco antes de que el Congreso emitiera su dictamen sobre el informe (Expediente Picasso), el golpe de Estado de Primo de Rivera impidió conocer las conclusiones de la investigación sobre el desastre de Annual.
En 1914, estando al frente del gobierno el conservador Eduardo Dato, se produjo el estallido de la Primera Guerra Mundial. Dato declaró la neutralidad de España y no entró en el conflicto. Esto permitió exportar productos industriales y agrarios, de los que los combatientes tenían una enorme necesidad y por los que estaban dispuestos a pagar altos precios. Gran parte de la producción era exportada, los precios interiores subían, pero esto no fue acompañado de subidas de salarios. Esto fue un problema para las clases asalariadas.
El movimiento fracasó y esto podría haber provocado la quiebra del sistema de la Restauración.
Huelga general: Huelga que se organiza a nivel de todo el Estado y en la que están llamados a participar los trabajadores de todas las empresas.
El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera (Capitán General de Cataluña) dio un golpe de Estado y estableció una dictadura militar. La Dictadura tuvo siete años de vida en los que se sucedieron dos formas de gobierno, el Directorio Militar (1923-25) y el Directorio Civil (1925-30), así denominados por la procedencia de sus miembros. En principio, la dictadura fue presentada como una solución política excepcional y de carácter provisional. El mismo Primo de Rivera repitió en varias ocasiones que concebía su régimen militar como un breve paréntesis temporal para poner orden y resolver los males de España, declarando que su deseo era retornar a los cuarteles y restablecer la normalidad constitucional anterior en cuanto lo hubiera logrado. Sin embargo, con el paso del tiempo, el general olvidó sus primeras intenciones y confirmó su voluntad de prolongar su poder personal para crear un nuevo Estado que sustituyera al sistema parlamentario liberal definido en la Constitución de 1876.
El argumento con el que el dictador justificó el golpe (en su manifiesto inaugural) era la crítica de que el régimen constitucional estaba agotado, desprestigiado y era un régimen corrupto. Otras consideraciones a tener en cuenta en la decisión de Primo fueron:
Algunos historiadores han apuntado recientemente que Primo de Rivera lo que pretendía era evitar que el régimen político acabara por democratizarse, ya que el último gobierno de concentración del liberal García Prieto se había planteado objetivos democratizadores de la vida política (libertad de cultos, reforma del Senado, cierta participación obrera en los beneficios industriales). Esa reforma del sistema podía resultar amenazadora para ciertos sectores sociales.
Por último, hay que señalar dos factores añadidos:
La Dictadura contó con abundantes apoyos en sus inicios: la aceptaron los partidos dinásticos, la Lliga y algunos republicanos. Los únicos opositores claros desde el principio fueron el PCE y la CNT, cuyas llamadas a la huelga general no fueron secundadas. El PSOE y la UGT no opusieron resistencia, lo que les permitió mantener sus periódicos y organizaciones.
En realidad, y como presidente del Directorio, el general Primo de Rivera pasó a concentrar en sus manos todos los poderes. El resto de los generales que componían el Directorio solo realizaban tareas de asesoramiento para ayudar a Primo de Rivera en las funciones de gobierno. Sus objetivos eran:
Las primeras medidas tomadas por Primo de Rivera desde el poder fueron la suspensión de la Constitución (no la derogación), la disolución de las Cortes, la prohibición de las actividades de todos los partidos políticos. Además, se apresuró a amnistiar a todos los militares procesados por negligencias en la derrota de Annual.
En cuanto al orden público, Primo de Rivera adoptó medidas enérgicas represivas, especialmente dirigidas contra los anarquistas y comunistas, ordenando la detención de muchos dirigentes, así como la clausura de todos sus locales y periódicos. Lo cierto es que el número de atentados terroristas disminuyó espectacularmente con gran rapidez.
La regeneración política era uno de los objetivos primordiales del discurso del dictador. Con el objetivo de liquidar el caciquismo, se elaboró un Estatuto Municipal y otro Provincial. Se sustituyeron los gobernadores civiles por militares. También se disolvieron todos los Ayuntamientos y fueron sustituidos por juntas de vocales asociados, integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad. La regeneración prometida quedó en una gran farsa, ya que se suspendieron todos los mecanismos electorales y la renovación política se limitó a reemplazar a los caciques por otros.
El problema marroquí era uno de los asuntos más espinosos tras el desastre de Annual. Además de la impopularidad del conflicto, el propio ejército estaba dividido entre los africanistas —partidarios de seguir la lucha— y los abandonistas. El propio dictador se había pronunciado desde hacía tiempo en contra de continuar las operaciones en Marruecos. Pero la liquidación de la guerra se debió, fundamentalmente, no a la iniciativa de Primo de Rivera, sino del dirigente rifeño Abd-el-Krim, que cometió el error táctico de atacar a los franceses en 1925. Esto propició una contundente actuación militar conjunta hispano-francesa en Alhucemas. La consecuencia inmediata fue la rendición de Abd-el-Krim, que despejó el camino para la finalización de la guerra dos años después (1927), en que se dio por concluida la ocupación efectiva de todo el Protectorado. Este fue sin duda el mayor éxito que se apuntó el dictador, que satisfizo la demanda generalizada de terminar con la guerra, y al mismo tiempo elevó el prestigio de los militares africanistas.
Por otra parte, aunque al principio prometió respetar la lengua, la bandera e instituciones catalanas (Mancomunitat), modificó su opinión y desencadenó una persecución contra todos los nacionalistas vascos y catalanes, que afectó tanto a los autonomistas más moderados como a los separatistas más extremistas. El general Primo de Rivera, que compartía los tradicionales valores militares que situaban la unidad de la patria por encima de todo, suprimió la Mancomunitat catalana en 1925, prohibió el uso de la lengua catalana en actos oficiales, impuso la educación en idioma castellano con carácter exclusivo en todas las escuelas e impidió la exhibición de la bandera catalana. De modo absurdo, llegó incluso a decretar el cierre del estadio del F. C. Barcelona porque los espectadores habían silbado allí contra el himno nacional español durante un partido de fútbol. Del mismo modo, el dictador dispuso la clausura de los periódicos peneuvistas y de todos los batzokis (locales de reunión de los militantes del PNV). (Doc. pág. 271)
Una vez resueltos los dos grandes problemas que podían justificar la situación excepcional de la dictadura ante la opinión pública —el orden social y la situación en Marruecos—, Primo de Rivera tuvo la oportunidad de retirarse y permitir así el retorno a la normalidad constitucional. Pero no lo hizo, sino que, por el contrario, en diciembre de 1925, modificó la composición del Directorio y sustituyó a casi todos los militares por civiles. Esta renovación del equipo de gobierno demostraba la intención de perpetuarse en el poder. El proyecto que intentó llevar a cabo consistió en la destrucción de los fundamentos del sistema parlamentario liberal y en su reemplazo por otro modelo de Estado con nuevas instituciones.
Los tres momentos principales de esta tentativa de organización de un nuevo régimen político fueron la formación de la Unión Patriótica en 1924 y la elaboración de un anteproyecto constitucional en 1929.
La Dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional de los años 20. El régimen primorriverista puso en práctica una política económica caracterizada por una fuerte intervención del Estado en todos los ámbitos de la economía del país. Algunas muestras del elevado grado de dirigismo económico estatal fueron:
Los problemas de su política fueron el crecimiento del déficit presupuestario que provocó un acusado endeudamiento del Estado (aunque estaba disfrazado por la contabilidad oficial) y el atraso agrícola. Se puso en marcha un modelo de mediación del trabajo que pretendía eliminar o atenuar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado y la integración de los sectores moderados del movimiento obrero. Su función consistía en la resolución de conflictos laborales que pudieran plantearse en el sector industrial (condiciones de trabajo, sueldos, despidos). Los socialistas del sindicato UGT participaron en estos Comités Paritarios. Esta participación de los socialistas en algunas de las instituciones organizadas por la dictadura recibió críticas muy duras desde diversos sectores de la oposición democrática izquierdista. Finalmente, esta política fue acompañada de leyes sociales paternalistas que aumentaron las prestaciones de la Seguridad Social y concedieron subsidios a las familias numerosas.
A mediados de 1928, el régimen entró en un imparable proceso de decadencia. Algunos de los factores que contribuyeron en mayor medida a acelerar esta decadencia del régimen dictatorial fueron:
Alfonso XIII, temeroso de que el desprestigio creciente de la Dictadura afectara a la propia imagen pública de la monarquía, optó por retirar la confianza al dictador. En enero de 1930, el general Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión y marchó a París, donde murió dos meses más tarde. (Doc. pág. 273)
Después de la renuncia de Primo de Rivera, el rey nombró como nuevo Jefe de Gobierno al general Berenguer, que años antes había sido procesado por las autoridades en la derrota de Annual. Este asumió el poder en una situación de enorme complicación e incertidumbre política, con objetivos demasiado difíciles.
En primer lugar, se propuso restablecer el sistema parlamentario liberal y reponer la Constitución de 1876, sin tener en cuenta que esta maniobra suponía una vuelta al pasado, anacrónica e inaceptable para muchos ciudadanos y para todos los grupos antimonárquicos de oposición (republicanos, izquierdistas y socialistas). En segundo lugar, el general Berenguer se empeñó en salvar la figura de Alfonso XIII, evitando que el rey fuera el responsable del golpe de Estado militar de 1923 y de los seis años de dictadura. Sin embargo, la mayoría de la opinión pública asociaba al monarca con el régimen primorriverista y Alfonso XIII era cada vez más impopular entre las clases medias y los sectores obreros.
En cualquier caso, Berenguer actuó durante los meses en que estuvo al frente del gobierno con gran lentitud e indecisión, ralentizó el proceso de recuperación de las libertades políticas y fue posponiendo la convocatoria de elecciones por temor a perder el control de la situación, lo que hizo que popularmente se ridiculizara este gobierno con el nombre de «dictablanda».
Mientras tanto, la oposición comenzó a organizarse y los republicanos, los catalanistas de izquierda y el mismo PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), cuyos objetivos eran instaurar la República, mediante un alzamiento militar apoyado por civiles, constituyendo un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura República. En diciembre de ese mismo año se produjo la insurrección militar de Jaca, que fracasó.
Como la gestión y los planes de Berenguer no parecían tener ningún éxito, fue sustituido en febrero por otro militar, el almirante Aznar, que se encargó de presidir un nuevo gobierno (el último gobierno de la Monarquía). El almirante Aznar redobló los esfuerzos por impulsar la normalización de la situación política y convocó de manera inmediata un proceso electoral íntegro que comenzó con la celebración de elecciones municipales el 12 de abril. Además, las nuevas autoridades facilitaron la libertad de propaganda y permitieron que todos los partidos presentaran candidaturas a las votaciones, cuyo posible resultado político era completamente impredecible.
Las elecciones municipales se celebraron el domingo 12 de abril. Estas elecciones fueron planteadas por la oposición (los firmantes del Pacto de San Sebastián) como un «referéndum» a favor o en contra de la monarquía, por lo que presentaron listas unitarias frente a las de los monárquicos, logrando un rotundo triunfo en todas las grandes ciudades (vencieron en 41 de las 50 capitales de provincia) y consiguiendo también muchos votos en las zonas rurales. La población salió a la calle proclamando la República. El 14 de abril de 1931 Alfonso XIII se exilió y fue proclamada la II República en medio del pacífico y bullicioso entusiasmo colectivo.
