Portada » Historia » España Contemporánea: Eventos Clave desde el Desastre del 98 hasta el Fin del Franquismo
En Cuba existía en el siglo XIX un movimiento liberal de cierta importancia que se oponía al control de la isla por parte de una oligarquía de origen peninsular. Este movimiento liberal estuvo compuesto, en general, por una clase media que en principio solo aspiraba a conseguir para Cuba una mayor autonomía, que le permitiera tomar decisiones acordes con sus intereses. Ante las peticiones de este sector de la sociedad cubana, España adoptó una actitud de ignorancia e insensibilidad. Esta indiferencia permitió el triunfo de la revolución que estalló en 1868, paralela a la de La Gloriosa, que no fue solo secundada por una burguesía rica criolla, sino también por las clases bajas y esclavos. Esta sublevación, liderada por Manuel de Céspedes, lanzó un manifiesto pidiendo la independencia. Así dio comienzo la Guerra de los Diez Años que ocupó el Sexenio Democrático y finalizó con Alfonso XII. Aprobada la Constitución de 1876 y asentada la monarquía de Alfonso XII, se reforzó la milicia en Cuba. Se envió al general Martínez Campos, que consiguió aunar las victorias militares con las negociaciones diplomáticas, lo que dio lugar a la firma de la Paz de El Zanjón (1878) que puso fin a la guerra. Con esta paz se mejoraron las condiciones administrativas de la isla y se concedieron indultos a los insurrectos mientras se fortalecía el régimen alfonsino, pero sin resolver el problema en Cuba. El final del imperio colonial español se dio en 1898 con el fin de la guerra de la independencia, caracterizada por la intervención de Estados Unidos y por su desarrollo en dos zonas geográficas distintas: Cuba y Filipinas. Cuba estaba obteniendo de Estados Unidos gran parte de sus ingresos, ya que le exportaba alrededor del 90 % de su producción de azúcar y tabaco. La presión diplomática de Estados Unidos sobre la isla se incrementó, obteniendo en 1892 un arancel favorable para sus productos. Después financió a los independentistas con la intención de ejercer de árbitro cuando surgiera un conflicto con la metrópoli. La guerra estalló en 1895 con el Grito de Baire, nombre de la parte oriental de la isla y por el que se conoce este levantamiento, dirigida por José Martí, quien escribió un manifiesto conjuntamente con el líder militar Máximo Gómez. Al poco de empezar la guerra murió José Martí, y fue Gómez junto con el mulato Antonio Maceo quienes lideraron la revolución. Ante esta situación, España envía de nuevo al general Martínez Campos, posteriormente reemplazado por el general Weyler (cuyo objetivo era la victoria sin negociación), sustituido a su vez por el general Blanco para retomar las negociaciones, aunque ya demasiado tarde. La clave del conflicto fue la intervención de Estados Unidos, que quiso comprar la isla con fines estratégicos y comerciales, y se encontró con la negativa de España a perder la soberanía sobre Cuba. Finalmente, la voladura del acorazado estadounidense *Maine* (enviado a La Habana con el fin de proteger a los residentes estadounidenses en Cuba), que explotó en circunstancias muy extrañas y produjo la muerte de 250 soldados estadounidenses, fue el pretexto para que Estados Unidos lanzara su ofensiva contra España, a menos que esta renunciara a la soberanía en Cuba. La flota española a menos que esta renunciara a la soberanía en Cuba. La flota española fue aniquilada en Santiago de Cuba mientras Estados Unidos invadió Cuba y Puerto Rico. El otro escenario de la guerra fue Filipinas. Estas islas nunca habían despertado especial interés para España, pero tras la pérdida de las colonias americanas, España dirigió hacia ellas su atención debido a su riqueza en azúcar y tabaco. Desde hacía tiempo, había aparecido en Filipinas un movimiento hostil a la presencia española en las islas. En 1896 estalló una revolución independentista que aprovechó Estados Unidos para presentarse como *liberador* ante los insurrectos filipinos. Al igual que en Cuba, la flota estadounidense derrotó de forma aplastante a la española, y las tropas americanas invadieron Manila. La guerra finalizó con la firma del Tratado de París (diciembre de 1898) por el cual España reconocía la independencia de Cuba (provisionalmente ocupada por EE. UU.), cedía a EE. UU. Puerto Rico, la isla de Guam (en las Marianas) y Filipinas (estas últimas a cambio de veinte millones de dólares). El Tratado de París significó el final del colonialismo español en América y en el Pacífico. Unos meses después, España vendió al Imperio Alemán los restos de su imperio insular en el Pacífico: las islas Carolinas, las Islas Marianas y las islas Palaos. La pérdida de las últimas colonias fue conocida como el Desastre del 98 y sumió a la población en un profundo pesimismo. Desde un punto de vista demográfico, las guerras coloniales supusieron un total de 120.000 muertos, más por enfermedades infecciosas que por fallecimientos en combate. Económicamente, la derrota conllevó la pérdida del mercado colonial. Provocó además el resentimiento de los militares hacia los políticos, el crecimiento del antimilitarismo popular y una crisis política. Se inició entonces un periodo marcado por el espíritu regeneracionista, que afectó al ámbito político, intelectual y literario. Se conoce como regeneracionismo al movimiento intelectual y crítico caracterizado por un rechazo al sistema de la Restauración por considerarlo una lacra para el progreso del país. En el ámbito político, este movimiento encontró dos salidas: por un lado, los políticos que habían formado parte del gobierno anterior proponían revisar el sistema con el fin de superar los vicios y adaptarlo a las nuevas demandas sociales y políticas, mientras que quienes no habían participado en el turno de partidos rechazaban el sistema en sí mismo. Los intelectuales (como Joaquín Costa) analizaron la situación, aspirando a una España más digna. En el campo literario, los integrantes de la *Generación del 98* (Baroja, Unamuno, Maeztu) plasmaron en sus obras el regeneracionismo, optando por la europeización de España sin olvidar sus raíces.
La Guerra de Marruecos fue un auténtico problema de la vida política española entre 1906 y 1927. Su origen está en la Conferencia de Algeciras (1906), en la que las disputas entre las grandes potencias por el Protectorado de Marruecos provocaron la concesión a España de la parte septentrional de este, el *Rif*, una zona pobre poblada por tribus belicosas (*kabilas*) que constantemente amenazaban los puertos de Ceuta y Melilla. El gobierno de Maura y el ejército español se plantearon la conquista de El Rif como una cuestión de honor y prestigio nacional que permitiera olvidar a la opinión pública el Desastre del 98. Además, existían ciertos intereses económicos en la zona (minas de hierro). Sin embargo, la cuestión de Marruecos se convirtió en un terrible problema, pues lejos de una victoria fácil, se convirtió en una larga pesadilla por la resistencia de los rifeños dirigidos por Abd el-Krim. La Guerra de Marruecos dividió a la sociedad española y entre los políticos había aquellos que apoyaban la conquista de Marruecos y los que preferían su abandono. A su vez, los militares se dividieron también entre los africanistas (favorecidos por los ascensos conseguidos por méritos de guerra en Marruecos) y los juntistas (recelosos de los ascensos de estos últimos). Asimismo, la guerra agravaba el problema de los soldados de cuota, ya que el pago de esta libraba del servicio militar a los hijos de las clases acomodadas, siendo esto una de las causas de la Semana Trágica de Barcelona. El punto álgido del conflicto marroquí llegó con el Desastre de Annual (1921), una aplastante derrota en la que se perdieron más de 13.000 hombres y Melilla estuvo a punto de caer en manos de los rifeños. La oposición acusó al gobierno y al rey de ineptitud. Se abrió entonces el expediente *Picasso*, en el que se implicaba a los altos mandos del ejército e incluso al propio rey. El contenido indignó a los militares, cuya creciente hostilidad puso en evidencia la proximidad del golpe de Estado de Primo de Rivera (1923). Parte de este periodo coincide además con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en la que España no participa. La guerra tuvo efectos económicos y sociales muy importantes puesto que durante la contienda se dio un incremento en las exportaciones que tuvo un efecto expansivo sobre la economía. Sin embargo, el aumento de la demanda exterior también provocó un ascenso generalizado de los precios, y los beneficios obtenidos no se repartieron adecuadamente ni se produjo un ascenso paralelo de los salarios. Así, las clases bajas perdieron poder adquisitivo y aumentó el descontento y la conflictividad social. Todos estos problemas económicos y sociales se unieron al problema político y al descontento en el ejército, y finalmente se precipitaron en la crisis de 1917. La primera manifestación de esta crisis fue la creación de las Juntas Militares de Defensa, asociaciones militares que exigían mejoras presupuestarias. Estas se formaron en 1916, entre la oficialidad intermedia, y se sublevaron a principios de 1917. Entre las causas de la sublevación se encontraba el descontento contra la política del gobierno liberal de Romanones por la pérdida del poder adquisitivo de los militares, el favoritismo en la concesión de destinos a Marruecos y la exigencia de exámenes de «aptitud» que fueron considerados como una «deshonra». La Asamblea de Parlamentarios fue el segundo capítulo de la crisis de 1917. Se trató de un «parlamento alternativo» a las Cortes, reunido en Barcelona, por iniciativa de Cambó y la Lliga Regionalista, pero que pretendía unir a toda la oposición política al Sistema de la Restauración (republicanos, nacionalistas y socialistas). La Asamblea de Parlamentarios pudo ser una revolución política incruenta, pues pretendía comportarse como una asamblea constituyente que modificara definitivamente el caduco sistema de Cánovas. Sin embargo, fracasó por las propias diferencias entre sus componentes, la oposición frontal al rey y al ejército y el miedo de los grupos burgueses a la huelga general. El tercer capítulo de la crisis de 1917 fue la Huelga General promovida por socialistas y anarquistas que protestaban por la pérdida de poder adquisitivo de los obreros. No obstante, más importante que las reivindicaciones laborales, eran las reivindicaciones de un cambio en el sistema político, que justifican que se califique a esta como una Huelga Revolucionaria. La huelga tuvo éxito en zonas urbanas (Barcelona, Madrid, Vizcaya), pero apenas tuvo importancia en otras zonas como Andalucía. La respuesta del gobierno fue negarse a negociar y el uso de la fuerza. La huelga contribuyó a hacer fracasar a la Asamblea de Parlamentarios y a acercar las posturas entre las Juntas de Defensa y el rey.
En el llamado Trienio Bolchevique (1918-1921), el movimiento obrero se radicalizó, sobre todo en las zonas de predominio anarquista, y los sindicatos experimentaron un singular crecimiento. Como consecuencia se intensificó la conflictividad social, siendo las principales reivindicaciones la subida salarial y la disminución de la jornada laboral. La respuesta habitual de los gobiernos fue la represión. En Barcelona, CNT organizó una huelga de electricidad que dejó 44 días a la ciudad condal sin luz. Este conflicto fue aprovechado por los anarquistas que desplegaron una espiral de violencia descontrolada contra las autoridades, patronos y fuerzas del orden. La patronal no dudó en financiar a pistoleros para acabar con los dirigentes obreros, llegando a crear una asociación llamada Sindicato Libre, para contrarrestar la labor de CNT, a través del uso de la violencia. Como represalia por estas políticas los anarquistas asesinaron en 1921 al presidente del Gobierno, Eduardo Dato. En el campo andaluz se extendió la conflictividad social quemando cosechas, ocupando tierras y repartiendo propiedades. Los gobiernos buscaron controlar estas manifestaciones ilegalizando las sociedades obreras y encarcelando a sus dirigentes. El impacto que provocó en los partidos socialistas de toda Europa la Revolución Bolchevique hizo que, en España, se creó en 1921 el PCE (Partido Comunista de España), dividiendo a la izquierda española. El PCE se adhirió enseguida a la Tercera Internacional mientras que el PSOE se mantuvo al margen y UGT alcanzó su madurez como sindicato. Por su parte CNT trabajaba para la creación de sindicatos únicos que agruparan a todos los oficios de una rama. Tras la crisis de 1917 se hizo patente la inoperancia del sistema político y su incapacidad para solucionar el problema obrero y la guerra de Marruecos. Aunque se intentó revitalizar con gobiernos de concentración que reunían a las fuerzas políticas monárquicas y conservadoras, estos también fracasaron, y llegaron a reunirse hasta diez gobiernos distintos, caracterizados por la inestabilidad y brevedad. Al rey solo le quedaba la vía militar, situación que aprovechó el general de Cataluña Miguel Primo de Rivera para dar un golpe de Estado en 1923.
En septiembre de 1923 tiene lugar el Golpe de Estado del general Primo de Rivera. Las causas principales de este pronunciamiento fueron la falta de iniciativa política para solucionar los problemas del país, los desórdenes públicos generalizados, el aumento de los precios que movilizó a las organizaciones sindicales, el enfrentamiento en el Parlamento como consecuencia del Desastre de Annual y las declaraciones realizadas por Alfonso XIII apelando a una solución «con o sin Constitución». El pronunciamiento apenas tuvo reacción política. Tan solo CNT se opuso, pero no tuvo fuerza para poner resistencia. La oposición al régimen provino también del sector intelectual, representado por Valle-Inclán, Unamuno, Azaña y Madariaga. Se puede dividir la dictadura de Primo de Rivera en dos etapas. La primera de ellas es el Directorio Militar (1923-1925). Este Directorio está formado por ocho generales que constituyen el órgano asesor del gobierno. Entre sus primeras medidas se encuentra la supresión de la Constitución de 1876 y la sustitución de los gobernadores civiles por gobernadores militares. Además, se limita la libertad de prensa y se establece la censura de publicaciones; se clausura el Ateneo de Madrid y se destierra a Unamuno; y se prohíben todas las manifestaciones del 1 de mayo. A pesar de que la dictadura comienza con un apoyo del nacionalismo conservador catalán, la política centralista que llevó a cabo Primo de Rivera chocó con las aspiraciones de los nacionalistas: se suprimirá la Mancomunidad y se cierra el periódico de la Lliga Regionalista. El mayor logro de esta etapa es la Guerra de Marruecos: en colaboración con Francia, España derrota a la kabila Abd el-Krim en el Desembarco de Alhucemas (1925). Así, se finaliza la Guerra de Marruecos y Primo de Rivera consigue uno de sus mayores logros militares y el momento de mayor popularidad. Durante este periodo se elabora el estatuto municipal y provincial, donde se amplían las competencias de los ayuntamientos y de las diputaciones, y se aumenta el presupuesto y gasto en infraestructuras sanitarias, educativas y de alcantarillado. Además, se modifica el mapa provincial creándose Las Palmas, que agrupaba a Gran Canaria. En lo político se creó un partido único llamado Unión Patriótica, bajo el lema de «Patria, religión y monarquía», que desaparecerá al acabar la dictadura. La segunda etapa es el Directorio Civil (1925-1930), que se establece con la intención de institucionalizar el régimen y de emprender un programa de economía dirigida. Para el primer objetivo, se pretendía la promulgación de una nueva Constitución, con la intención de que la dictadura tuviera un estilo más democrático, sustituyendo los militares por civiles. Así, se creó la Asamblea Nacional Consultiva, cuyo fin era redactar dicha Constitución, pero esta fue rechazada por el rey y también por la oposición política. En cuanto al segundo objetivo, en el que destaca el ministro Calvo Sotelo, se llevaron a cabo medidas como la creación de monopolios como CAMPSA, Tabacalera, Loterías y CTNE. También se realizaron obras públicas importantes como la fundación de la Confederación Hidrográfica y se financió un plan de carreteras. Se llevó a cabo una concentración bancaria gracias a la creación de grandes bancos como el Banco Central, el Hispanoamericano, el de Bilbao y el de Vizcaya. En cuanto a la política laboral se fundó la Organización Corporativa del Trabajo para regular las condiciones laborales y salariales. A pesar de los logros económicos y sociales se sucedieron una serie de conflictos que llevaron al fracaso el deseo de institucionalizar el régimen. Entre los problemas de la dictadura se encuentra el movimiento estudiantil, agrupado en la FUE (Federación Universitaria Española), que se movilizó cuando los títulos expedidos por universidades privadas se equipararon a los de las universidades públicas. Esta movilización fue reprimida por el Gobierno que cerró la Universidad Central, ante lo cual renunciaron a la cátedra Ortega y Gasset y Fernando de los Ríos. Por otro lado, aumenta el malestar en el ejército por el ascenso debido a los méritos, sobre todo en la Artillería, lo que favorece la tendencia republicana que se aglutina en torno a Alianza Republicana (integrada por Manuel Azaña y Alejandro Lerroux, y a la que se unen intelectuales como Unamuno, Pérez de Ayala y Machado). Asimismo, en Cataluña las clases medias radicalizan sus posturas y se aglutinan en torno a la figura de Francesc Macià, fundador del partido Estat Català, que junto a Esquerra Republicana atraerá a las clases medias hacia el republicanismo. A todos estos problemas se une la situación económica del país, afectado por la crisis derivada del Crack del 29. Por todo lo anterior, Primo de Rivera dimite en enero de 1930. Alfonso XIII elige como presidente a Dámaso Berenguer, que vuelve a la Constitución de 1876. Berenguer mantuvo un régimen dictatorial suavizado, conocido como la Dictablanda. Se disuelve la Asamblea Nacional Consultiva, se decreta una amnistía a todos los artilleros que habían participado en ese descontento militar y se facilita el regreso de los catedráticos a la universidad. Sin embargo, se intensifican los efectos de la crisis económica, produciéndose frecuentes oleadas de huelgas. En 1930 se establecen contactos entre los republicanos, socialistas, radicales y catalanistas de izquierda y se firma el Pacto de San Sebastián (17 de agosto de 1930) en el que se establece la formación de un comité ejecutivo y una estrategia para la vuelta a la República. Este comité establece el 15 de diciembre como fecha para la insurrección, pero los capitanes Galán y García Hernández se adelantan e inician un levantamiento en Jaca. Ambos son juzgados y fusilados el 14 de diciembre. El fracaso de la insurrección no detiene, sin embargo, el deseo de cambio de régimen. A su vez, los intelectuales crearon la Agrupación al Servicio de la República dirigida por Ortega y Gasset. La campaña de prensa contra el rey tuvo su máxima expresión en un artículo de este último titulado *El error Berenguer* (noviembre de 1930) que anunciaba el final de la monarquía. El Gobierno de Berenguer cada vez tiene menos fuerza y apoyo, y este presenta su dimisión a Alfonso XIII. La presidencia del gobierno recae sobre el almirante Aznar, que convoca elecciones municipales para el 12 de abril. A media tarde de ese día comienzan a saberse resultados en las capitales de provincia, donde el triunfo de las candidaturas republicanas es mayoritario, lo que es interpretado por los sectores más dinámicos de la sociedad como un apoyo a la República. El rey, con el fin de evitar una guerra, sale de España camino al exilio sin abdicar formalmente, mientras que en todas las capitales de provincia las multitudes aclamaron el nuevo régimen. En la Puerta del Sol de Madrid Maura, Alcalá Zamora y Azaña proclaman la Segunda República Española el 14 de abril de 1931.
Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 se empezó a gestar un golpe de Estado coordinado por el general Mola y apoyado por falangistas, carlistas y un sector de militares descontentos. Entre las causas que llevaron a tal determinación podemos señalar el choque entre fascismos, comunismo y democracias, los desequilibrios socioeconómicos, la cuestión religiosa, los problemas territoriales, el descontento del ejército, las consecuencias económicas de la crisis de 1929, el aumento de las tensiones internacionales y el deterioro del orden público. En política, las izquierdas habían abandonado la vía democrática tras la Revolución de Asturias de 1934, lanzando a las masas a la revolución en la campaña de las elecciones de febrero del 36. Los socialistas entendían la República como un régimen burgués con el que había que colaborar como paso previo para lograr la dictadura del proletariado y el triunfo de la revolución como en Rusia, mientras que los anarquistas buscaban la destrucción del Estado para hacer realidad sus utopías libertarias. Por todo esto, la derecha decidió acudir a un golpe militar para restablecer el orden en el país, pero los sublevados pretendían un golpe breve, no una guerra civil. La sublevación se inició en Marruecos el 17 de julio de 1936. Los rebeldes, al mando del general Yagüe, pasaron enseguida a dominar Ceuta, Tetuán y Larache. Tras controlar la situación en Canarias, el general Franco se trasladó a Marruecos y se puso al frente de la rebelión. La mañana del 18 de julio, la insurrección se extendió a algunas guarniciones peninsulares, provocando la dimisión del presidente del Gobierno Casares Quiroga. Entre el 18 y el 19 de julio se incorporaron a la sublevación Sevilla —al mando del general Queipo de Llano—, Cádiz, Córdoba, Granada, Navarra, Galicia, la mayor parte de Castilla y León, La Rioja, Álava, Extremadura y parte de Aragón. El resto de la Península permaneció fiel al bando republicano. De este modo, el conjunto del territorio republicano tenía un gobierno legítimo que controlaba la mayoría de las zonas industriales, las provincias más ricas y pobladas, el litoral Mediterráneo y gran parte del Cantábrico. Tuvo el apoyo de la aviación, un tercio de los oficiales de tierra, casi toda la flota y la Guardia Civil y de Asalto. Los insurrectos por su parte se hicieron fuertes en la España agrícola y contaron con una buena parte del ejército. En los cuatro primeros días, del 17 al 21 de julio, la lucha fue violenta y confusa. En Madrid se entregaron armas a las milicias populares y obreras que asaltaron el Cuartel de la Montaña, que era el principal reducto de los sublevados y los aniquilaron. A partir del 21 de julio se puso de manifiesto el fracaso del golpe militar y España quedó dividida en dos, dando lugar a la Guerra Civil Española. Para muchos españoles, el sumarse a un bando u otro dependió simplemente de la zona donde les sorprendió la sublevación. El bando republicano lo integraban 14 millones de habitantes, 21 capitales, y contaban con productos agrícolas básicos, las reservas de oro del Banco de España y 13 generales con mando en división (de 17). Entre sus apoyos políticos y sociales se encontraban el PSOE, la UGT, la CNT, los comunistas, los nacionalistas catalanes y el PNV. El bando sublevado lo integraban 11 millones de habitantes y 29 capitales. Eran zonas rurales y menos pobladas, tenían las reservas trigueras; 4 generales con mando en división (Cabanellas, Franco, Goded y Queipo de Llano), y el ejército de África. En cuanto a sus apoyos políticos y sociales nos encontramos con algunos integrantes de la CEDA (Gil Robles se exilió), la Falange y JONS, los carlistas (requetés) y la Iglesia. Su subordinación a una autoridad militar hará eficaz la acción. Desde el comienzo, la Guerra Civil no fue indiferente para el conjunto de los gobiernos europeos y mundiales porque fue vista como una lucha entre el fascismo y la democracia. La guerra se resolvió entre los propios españoles, pero la intervención de las potencias extranjeras fue uno de los aspectos más notables del conflicto, entre otras cosas, porque alargó la guerra, ya que el material bélico en España en 1936 era muy limitado. Muchos países europeos firmaron el acuerdo de no intervención (compromiso de no enviar material bélico durante la Guerra Civil) pero en la práctica lo incumplieron Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La ayuda no oficial fue abundante. El apoyo internacional a los sublevados provino principalmente de la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y Portugal de Salazar. La principal aportación germana fue la *Legión Cóndor*, un reducido cuerpo del ejército compuesto sobre todo por una moderna aviación de guerra, y Alemania presionó en el Comité de No Intervención impidiendo que las democracias apoyaran a la República. Sin el apoyo alemán hubiera sido difícil el triunfo de los sublevados. Por su parte, el apoyo de Italia fue esencial en el paso del Estrecho de Gibraltar. Esta ayuda italiana se concretó en el envío del Cuerpo Voluntario de Tropas (CVT) que intervino en la Batalla de Guadalajara y en la conquista de Málaga. La ayuda portuguesa fue de carácter logístico, permitiendo el paso del material procedente de Alemania e Italia. El apoyo internacional al bando republicano fue escaso. El estado que colaboró de forma más destacada fue la Unión Soviética, que facilitó abundante material bélico, así como asesores militares e instructores para el manejo del material de guerra. Además, destaca la actuación de las Brigadas Internacionales, cuerpos de militares voluntarios extranjeros integrados por cerca de 40.000 voluntarios de más de 70 países que querían defender la República y se consideraban luchadores contra el fascismo. La efectividad de las Brigadas Internacionales fue importante en la zona de Madrid, pero su aportación no fue especialmente decisiva. En comparación con otras, la Guerra Civil Española representó un salto de calidad en recursos movilizados y en capacidad destructora, y fue concebida como una guerra de ensayo del armamento y de las estrategias de la Segunda Guerra Mundial.
A pesar de sufrir una dura represión, la oposición al franquismo, tanto en el exterior como en el interior, va a tener múltiples variantes. En los años 40 podemos diferenciar entre una «pacífica o monárquica» (don Juan de Borbón lanza el *Manifiesto de Lausana* en 1945 por el que reclama la vuelta a una monarquía constitucional) y una «violenta» (coincidiendo con el aislamiento internacional del régimen, 1945-1948, aparecen los *maquis* o guerrilleros, que tratan de reavivar la llama de la guerra para que se produjera una intervención exterior, y estallan huelgas en Bilbao y Barcelona). Al principio de los años 50 se producirán boicots populares (dentro del sistema) como el de los tranvías de Barcelona (1951). Entre 1956 y 1958 serán frecuentes las huelgas en el País Vasco, Barcelona y Madrid contra la inflación que obligarán a publicar la Ley de Convenios Colectivos de 1958. A finales de esta década en la Universidad estallarán conflictos entre el SEU y los opositores franquistas que acabarán con purgas en el Ministerio de Educación (Ruiz Giménez) o en el rectorado de Madrid (Laín Entralgo) y de Salamanca (A. Tovar). Desde los años 60 y al hilo de los profundos cambios que experimentó la sociedad española, fue surgiendo una oposición variada y activa que se concretó en el mundo del trabajo con la convocatoria de huelgas en las que se mezclaron reivindicaciones laborales y políticas. Prueba de ello fue la aparición entre 1962 y 1966 de CCOO, dentro del *Sindicato Vertical*, o de USO. En la universidad, el estallido en 1965 de una nueva agitación condujo a la declaración del Estado de excepción en 1969. Fueron expulsados de sus cátedras Tierno Galván, García Calvo y Aranguren. La oposición también se manifestará en el movimiento estudiantil que sintonizó con organizaciones clandestinas y de extrema izquierda. Asimismo, dentro de la Iglesia, donde influirá el Concilio Vaticano II, surgirán activos opositores, principalmente los curas vascos y catalanes y el cardenal Enrique Vicente y Tarancón. En cuanto a los grupos políticos, se produjo una proliferación de partidos clandestinos entre los que destacaría, sobre todo, el PCE. Mientras tanto, el PSOE se reorganiza en 1974 en el Congreso de Suresnes, cediendo su dirección a Felipe González. Ambos partidos promovieron coaliciones democráticas unitarias, como la Junta Democrática (alrededor de los comunistas) y Plataforma de Convergencia Democrática (en torno a los socialistas) que finalmente se fusionaron en la Platajunta. El régimen franquista se había construido sobre la figura del dictador. Aunque se habían puesto las bases legales e institucionales para intentar que sobreviviera a su creador, era evidente que su muerte sería su gran reto. Por ello, desde que el deterioro físico de Franco se evidenció, aumentaron los indicios de que esta traería un cambio inevitable. A raíz de la proclamación de don Juan Carlos como sucesor de Franco (1969), las fuerzas políticas franquistas se organizaron en seguidores del almirante Carrero Blanco y en excluidos por él. El caso *MATESA* (1969) evidenció las luchas internas del régimen y transmitió los primeros síntomas de inestabilidad política. Las reacciones internacionales que produjo el Proceso de Burgos (1970), en el que se condenó a muerte a 16 miembros de ETA por el asesinato de un policía y que obligaron al régimen a indultar a los condenados para evitar su aislamiento internacional, evidenciaron aún más la crisis interna del régimen. Ante ello, aumentaron la conflictividad laboral, la oposición política (Junta Democrática, Plataforma de Convergencia Democrática), la tensión con la Iglesia y la disidencia dentro del ejército (Unión Militar Democrática). El asesinato del almirante Carrero Blanco (diciembre de 1973) por ETA buscaba eliminar a quien debía garantizar la continuidad del régimen. Su muerte abrió una disputa entre los reformistas (Pío Cabanillas, Marcelino Oreja o Fernández Ordóñez), partidarios de introducir cambios en el régimen para que sobreviviera, y los inmovilistas, defensores de continuar como estaba. El nombramiento de Arias Navarro como jefe de Gobierno abrió ciertas esperanzas cuando se dirigió a las Cortes para exponer su programa, en el que prometía cierta apertura política (*espíritu del 12 de febrero*), pero todo se quedó en promesas. El clima de inestabilidad iba en aumento (manifestaciones, huelgas) siendo la represión cada vez más desproporcionada. Los atentados de ETA y del FRAP aumentaron y se promulgó una nueva Ley Antiterrorista (1975), por la que se ejecutaron, haciendo caso omiso a la protesta internacional, a cinco condenados, dos meses antes del fallecimiento del dictador. Mientras esto ocurría, la Marcha Verde sobre el Sáhara evidenciaba aún más la debilidad del régimen franquista en el contexto mundial. El 20 de noviembre de 1975 fallece Franco, abriéndose una profunda incertidumbre sobre el destino político de España.
La primera fase de la Guerra Civil abarcó de julio de 1936 a marzo de 1937. La estrategia militar más importante fue la «actuación de las columnas» (expediciones de tropa en las que se mezclan militares con militantes o civiles pertenecientes a los partidos políticos con el objetivo de consolidar los frentes o conquistar territorio). Tras el triunfo parcial del golpe de Estado (17-18 julio) el bando sublevado se articuló en torno a dos ejércitos, el del sur y el del norte, liderados por Franco y Mola respectivamente. En el norte, Mola envió una columna a Madrid y otra hacia el País Vasco, tomando Irún y San Sebastián, y haciéndose con el control de la frontera francesa. Por su parte Franco organizó las columnas desde el sur hasta Madrid. Antes de llegar a la capital, realizó una maniobra que culminó con la liberación del Alcázar de Toledo. Las columnas republicanas tuvieron menos éxito en las primeras semanas del conflicto. Partieron desde Barcelona hacia el frente de Aragón, pero este frente quedaría paralizado hasta finales del 37. Para los sublevados el objetivo fundamental era la ocupación de Madrid, que fue defendida por las Brigadas Internacionales. Franco cambió de estrategia e intentó cortar la línea de defensa de Madrid con la Batalla del Jarama (febrero 1937) sin éxito, y en el último intento de conquistar la capital, las tropas italianas fueron vencidas por las Brigadas Mixtas e internacionales en la Batalla de Guadalajara (marzo 1937). Comienza así la segunda etapa de la guerra (marzo de 1937-diciembre de 1938). Ante la imposibilidad de la toma de Madrid, los planes de Franco se orientaron hacia la conquista del territorio republicano del norte. Los sublevados disponían de superioridad aérea gracias a la ayuda de la aviación alemana (Legión Cóndor) que bombardeó Guernica (abril 1937), tomaron Bilbao, Santander y Asturias. Por su parte, los republicanos pusieron en marcha una operación para aliviar el frente norte en Brunete (Madrid, julio, 1937) y Belchite (Zaragoza, agosto 1937). Una vez que Franco ganó el frente norte, desplegó un ataque a lo largo del frente de Aragón con la intención de alcanzar el Mediterráneo y dividir la zona republicana, y tras una dura batalla, los sublevados conquistaron Teruel (diciembre 1937). En abril de 1938 alcanzaron la Costa Mediterránea llegando a Vinaroz (Castellón) y a continuación, emprendieron camino a Valencia. Sin embargo, una nueva ofensiva republicana detuvo el ataque con la Batalla del Ebro (finales de 1938), en un intento de las tropas republicanas de Cataluña de unificar sus territorios. Esta batalla ocasionó multitud de bajas y el dominio del ejército franquista del aire inclinó la victoria a su favor.
Comienza la tercera y última etapa de la Guerra Civil (diciembre de 1938 a abril de 1939). A finales de 1938, el ejército de los sublevados se lanzó sobre Cataluña que apenas pudo resistir unas semanas debido a la superioridad del ejército franquista, y Barcelona es conquistada sin un disparo. La capital del gobierno republicano se trasladó a Gerona. El 28 de marzo de 1939 cayó Madrid y a continuación el resto de las provincias que estaban bajo el poder de los republicanos. El 1 de abril de 1939 el general Franco firmó el último parte de guerra que afirmaba «la guerra ha terminado». En cuanto a la evolución política en el bando de los republicanos, Casares Quiroga era el presidente de Gobierno al comenzar la guerra pero pronto su autoridad quedó deteriorada. En septiembre de 1936, asumió el poder Largo Caballero, quien promovió diversas medidas, entre las que estaba la aprobación del Estatuto del País Vasco, la creación de los Tribunales Populares y la expropiación sin indemnización de las tierras de todos aquellos propietarios que habían apoyado a los insurrectos. En mayo de 1937 se agudizó en Barcelona la división interna de la España republicana. Los enfrentamientos terminaron con la destitución de Largo Caballero, y su reemplazo por Negrín, quien gobernará desde mayo de 1937 hasta el fin de la guerra. El gobierno de Negrín se caracterizará por la crisis interna y el enfrentamiento entre el PCE, el PSOE, y los republicanos, que aunaron sus esfuerzos para defender sus instituciones y el régimen Constitucional; y el sector extremista y el POUM que querían una revolución proletaria. A mediados de 1938 se acentúa cada vez más la división entre los partidarios de la resistencia o de los que quieren negociar la paz. Tras la caída de Cataluña (enero de 1939) Azaña dimite y huye a Francia contribuyendo a la derrota moral de los republicanos, mientras que el Gobierno de Franco es reconocido por Reino Unido y Francia. Esto provocó el golpe de Estado del coronel Casado, quien negoció la paz con Franco. Este exigió la rendición incondicional. Con la caída de Madrid, la República se desmoronó. Si nos centramos en el bando de los sublevados, tras la muerte de Sanjurjo, el general Mola formó en Burgos una Junta Militar. Sin embargo, enseguida surgió la necesidad de articular un mando único para dirigir la guerra y crear una jefatura para el nuevo Estado. Así, Franco es nombrado Generalísimo, jefe del nuevo Estado, y presidente de un partido único que aglutinaba a falangistas y tradicionalistas, y que tomó el nombre de Falange Española Tradicionalista de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (la FET de las JONS). La obra política de Franco se dirigió a instaurar un orden social profundamente conservador y a consolidar los apoyos de las fuerzas que le ayudaron durante la guerra. En cuanto a las consecuencias de la Guerra Civil, en el ámbito demográfico se calcula que hubo alrededor de 300.000 víctimas entre los muertos en campo de batalla y los asesinados en represalias. A esto hay que añadir el gran número de personas que se marcharon al exilio durante y tras la contienda (cerca de 500.000), entre los que se encontraban intelectuales como Alberti, Cernuda o Severo Ochoa. El país quedó económicamente destrozado. En el sector político, se instauró una paz impuesta, mediante la imposición del bando sublevado frente al republicano, al margen de cualquier reconciliación nacional. Se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas (febrero de 1939) que abrió el camino para la represión de quienes habían prestado apoyo activo o pasivo a la República, muchos de los cuales fueron juzgados y ejecutados. Sin lugar a dudas, las consecuencias más duras fueron las psicológicas, ya que se trató de una guerra fratricida, en la que vecinos, amigos y familia fueron víctimas del odio mutuo y del afán de exterminio recíproco. Se abrieron, además, unas heridas que lenta y difícilmente fueron cicatrizando durante los cuarenta años de la posterior dictadura de Franco y que solo tras la Transición parecen haber sanado, aunque aún hoy en día permanezcan rencores por parte de algunos sectores de nuestra sociedad.
En economía, inicialmente el régimen se decantó por la autarquía por razones ideológicas (acercamiento al fascismo) y por obligación, como consecuencia del aislamiento internacional tras el final de la Segunda Guerra Mundial (condena del régimen de Franco por la ONU el 12 de diciembre de 1946). Por consiguiente, toda la economía pasó a estar estrechamente ligada a las decisiones del gobierno (intervencionismo estatal). Ante los enormes destrozos causados por la Guerra Civil que se agravaron por el conflicto mundial que no permitió la ayuda exterior, el Estado impulsó:
Las consecuencias de esta política económica fueron nefastas: se produjo un estancamiento económico y un nulo avance de la producción industrial y España continuó así siendo un país básicamente agrario y rural, aumentó la inflación, descendió la renta per cápita y consecuentemente, creció la marginalidad; disminuyeron los salarios, subió el desempleo y se deterioraron las condiciones de vida; apareció el estraperlo (mercado negro) y aumentó la corrupción. En la década de los 50, el fin del aislamiento internacional y la gran escasez de casi todos los productos impulsaron algunos cambios tanto económicos como políticos. El más importante fue la supresión de las cartillas de racionamiento y el abandono progresivo de los principios autárquicos y del intervencionismo estatal. Coincidió esta etapa con la recepción de ayuda norteamericana y la apertura al comercio internacional, que provocaron una aceleración del crecimiento económico, pero sobre todo un aumento de las importaciones. Sin embargo, las medidas económicas provocaron una enorme inflación y que el Estado estuviera al borde de la suspensión de pagos al exterior. Entonces fueron nombrados ministros Mariano Navarro Rubio, de Hacienda, y Alberto Ullastres, de Comercio, («tecnócratas») que se encargarán de redirigir la economía sin socavar los fundamentos políticos de la dictadura. Para ello entre 1957 y 1959 se aprobarán un conjunto de disposiciones legislativas que fue conocido con el nombre de Plan de Estabilización (devaluación de la peseta para favorecer nuestras exportaciones, concesión de facilidades a la inversión de capital extranjero, incremento de impuestos, reducción del gasto público y bajada de salarios). Los efectos fueron positivos (se redujeron los precios y se evitó la bancarrota estatal) y también negativos (descendió el consumo y aumentó el número de parados). Pero en conjunto se consiguió sentar las bases del posterior desarrollo de la década de los 60. El proceso económico expansivo que se produjo fue encauzado mediante los Planes de Desarrollo, ideados por Laureano López Rodó. Con ellos se trató de aumentar el volumen de los intercambios comerciales con el exterior, multiplicar las exportaciones de artículos españoles, incrementar el PIB, estimular el consumo de la población e impulsar las inversiones empresariales. Se crearon también los Polos de Desarrollo (12 en total) y de Promoción para atenuar los desequilibrios regionales y fomentar la industrialización por todo el país. Los resultados brillantes de esta política económica hicieron que España dejara de ser un país atrasado, agrario y rural. Se desarrolló, sobre todo, la industria (la de bienes de consumo —automóviles y electrodomésticos—, la química —plástico y fibras sintéticas—, la siderúrgica y la alimentaria) y en menor medida el sector servicios (turismo). El campo también se modernizó y la producción aumentó y se liberó mano de obra (emigración interior y exterior). A pesar de todo, hubo también hechos negativos: persistencia de los desequilibrios regionales, crecimiento desordenado de las ciudades, desastres ecológicos… No solo fue el desarrollo industrial el factor que influyó en el despegue económico español, también fueron fundamentales la emigración y el turismo, porque permitieron equilibrar la balanza de pagos, reducir las tensiones sociales (paro) y modernizar progresivamente la sociedad. Es en el ámbito social, más que en la política y la economía, donde se apreciaron los mayores cambios. Durante los primeros años de la posguerra, la población española sufrió duras condiciones de vida: hambre, insalubridad de las viviendas, enfermedades, etc., por lo que la tasa de mortalidad, fundamentalmente infantil, creció y, por tanto, el crecimiento vegetativo de la población se redujo. Estas precariedades empujaron a muchos españoles a emigrar del campo a la ciudad, principalmente a los núcleos industriales (País Vasco, Madrid, Barcelona, Valencia…), despoblándose el interior y apareciendo el fenómeno del chabolismo. En la década de los 60 es cuando se va a experimentar el aumento demográfico como consecuencia del descenso de la mortalidad, en concreto infantil, y el aumento de la natalidad por las mejoras de las condiciones de vida. Se pasará así de los 30 millones de habitantes en 1960 a los cerca de los 34 en 1970. La esperanza de vida alcanzará los 70 años para los hombres y 76 para las mujeres en 1975, cuando en 1945 no superaba los 47-53 años, respectivamente. También en los 60 se intensificó el éxodo rural y lo hizo en dos direcciones: Europa, con más de 1.300.000 españoles marchándose en busca de trabajo a Francia, Alemania, Suiza, Bélgica…, y zonas industriales españolas, con cuatro millones de personas cambiando de residencia. Los problemas que ya aparecieron antes (vacío interior, chabolismo…) se agudizarán en esos años. Ahora se producirá el auténtico cambio de la sociedad española pareciéndose ya más a la de un país industrializado. El sector primario ocupará en 1975 solo al 21% de la población, mientras que el industrial al 38% y el de servicios al 41%. Pero lo novedoso será la aparición de una clase media importante. Simultáneamente y por influencia de la expansión económica, se produjeron también transformaciones en el ámbito de las mentalidades, por lo que la sociedad española a finales de los años 60 y comienzos de los 70 podría equipararse a la del resto de Europa. Nos introdujimos en la sociedad de consumo: frigoríficos, televisores, automóviles (SEAT 600), etc. Se extendió notablemente la demanda de educación (se promulgó en 1970 la *Ley General de Educación*), por lo que disminuyó el analfabetismo y se democratizó el sistema educativo. Los jóvenes introdujeron nuevas ideas y pautas de comportamiento. La mujer comenzó a incorporarse al mundo de los estudios y del trabajo remunerado, abandonando su papel tradicional de solo madre y esposa, y fue portadora también de una nueva mentalidad más libre. La propia Iglesia también se renovó a raíz del Concilio Vaticano II y comenzó a distanciarse del régimen. Todos estos cambios influyeron notablemente en la posterior evolución del régimen y en su disolución.