Portada » Historia » España en Transición: De la Revolución de 1868 a la Primera República
La Revolución de 1868 abrió un periodo en España en el que los Borbones no reinarían hasta la vuelta del hijo de Isabel II, Alfonso XII, quien reiniciaría la Restauración de la dinastía en España. Este proceso revolucionario, aunque buscaba transformar el sistema político español, no logró romper con el bloque tradicional de los mismos sectores que impulsaron esos cambios, y terminaron reinstalando la monarquía.
Durante esta etapa se produjeron un conjunto de cambios importantes:
Esta crisis general llevó al final del reinado de Isabel II, quien se exilió en Francia. Aunque trató de mantenerse, la muerte de políticos moderados con experiencia como O’Donnell le hizo desistir.
Tras el Pacto de Ostende en 1866 y su ratificación en Bruselas, se organizó la Revolución de 1868, en la que se expresó un programa político de demócratas y progresistas. La muerte de O’Donnell, la división del ejército y la acción de los conspiradores propiciaron la preparación de un proceso revolucionario ejecutado por militares, dirigido por los generales Prim y Francisco Serrano. El levantamiento del almirante Topete en Cádiz permitió el regreso de políticos y militares exiliados por Isabel II, quienes se unieron a las fuerzas revolucionarias y marcharon a Córdoba.
El 28 de septiembre de 1868, los rebeldes derrotaron en la Batalla de Alcolea al ejército de Isabel II, lo que dio paso a las Juntas Revolucionarias, que organizaron el gobierno del país hasta la convocatoria de las Cortes Constituyentes. La Junta de Madrid tuvo una importancia destacada y llevó al gobierno provisional a los generales Serrano, Prim, entre otros.
Este gobierno fue reconocido por varios países europeos, pero no por Inglaterra y la Santa Sede. Los intentos demócratas de solucionar problemas como la supresión de las quintas y el descenso de los impuestos de consumo se vieron desbordados por el estallido de la Guerra de Cuba, lo que llevó a la desaparición de las Juntas y a la formación de un gobierno provisional que anunció un nuevo sistema político, con sufragio universal masculino y la convocatoria de Cortes.
En unas elecciones mediante sufragio universal, los españoles debían decidir qué sistema político deseaban para España (medida adoptada por el acuerdo del Pacto de Ostende). El sistema político elegido en dichas elecciones fue el democrático, lo que obligó a:
Las primeras Cortes del Sexenio fueron presididas por Nicolás Rivero y Salustino Olózaga. En este proceso se estableció una propuesta de Constitución que recogía:
Junto a la Constitución anteriormente reseñada se tomaron decisiones tales como:
Los republicanos, desencantados por el carácter monárquico de la Constitución y apoyándose en el descontento popular por la no supresión de las quintas y los impuestos sobre el consumo, provocaron levantamientos en regiones como Valencia, Aragón y Andalucía. Esto dio lugar a una fuerte represión por parte del gobierno y su posterior denuncia en las Cortes. Esta situación, junto a otros problemas, condujo a la renuncia del general Espartero como regente y aceleró el proceso de elección de un nuevo monarca.
Entre los candidatos seleccionados estaban:
Ante la presión de los gobiernos de Francia y el Reino Unido, fue este último el designado, reinando como Amadeo I de Saboya. Este monarca debía venir a España y jurar la Constitución, pero antes de su llegada, en 1870, fue asesinado el general Prim, el apoyo más importante de este candidato. Este hecho influyó en la división de los progresistas: unos se unieron a los moderados con Sagasta, y otros a los republicanos de Ruiz Zorrilla.
Durante la monarquía de Amadeo I de Saboya, se sucedieron varios gobiernos:
El miedo al naciente sindicalismo y socialismo español entre la nobleza, unido a un nuevo intento carlista que aspiraba a coronar a Carlos VII como rey, llevó a incursiones entre 1872 y 1876 en Vera. Las conspiraciones de Cánovas del Castillo, el descontento de una parte del ejército que no reconocía al nuevo monarca y el personalismo de algunos jefes de gobierno llevaron a este monarca a abdicar el 11 de febrero de 1873. Ese mismo día, el Congreso y el Senado declararon la Primera República Española.
La Primera República nació de una frágil alianza entre los republicanos radicales y los republicanos unitarios. No fue reconocida por Francia ni por Gran Bretaña, temerosas de una posible federación ibérica.
La República se apoyó en burgueses liberales y algunos intelectuales de ideas krausistas, quienes pensaban que la educación y la formación sacarían a la sociedad del atraso, además de en grupos obreros que creían que este sistema acabaría con las injusticias sociales. Este sistema político mantuvo luchas y disputas entre el federalismo y el unitarismo para poder determinar la concepción del Estado.
Los presidentes republicanos que dirigieron el gobierno en este periodo fueron:
Tras el golpe de Estado dado por el general Pavía, fue el general Serrano quien asumió el poder. Se encargó de suspender la Constitución de 1869 y no aprobar la Constitución de 1873.
El vacío de poder dejado tras este sistema político anterior permitió la unión de los conspiradores alfonsinos, quienes trataron de recuperar la monarquía para el hijo de Isabel II, Alfonso de Borbón.
En el gobierno de Serrano figuraron políticos que trataron de restablecer el orden social y dar garantías a los sectores más conservadores. Para ello, se disolvió la Sección Española de la Primera Internacional de Trabajadores y se declaró ilegales a los republicanos federales.
Para hacer frente a la grave situación económica causada por la Guerra de Cuba y las Guerras Carlistas, el Banco de España se transformó en Banco Nacional el 19 de marzo de 1874. Así, el gobierno obtuvo una institución que le prestara dinero, a cambio de otorgarle la capacidad de emitir moneda y billetes por un valor superior en cinco veces a sus reservas.
Otro hecho importante consistió en separar a los republicanos del poder, lo que influyó en los siguientes acontecimientos:
Los censos recogidos en España arrojaron una población de 12.000.000 de habitantes en 1837 y de 16.000.000 de habitantes en 1877. Esta mejora se debió a:
La nobleza fue un grupo que se redujo, a pesar del ennoblecimiento de grupos procedentes de los negocios, la política o el ejército. Seguían siendo rentistas y absentistas, sin interés por modernizar el país. Muchos de los beneficios obtenidos en la agricultura se transfirieron a negocios especulativos, lo que acentuó el desequilibrio entre las zonas de origen de estas rentas y los lugares de inversión.
La burguesía fue el sector social del que provino la riqueza (actividades agrícolas, industriales, comercio), lo que les confirió una conciencia de grupo. Se instaló en Barcelona, Valencia, Santander, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. La burguesía industrial se caracterizó por un proteccionismo económico y un moderantismo político, especialmente en Cataluña. La burguesía agrícola predominó en Andalucía, Castilla y Canarias.
Las clases medias se dedicaron al trabajo manual, actividades intelectuales o prestaciones de servicios burocráticos. Fue un grupo en pleno desarrollo, dependiente de los sectores laborales a los que prestaban servicios. En el campo, eran pequeños propietarios que trabajaban sus tierras y ahorraban. Fue el grupo más decidido a los cambios y con apoyos en doctrinas liberal-progresistas.
Las clases bajas se caracterizaron por prestar servicios domésticos, ser artesanos, aprendices y obreros, además del proletariado agrario. Normalmente estaban mal pagados, sin horarios, sin protección social y con condiciones de vida muy duras.
Cataluña llegó a albergar a 150.000 trabajadores textiles. Otras ciudades que albergaron a este proletariado, junto a Barcelona, fueron: Alcoy, Valencia, Málaga, Santander, Bilbao, etc. El proletariado agrario se concentró en Andalucía, Extremadura y Castilla, con cerca de 2.400.000 personas. Su vida era dura, casi miserable, dependiente del trabajo personal y temporal, sin estabilidad laboral. Sus vidas quedaron reflejadas en la literatura de finales del siglo XIX y XX.
A partir del año 1826, la economía española, diezmada tras la Guerra de Independencia, comenzó un lento proceso de recuperación.
Se aumentó la superficie dedicada al cultivo agrícola a cerca de 4.000.000 de hectáreas entre 1837 y 1860. La mejora en la creación y articulación de un mercado nacional permitió la especialización de cultivos por zonas:
La industria del algodón en Cataluña triplicó su producción a pesar de que su principal fuente de energía era la tracción animal. Se comenzó a usar el vapor, pero la falta de capital ralentizó el proceso. La inversión se multiplicó por ocho, instalándose grandes empresas que catapultaron a Cataluña al cuarto lugar en el mundo. Los bajos salarios y el escaso poder adquisitivo limitaban el desarrollo del mercado, y este desarrollo se vio perjudicado por la Guerra de Secesión americana, que abastecía de algodón a Cataluña. Ello significó una contracción del mercado.
La industria pesada o siderometalúrgica se estableció en el País Vasco y Asturias, ampliando el sector naval, el ferrocarril, la industria de bienes y equipos y el armamento.
El desarrollo minero se reglamentó entre 1839 y 1855, pero las empresas estaban controladas por capital inglés, francés y belga. Así, en Mieres, en 1844, se instaló el primer horno de hulla por la Asturiana Mining Company.
Su trazado y desarrollo representaron un reto importante para la economía española, suponiendo una revolución en el transporte de mercancías y personas, especialmente de productos perecederos, y agilizando su comercialización.
La falta de capital para su construcción y la escasez de recursos propios facilitaron la llegada de capitales extranjeros, acaparando la mayoría de licencias para su construcción y explotación. Solo la burguesía catalana y vasca invirtieron en el desarrollo ferroviario.
Las fases del desarrollo ferroviario fueron las siguientes:
En 1843 se obtuvo la licencia de explotación del trayecto Mataró-Barcelona, inaugurado en 1848, al que siguió en 1851 el financiado entre Madrid y Aranjuez. En 1855 se construyó el tramo Gijón-Sama en Langreo.
Durante el Bienio Progresista de 1855, se produjo el crecimiento de las compañías ferroviarias. La configuración de la red se realizó sobre el esquema de carreteras de manera radial, con centro en Madrid y enlazando a las diferentes provincias. Se adaptó el ancho de vía para impedir, en un hipotético intento de invasión, el transporte de material y tropas. Galicia y Canarias quedaron al margen de este tendido.
La necesidad de liberar tierras dentro de una sociedad capitalista entró en contradicción con un sistema de propiedad de la tierra heredado de la Reconquista y colonización, como es el caso de las Islas Canarias. Esta ampliación permitió al Estado Liberal tener mayor capacidad recaudatoria y ampliar su base social.
La desamortización de los bienes eclesiásticos fue muy criticada, ya que llevó a la proletarización de numerosos campesinos que trabajaban anteriormente en las tierras del clero.
Otros teóricos propusieron repartir tierras entre los campesinos, quienes deberían pagar anualmente al Estado un canon para quedarse con la propiedad de esa tierra.
Otra finalidad de la desamortización fue la financiación para la construcción del ferrocarril y la reducción de la Deuda Pública, afectando a los bienes municipales. Esto tuvo efectos negativos en las tierras comunales que se usaban para abastecer de leña o pasto, o bien se cedieron en parcelas a braceros, siendo útiles para los ciudadanos.