Portada » Economía » Principios de Hacienda Pública y Mecanismos de Intervención Económica
A continuación, se presenta una clasificación detallada de los ingresos que conforman las finanzas públicas, organizados por capítulos para una mejor comprensión de su origen y naturaleza:
I | Tributos directos | IRPF, Impuesto de Sociedades, Patrimonio |
II | Tributos indirectos | IVA, Impuestos especiales |
III | Tasas y otros tributos | Tasas administrativas, contribuciones especiales |
IV | Transferencias corrientes de otros agentes | Fondos UE no reembolsables, subvenciones corrientes recibidas |
V | Ingresos patrimoniales | Alquileres de inmuebles públicos, dividendos de participadas |
VI | Transferencias de capital | Fondos UE para inversión, donaciones para activos fijos |
VII | Activos financieros – desinversión | Venta de inmovilizado (terrenos, edificios) |
VIII | Pasivos financieros – nuevas emisiones | Emisión de deuda pública (bonos, obligaciones) |
IX | Operaciones de capital y financieras varias | Reembolso de deudas, otros ingresos financieros |
A continuación, se detallan los cálculos y definiciones de los principales saldos y medidas utilizados en el ámbito de las finanzas públicas para evaluar la situación económica y fiscal:
Se obtiene al sumar todos los ingresos de los capítulos I, II, III y IV, y restar todos los gastos asociados a esos mismos capítulos.
Resulta de sumar los ingresos de los capítulos V y VI, y restar los gastos correspondientes a esos mismos capítulos.
Es exactamente el mismo importe que el saldo de operaciones corrientes.
Se calcula partiendo del ahorro bruto (saldo de operaciones corrientes) y restando el saldo de operaciones de capital. Si el resultado es positivo, indica capacidad de financiación; si es negativo, necesidad de financiación.
Se obtiene al sumar todos los ingresos de los capítulos I a VI y restar todos los gastos no financieros (capítulos I, II, IV, V y VI), excluyendo específicamente los gastos por intereses.
Implica sumar los ingresos financieros de los capítulos VII, VIII y IX, y restar los gastos financieros de esos mismos capítulos.
Es el importe neto resultante de las operaciones financieras.
Se calcula tomando solo el capítulo VII: se restan los gastos de préstamos y participaciones (E VII) de los ingresos por reembolsos o ventas de participaciones (R VII).
Se calcula tomando solo el capítulo VIII: se resta la amortización de deuda (gastos en VIII) de la emisión de nueva deuda (ingresos en VIII).
(Recaudación tributaria total / PIB) × 100
(Presión fiscal / PIB per cápita) × 100
(Total impuestos y cotizaciones / Renta disponible bruta) × 100
La regulación de monopolios busca mitigar los efectos negativos de la concentración de mercado y promover la eficiencia. A continuación, se describen diversas estrategias:
Esta estrategia implica no hacer nada, permitiendo que el mercado se autorregule. En este caso, el enfoque se centra en eliminar cualquier impedimento a la entrada de nuevas empresas y barreras de entrada al mercado para fomentar la competencia potencial.
En lugar de introducir competencia en el mercado, se permite la existencia del monopolio, pero las licencias se conceden mediante subasta. Esto genera una presión constante sobre el monopolista, ya que si no es el mejor, sus licencias pueden ser revocadas. Se busca una competencia potencial, no efectiva.
Se basa en la aplicación de leyes para minimizar las ineficiencias de mercado causadas por prácticas anticompetitivas. Incluye la persecución del abuso de posición dominante (monopolio), los acuerdos contrarios a la competencia (cárteles) y el control de fusiones. Un mecanismo relacionado son los Mercados de Clemencia, que ofrecen una vía de salida para las empresas que participan en un cártel y lo denuncian.
La aplicación de impuestos a un monopolio puede ser problemática, ya que puede elevar aún más el precio, provocando una mayor ineficiencia y, paradójicamente, beneficios para el monopolio si el impuesto se traslada completamente al consumidor. El monopolio ya eleva el precio, y el impuesto lo incrementa aún más, lo que puede llevar a que el monopolio produzca menos.
Consiste en establecer límites a los precios que el monopolio puede cobrar o a la tasa de beneficio que puede obtener. Sin embargo, esto puede provocar el llamado efecto Averch-Johnson, donde la empresa puede tener incentivos a falsear la información o a introducir excesos en la inversión de bienes de capital (en detrimento del factor trabajo) para inflar la base sobre la que se calculan los beneficios permitidos.
Las externalidades son fallos de mercado que ocurren cuando la producción o el consumo de un agente económico afecta a terceros sin que haya una compensación. Las políticas ambientales buscan corregir estas ineficiencias:
Se generan cuando la producción o el consumo de alguien impone costes o beneficios sobre terceros sin compensación. En las externalidades negativas, se produce una contaminación excesiva; en las positivas, se produce menos de lo socialmente óptimo.
Principio legal que establece que quien cause un daño injustificado debe compensar al perjudicado. El Teorema de Coase sugiere que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costes de transacción son bajos, las partes pueden negociar un resultado eficiente (aunque tiene limitaciones cuando hay muchos afectados).
Consiste en el establecimiento de límites y estándares de emisiones. Requiere supervisión constante y puede quedar obsoleta o beneficiar a empresas ya establecidas.
Implica la aplicación de sanciones penales, que son más altas que las administrativas. Es eficaz si la probabilidad de detección (π) multiplicada por la sanción (S) es mayor o igual al beneficio de contaminar (B) (π·S ≥ B
), aunque conlleva el riesgo de penas desproporcionadas.
Un impuesto por unidad de contaminación igual al daño marginal externo incentiva tecnologías limpias y genera ingresos (conocido como “doble dividendo”), pero es difícil calibrar su cuantía exacta. Las subvenciones actúan de forma inversa para externalidades positivas.
Creación de un mercado de derechos a contaminar. Combina la eficiencia del impuesto y la efectividad de la regulación, pero presenta desafíos en la asignación inicial de permisos y el riesgo de concentración de licencias.