Portada » Ciencias sociales » Modelos de Bienestar Social: Orígenes, Características y Política Pública
El modelo Socialdemócrata se describe a partir de dos experiencias principales: el paradigma beveridgeano y la socialdemocracia escandinava. Ambas emergieron para dar respuesta a problemas sociales concomitantes de la Segunda Guerra Mundial.
El modelo beveridgeano, que comenzó antes del fin de la Guerra como parte delReporte Beveridge (1942), recomendaba la creación de un sistema de Seguridad Social sustentado en contribuciones de todos los ciudadanos ante contingencias como la enfermedad, el desempleo o la vejez. Incluía pensiones familiares, beneficios por maternidad y apoyo a la viudedad. Su financiación se basa en contribuciones de los trabajadores, empleadores y el Estado, aunque con cobertura universal. Este modelo buscó dar respuesta a la «cuestión social» considerando a la clase obrera como un actor político que, a través del sufragio, obligaba a los partidos políticos a legitimarse mediante el apoyo electoral.
El modelo socialdemócrata desarrolló un sistema público burocratizado y centralizado, sostenido por el principio de Seguridad Social. De carácter universalista, se sustentó en el traspaso de las responsabilidades financieras del bienestar social desde los individuos a los empleadores, el Estado y el conjunto de la sociedad. Se basa en un sistema de impuestos en el que se implica a todos los actores sociales, garantizando ingresos mínimos frente a contingencias como la enfermedad, el desempleo o la vejez.
El modelo nórdico, propio de los países escandinavos, está estrechamente ligado a la política keynesiana y de recursos humanos. Su principal objetivo es erradicar el desempleo y alcanzar el pleno empleo como mecanismo de inclusión y bienestar social.
El modelo socialdemócrata, caracterizado por los paradigmas beveridgeano y la socialdemocracia escandinava, concibe los riesgos sociales como consecuencias del funcionamiento del mercado. Por ello, asumen el bienestar de todos los ciudadanos como una «cuestión social» de responsabilidad colectiva y solidaria. El principio de universalidad de las políticas sociales es indiscutible y complementa los derechos civiles y políticos, estableciendo una nueva dimensión a la ciudadanía: la social.
Existe otro modelo de Estado de Bienestar (EB), el modelo Sureño o basado en la familia. En este caso, el Estado garantiza un nivel básico de Seguridad Social asumiendo la existencia de una asistencia informal provista por redes familiares, tal y como sucede en España e Italia, donde la familia es imprescindible para el abastecimiento de bienestar social a sus ciudadanos.
Con independencia del modelo de EB ante el que nos encontremos, y como los profesores Alemán, Garcés y Gutiérrez plantean:
«Posiblemente el fenómeno de mayor trascendencia económica, social y política en el escenario de las sociedades complejas o avanzadas durante la segunda mitad del siglo XX lo constituye el Welfare State […] ha articulado la vida social y ha marcado la pauta del progreso económico en los distintos países desarrollados […] ha afectado también, y de manera muy decisiva, al propio Estado, que se ha transformado, con el correspondiente refrendo constitucional en la mayor parte de los casos, en Estado de Derecho».
Y, sin lugar a dudas, el EB en sus diferentes modelos de implantación nacional ha contribuido a la institucionalización de derechos articulados por medio de políticas sociales.
La política social hace referencia a las medidas que los gobiernos adoptan para proporcionar protección y bienestar a los ciudadanos, así como al modo en el que se implementan y a su estudio académico. Las medidas gubernamentales que se adoptan mediante la política social se relacionan con los servicios sociales y, como hemos indicado, con el Estado de Bienestar. Su modo de implementación se refiere a cómo los gobiernos la llevan a cabo en unas condiciones económicas y sociales determinadas.
Teresa Montagut afirma que la política social es concretamente la:
«relativa a la administración pública de la asistencia, es decir, al desarrollo y dirección de los servicios específicos del Estado y de las autoridades locales, en aspectos como la salud, educación, trabajo, vivienda, asistencia y servicios sociales. Esta política tendría como finalidad paliar determinados problemas sociales o, de una forma más modesta, perseguir objetivos que generalmente son percibidos como respuesta a tales problemas».
Por lo tanto, podemos afirmar que el Estado de Bienestar actúa estableciendo y promoviendo, por medio de políticas sociales, estructuras que se corresponden con los valores de una sociedad concreta.