Portada » Historia » Legislación Clave del Franquismo y la Transición Española
El tema es la promulgación de una Ley que favorezca la implantación de industrias de interés nacional y las principales ideas hacen referencia a la situación económica de España en ese momento, los deseos del régimen de mejorar la situación económica, la importancia de las “industrias de interés nacional” y los “beneficios de estas industrias”.
Las consecuencias económicas de la Guerra Civil fueron muy graves. Hubo un descenso progresivo de la renta per capita, de modo que hacia el final de 1939 apenas llegaba al 73 por ciento del nivel de principios de 1936. Se había destruido casi el 30% del tonelaje marítimo y la mitad de las locomotoras ferroviarias. El 8% de las viviendas del país quedó arrasado y se acabó con más de un tercio de la ganadería. En 1939 la producción industrial era un 31% inferior a lo que había sido 4 años antes y la producción agrícola había descendido en un 21 %.
Tanto en economía como en otros sectores, el nuevo sistema combinaba el conservadurismo a ultranza con ambiciosas estrategias renovadoras. Casi todas las propiedades confiscadas o colectivizadas se devolvieron a los antiguos propietarios o a sus herederos, con el fin de deshacer lo más rápidamente posible la revolución colectivista que se había llevado a cabo en algunas partes de la zona republicana. Franco y sus ministros tenían su programa particular para llevar a cabo una política nacionalista y estatal, que fomentara un rápido desarrollo dentro de una estructura de propiedad privada, pero bajo un fuerte control del Estado y, hasta cierto punto, de propiedad pública.
Con este fin, el 5 de junio de 1939 Franco anunció que España debía llevar a cabo su reconstrucción sobre la base de la autosuficiencia económica o autarquía, lo que suponía un paralelismo con las políticas del momento en Italia y Alemania. Franco se quitó de encima las restricciones de las plutocracias liberales e inauguró una era de autarquía que duraría 20 años.
Sus ideas principales se exponían en lo que se llamó Fundamentos y directrices de un plan de saneamiento de nuestra economía armónico con nuestra reconstrucción nacional. Se sentaban vagamente las bases de un plan decenal para alcanzar la modernización económica y la autosuficiencia, a la vez que se pretendía aumentar las exportaciones y reducir las importaciones sin contar con la inversión extranjera. Demostraba que tenía mucha fe en el potencial económico de España y en la eficacia del control y la regulación gubernamental. El objetivo era cubrir las necesidades económicas y de defensa del país con los recursos propios en tan sólo 4 años; los 6 restantes se dedicarían a la reconstrucción total y el desarrollo. Sin embargo, el Gobierno siempre reconoció que España no podría llegar a ser totalmente autosuficiente. Sería necesario importar una cantidad importante de comida, petróleo, materias primas y maquinaria industrial. La autarquía tenía como meta mejorar la situación del comercio exterior y aumentar la producción industrial.
El tema es la instauración de un sistema democrático en España como requisito obligatorio para el ingreso en el Mercado Común y las principales ideas son las instituciones democráticas, derechos de la persona, reconocimiento de las comunidades naturales y de los derechos de la oposición.
Los españoles estaban viviendo entonces en plena Dictadura de Franco (1939-1975). En los comienzos de los años 60 se iniciaba la etapa desarrollista del régimen y el franquismo quiere salir de su ostracismo internacional, intentando un acercamiento a Europa. El 9 de febrero de 1962 había solicitado la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. De ahí que la oposición democrática denuncie en este acuerdo la situación política española y solicite la instauración de la democracia, como condición indispensable para el ingreso de España en el Mercado Común. La reunión coincidió con el momento álgido del movimiento obrero y con los inicios del movimiento estudiantil, que exigía libertades democráticas.
Franco reaccionó con dureza. Por un decreto del 8 de junio suspendía el artículo 14 del Fuero de los Españoles por un plazo de 2 años y encarceló, deportó a Canarias o exilió a los firmantes de Munich, lo que motivó fuertes críticas en el extranjero. A la vez se orquestó una campaña de la prensa del Movimiento para desacreditar este Congreso. No se atrevieron a silenciarlo porque había tenido lugar en el extranjero. También se organizaron manifestaciones de adhesión a Franco. Aumentó la represión.
El tema es la nueva organización del Estado tras varias décadas de franquismo y las principales ideas son las características de España como nación: reino, soberanía nacional…, los fines del Estado, la figura y funciones del Jefe del Estado y la figura del Presidente del Gobierno.
El generalísimo era muy reacio a fijar en exceso y en detalle las atribuciones del poder y se opuso frontalmente a una constitución que recordase el período liberal. Cuando se decidió a institucionalizar su gobierno personal, fue en respuesta a acontecimientos externos y a presiones de quienes quería asegurarse la continuidad del franquismo en España. Ello obligó a promulgar un conjunto de leyes complejas, y a veces contradictorias, que aparecían según las necesidades políticas del régimen.
En la primavera de 1938, Franco decretó el Fuero del Trabajo, que articulaba las relaciones del mundo del trabajo y establecía los fundamentos sobre los que se organizaría la economía del nuevo Estado. El sindicato único obligatorio, vertical, se encargaba del encuadramiento laboral, pero no del diseño de la economía. La ley constitutiva de las Cortes fue promulgada en 1942, aconsejada por la evolución del científico europeo, que ya empezaba a decantarse a favor de las democracias occidentales.
Terminada la II Guerra Mundial, Franco publicó en 1945 el Fuero de los Españoles, como otra operación de maquillaje del régimen ante las exigencias democráticas de los vencedores. Solo en apariencia era una declaración de derechos. En el mismo año, el Fuero de los Españoles fue completado por la Ley del Referéndum, que pretendía mostrar que en España estaba reconocido el sufragio universal. Tras diez años de vida del régimen, la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado fue sometida a referéndum y aprobada en uno de los pucherazos de la historia del régimen. La ley declaraba a España como “reino” por su tradición monárquica y reservaba a Franco el derecho de nombrar a su sucesor.
En 1958, sin deliberación previa de las Cortes, Franco promulgó la Ley de Principios del Movimiento Nacional. La ley suponía la incorporación institucional de la doctrina falangista y el reconocimiento de Falange Española Tradicionalista (FET) como único partido. Después de otro período largo sin leyes fundamentales, a mediados de los años sesenta, el régimen trató de responder al desarrollo material del país con un simulacro de actualización de su entramado legislativo. Publicada y sometida a referéndum en diciembre de 1966, la Ley Orgánica del Estado introdujo algunas novedades funcionales.
El tema es hacer públicos los acuerdos a que han llegado los firmantes respecto al Gobierno Vasco en el exilio y las principales ideas son la confianza en el gobierno vasco en el exilio, el respeto a la voluntad popular, el futuro del pacto cuando se restablezca la democracia y la necesidad de continuar unidos al resto de partidos antifranquistas.
En 1939, la República perdió la guerra y sus líderes tomaron el camino del exilio. Estas disputas y enfrentamientos siguieron en el exilio. El PSOE estaba dividido en cuatro tendencias. La influencia de ambas corrientes se debía al control de fondos que proporcionaba a uno y otro la necesaria autonomía financiera. Esta situación afectó al entorno vasco y alcanzó al PSOE, a los partidos republicanos integrantes del Gobierno vasco y a ANV.
La gran preocupación de José Antonio de Aguirre fue la de mantener la unidad en el entorno vasco y salvaguardarla de la debacle republicana. Prieto quería que todos los organismos republicanos se disolviesen en la JEL para, desde una imagen de unidad, preparar la sustitución del régimen franquista. Aguirre no estaba dispuesto a disolver el Gobierno. Las presiones de don Inda dieron lugar a la salida de Juan de los Toyos del Ejecutivo, y a una escisión entre los socialistas vascos exiliados. Hay que señalar que se iba aceptando a los órganos directivos del interior como la máxima autoridad de la inmensa mayoría de las organizaciones antifranquistas, excepto el PCE.
En la primera quincena de marzo de 1945 se alcanza un acuerdo casi total en la mayoría de las cuestiones planteadas. El documento definitivo ya estaba acordado el día 17, si bien su firma oficial no se producirá hasta el día 30. El Pacto de Bayona supone el punto de arranque para consolidar la unidad vasca, si bien, como veremos, ésta aún tardará un año en producirse.
El tema del texto es la exposición de algunos principios fundamentales de la Constitución y las principales ideas son el Estado de derecho, el sujeto de la soberanía, la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado, la posibilidad de configurar autonomías y el respeto de los derechos históricos de algunos territorios. Se añaden dos disposiciones finales que afectan a la foralidad de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.
Tras la muerte de Franco en 1975 se inició en España la transición a la democracia. El Jefe de Gobierno presenta su dimisión al Rey y, en su lugar, es nombrado Don Adolfo Suárez. Uno de sus grandes logros fue la aprobación de la Ley para la Reforma Política, pieza clave para la transición. Supuso desarmar el régimen franquista y comenzar a montar las bases de un sistema democrático. Las Cortes franquistas aprobaron dicha Ley mediante la cual se disolvían para configurar otras elegidas por el pueblo. La Ley fue aprobada por gran mayoría de las Cortes.
En 1977 se convocaron elecciones generales y constituyentes en las cuales llegó a votar el 78 % del electorado. Los nacionalistas obtuvieron una buena representación, siendo el más perjudicado el PCE. Ni la extrema derecha ni la Democracia Cristiana obtuvieron representación.
Uno de los más graves problemas con los que tropezó este primer gobierno fue la aguda crisis económica. Adolfo Suárez negoció con los partidos políticos, sindicatos y empresarios y logró la firma de los llamados “Pactos de la Moncloa” mediante los cuales se sacrificaron las reivindicaciones sociales para asentar la democracia. Este acuerdo fue, sin duda, el segundo de los éxitos de Adolfo Suárez.
Con estos mimbres se dispuso el Parlamento a dotar a España de una Constitución. Para ello, nombró una Comisión representativa de los partidos parlamentarios. Logrado el consenso entre esta comisión, la tramitación de su proyecto fue rápida. Fue aprobada en 1978.
El tema viene resumido en el mismo título: “Estatuto de Autonomía del P.V.” y las principales ideas son la razón de ser del Estatuto, la territorialidad, la personalidad de cada territorio, el lugar del euskera, el papel de la policía autónoma y los derechos históricos.
Desde la abolición de los fueros en 1876 por Cánovas del Castillo las reivindicaciones de su restitución habían calado muy hondo no sólo entre los derrotados carlistas sino también entre determinados grupos liberales. El nacimiento del nacionalismo sabiniano será clave en la reclamación de un Estatuto que devolviese a las Provincias Vascongadas sus antiguas leyes. Todos sus esfuerzos serán vanos hasta la proclamación de la II República. Cuando la coalición de republicanos y socialistas gane las elecciones de 1931 pronto será aprobado el Estatuto Catalán. Este hecho motivará que también en el llamado País Vasco se inicie la redacción de un estatuto. El retraso será debido a la ausencia del nacionalismo vasco del Pacto de San Sebastián.
Los proyectos de Estatuto serán varios siendo el promovido por los nacionalistas el más desarrollado. Únicamente con la llegada del Frente Popular (1936) y la postura contraria al alzamiento militar franquista de los nacionalistas vizcaínos y guipuzcoanos se aprobará el primer Estatuto. Este Estatuto únicamente se aplicará en Vizcaya y una pequeña franja de Guipúzcoa ya que el resto del territorio de aplicación había sido conquistado por las tropas franquistas. Su vida será efímera, ya que al cabo de un año será abolido por el régimen franquista.
La dura represión de los años de la dictadura imposibilitaron retomar el tema. Sólo a la muerte de Franco, y tras arduas negociaciones con el gobierno de la UCD, será posible la redacción y aprobación del segundo de los Estatutos. Hecho con prisa y sin muchas matizaciones su redacción final acarreará múltiples conflictos de interpretación en los años venideros. Un fragmento de este Estatuto es el que estamos comentando.