Portada » Historia » La Transición Española y la Consolidación Democrática (1975-1996)
El paso de la dictadura a un régimen democrático fue un proceso complejo, marcado tanto por conflictos como por consensos. Se llevó a cabo pese a la crisis económica internacional, el desempleo, la inflación, el terrorismo y el temor al retroceso autoritario, como mostró el intento fallido de golpe de Estado en 1981. El tránsito pactado desde el franquismo fue viable gracias a la presión de las movilizaciones ciudadanas, las exigencias de los partidos democráticos, la disposición aperturista del monarca y la voluntad negociadora del presidente Adolfo Suárez, lo que permitió la celebración de elecciones libres, la aprobación de una ley de amnistía, la redacción de la Constitución y el inicio del proceso autonómico. Con el triunfo del PSOE en 1982 se afianzó el sistema democrático, el bipartidismo se instauró, se fortaleció el Estado del bienestar y se intensificó el protagonismo de España a nivel internacional, especialmente dentro del contexto europeo occidental.
Tras el fallecimiento de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado jefe del Estado dos días después. Inicialmente mantuvo como presidente a Carlos Arias Navarro, último mandatario del régimen, cuya resistencia al cambio y escasas reformas motivaron la creación de la Coordinación Democrática (Platajunta), que impulsaba una ruptura con el régimen anterior, así como protestas por los derechos democráticos, la libertad política y sindical, elecciones libres, amnistía para presos políticos y un aumento de los conflictos laborales. Ante la falta de respaldo real, Arias Navarro dimitió el 30 de junio de 1976, siendo reemplazado por Adolfo Suárez.
A pesar de su trayectoria previa dentro del régimen, Suárez impulsó una apertura política significativa, enfrentándose a sectores ultraconservadores. Formó un gobierno con figuras democristianas del Grupo Tácito, neutralizó a los contrarios al cambio y se ganó el apoyo de la opinión pública. Impulsó la Ley para la Reforma Política, aprobada por las antiguas Cortes y ratificada por referéndum el 15 de diciembre de 1976 (94% de votos favorables con 77,7% de participación). Disolvió instituciones franquistas como el Movimiento Nacional y el Tribunal de Orden Público.
Se reconocieron libertades fundamentales, se definió un sistema electoral democrático con sufragio universal y secreto, y se promovió el pluralismo político. La legalización de sindicatos y partidos, la amplia amnistía (pactada con la oposición como forma de cerrar heridas del pasado) y el reconocimiento del derecho de huelga, sentaron las bases para las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras desde la Segunda República. Con esta cita electoral se reinstauraron el Congreso y el Senado. Los partidos que habían liderado la oposición al franquismo (PSOE con Felipe González, PCE con Santiago Carrillo, nacionalistas catalanes y vascos, AP de Manuel Fraga y UCD de Suárez) acudieron a la contienda. La UCD obtuvo la mayoría con 166 escaños, seguida del PSOE con 118. Se empleó el sistema D’Hondt para elegir 350 diputados y 270 senadores.
La nueva legislatura inició la redacción de una Constitución democrática y consensuada, y un proceso de descentralización con la creación de gobiernos preautonómicos. La crisis económica de 1973, intensificada a partir de 1975, provocó altos índices de desempleo, inflación y conflictos laborales. A esto se sumaron el retorno de emigrantes, el déficit comercial y la falta de una respuesta rápida. España ingresó en el Consejo de Europa y se iniciaron negociaciones para entrar en la CEE.
En octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, con apoyo de partidos y sindicatos. Incluían reformas políticas (derechos civiles, medios de comunicación, justicia, reorganización policial) y económicas (devaluación de la peseta, control del gasto, reforma fiscal, creación del INEM). Los sindicatos respaldaron los pactos, mientras la patronal, que fundó la CEOE, se mostró reticente.
En 1977, Juan de Borbón renunció a sus derechos dinásticos. Durante este periodo hubo violencia de extrema derecha (Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A), extrema izquierda (FRAP, GRAPO) y especialmente de ETA.
La Constitución, consensuada por UCD, PSOE, PCE, AP y nacionalistas catalanes, fue aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978 (87% del voto, 67% del censo). España fue definida como un «Estado social y democrático de derecho» con monarquía parlamentaria.
La Carta Magna incluye 169 artículos donde destacan:
Se inició el proceso autonómico con la restauración de la Generalitat de Cataluña (con Tarradellas al frente) y la creación del Consejo General Vasco. Entre 1977 y 1983 se conformaron las 17 comunidades autónomas y en 1995 las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Con la Constitución se cerró la etapa de transición, aunque persistían amenazas como el terrorismo, el riesgo de involución militar y la crisis económica. En 1979, la UCD volvió a ganar y Suárez repitió en el cargo. Se consolidaron los entes preautonómicos. Con una victoria sin mayoría absoluta, Suárez legisló en materias como la energía, incompatibilidades y empleo (Acuerdo Nacional del Empleo). Sin embargo, la economía, el desarrollo autonómico, divisiones internas y operaciones como la fallida «Operación Galaxia» mermaron su autoridad. El terrorismo siguió en ascenso. Una moción de censura debilitó aún más al ejecutivo. Suárez renunció el 29 de enero de 1981.
El intento de golpe del 23F ocurrió durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. El teniente coronel Tejero asaltó el Congreso, Milans del Bosch declaró el estado de guerra en Valencia y se pretendía que Armada presidiera un gobierno de unidad. La intervención del rey Juan Carlos I fue clave para desactivar el golpe, ganándose respeto incluso entre sectores no monárquicos.
Nombrado presidente el 25 de febrero, su gestión buscó el consenso: aprobó la LOAPA y la ley del divorcio. En su mandato se dio la incorporación de España a la OTAN. La inestabilidad política persistía con terrorismo y crisis sanitaria (aceite de colza).
El 28 de octubre de 1982, el PSOE logró una victoria rotunda con el lema “Por el cambio”. Gobernó en cuatro legislaturas, tres de ellas con mayoría absoluta. La UCD desapareció como fuerza política relevante. AP, dirigida por Fraga, quedó como principal oposición.
Se abordó la crisis con medidas drásticas: expropiación de Rumasa, reconversión industrial (textil, siderurgia, naval, minería), recortes de plantilla y cierre de fábricas elevaron el paro al 22% en 1985. A partir de ese año se inició una fase de crecimiento económico, reducción del déficit y la inflación. El país se modernizó. Se reformaron el ejército, la administración y el sistema judicial. El sistema educativo se renovó con LODE, LOGSE y LRU. En política social se amplió la sanidad pública, la educación se hizo universal, se instauraron pensiones no contributivas y subsidios al desempleo. Se estableció el PER y se garantizó el sistema público de pensiones.
Se aplicaron reformas fiscales como el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y la introducción del IVA. En el plano exterior, España ingresó en la CEE en 1986, accedió a fondos FEDER y PAC, y cohesionó sus infraestructuras. Se ratificó en referéndum su permanencia en la OTAN y se unió al Tratado de Maastricht. También participó en foros como las Cumbres Iberoamericanas y la Conferencia de Paz de Oriente Medio.
En 1992, España acogió la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Al final de este ciclo se destaparon escándalos de corrupción (Juan Guerra, Luis Roldán, Mariano Rubio, el caso GAL, Filesa). El terrorismo de ETA continuó golpeando, con su punto álgido en los años 80. Más de 850 víctimas hasta 2010, con una estructura de extorsión bien consolidada en esa década.