Tutela Ordinaria

Debe promoverse cuando se produzca alguno de los supuestos que la ley establece, a diferencia de la tutela automática, que se constituye por el ministerio de la Ley a favor de la Entidad pública.

Las personas que están sujetas a la tutela ordinaria son:

• Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
• Los incapacitados judicialmente.
• Los sujetos a patria potestad prorrogada, al cesar esta, salvo que proceda la curatela.
• Los menores que se hallen en situación de desamparo.

Está regulada en los artículos 222 a 285 del Código Civil (CC) y es aplicable supletoriamente a la curatela y al defensor judicial.

El Juez deberá nombrar tutor atendiendo inicialmente al orden establecido en el art. 234 CC. Para el nombramiento de tutor se preferirá:

1. Al designado por el propio tutelado, conforme al artículo 223 CC.
2. Al cónyuge que conviva con el tutelado.
3. A los padres.
4. A la persona o personas designadas por estos en sus disposiciones de última voluntad.
5. Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.

Excepcionalmente, el Juez podrá alterar el orden o prescindir de todas las personas señaladas si el beneficio del menor o incapacitado así lo exige.

En defecto de las personas señaladas en el art. 234 CC, el Juez designará tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en beneficio de este, considere más idóneo.

Extinción de la Tutela Ordinaria

La tutela de los menores se extingue:

• Cuando el menor alcanza la mayoría de edad (a no ser que previamente haya sido incapacitado).
• Cuando es adoptado.
• Por fallecimiento del tutelado.
• Por concesión al menor del beneficio de la mayor edad.
• Cuando el que perdió la patria potestad la recupera.

La tutela de los incapaces se extingue:

• Por fallecimiento del tutelado.
• Por resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que la modifique sustituyendo la tutela por la curatela.

Tutela Automática

Regulada en los arts. 172 a 174 y 239 CC, modificados por la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La Entidad pública que constate que un menor se encuentra en situación de desamparo deberá adoptar las medidas necesarias para su guarda. Esto supone la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.

Cese de la Tutela Automática

La Entidad pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situación de desamparo cuando:

• Constate la desaparición de las causas que motivaron su asunción.
• Compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:
  • Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país.
  • Que el menor se encuentra en territorio de otra Comunidad Autónoma cuya Entidad pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y asumido su tutela o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor.
  • Que hayan transcurrido 6 meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.

La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela.

Curatela

Regulada en los artículos 286 a 297 CC. Se aplican a los curadores las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores.

Tiene por finalidad asistir y completar la capacidad de obrar del sujeto a curatela en los supuestos establecidos por ley. El curador asiste al sometido a curatela en todos los supuestos en los que la ley o la sentencia de incapacitación establezcan el complemento de capacidad. Aunque se trata de un cargo estable, su actuación es intermitente.

Sujetos a Curatela

Están sujetas a curatela:

• Los emancipados cuyos padres fallecieran o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley.
• Los que obtuvieran el beneficio de la mayor edad.
• Los declarados pródigos.
• Igualmente, las personas a quienes la sentencia de incapacitación o resolución judicial coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

La curatela tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido.

El Defensor Judicial

Sirve a la protección de menores, pródigos e incapacitados ante ciertas situaciones específicas de crisis en el funcionamiento de la guarda propia de esas personas, sustituyendo o supliendo a sus titulares. Se regula en los arts. 299 a 302 CC. Es un cargo tuitivo y compatible con la existencia de los restantes cargos tutelares e incluso con el ejercicio de la patria potestad, que actúa de forma puntual.

Nombramiento del Defensor Judicial

Se puede nombrar defensor judicial:

• Cuando en un asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador.
• Cuando, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñen las funciones que les son propias, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.
• En los demás casos previstos en el CC (por ejemplo, cuando se produce la desaparición de una persona y es preciso nombrar un defensor para sus intereses).

Régimen Jurídico

Se tramita mediante expediente de jurisdicción voluntaria. Se nombra defensor a quien se estime más idóneo para el cargo. Al régimen jurídico del defensor judicial se le aplican las causas de inhabilidad, excusa y remoción de los tutores y curadores. El defensor judicial tendrá las atribuciones que se le hayan concedido, debiendo rendir cuentas de su gestión una vez concluida.

La Guarda de Hecho

Pueden hallarse bajo la protección o custodia de una persona (que actúa como si fuera su guardador legal):

• El menor que no esté sometido a la patria potestad o tutela.
• El incapaz que no haya sido incapacitado judicialmente o al que, habiéndolo sido, no le haya sido nombrado guardador legal.

Se trata de una situación producida en aquellos supuestos en los que una persona no ostenta ninguna potestad sobre el menor o incapaz y, al mismo tiempo, tampoco tiene obligación alguna de asumir las responsabilidades de la actividad tuitiva.

Se encuentra regulada en los artículos 303 y 304 del CC (la redacción actual proviene de la Ley 8/2021). Esta figura permite al guardador de hecho realizar actos relativos a la persona y bienes del menor o persona con discapacidad. La autoridad judicial podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes bajo su guarda y de su actuación.

La Tutela Civil frente a las Intromisiones Ilegítimas

Frente a una intromisión ilegítima en los derechos al honor, a la intimidad o a la propia imagen, el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1982 establece tres tipos de tutela:

• Tutela inhibitoria: A través de la cual se pretende hacer cesar la intromisión.
• Tutela resarcitoria: Que se dirige a la obtención de una indemnización para la reparación del daño moral ocasionado a la víctima de la intromisión. Este daño se presume una vez acreditado el carácter ilegítimo de aquella, y para cuya reclamación existe un plazo de caducidad de 4 años.
• Tutela restitutoria: Con la que el perjudicado, en aplicación del principio de prohibición de enriquecimiento injusto, podrá apropiarse del “lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos” por el infractor.