Garantías Constitucionales de los Derechos Fundamentales

Garantías Normativas

Las garantías normativas aseguran la protección de los derechos fundamentales a través de la legislación y los principios jurídicos. Se destacan las siguientes:

1. Eficacia Directa: El Artículo 53.1 de la Constitución Española (CE) establece que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I (Artículos 14 al 38) vinculan a todos los poderes públicos.
2. Reserva de Ley: El Artículo 53.1 CE también indica que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.
3. Respeto del Contenido Esencial: El Artículo 53.1 CE exige que la regulación legal de los derechos fundamentales respete su contenido esencial, que constituye el núcleo irrenunciable de cada derecho.
4. Control de la Constitucionalidad: Se garantiza mediante el Recurso de Inconstitucionalidad y la Cuestión de Inconstitucionalidad, que permiten al Tribunal Constitucional (TC) velar por la adecuación de las leyes a la Constitución.
5. Rigidez Constitucional: La propia rigidez del texto constitucional, que dificulta su reforma, actúa como una garantía adicional para los derechos fundamentales.

Garantías Jurisdiccionales

Los derechos fundamentales gozan de aplicación inmediata y cuentan con mecanismos de garantía jurisdiccional específicos. El procedimiento preferente y sumario de protección de los derechos fundamentales se basa en los principios de:

• Preferencia: Implica que su tramitación resulta prioritaria en relación con otros procedimientos.
• Sumariedad: Obliga a que el procedimiento sea sustancialmente más rápido que el ordinario.

La Igualdad

La Igualdad ante la Ley

La igualdad ante la ley es un valor superior del ordenamiento jurídico. Como señala el profesor Pérez Royo, la razón de ser de la igualdad constitucional es el derecho a la diferencia, no que todos los individuos sean iguales, sino que tengan derecho a ser diferentes. La desigualdad y la igualdad son ficciones que explican la convivencia humana, y la igualdad implica la dignidad de la persona en su ámbito individual.

• Igualdad Material (Artículo 9.2 CE): Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
• Igualdad Formal (Artículo 14 CE): Establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El Artículo 14 CE solo prohíbe aquella diferencia de trato que no esté justificada objetiva y razonablemente. Para decidirlo, hay que realizar un examen que consta de lo siguiente:

1. Aportación de un término de comparación: Debe existir una situación comparable.
2. La medida que se analice debe tener una finalidad constitucionalmente legítima.
3. La medida debe ser racional, coherente y proporcional.

Igualdad en la Aplicación de la Ley

La igualdad en la aplicación de la ley se proyecta en la aplicación de esta mediante los órganos judiciales. Para determinar si existe desigualdad, es necesario hacer un examen detallado. Habrá desigualdad si se dan los siguientes requisitos:

• Quien alega la desigualdad debe aportar un término de comparación (otra resolución judicial con la que comparar).
• La resolución judicial con la que se compara debe ser anterior a la que se alega como lesiva.
• Ambas resoluciones deben haber sido dictadas por el mismo órgano y en la misma sala y sección.
• Debe existir alteridad: la resolución judicial presuntamente lesiva no justifica el cambio de jurisprudencia respecto de aquella con la que se establece la comparación.

Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Moral

Derecho a la Vida

La titularidad del derecho a la vida es de la persona ya nacida. ¿Qué ocurre antes del nacimiento? El feto goza de protección constitucional, pero esta no viene a través de la vertiente subjetiva del derecho a la vida.

La STC 120/1990 establece que el derecho fundamental a la vida, en cuanto derecho subjetivo, da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo judicial (incluido el del Tribunal Constitucional) frente a toda actuación de los poderes públicos. Y como fundamento objetivo, impone a esos mismos poderes públicos el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, en especial al legislador.

Respecto a la Eutanasia

En relación con el Artículo 143 del Código Penal y la objeción de conciencia de las personas jurídicas, y de acuerdo con la configuración constitucional de este derecho, una sentencia sostiene que las únicas actuaciones susceptibles de ser exoneradas del deber legal de garantizar el derecho de prestación de ayuda a morir son las intervenciones de los profesionales sanitarios. Más allá de estos casos, entender la objeción de conciencia en un ámbito institucional no solo carecería de fundamento constitucional, sino que pondría en riesgo la efectividad de la prestación sanitaria.

Aborto

La STC 53/1985 dice que el feto no es titular de la dimensión subjetiva del derecho fundamental a la vida, pero sí aparece comprendido en el ámbito de protección del Artículo 15 CE en su vertiente objetiva. El Artículo 15 CE constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto.

Históricamente, el aborto se despenalizaba en tres casos:

1. Cuando constituía un grave peligro para la vida o la salud de la madre (aborto terapéutico).
2. Cuando el embarazo era consecuencia de una violación, dentro de las 12 primeras semanas de gestación (aborto ético).
3. Cuando era probable la existencia de graves taras físicas o psíquicas para el feto, dentro de las 22 semanas (aborto eugenésico).

La Ley Orgánica 2/2010 establece un sistema de plazos donde la mujer puede decidir si abortar o no libremente en las primeras 14 semanas de gestación.

Integridad Física o Moral

La integridad física o moral es un derecho complementario a la vida, pero autónomo en cuanto a su titularidad. Protege el derecho de todos a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a penas ni a tratos inhumanos o degradantes. Por tanto, los titulares de este derecho son tanto nacionales como extranjeros.

Este derecho protege la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques hacia su cuerpo, sino contra toda clase de intervención que carezca del consentimiento de su titular. Para que una intervención corporal no voluntaria sea conforme a la Constitución, debe cumplir los siguientes requisitos:

• Tener un fin constitucionalmente legítimo.
• Respetar el principio de legalidad.
• Contar con jurisdiccionalidad (intervención judicial, si procede).
• Cumplir el principio de proporcionalidad.

Libertad de Expresión e Información

Libertad de Opinión

El objeto protegido por la libertad de opinión son los juicios de valor, pensamientos, ideas y opiniones.

¿En qué casos estamos ante juicios de valor y cuándo no?

Como regla general, podemos afirmar que el mensaje tendrá un contenido más valorativo cuanto más genéricas sean sus afirmaciones.

¿Existe un derecho a insultar en la libertad de opinión?

En principio, no. La crítica no admite el insulto, que excede los límites de la libertad de expresión.

¿Qué hacer con los mensajes que incluyen juicios de valor como descripción de hechos?

En la medida de lo posible, lo más correcto es separar ambos elementos del mensaje (el valorativo y el factual) y otorgarle a cada uno por separado un tratamiento jurídico.

Libertad de Información

El objeto de la libertad de información es la información veraz, entendiendo por tal la descripción no valorativa de hechos.

Entre los elementos a tener en cuenta en la valoración de la trascendencia pública de los hechos divulgados, cobran especial relevancia:

• La materia de la información y su interés público.
• La contribución a la formación de una opinión pública libre.
• El vehículo utilizado para difundir la información.

La veracidad no excluye los errores informativos, siempre que se haya desplegado la diligencia exigible. Los parámetros que influyen en la diligencia son si el sujeto que informa es profesional o no, y la intensidad de los hechos noticiosos.

Vertientes de la Libertad de Información

• Activa: Derecho a emitir información.
• Pasiva: Derecho a recibir información. Debe entenderse exclusivamente la información que el titular del derecho quiere realmente emitir.

Doctrina de la Posición Preferente y Garantías del Artículo 20

La Doctrina de la Posición Preferente

El Tribunal Constitucional (TC) utiliza la doctrina de la posición preferente para justificar la prevalencia de la libertad de expresión e información en determinadas ocasiones sobre otros bienes o derechos constitucionales. Esta doctrina permite proteger no solo la información veraz, sino también la información de interés público sometida a secreto. En el caso de la libertad de expresión, esta doctrina sirve de fundamento para afirmar que este derecho protege no solo la libertad individual, sino también la existencia de una opinión pública libre.

Garantías del Artículo 20 CE

El Artículo 20 de la Constitución Española establece garantías específicas para la libertad de expresión e información:

• Prohibición de censura previa: Esta garantía es absoluta.
• Secuestro judicial de las publicaciones: Esta garantía exige la intervención judicial para el secuestro de publicaciones.