INTRODUCCIÓN AL DERECHO FINANCIERO

1. El Derecho Financiero: Concepto y Contenido

El Derecho financiero es una rama del Derecho público que regula la actividad financiera de las Administraciones públicas. Las Administraciones transforman derechos y obligaciones en ingresos y gastos a través de la Hacienda Pública, la cual dispone de varios recursos:

• Tributos: Prestaciones económicas exigidas a los ciudadanos.
• Crédito público: Permite a la Administración endeudarse para financiar el gasto.
• Patrimonio público: Bienes de titularidad pública que pueden generar ingresos compatibles con su finalidad.

2. Las Fuentes del Derecho Financiero

El poder financiero es la capacidad atribuida por el Derecho para regular los ingresos y gastos públicos, incluyendo aprobar presupuestos, autorizar el gasto y establecer tributos. No existe un sistema específico, sino que se aplican:

• Constitución Española.
• Tratados internacionales.
• Normas de la Unión Europea.
• Leyes.
• Reglamentos.
• Derecho supletorio.

1º) La Constitución Española

Es la norma fundamental y establece los principios del sistema tributario (art. 31):

• Igualdad, progresividad y capacidad económica.
• Generalidad y no confiscatoriedad.

En materia de gasto público establece:

• Asignación equitativa de recursos.
• Eficiencia y economía en su gestión.

2º) Los Tratados Internacionales

Forman parte del ordenamiento interno una vez publicados (art. 96 CE). Tipos:

• Con autorización previa mediante ley orgánica (ej. adhesión a la UE).
• Con autorización de las Cortes (tratados políticos, militares, etc.).

Destacan los convenios de doble imposición, que:

• Delimitan la potestad tributaria entre Estados.
• Tienen prioridad sobre la ley interna.
• Garantizan la no discriminación.

3º) Las Leyes

Son la principal fuente en materia financiera. Destacan:

• Ley General Tributaria (LGT): Regula principios, procedimientos y garantías del sistema tributario.
• Ley General Presupuestaria (LGP): Regula el régimen presupuestario y el control del gasto público.
• La Ley de Presupuestos: No puede crear tributos. Puede modificarlos si existe habilitación legal previa.

Disposiciones con rango de ley: Decreto-ley

Dictado por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Tiene carácter provisional. No puede afectar derechos fundamentales ni elementos esenciales del sistema tributario.

El Decreto Legislativo

Es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno mediante delegación del Congreso de los Diputados. Sus características son:

• Forma: Debe otorgarse expresamente por ley.
• Materia: Cualquier tema excepto los reservados a ley orgánica; no puede modificar la ley delegante ni ser retroactiva.
• Plazo: Fijado por la ley, no indefinido.
• Destinatario: Siempre el Gobierno, sin subdelegación.

Clases de delegación legislativa:

a) Textos articulados: La Ley de Bases establece principios claros y concretos. El Gobierno desarrolla la materia según la Ley de Bases. La publicación del Decreto legislativo agota la delegación; no hay regulación posterior.

b) Textos refundidos: La ley delegante indica si solo se unifica el texto o también se armonizan y aclaran normas. El Gobierno reúne en un solo texto las disposiciones vigentes dispersas.

La potestad legislativa de las CCAA

Las CCAA ejercen potestad legislativa sobre sus competencias, con alcance formal (aprobada por el Parlamento) y material (regula competencias propias). Singularidades de las leyes autonómicas:

• Su relación con las Cortes Generales se rige por el principio de competencia, no de jerarquía.
• Deben respetar la unidad de la nación, igualdad, solidaridad, limitación territorial y libre circulación.
• Solo son inconstitucionales si vulneran estos principios.
• La impugnación por el Gobierno suspende la ley hasta que el Tribunal decida (máx. 5 meses).

LOS REGLAMENTOS

a) La potestad reglamentaria: concepto y fundamento

Por reglamento se entiende toda disposición jurídica de carácter general y subordinada a la Ley dictada por la Administración en el ejercicio de su competencia propia. Sus características más destacadas son:

• Doble limitación: A la Constitución y a la Ley que desarrolla, debiendo ajustarse fielmente a ambas.
• No puede regular materias reservadas constitucionalmente a la Ley.
• No puede contradecir las leyes, ya que está jerárquicamente subordinado a ellas; por tanto, no puede derogarlas ni modificarlas, mientras que las leyes sí pueden derogar reglamentos.

El reglamento es una declaración de la Administración que forma parte del ordenamiento jurídico y lo amplía. Como norma jurídica, no se agota con su aplicación, sino que puede aplicarse indefinidamente, reforzando su vigencia. Por el contrario, los actos administrativos no se integran en el ordenamiento, sino que son aplicaciones concretas del mismo. Se agotan con su cumplimiento y carecen de vocación de permanencia.

b) El ejercicio de la potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria es la capacidad del poder ejecutivo para dictar normas generales de rango inferior a la ley en desarrollo o aplicación de estas (art. 97 CE). Su ejercicio debe atribuirse de forma expresa y detallada por la propia ley. En el ámbito tributario, esta potestad está reconocida por la LGT, que la atribuye al Ministro de Hacienda.

El control de la legalidad de los reglamentos corresponde a la jurisdicción ordinaria (art. 106.1 CE). A diferencia de las leyes, los reglamentos pueden ser revisados por jueces y tribunales. Este control puede ejercerse:

• Por vía de excepción: Solicitando la inaplicación de un reglamento en un caso concreto por ser contrario a la Constitución, la ley o el principio de jerarquía normativa.
• Mediante impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa:
  • Recurso directo: Solicita la anulación del reglamento.
  • Recurso indirecto: Impugna un acto administrativo basado en un reglamento ilegal, alegando la ilegalidad de este.

3. APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

1. Ámbito espacial de aplicación

El art. 11 de la LGT establece que las leyes de cada tributo determinarán sus criterios de aplicación espacial (residencia o territorialidad). En su defecto, se aplicará el criterio de residencia para tributos personales y el de territorialidad para los demás (impuestos reales). Debe distinguirse entre:

• Eficacia de la ley: El espacio donde la ley produce efectos.
• Extensión de la ley: Los hechos que puede regular, incluso si se realizan fuera del territorio o por extranjeros.

La determinación de la extensión de la ley es el problema principal, pudiendo basarse en:

• Nacionalidad: Aplicación a ciudadanos españoles, con independencia de su residencia o del lugar del hecho imponible.
• Territorialidad: Aplicación a quienes residan o tengan relación con el territorio español, sin importar su nacionalidad.

El art. 11 LGT opta por residencia y territorialidad, excluyendo la nacionalidad por:

• Aspecto formal: Mandato legal que impone el criterio de residencia.
• Aspecto material:
  • Eficacia: La territorialidad permite aplicar y sancionar adecuadamente las normas.
  • Racionalidad: Quienes tienen relación con el Estado deben contribuir al gasto público por beneficiarse de sus servicios.

2. Ámbito temporal de aplicación

a) La entrada en vigor de las normas tributarias: Según el art. 10.1 LGT, las normas tributarias entran en vigor a los 20 días de su publicación oficial, salvo disposición contraria, y se aplican por tiempo indefinido o por el plazo que ellas mismas establezcan. Para determinar su vigencia:

• Se aplican por tiempo indefinido o el fijado en la propia norma.
• En tributos instantáneos, se aplican a los devengados desde su entrada en vigor.
• En tributos periódicos, se aplican a los períodos que se inicien desde su entrada en vigor.

b) Cese de la vigencia de las normas tributarias: Las normas pueden dejar de estar vigentes por:

• Derogación expresa por otra ley.
• Derogación tácita, cuando una ley posterior regula la misma materia de forma incompatible.
• Transcurso del plazo fijado en la propia ley.

Respecto a la inconstitucionalidad, no es derogación sino nulidad con efectos retroactivos (ex tunc), a diferencia de la derogación (ex nunc). En leyes temporales, si derogaron expresamente otras leyes, estas no recuperan vigencia; si solo las suspendieron, recuperan vigencia al finalizar la ley temporal.

c) La retroactividad de las normas financieras: Según el art. 10.2 LGT, las normas tributarias no son retroactivas salvo disposición expresa, siendo posible si es constitucionalmente admisible. En resumen:

• Como regla general, no se aplican a situaciones pasadas.
• Pueden ser retroactivas si se establece expresamente.
• Las normas sancionadoras o de recargos se aplican retroactivamente si benefician al interesado.
• Las normas procedimentales se aplican retroactivamente.
• Los reglamentos tributarios nunca tienen efecto retroactivo.

3. El fraude de ley tributaria

El fraude de ley tributaria es el resultado contrario a una norma tributaria obtenido mediante actos realizados al amparo de otra norma con distinta finalidad, con el objetivo de eludir la primera. Para que exista fraude de ley deben concurrir dos normas:

• Una norma de cobertura, que ampara formalmente el acto.
• Una norma defraudada, cuya aplicación se pretende evitar.

No basta con elegir entre varias normas posibles; deben cumplirse los requisitos del art. 15 LGT:

• Realizar un acto o negocio distinto del previsto, pero con resultados económicos equivalentes.
• Que dicho acto implique un menor gravamen.
• Que exista intención de eludir el tributo.

El fraude de ley debe diferenciarse de figuras afines:

• a) Incumplimiento de la obligación tributaria: Se realiza el hecho imponible y nace la obligación, pero no se cumple.
• b) Simulación: Se crea una apariencia jurídica para ocultar la realidad (absoluta o relativa).
• c) Negocio indirecto: Se utiliza un negocio jurídico típico con una finalidad distinta de la propia.
• d) Economía de opción: Permite elegir la opción menos gravosa dentro de la legalidad, siempre que no sea una forma anómala respecto al fin perseguido.

DERECHO TRIBUTARIO. LOS INGRESOS PÚBLICOS

Concepto y caracteres

El ingreso público es toda percepción dineraria obtenida por un ente público con el fin de financiar los gastos públicos. Sus características son:

• Es percibido por un ente público.
• El carácter público depende del titular, no del régimen jurídico.
• Su finalidad es financiar los gastos públicos.
• Requiere plena disponibilidad del ente sobre el ingreso.

Se excluyen como ingresos públicos: prestaciones no monetarias, bienes adquiridos por expropiación o cantidades sin libre disposición (fianzas, depósitos).

Clasificación

• i. Ingresos de Derecho Público y de Derecho Privado:
  • De Derecho público: Regulados por normas públicas (tributos, deuda pública).
  • De Derecho privado: Regulados por normas privadas (explotación de bienes).
• ii. Ingresos tributarios, monopolísticos, patrimoniales y crediticios:
  • Ingresos directos: Tributos y deuda pública.
  • Ingresos derivados de gestión: Monopolios y bienes patrimoniales.
• iii. Ingresos ordinarios y extraordinarios:
  • Ordinarios: Se obtienen regularmente (tributos).
  • Extraordinarios: En situaciones especiales (venta de bienes).
• iv. Ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios:
  • Presupuestarios: Previstos en el presupuesto.
  • Extrapresupuestarios: No previstos (ingresos parafiscales).

1. Las prestaciones patrimoniales de carácter público

El art. 31.3 CE vincula el principio de legalidad a las prestaciones patrimoniales de carácter público. Existen dos posturas:

1. Postura del Tribunal Constitucional: Considera que son distintas de los tributos, aunque comparten rasgos como la reserva de ley y la coactividad.
2. Postura doctrinal: Entiende que no tiene sentido diferenciarlas, pues ambas son ingresos públicos coactivos destinados a financiar el gasto público.

2. LOS TRIBUTOS

A. CONCEPTO

Los tributos son ingresos públicos consistentes en prestaciones pecuniarias exigidas por la Administración como consecuencia de la realización del hecho imponible fijado por la ley, con el fin de financiar los gastos públicos. Sus principales características son:

• Se basan en la capacidad económica del sujeto pasivo (art. 31.1 CE).
• Son ingresos públicos ordinarios de Derecho público.
• Tienen carácter generalmente monetario y constituyen una obligación ex lege.
• No son sanciones.
• No tienen carácter confiscatorio.
• Predomina el criterio de residencia sobre el de nacionalidad.

B. LOS TRIBUTOS PARAFISCALES

a) Concepto: Las exacciones parafiscales son prestaciones patrimoniales públicas de naturaleza tributaria que se rigen por la LGT de forma supletoria. Se caracterizan por no crearse por ley ni incluirse en los presupuestos, vulnerando principios de seguridad jurídica.

b) La parafiscalidad en España: La Constitución ha favorecido la desaparición de estos tributos. La normativa básica se encuentra en la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos.

3. LOS IMPUESTOS: CLASES DE IMPUESTOS

• Impuestos reales e impuestos personales: Los personales se definen en relación con una persona; los reales se basan en un elemento objetivo.
• Impuestos subjetivos e impuestos objetivos: Los subjetivos consideran las circunstancias personales del contribuyente.
• Impuestos periódicos e instantáneos: El IRPF es periódico; el IVA o IBI se consideran instantáneos en su devengo.
• Impuestos directos e indirectos: Los directos gravan la riqueza directamente; los indirectos permiten la repercusión.
• Impuestos estatales, autonómicos y locales: Tres niveles de imposición.
• Impuestos fiscales y extrafiscales: Finalidad recaudatoria vs. fines sociales o ambientales.

4. LAS TASAS

A. CONCEPTO

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa del dominio público o la prestación de servicios en régimen de derecho público que afecten al obligado. El carácter obligatorio distingue tasas de precios públicos:

• Tasa: Recepción obligatoria del servicio.
• Precio público: Recepción voluntaria.

B. SUJETOS OBLIGADOS Y CUANTIFICACIÓN

Son sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que se beneficien del servicio. El importe de la tasa no puede exceder del coste real o previsible del servicio. La falta de informe técnico-económico provoca la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias.

5. PRECIOS PÚBLICOS

A. CONCEPTO: Contraprestaciones por servicios en régimen de Derecho público, de solicitud voluntaria y prestados también por el sector privado. Deben cubrir, como mínimo, los costes económicos, salvo razones sociales o culturales justificadas.

6. CONTRIBUCIONES ESPECIALES

A. CONCEPTO: Tributos cuyo hecho imponible es la obtención de un beneficio o aumento de valor de bienes debido a obras públicas o servicios públicos. El importe máximo es del 90% del coste de la obra.

CONFIGURACIÓN JURÍDICA DEL TRIBUTO

5.1. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Según la LGT, se clasifican en:

• Principal: Pago de la cuota tributaria.
• Pagos a cuenta: Importes fraccionados o retenciones.
• Entre particulares: Repercusiones o ingresos a cuenta.
• Accesorias: Intereses de demora y recargos. Las sanciones no son obligaciones accesorias.

5.2. EL HECHO IMPONIBLE

a) Concepto: Presupuesto fijado por la ley que origina la obligación tributaria principal.

b) Delimitación:

• Sujeción: Genera el hecho imponible.
• No sujeción: No se genera el hecho imponible.
• Exención: Se realiza el hecho imponible pero la ley libera del pago.

5.4. EXENCIONES TRIBUTARIAS

La exención ocurre cuando la ley libera del cumplimiento de la obligación principal a pesar de realizarse el hecho imponible. Pueden ser totales o parciales, y subjetivas (afectan al sujeto) u objetivas (afectan al objeto).

5.5. ANTICIPACIÓN Y REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO

Los pagos a cuenta son autónomos respecto de la obligación principal. El contribuyente puede deducirlos de la cuota final (ej. retenciones en IRPF o pagos fraccionados en Impuesto de Sociedades).

SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

6.1 SUJETOS DEL TRIBUTO

a) Sujeto activo: Administraciones tributarias titulares de la potestad para gestionar y exigir el tributo (ej. AEAT).

b) Sujeto pasivo: Obligado tributario que debe cumplir la obligación principal. Puede ser contribuyente (quien realiza el hecho imponible) o sustituto (quien cumple en lugar del contribuyente por ley).

6.2. EL OBLIGADO TRIBUTARIO

Incluye contribuyentes, sustitutos, obligados a retener, sucesores y responsables solidarios o subsidiarios. Las entidades sin personalidad jurídica (herencias yacentes, comunidades de bienes) también pueden ser obligados tributarios (art. 35.4 LGT).

6.2.1. La responsabilidad Tributaria

Salvo precepto legal en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. Requiere un acto administrativo de derivación de responsabilidad previa audiencia del interesado.

6.2.3. El domicilio tributario

Lugar de localización para notificaciones. Para personas físicas es su residencia habitual; para personas jurídicas, su domicilio social o donde radique la gestión efectiva.

6.2.4. La representación en Derecho Tributario

Puede ser voluntaria (otorgada por el interesado) o legal (para menores, incapacitados o personas jurídicas).

ELEMENTOS CUANTIFICADORES DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

7.1. La Base Imponible

Magnitud que mide el hecho imponible. Puede ser dineraria o no dineraria. Métodos de cálculo:

• Estimación directa: Basada en datos reales y documentos contables.
• Estimación objetiva: Basada en signos, índices o módulos.
• Estimación indirecta: Aplicable cuando no hay datos fiables por resistencia, incumplimiento o destrucción de libros.

7.2. TIPO DE GRAVAMEN

Cifra o porcentaje aplicado a la base liquidable. Pueden ser específicos (suma fija) o porcentuales (alícuotas proporcionales o progresivas).

7.3. La cuota tributaria

• Cuota íntegra: Resultado de aplicar el tipo a la base.
• Cuota líquida: Resultado de aplicar deducciones o bonificaciones a la cuota íntegra.
• Cuota diferencial: Resultado de restar retenciones y pagos a cuenta a la cuota líquida.

7.4. La extinción de la obligación tributaria

Las deudas se extinguen por:

• Pago: En efectivo, efectos timbrados o especie.
• Prescripción: Plazo general de 4 años.
• Compensación: Con créditos a favor del obligado.
• Condonación: Renuncia autorizada por ley.
• Insolvencia: Declaración de crédito incobrable de forma provisional o definitiva.