Principios Rectores del Proceso Civil y el Objeto del Proceso

Introducción: El Marco Constitucional. El proceso civil español se fundamenta en el Art. 24 de la Constitución Española (CE), que garantiza la Tutela Judicial Efectiva. A diferencia del proceso penal, el civil se rige por la autonomía de la voluntad, lo que se traduce en dos principios técnicos fundamentales recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LEC).

1. El Principio Dispositivo

Es el principio que otorga a las partes el dominio sobre el objeto del proceso. Se manifiesta en tres vertientes:

• Inicio del proceso: Solo las partes pueden iniciar el pleito mediante la demanda. El juez no puede actuar de oficio.
• Delimitación del objeto: Las partes fijan qué se pide (petitum) y por qué se pide (causa petendi). El juez debe dictar sentencia en estricta congruencia con estas peticiones.
• Poder de disposición: Las partes pueden finalizar el proceso de forma anormal mediante el allanamiento (el demandado acepta la pretensión), el desistimiento (el actor abandona el proceso sin renunciar al derecho), la renuncia (el actor abandona el derecho) o la transacción (acuerdo que termina en auto de homologación).

2. El Principio de Aportación de Parte

Este principio determina que la carga de introducir los hechos y las pruebas recae exclusivamente sobre las partes. Según el aforismo, el juez debe juzgar solo sobre lo alegado y probado por los litigantes. El juez civil no tiene facultades investigadoras de oficio, salvo en procesos especiales (familia, capacidad) donde existe un interés público.

3. El Objeto del Proceso y la Litispendencia

El objeto queda fijado en la demanda y la contestación. Una vez establecido, opera la prohibición de la Mutatio Libelli (Art. 412 LEC), que impide alterar sustancialmente las pretensiones. Asimismo, la existencia de un objeto en proceso genera la litispendencia, una excepción procesal que impide que se abra un segundo juicio sobre los mismos sujetos, objeto y causa de pedir, evitando así sentencias contradictorias y garantizando la seguridad jurídica.

La Competencia y el Control Mediante la Declinatoria

1. Concepto y Presupuestos de Competencia

Para que un tribunal pueda conocer de un asunto, debe ostentar jurisdicción y competencia. Esta última se divide en:

• Objetiva: Por razón de la cuantía (límite de 15.000 €) o la materia (Mercantil, Familia, etc.).
• Territorial: Lugar geográfico. Existen fueros imperativos (Art. 52 LEC) que prevalecen sobre cualquier acuerdo (ej. domicilio del alimentista en juicios de alimentos o lugar de la finca en desahucios).

2. La Declinatoria: Concepto y Legitimación

Regulada en los Arts. 63 a 65 de la LEC, es el único instrumento procesal del que dispone el demandado para denunciar la falta de jurisdicción o la falta de competencia (objetiva, funcional o territorial). Se debe proponer ante el mismo tribunal que conoce del pleito.

3. Tramitación y Plazos (Carácter Preclusivo)

La declinatoria debe presentarse en un momento procesal muy temprano, antes de contestar a la demanda:

• Juicio Ordinario: Dentro de los 10 primeros días del plazo de 20 para contestar.
• Juicio Verbal: Dentro de los 5 primeros días del plazo de 10 para contestar. Su interposición produce de forma inmediata la suspensión del curso del proceso principal y del plazo para contestar, asegurando que no se avance en un juicio ante un juez que podría ser incompetente.

4. Resolución y Efectos

El tribunal resuelve mediante Auto en un plazo de 5 días tras oír a las demás partes:

• Falta de Jurisdicción: Se dicta auto de sobreseimiento y se acaba el proceso.
• Falta de Competencia Territorial: El juez se inhibe a favor del tribunal que considere competente. Si el fuero no es imperativo, el demandado está obligado a indicar qué tribunal considera competente en su escrito de declinatoria; de lo contrario, se desestimará. Contra el auto que desestima la declinatoria solo cabe recurso de reposición (salvo falta de jurisdicción u objetiva), mientras que contra el que la estima cabe recurso de apelación.

El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva (Art. 24.1 CE)

1. Concepto y Fundamento

El derecho a la tutela judicial efectiva está consagrado en el Artículo 24.1 CE. Se define como el derecho de toda persona a obtener la protección de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

Es un derecho de configuración legal, lo que significa que se ejerce a través de los cauces establecidos por el legislador en leyes como la LEC. Su finalidad es evitar la autotutela (justicia por mano propia), garantizando que el Estado asuma la resolución de conflictos a través del proceso.

2. Contenido Complejo del Derecho

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado que este derecho no es una simple frase, sino que comprende cuatro vertientes inseparables:

• A) Derecho de libre acceso a la jurisdicción: Es la posibilidad de acudir ante un juez y poner en marcha el proceso. El legislador no puede poner trabas u obstáculos irrazonables o desproporcionados que impidan a los ciudadanos litigar.
• B) Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho: El ciudadano tiene derecho a que el Juez dicte una resolución que sea motivada (que explique los porqués), razonable y congruente.
• C) Derecho a la proscripción de la indefensión (Principio de Audiencia): Nadie puede ser condenado sin ser oído. El tribunal debe garantizar que ambas partes puedan alegar y probar lo que convenga a su derecho en igualdad de condiciones.
• D) Derecho a la ejecución de las sentencias: La tutela no sería «efectiva» si la sentencia fuera un simple papel mojado. El Estado debe poner los medios necesarios para que lo juzgado se cumpla (ejecución forzosa/embargos).

3. El Principio de «Pro Actione»

Derivado del Art. 24.1 CE, los jueces deben interpretar las normas procesales de la forma más favorable para que el proceso llegue a su fin y se resuelva el fondo del asunto. Esto implica que, ante un defecto menor o subsanable (como un error en un dato), el juez debe permitir su corrección en lugar de archivar el caso directamente.

4. Relación con la Justicia Gratuita (Art. 119 CE)

Para que la tutela sea real, el factor económico no puede ser una barrera. Por ello, la Constitución prevé que la justicia será gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (en relación con el IPREM).

El Letrado de la Administración de Justicia (LAJ): Naturaleza y Funciones en el Proceso Civil

1. Naturaleza y Caracteres

El Letrado de la Administración de Justicia (antiguamente denominado Secretario Judicial) es un funcionario público de carrera que pertenece al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. Se integra en la Oficina Judicial y actúa bajo los principios de legalidad, imparcialidad, autonomía y unidad de actuación.

Su función es técnica y procesal, diferenciándose de la función jurisdiccional (juzgar y ejecutar lo juzgado) que corresponde exclusivamente a Jueces y Magistrados.

2. Funciones Principales

Las funciones del LAJ son esenciales para el impulso y la validez del proceso:

• Fe Pública Judicial: Es el titular de la fe pública judicial. Esto significa que deja constancia fehaciente de la realización de actos procesales, de la producción de hechos con trascendencia procesal y de la identidad de quienes intervienen.
• Documentación y dación de cuenta: Es responsable de la formación de los autos y expedientes. Además, debe dar cuenta al Juez de los escritos y documentos que se presenten, así como del estado de los procedimientos.
• Impulso Procesal: El LAJ es el encargado de que el proceso avance de una fase a otra sin necesidad de que el Juez intervenga en cada paso burocrático.
• Jurisdicción Voluntaria y Conciliación: La ley le otorga competencias para resolver determinados expedientes de jurisdicción voluntaria y para presidir actos de conciliación.

3. Resoluciones del LAJ

Para ejercer sus funciones, el LAJ dicta sus propias resoluciones:

• Diligencias:
  • De ordenación: Para dar al proceso el curso que la ley establece.
  • De constancia, comunicación o ejecución: Para reflejar hechos o actos.
• Decretos: Son resoluciones motivadas que dicta cuando la ley le atribuye competencia exclusiva. Por ejemplo:
  • El decreto de admisión de la demanda (siempre que no haya dudas de jurisdicción o competencia, en cuyo caso da cuenta al Juez).
  • Decretos que ponen fin a procesos de ejecución o de monitorio por pago.

La Litispendencia

La litispendencia es el estado jurídico en que se encuentra un asunto desde que se interpone una demanda ante los tribunales hasta que recae una sentencia firme o el proceso termina de forma anormal.

Según el Art. 410 LEC, la litispendencia comienza exactamente en el momento de la interposición de la demanda, siempre que esta sea posteriormente admitida a trámite. Es decir, los efectos se retrotraen al día que se presentó en el registro.

2. Efectos Positivos (Qué obliga a hacer)

• Obligación del Juez: El tribunal tiene el deber de continuar el proceso hasta dictar una resolución.
• Perpetuatio Iurisdictionis (Art. 411 LEC): Las circunstancias de las partes y del objeto que existían al inicio son las que determinan la jurisdicción y la competencia. Si el demandado se muda de ciudad durante el juicio, el juez original sigue siendo el competente.
• Prohibición de la Mutatio Libelli (Art. 412 LEC): Una vez fijado el objeto en la demanda y la contestación, las partes no pueden alterarlo sustancialmente.

3. Efecto Negativo: La Excepción de Litispendencia

Este es el punto más importante para la práctica. La litispendencia impide que se abran otros procesos sobre el mismo objeto. Si esto ocurre, el demandado puede alegar la excepción de litispendencia para que el segundo proceso se archive.

Para que exista litispendencia y se bloquee un segundo juicio, debe existir la «Triple Identidad»:

1. Sujetos: Mismas partes (o sus herederos).
2. Objeto: Lo que se pide es lo mismo.
3. Causa de pedir: Los hechos y fundamentos son los mismos.

4. Tratamiento Procesal (Cómo se resuelve)

• Si el demandado detecta que ya hay un juicio abierto por lo mismo, debe alegarlo en la contestación a la demanda.
• Se resuelve en la Audiencia Previa (en el Juicio Ordinario) o al inicio de la Vista (en el Juicio Verbal).
• Si el juez comprueba que, efectivamente, hay un pleito anterior idéntico, dictará un Auto de sobreseimiento y pondrá fin al segundo proceso para evitar sentencias contradictorias.

El Juez Ordinario Predeterminado por la Ley (Juez Legal)

El derecho al Juez Legal está reconocido en el Art. 24.2 de la Constitución Española como un derecho fundamental. Garantiza que cualquier ciudadano sea juzgado por un órgano judicial que cumpla con unos requisitos de legalidad e imparcialidad establecidos previamente.

2. Elementos del Juez Legal

Para que podamos hablar de Juez Legal, deben concurrir cuatro elementos esenciales:

• Preexistencia por Ley: El órgano judicial debe haber sido creado por una norma con rango de Ley antes de que ocurran los hechos que se van a juzgar.
• Jurisdicción Ordinaria: El juez debe formar parte del Poder Judicial ordinario. Esto prohíbe los tribunales de excepción o tribunales especiales creados para un caso concreto (ad hoc).
• Competencia Previa: Las normas de competencia (objetiva, funcional y territorial) deben estar fijadas por ley de antemano. No se puede elegir al juez «a dedo» una vez surgido el conflicto.
• Composición Legal: Las personas que integran el tribunal (jueces o magistrados) deben haber sido designadas conforme a los procedimientos legales (oposición, turno de reparto, etc.).

3. Garantías que Protege

Este derecho es la base de la imparcialidad judicial. Evita que el poder político o el propio sistema judicial puedan manipular quién va a juzgar un asunto para influir en el resultado. Si se vulnera este derecho, el ciudadano puede solicitar la nulidad de las actuaciones e incluso acudir en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

4. Relación con la Organización Jurisdiccional

En tu asignatura, el Juez Legal se materializa a través de las reglas de competencia que hemos estudiado:

• Si un asunto es de alimentos (como el caso de Marcela), el Juez Legal es el del Tribunal de Instancia del domicilio del demandante (Art. 52.1.4º LEC).
• Si el juez de otro lugar quisiera llevar el caso, estaría vulnerando el derecho al Juez Legal de las partes, y para eso existe la Declinatoria: para restablecer al Juez que legalmente corresponde.

El Proceso

1. Concepto y Diferenciación Terminológica

El proceso es el instrumento necesario para el ejercicio de la función jurisdiccional. Se define como la sucesión de actos reglados por la ley (LEC) encaminados a obtener una resolución judicial que ponga fin a un conflicto jurídico. Es fundamental no confundirlo con términos afines:

• Juicio: Es la acción de juzgar, el acto intelectual del juez.
• Procedimiento: Es la forma externa, el rito o la sucesión de trámites.
• Proceso: Es el conjunto total (trámites + juicio) que sirve de cauce a la pretensión.

2. Naturaleza Instrumental

El derecho procesal es un derecho adjetivo o instrumental respecto al derecho sustantivo (Civil). No es un fin en sí mismo, sino el medio para que los ciudadanos alcancen la Tutela Judicial Efectiva (Art. 24 CE). Además, las normas procesales son de orden público (ius cogens), lo que implica que las partes no pueden disponer de ellas ni crear trámites distintos a los previstos en la ley.

3. Tipología de Procesos en la LEC

La Ley de Enjuiciamiento Civil clasifica los procesos atendiendo a la tutela que se solicita:

• Procesos Declarativos: Su fin es que el juez se pronuncie sobre una situación jurídica.
  • Juicio Ordinario: Para materias específicas (Honor, Propiedad Horizontal) o cuantías superiores a 15.000 €.
  • Juicio Verbal: Para materias sumarias (Desahucios, Alimentos, como en el caso de Marcela) o cuantías hasta 15.000 €.
• Procesos de Ejecución: Tienen por objeto hacer cumplir lo que ya dice un título ejecutivo (una sentencia previa que no se ha cumplido voluntariamente).
• Procesos Especiales: Con reglas propias para materias como capacidad, filiación o familia.

4. Fases Generales del Proceso

Aunque cada juicio tiene sus particularidades, la estructura general del proceso declarativo es:

1. Fase de Alegaciones: Inicia con la Demanda y sigue con la Contestación del demandado.
2. Fase Intermedia: En el Ordinario es la Audiencia Previa (para sanear el proceso y proponer prueba). En el Verbal es la parte inicial de la Vista.
3. Fase de Prueba: Practicar los medios propuestos (testigos, peritos, documentos).
4. Fase de Conclusiones y Sentencia: El juez dicta la resolución definitiva tras un resumen de las partes.

5. Formas de Terminación

El proceso suele terminar mediante Sentencia, pero en virtud del Principio Dispositivo, puede finalizar de forma «anormal»:

• Satisfacción extraprocesal: Cuando el objeto desaparece antes del juicio (Art. 22 LEC).
• Transacción: Acuerdo entre las partes que el juez aprueba mediante Auto de Homologación.
• Allanamiento: El demandado acepta lo que se le pide.

Actos Preparatorios del Proceso Civil

1. Las Diligencias Preliminares (Arts. 256 a 263 LEC)

Son actuaciones que se solicitan al órgano judicial con el fin de obtener datos o documentos necesarios para que el futuro demandante pueda confeccionar su demanda con precisión. Sin estos datos, el proceso podría ser inviable o dirigirse contra la persona equivocada.

Características principales

• Solo se pueden pedir las que están expresamente tasadas en el Art. 256 LEC (ej. exhibición de testamento, de cuentas de una sociedad, de historial clínico o identificación de conductores). No cabe la interpretación analógica.
• Competencia: El Juez de Primera Instancia o de lo Mercantil del domicilio de la persona que deba declarar o exhibir.
• La Caución: El solicitante debe prestar una fianza (dinero) para responder de los gastos y daños que pueda causar a la otra parte. Si no presenta la demanda en el plazo de un mes desde que se practicó la diligencia, pierde la caución.

Procedimiento y Negativa

Si el juez la admite, se cita a la otra parte. Si esta se niega:

1. Si es para identificar a una persona: El juez puede dar por ciertos los datos que sospecha el actor.
2. Si es un documento o cosa: Se puede ordenar la entrada y registro.

2. La Prueba Anticipada y el Aseguramiento (Arts. 293 a 298 LEC)

Mientras que las preliminares preparan la demanda, estas figuras protegen la prueba.

A. Prueba Anticipada

Se solicita cuando existe un temor fundado de que, debido al estado de las personas o de las cosas, la prueba no pueda practicarse en el momento procesal oportuno (el juicio o la vista).

• Ejemplo: Un testigo que va a morir pronto o que se va a vivir a otro continente de forma permanente.
• Plazo para demandar: Si se hace antes del juicio, la demanda debe presentarse en 2 meses desde que se practicó la prueba; si no, perderá su valor.

B. Aseguramiento de la Prueba

Aquí no se practica la prueba aún, sino que se piden medidas para que no se altere.

• Ejemplo: Prohibir que se limpie una mancha o se repare una viga antes de que el perito la vea.