1. Garantías del Principio de Legalidad

• a) Garantía criminal (artículos 25.1 CE, 1 CP): “nullum crimen sine lege”. No se puede considerar delictiva una conducta que no haya estado prevista en la norma como tal en el momento de su comisión o ejecución. Ningún estado peligroso tendrá relevancia penal si no ha sido previamente declarado como tal en la norma.

(Definición de los estados peligrosos 1.2 CP)

• b) Garantía penal (artículos 9.3 CE, 2 CP): “nulla poena sine lege”. No se puede imponer una pena que no haya sido previamente establecida en una ley penal, ni tampoco una medida de seguridad que no haya estado prevista antes en una ley penal.

(Medidas de seguridad 1.2 CP)

• c) Garantía jurisdiccional (artículos 24 CE, 3.1 CP, 1 LECrim): No se puede seguir un procedimiento penal distinto al establecido previamente en las normas procesales.
• d) Garantía de ejecución (artículos 9.3 y 25.2 CE, 3.2 CP, 2 LOGP): La pena o medida de seguridad solo puede ejecutarse en la forma prevista en la norma (Ley Orgánica General Penitenciaria).

2. Exigencias del Principio de Legalidad: Lex Praevia, Scripta y Stricta

Por exigencias del Principio de Legalidad, la norma penal tiene que ser previa (lex praevia), escrita (lex scripta) y estricta (lex stricta o certa). De estas exigencias se derivan los siguientes principios:

a) Reserva absoluta de ley (lex scripta)

• Los delitos y las penas deben incorporarse al sistema jurídico mediante una ley emanada del Poder Legislativo, en el que reside la soberanía popular (Cortes Generales).
• Exigencia de Ley Orgánica (artículos 53.1 y 81 CE). Por medio de las Leyes Orgánicas se puede incidir en los derechos fundamentales.
• De forma subsidiaria, y dependiendo del derecho o libertad que se restrinja: Leyes ordinarias y Decretos Legislativos.
• Artículo 1 CP: exclusión de la costumbre y la jurisprudencia como fuente de Derecho penal. También se excluyen leyes de rango inferior (decretos-leyes, reglamentos, órdenes ministeriales), así como los Principios Generales del Derecho. Pueden operar como fuentes negativas del Derecho Penal.
• Exigencias de la jurisprudencia constitucional respecto a las leyes penales en blanco.

Fuentes negativas del Derecho Penal:

• Costumbre o jurisprudencia: pueden atenuar e incluso eximir al condenado de un delito concreto.

b) Principio de determinación, certeza o taxatividad (lex stricta o certa)

• La subsunción de los hechos en la ley no es fácil ni automática. Es necesaria la abstracción para la interpretación de los términos.
• Impone que, en el momento de la creación penal, el legislador debe intentar simplificar el uso de los términos con el fin de abarcar una amplia gama de fenómenos o conductas en torno a una realidad conflictiva determinada.
• El legislador intenta simplificar el uso de términos para abarcar una amplia gama de fenómenos en torno a una determinada realidad (lesión de Bien Jurídico).

Dirigido al legislador

• Va dirigido en primer lugar al legislador. La ley debe describir de forma precisa todos los elementos necesarios para que se configure un delito, así como la clase y la cantidad de pena o medida que se asignará a quien cometa ese delito.
• Uso de términos descriptivos y normativos (conceptos jurídicos indeterminados que pueden estar referidos a datos internos, anímicos, psíquicos…).
• Remisiones a otras normas jurídicas, como las Leyes Penales en Blanco.
• No utilizar términos interpretables o ambiguos, aunque se permite cierta flexibilidad en determinados ámbitos. Por ejemplo, en los delitos imprudentes, como «el que mate a otro por imprudencia grave». La imprudencia debe cuantificarse para determinar la pena.

Dirigido al juez: Prohibición de la analogía (artículo 4.1 CP)

• El juez debe aplicar la norma solo a los supuestos en los que una conducta se identifique plenamente con ella. No se permite la analogía en perjuicio del reo. Sin embargo, a favor del reo sí está permitida (artículo 21.7 CP, atenuante), lo que permite reducir la pena en supuestos similares a otras atenuantes.
• Alevosía: quien adopta medidas para dejar a la víctima en situación de indefensión.

c) Principio de Irretroactividad (lex praevia)

Las leyes penales se aplican a los hechos cometidos durante su periodo de vigencia (desde su nacimiento hasta su extinción) (artículos 9.3 y 25.1 CE, 2 CP).

• Fundamento: Es una exigencia de seguridad jurídica.
• Nacimiento de una ley: La ley nace cuando entra en vigor, tras la vacatio legis.
• Extinción:
  • Por derogación, expresa o tácita.
  • Por haber sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (artículo 164 CE). La declaración de inconstitucionalidad de la norma penal tendrá uno de dos efectos para las personas que hayan sido juzgadas en virtud de esa norma inconstitucional: revisar esas sentencias y condenas siempre y cuando esa revisión dé como resultado una atenuación o exclusión de la responsabilidad penal del condenado. En caso de que la norma inconstitucional imponga una pena inferior a la anterior vigente, se mantendrá la pena impuesta por la norma declarada inconstitucional. En caso de que no haya ninguna ley que regule el delito recogido en la norma inconstitucional, se excluirá la responsabilidad penal.
• La determinación del tiempo de comisión del delito: Criterio de la Actividad (artículo 7 CP): se entenderá que el delito ha sido cometido en el momento en el que se ha ejecutado la acción o la conducta.
  • Casos problemáticos: Delitos continuados, permanentes o habituales.
  • No son delitos de producción instantánea.
  • Delito permanente (ej. secuestro): se entiende que la conducta se realiza a lo largo de toda la dinámica comisiva (mientras se está modificando la Ley penal), por lo que se aplicará la última ley, la más actual, la vigente en ese momento.
• Excepciones al Principio de Irretroactividad:
  • Retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 2.2 CP):
    • Hay dos normas: si he cometido el delito durante la vigencia de una ley que me castigaba con 10 años, y esa ley se modifica para sancionar con una pena de 5, cuando la ley posterior sea favorable al condenado, se aplicará retroactivamente la norma, porque beneficia al condenado.
    • Ejemplo: Si una multa de 48 meses se modifica a prisión de 3 meses, se ha de preguntar al condenado.
  • Leyes penales intermedias más favorables (no resuelto por la legislación penal, pero sí por la jurisprudencia):
    • Si cometo el delito y la ley vigente en ese momento ha sido modificada dos veces, se aplicarán retroactivamente siempre que me beneficie. Si la ley intermedia entre las modificaciones, que ya no existe por haber sido derogada, beneficia al condenado, podrá aplicarse. Si la que me beneficia es la última modificada, se aplicará la última; si la que me beneficia es la intermedia, se aplicará la intermedia.
• Las leyes penales temporales (artículo 2.2 CP):
  • El Gobierno incorpora al ordenamiento jurídico una ley penal temporal en la cual se incrementa el nivel punitivo de algún delito por razones extraordinarias.
  • El Gobierno hace esto para que la protección de bienes jurídicos sea más eficaz.
  • La razón de existencia de esa ley temporal es precisamente castigar durante un periodo determinado a las personas que cometan delitos recogidos en ella, por lo que siempre se aplicará la sanción asignada en la ley penal temporal, aunque la ley recogida en el ordenamiento después de que pase ese tiempo extraordinario sea más beneficiosa.
• Principio de irretroactividad en las normas sobre el derecho de ejecución y procesales:
  • Derecho de ejecución (ej. requisitos para acceder a la libertad condicional): NO rige el principio de irretroactividad. Las nuevas normas se aplican en todos los supuestos (Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica 7/2003). Criticado por la doctrina, que lo considera inconstitucional.
  • Leyes penales relacionadas con la ejecución de las penas: La Ley General Penitenciaria incorpora disposiciones que regulan muchas de las libertades de las cuales se estará privado en prisión (ej. cuánto tiempo se tiene derecho para hacer ejercicio, si se puede llamar a amigos…).
  • Las normas sobre la ejecución de las penas son de derecho procesal, por lo que se aplicará siempre la ley más nueva, aunque no beneficie. Si la nueva ley señala que ya no se pueden hacer llamadas, no se podrán hacer llamadas.

d) Principio ne bis in idem (lex stricta)

Nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho, con base en un mismo fundamento, por parte de cualquier órgano del Estado.

Requisitos:

• Identidad de sujetos.
• Identidad de hechos.
• Identidad de fundamento (mismo bien jurídico).
• Ejemplo: Si se dispara a un policía, se comete un delito de lesiones y un delito de atentado. Cambia el fundamento: el delito de lesiones protege la integridad personal y el delito de atentado protege el principio de autoridad.
• Es irrelevante si se ha cumplido o no la condena. Ejemplo: Si se denuncia un robo, se juzga, y no se consiguen las pruebas necesarias, se absuelve. Años más tarde se encuentran pruebas, pero no se podrá volver a denunciar, ya que se vulneraría dicho principio.
• Un hecho no puede castigarse varias veces, pero sí puede castigarse con varias penas y medidas de seguridad.
• Ejemplo: A una persona semiimputable se le impone una pena y una medida de seguridad porque es peligrosa (sistema vicarial).

Precisiones:

• Prohibición de acumulación de la sanción penal y administrativa:
  • Excepto cuando: en el campo disciplinario administrativo.
  • Casos de solapamiento: se paraliza el procedimiento administrativo.
  • Si no hay solapamiento: se notifica al fiscal la existencia de la comisión de un delito y se paraliza el procedimiento administrativo.
  • En cualquier caso:
• Prohibición de duplicidad de sanciones penales (artículo 8 CP): no se pueden aplicar dos preceptos penales.
• Prohibición de aplicar circunstancias agravantes/atenuantes cuando dichas circunstancias se hayan tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni cuando sean inherentes al delito o necesarias para su configuración (artículo 67 CP): En la parte general se encuentran enumeradas las agravantes y las atenuantes. Si se lesiona con ensañamiento, se comete el delito de lesiones con el agravante de ensañamiento. Si se mata a alguien con ensañamiento, el Código Penal, en la parte especial, incorpora de forma específica el acto de matar con ensañamiento, denominándolo asesinato (artículo 140 CP), por lo que se aplica solamente ese artículo, sin tomar el agravante de ensañamiento de la parte general. En el caso del delito de lesiones, sí se toma el agravante de la parte general.
• No es contrario al ne bis in idem el incremento de la pena cuando el hecho vulnera varios Bienes Jurídicos. Ejemplo: Matar al rey lesiona la vida y la estabilidad política. Se encuentra una justificación en el mayor rigor de las penas que castigan delitos contra personas especiales.
• Ne bis in idem y agravante de reincidencia (artículo 22.8 CP): La agravante de reincidencia consiste en que, si se roba varias veces, se condenará por el mismo robo pero con una pena mucho mayor. La culpabilidad es mayor porque se tiene un mayor conocimiento de la antijuridicidad de la conducta. No vulnera el principio de ne bis in idem porque el fundamento no es el mismo, sino la mayor conciencia de la antijuridicidad. Históricamente se consideraba que sí lo vulneraba. Forma parte del Derecho Penal del autor.
• Ne bis in idem y agravante de multirreincidencia (artículos 66.1.5ª –facultativa– y 235.1.7ª CP –obligatoria–).

Principio de Proporcionalidad (sentido amplio): Prohibición del Exceso

• Debe inspirar la elaboración de leyes, así como su aplicación por parte de los Tribunales.
• Artículo 9.3 CE: Prohibición de exceso e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
• Triple dimensión que se formula en subprincipios: La intervención restrictiva de los poderes públicos sobre los derechos de los ciudadanos debe ser (intervención penal):
  • Necesaria,
  • Adecuada y
  • Proporcionada.

Principio de Necesidad

Se reclama que la incriminación de una conducta sea el medio imprescindible para la protección de los bienes jurídicos y que comporte la mínima intervención en los derechos de las personas enjuiciadas.

Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos

(Deriva del principio de necesidad): Solo se interviene por medio del Derecho Penal cuando se haya lesionado o puesto en peligro de lesión los bienes jurídicos.

• Nullum crimen sine iniuria: no hay delito sin daño o peligro de daño para los bienes jurídicos.
• Bienes Jurídicos:
• Principio de lesividad / ofensividad:
  • No deben criminalizarse conductas que no sean lesivas o peligrosas para los Bienes Jurídicos.
  • No deben sancionarse conductas que no hayan lesionado o puesto en peligro los Bienes Jurídicos.
• Dolo: conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo.
• Principio del hecho (Derecho Penal del hecho): (Antítesis del Derecho Penal del autor, Derecho Penal del enemigo). El pensamiento no delinque; se debe sancionar por lo que se hace. Es la antítesis del Derecho Penal del autor, que castiga a las personas por lo que son, por lo que piensan o por sus modos de vida.

Principio de Intervención Mínima

• Principio de la pena como “ultima ratio”: Solo se recurrirá a la criminalización primaria cuando se hayan agotado todas las demás herramientas de control social y todas hayan fracasado.
• Principio del carácter fragmentario del Derecho Penal: Naturaleza propia del Derecho Penal por la cual se recurre a él solo cuando es estrictamente necesario para proteger bienes jurídicos que no se han podido proteger utilizando otras herramientas.
• Si se detecta un peligro de lesión de bienes jurídicos, se recurre a mecanismos de control social informal (educación cívica, familia, medios de comunicación…). Si estos no son suficientes, se recurre a mecanismos formales (derecho administrativo sancionador). Si este último no puede combatir ese fenómeno de lesión a bienes jurídicos, se recurre al Derecho Penal.
• Dicha valoración se realiza en una etapa previa al proceso de criminalización primaria. Una vez que el delito ya está creado, se aplica directamente el Derecho Penal; este último prevalece una vez que está positivizado.

Principio de Adecuación (a fin determinado)

Requiere que la incriminación de una conducta, así como la imposición de una consecuencia jurídica (la que corresponda), sean aptas para alcanzar el fin que persiguen o en el que se fundamentan. Uno de los fines suele ser la resocialización.

Ejemplo: En casos de delitos sexuales, ¿sería adecuada una castración química (fármaco, inyección que se le aplica al paciente que inhibe la producción de testosterona)? Para quienes realizan dichos delitos por una gran producción de testosterona, podría serlo. Sin embargo, para quienes los cometen por enfermedades mentales, no. Se conseguiría que no tuviera erecciones, pero querría seguir violando, recurriendo a objetos, y el daño podría agravarse. Esto contraviene el principio de adecuación a fin, ya que esta medida de seguridad de la castración no es adecuada para el fin que persigue.

Principio de Proporcionalidad en sentido estricto

Este principio establece que, tanto en la fase legislativa como en la fase judicial, se ha de realizar una ponderación entre la carga impuesta por la pena (gravedad de la pena) y el valor del bien jurídico, así como su grado de afectación.

En la previsión legislativa:

El legislador tendrá que decidir qué pena asigna a los distintos delitos de nuestra parte especial.

• Adecuación entre la gravedad de la pena/medida de seguridad y la relevancia del Bien Jurídico.
• Método: Ponderación.
• Penas/medidas de seguridad más graves para ataques a Bienes Jurídicos más importantes (vida, salud).
• Graduación: En la parte general (distinguiendo consumación de tentativa) y en la parte especial (distinguiendo entre las propiedades materiales de la conducta criminalizada, ej. Homicidio y Asesinato).
• La proporcionalidad de la pena es requisito material de la prevención: el terror penal ha sido un fracaso histórico (pena de muerte, cadena perpetua).
• Ejemplo: El delito de homicidio tiene una pena de 10 a 15 años; si no se mata, la pena es inferior. El grado de afectación es distinto.

En la aplicación judicial:

El juez y el tribunal deben justificar la pena, razonándola y recurriendo a las agravantes o, en su defecto, a las atenuantes. También deben tener en cuenta cuántos delitos se han cometido (concurso real, concurso ideal, concurso medial, delito continuado, delito masa…).

• Necesidad de cuantificación y determinación de la pena atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del sujeto.
• Medida de la pena: la culpabilidad es el fundamento y límite de la culpabilidad.
• Medida de la medida de seguridad: peligrosidad (límite, según el CP… según la doctrina…). La medida de seguridad no puede ser más gravosa ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder de lo estrictamente necesario para prevenir la peligrosidad criminal.
• Circunstancias agravantes.
• Circunstancias atenuantes.

Principio de Culpabilidad

• Durante el Antiguo Régimen:
  • Eran responsables de los delitos los familiares del infractor.
  • Responsabilidad objetiva: se atribuía responsabilidad penal a las personas por hechos fortuitos o casuales, y no solo a ellas, sino también a su familia.
  • Se atribuía responsabilidad penal a los ciudadanos por hechos casuales o fortuitos.
• Después del Antiguo Régimen se introduce el criterio “Versari in re illicita” (el que quiso la causa quiso el efecto): Forma de atribución de responsabilidad sin culpabilidad u objetiva que más ha perdurado en el tiempo (hasta la reforma de 1983). Fue introducida para corregir las formas más brutales de la atribución de responsabilidad del Antiguo Régimen.

Sigue siendo una responsabilidad objetiva, pero establece que se debe atribuir responsabilidad a las personas que producen una causa porque se presume que quieren producir un efecto.

Los problemas de este principio se evidencian en el siglo XX con el avance de la medicina. El personal sanitario tiene una serie de protocolos (normas de cuidado) que deben seguir meticulosamente cuando realizan su trabajo; si no lo hacen, cometen imprudencias. ¿Qué sucede si se sigue todo el protocolo, pero el paciente muere? ¿Se es responsable? NO. El principio anterior establecía que sí.

Por estas razones se introduce el Principio de Culpabilidad:

No hay pena sin culpabilidad (presupuesto de la pena).

• Juicio de reproche que se hace al autor de un hecho típico y antijurídico, por haber actuado en contra del ordenamiento jurídico cuando, en la situación concreta en la que actuó, podía y debía haber actuado conforme a lo dispuesto por las normas (ordenamiento jurídico). La culpabilidad tiene dos elementos: la imputabilidad y la reprochabilidad.

Subprincipios o exigencias:

• 1. Principio de personalidad de las penas: Son penalmente responsables los autores, coautores, cómplices y demás partícipes.
• 2. Exigencia de responsabilidad subjetiva por dolo o imprudencia: Solo se puede exigir responsabilidad penal cuando alguien haya actuado con dolo o imprudencia. Dolo: conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo. Imprudencia: inobservancia de las normas de cuidado debido.
  • Ejemplo: Médico que actúa tomando todas las medidas de cuidado debido. Si no hay ni dolo ni imprudencia, no es responsable.
• 3. Exigencia de responsabilidad personal por el hecho culpable:
  • Dicho sujeto hubiera conocido o podido conocer el carácter ilícito de su conducta (reprochabilidad) y que
  • Le hubiera sido exigible actuar conforme a dicha comprensión a favor de las prescripciones del Derecho (imputabilidad). Si no es responsable de sus actos, actúa en error de prohibición: cuando es vencible, pena atenuada; cuando es invencible, nada.
• 4. La culpabilidad como fundamento y límite de la pena:
  • La culpabilidad en sentido amplio y unitario (lo injusto-culpable), no solo fundamenta la pena, sino también la medida de la pena.
  • No se puede aumentar la pena en función de la peligrosidad criminal, pero se puede reducir la pena a través del sistema vicarial para semiimputables peligrosos. Se impone la medida de seguridad; si no sigue siendo peligroso, el resto de la pena se puede suspender.

Principio de Resocialización

• Afecta de forma especial (no exclusiva) al Juez/Tribunal encargado de juzgar y hacer cumplir lo juzgado.
• De especial importancia en la fase de determinación y aplicación de la pena y, sobre todo, en la fase de ejecución de la condena: En estas etapas, el juez ha de tener presente que tanto la imposición de las penas como su cumplimiento (especialmente las privativas de libertad) habrán de estar guiadas por los principios del respeto a la dignidad, de humanidad y de resocialización del delincuente.
• Principio del respeto a la dignidad de la persona: En la fase legislativa, prohíbe al legislador incorporar penas humillantes (ej. registros públicos de delincuentes sexuales). En la fase judicial, prohíbe ejecutar la pena de modo que humille al delincuente (ej. si quieren hacer una huelga de hambre, no se debe prohibir, solo cuando esté afectando a la vida de esa persona).
• Principio de Humanidad: En la fase legislativa, el legislador tiene totalmente prohibido incorporar cualquier tipo de tortura humana. En la fase judicial, se debe justificar la pena impuesta, explicando por qué se impone una pena de 10 años y no de 9.
• Principio de Resocialización: Las penas han de ser idóneas para conseguir el objetivo de resocialización. Todas aquellas que no sirvan para resocializar deben quedar proscritas y abolidas de nuestro ordenamiento jurídico.