Estado de Derecho

Es aquel en el que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al ordenamiento jurídico. Se protegen los derechos fundamentales y se respeta a las minorías.

Características

• Soberanía popular
• División de poderes
• Principio de legalidad
• Reconocimiento de derechos fundamentales de los ciudadanos

Principio de Legalidad

El Principio de Legalidad, recogido en el artículo 9.1 de la Constitución, establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, que es el conjunto de normas. El Poder Judicial (art. 117.1 CE) y la Administración Pública (art. 103.1 CE) están plenamente sometidos a la ley y al Derecho. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE).

Gobierno y Administración

Las personas que ocupan los puestos de Gobierno son también los altos cargos de la Administración. El Gobierno decide y la Administración ejecuta, materializando las decisiones del Gobierno.

Concepto de Derecho Administrativo

Enfoques del Derecho Administrativo

1. Subjetivo

Es el derecho que regula las Administraciones Públicas, siendo el derecho común y general de estas.

2. Objetivo

Regula la actividad administrativa, no solo la realizada por la Administración cuando desempeña actividades relacionadas con los administrados y su personal, lo que tradicionalmente se ha denominado funciones materialmente administrativas.

Sistemas de Sometimiento de los Poderes Públicos

1. Sistema del Fisco

El Estado realiza actos de carácter público y privado. Por lo tanto, no existe razón para que los actos de derecho privado no se sometan al mismo derecho que los actos de los particulares. Para ello, se estableció un procedimiento técnico para referir esos actos.

2. Rule of Law (Estado de Derecho Anglosajón)

El Estado no tiene una situación jurídica especial, sino que todos los actos estatales están sometidos al derecho común.

3. Sistema de Régimen Administrativo (Derecho Administrativo Continental)

Todos los actos estatales están sometidos al Derecho, pero no al derecho común, sino a un derecho especial que es el Derecho Administrativo. Este otorga un trato de favor al Estado, manifestado en distintos privilegios, como la presunción de validez y la ejecutividad de sus actos.

Fuentes del Derecho Administrativo

Son los tipos de normas que regulan el Derecho Administrativo. Son:

• Tratados Internacionales
• Derecho de la Unión Europea
• Constitución Española
• Leyes Orgánicas
• Leyes Ordinarias
• Reglamentos

Tipos de Competencias

1. Competencias Exclusivas

Un solo ente (Estado o Comunidad Autónoma) tiene todas las facultades sobre una materia. Puede referirse a la totalidad de las funciones (legislación, ejecución, normativa básica) o a una en particular.

2. Competencias Compartidas

Se dividen las funciones sobre una misma materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normalmente, el Estado dicta la legislación básica, mientras que las Comunidades Autónomas desarrollan y ejecutan la normativa.

3. Competencias Concurrentes

Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden intervenir en una misma materia, sin que sus competencias sean excluyentes.

Las Cláusulas Residual y de Supletoriedad

a. Cláusula Residual

Las competencias no asumidas por las Comunidades Autónomas corresponden al Estado.

b. Cláusula de Supletoriedad

En caso de vacío normativo por parte de una Comunidad Autónoma, rige el Derecho estatal.

Caracteres del Ordenamiento Jurídico

1. La Plenitud

Significa que el ordenamiento jurídico regula todos los supuestos de hecho de la realidad social.

2. La Analogía

Consiste en aplicar la regulación existente para un supuesto de hecho en el que se aprecie identidad de razón. En segunda instancia, se recurre a la interpretación extensiva y, en tercer lugar, a la aplicación de la totalidad de las fuentes del derecho, sus costumbres y los derechos fundamentales.

3. La Generalidad

Las normas no regulan supuestos de hecho concretos, sino genéricos.

4. Prohibición del Non Liquet

Recogido en el artículo 1.7 del Código Civil, que establece que “Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido”.

Tipos de Facultades (en la distribución de competencias)

a) Bases

Son criterios generales de regulación de una materia que deben ser comunes a todo el Estado. Desde el punto de vista negativo, constituyen el límite dentro del cual deben moverse las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. El carácter básico de una normativa no tiene rasgos formales, sino sustanciales. Por ello, una norma no es básica por estar contenida en una ley y ser calificada como tal por el legislador, sino que es preciso atender a su contenido material, y su determinación última corresponde al Tribunal Constitucional (Sentencia 61/1997).

b) Legislación de Desarrollo

Se dicta a partir de las bases.

c) Ejecución

Entendida como una facultad no normativa, sino para dictar actos administrativos.

Acuerdos de los Órganos Colegiados

Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos, según el artículo 17.5 de la Ley 40/2015. En caso de empate, decide el voto de calidad del presidente. La responsabilidad de los acuerdos corresponde a todos los que votaron a favor. Están exentos de responsabilidad quienes votaron en contra o se abstuvieron. Los miembros del órgano colegiado pueden hacer constar de forma expresa en el acta el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

Las Actas de los Órganos Colegiados

Las sesiones de los órganos colegiados se reflejan en un acta, redactada y firmada por el secretario y con el visto bueno del presidente.

Principios de la Organización Administrativa

Los principios de la organización administrativa están recogidos en la Constitución Española y en las leyes, principalmente en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Principios Constitucionales

• Principio de Legalidad (Art. 9.1 CE)
• Principios de la Administración Pública (Art. 103 CE), que incluyen: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Principios Legales (Ley de Procedimiento Administrativo)

• Servicio efectivo a los ciudadanos
• Buena fe: Concepto jurídico indeterminado que implica actuar con diligencia y cuya aplicación debe determinarse en cada caso concreto.
• Proporcionalidad

La Competencia Administrativa

La competencia de un órgano es el conjunto de funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico.

• La atribución de la competencia es un requisito previo y necesario para que el órgano pueda actuar válidamente.
• La competencia es irrenunciable.
• Si un órgano dicta un acto careciendo de competencia para ello, el acto es nulo de pleno derecho.

La Ley

1. Punto de Vista Político (Rousseau)

Según Rousseau, la ley es la expresión de la voluntad popular. Esta idea se ha conservado en la doctrina para significar que el órgano que aprueba las leyes encarna la representación política de la comunidad.

2. La Ley como Mandato Jurídico

La ley es el mandato jurídico aprobado por el Parlamento. En España, la potestad legislativa corresponde tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el sistema de distribución de competencias establecido en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y diversas leyes.

3. Control de Constitucionalidad de las Leyes

Las leyes no están sujetas a control por parte del Poder Judicial (tribunales ordinarios). El monopolio del control de la constitucionalidad de las leyes corresponde al Tribunal Constitucional (Sentencia 23/1998, de 22 de febrero).

4. Principio de Reserva de Ley

Significa que la Constitución fija determinadas materias que solo pueden ser reguladas por ley, es decir, por una norma aprobada por el Parlamento. El Tribunal Constitucional (Sentencia 83/1984) ha establecido que la finalidad última de la reserva de ley es asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad de los ciudadanos dependa exclusivamente de sus representantes, excluyendo las normas del Gobierno (reglamentos).

Materias con Reserva de Ley

• Regulación de los derechos fundamentales (Artículos 14 al 29 de la Constitución).
• Establecimiento de los tributos (Artículo 133 CE).
• Regulación de los recursos y servicios esenciales del sector público (Artículo 128.2 CE).
• Régimen electoral general.

Efectos de la Ley

• Las leyes entran en vigor el día que se disponga y, en su defecto, a los 20 días de su publicación (vacatio legis).
• Los efectos de la ley, en general, se producen a partir de su entrada en vigor, pero pueden establecer que tengan efecto retroactivo para situaciones producidas o iniciadas antes de su entrada en vigor.
• Nunca pueden tener efecto retroactivo las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Procedimiento de Elaboración de Reglamentos

El procedimiento de elaboración de reglamentos debe distinguirse entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

1. Procedimiento Estatal

Está regulado en el artículo 26 de la Ley del Gobierno, donde se distinguen diversas fases:

a) Fase de Iniciación

El procedimiento se inicia con un anteproyecto elaborado por el órgano competente, al que se acompañan los estudios realizados, un informe justificativo y una memoria económica de estimación del coste de su aprobación.

b) Fase de Consulta Pública

El proyecto se somete a consulta pública de los sujetos afectados y de las organizaciones administrativas del sector. Para ello, el texto se publicará en el portal web del órgano correspondiente. Se podrá prescindir de este trámite por razones de urgencia o cuando se trate de reglamentos organizativos.

c) Fase de Informes

El proyecto debe ser informado por la Secretaría General Técnica del Ministerio y por los demás órganos que sean preceptivos. Los casos especiales incluyen:

• Si el reglamento afecta al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, debe informarse por el Ministerio competente en materia de política autonómica.
• Si es un reglamento ejecutivo o así lo exige la ley, también debe informarse por el Consejo de Estado.
• Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio puede considerar conveniente someterlo a informe de otros ministerios o del propio Consejo de Estado, aun cuando no sea preceptivo.

d) Fase de Aprobación

Concluidos los trámites anteriores, el proyecto será sometido al órgano competente que lo aprobará. Si la aprobación corresponde al Consejo de Ministros, antes de la misma, el proyecto debe repartirse entre los distintos ministerios para observaciones.

Las Leyes Estatales

Leyes Orgánicas

Reguladas en el Artículo 81 de la Constitución Española. Las materias reservadas a su regulación (materias que solo pueden ser reguladas por Ley Orgánica) son:

• Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (Artículos 14-29 CE).
• Estatutos de Autonomía.
• Régimen electoral general.
• Las demás previstas en la CE, entre las que se encuentran:
  • Regulación del Tribunal Constitucional (TC).
  • Regulación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
  • Regulación del Defensor del Pueblo.
  • Regulación del Tribunal de Cuentas.

Los Estatutos de Autonomía

Son Leyes Orgánicas y, por tanto, leyes estatales, pero constituyen, a su vez, la primera norma del Derecho autonómico. Sus características son:

• Están subordinados a la Constitución Española.
• Su procedimiento de aprobación no es uniforme, distinguiéndose:
  • Vía general: El procedimiento de aprobación se ajusta a lo previsto para las Leyes Orgánicas.
  • Vía especial: Regulados en el artículo 151 CE.

Las Leyes de Bases

Hacen referencia a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno. Son una técnica de delegación legislativa del Parlamento en el Gobierno.

• En primer lugar, las bases establecen los principios y criterios para regular una determinada materia.
• Luego, un Decreto Legislativo del Gobierno los desarrolla.

Las Leyes Básicas

Hacen referencia a las relaciones entre el Derecho estatal y el Derecho autonómico. La Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y determinadas leyes determinan las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Uno de los tipos de estas competencias es la competencia estatal para establecer la legislación básica (por ejemplo, en materia de función pública o funcionarios). De esta manera, las leyes básicas regulan los aspectos centrales o nucleares de una determinada institución, y las Comunidades Autónomas tienen la competencia para establecer las normas de desarrollo. Esto se enmarca en el concepto de competencia compartida.

Leyes de Armonización

Hacen referencia a las relaciones entre el Derecho estatal y el Derecho autonómico. El Estado, mediante las leyes de armonización, establece los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, incluso en el caso de competencias atribuidas a estas, cuando así lo exija el interés general (Artículo 150 CE). Si hay discrepancia, el Tribunal Constitucional es el que decide.

Leyes Marco

Hacen referencia a las relaciones entre el Derecho estatal y el Derecho autonómico. El Estado, teniendo una determinada competencia, dicta una Ley Marco, de manera que la Comunidad Autónoma regula esa determinada competencia.

Leyes Ordinarias

Son las que regulan una determinada materia.

Leyes de las Comunidades Autónomas

1. Decretos-Leyes

Son normas del Gobierno con valor de ley que pueden dictarse en casos de extraordinaria y urgente necesidad (Artículo 86.1 CE). Tienen las siguientes características:

• Los Decretos-Leyes no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la CE, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (Artículo 86 CE).
• En el plazo de 30 días desde su promulgación, el Congreso debe someter el Decreto-Ley a debate y votación de la totalidad y, dentro de dicho plazo, debe convalidarlo, derogarlo o tramitarlo como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permite introducir enmiendas.
• La apreciación de si en un determinado caso se da la situación de extraordinaria y urgente necesidad que permite dictar un Decreto-Ley corresponde, en primer lugar, al Gobierno, después al Congreso y, en su caso, al Tribunal Constitucional.

2. Decretos Legislativos

Son normas con valor de ley con dos características principales:

• Se dictan siempre sobre la base de una previa delegación parlamentaria en el Gobierno mediante una ley de delegación.
• No pueden regular materias incluidas en el ámbito material de las Leyes Orgánicas (Artículo 82.1 CE).

La Constitución como Norma Jurídica

Es la norma fundamental del ordenamiento jurídico que regula la organización del Estado y las reglas esenciales de la organización de la sociedad, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El Valor Normativo de la Constitución Española

Destacan:

1. Norma de Obligado Cumplimiento

La Constitución es una norma de obligado cumplimiento, como establece el artículo 9.1 CE: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Cabe señalar que los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 al 29 no se aplican de la misma manera en cuanto a su protección.

2. Norma Superior del Ordenamiento Jurídico

La Constitución Española es la norma superior del ordenamiento jurídico desde un doble punto de vista:

• Formal: Significa que la Constitución no puede ser modificada ni derogada por ninguna otra norma.
• Material: La Constitución debe ser cumplida por los ciudadanos y los poderes públicos, y aplicada por los tribunales de justicia. Además, deroga las normas anteriores que se opongan a sus disposiciones y determina la invalidez de cualquier norma posterior a su entrada en vigor que la contradiga.

Derecho de la Unión Europea

El Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea supuso la atribución a esta de competencias propias de los órganos soberanos del Estado español. Por lo tanto, no se trata de la integración en una organización internacional clásica, ya que aquí se produce una cesión de competencias de cada Estado a la Unión Europea.

Para el cumplimiento de sus fines, la Unión Europea tiene la capacidad de crear su propio Derecho, su propio ordenamiento jurídico o sistema normativo que se impone a los Estados. El principio que regula las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el de los Estados es el de PRIMACÍA, establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia Simmental del 9 de marzo de 1978. En virtud de este principio, en caso de contradicción entre una norma nacional o del Estado y una norma comunitaria europea, se aplica esta última, que desplaza al Derecho interno, pero no lo anula. Es decir, la norma nacional no desaparece del ordenamiento, sino que deja de aplicarse mientras exista la norma comunitaria que la contradice.

Principales Normas del Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea

• Derecho Originario: Compuesto por el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y otros tratados suscritos voluntariamente por los Estados miembros.
• Reglamentos: Normas de aplicación directa en los Estados miembros.
• Directivas Comunitarias: Obligan a los Estados a transponer su contenido a su propio ordenamiento jurídico en el plazo que establezcan.

Aplicación del Derecho de la Unión Europea en cada Estado

• El Derecho de la Unión Europea se aplica a todos los poderes públicos y a las administraciones, siendo de obligado cumplimiento para todos.
• La garantía del efectivo cumplimiento del Derecho de la Unión Europea en cada país corresponde a los jueces y tribunales ordinarios.
• Si se cuestiona la validez del Derecho de la Unión Europea, el único órgano competente para anular una norma de este es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Medios de Control de los Reglamentos

1. Inaplicación de los Reglamentos Ilegales

Significa que cuando un tribunal considere que un reglamento vulnera la Constitución o la ley, no deberá aplicarlo, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Revisión de Oficio

Significa que las Administraciones Públicas, de oficio (es decir, por iniciativa propia), previo dictamen favorable del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (si lo hubiere), podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas (es decir, de los reglamentos) en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Recurso Contencioso-Administrativo (Directo e Indirecto)

a) Recurso Directo

Es el que se interpone directamente contra el reglamento, una vez publicado y en el plazo de dos meses desde su publicación.

b) Recurso Indirecto

Es aquel donde se impugnan no el reglamento, sino los actos de aplicación del reglamento que se considera contrario al ordenamiento jurídico.

En ambos casos, la competencia corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según lo establecido en el artículo 106 de la Constitución, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4. Recurso de Inconstitucionalidad contra Reglamentos Autonómicos

En general, el recurso de inconstitucionalidad, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional, se dirige contra leyes y no contra reglamentos. Sin embargo, el artículo 161.2 de la Constitución permite al Gobierno impugnar ante el Tribunal Constitucional los actos y reglamentos de las Comunidades Autónomas.

Principios Generales del Derecho

a. Principio de Conservación de los Actos Jurídicos y de las Normas

Significa que, en lo no afectado por una causa de nulidad, los actos jurídicos y las normas siguen siendo aplicables.

b. Principio de Legalidad de Infracciones y Sanciones

Significa que las infracciones y sanciones deben estar establecidas por ley.

c. Principio de Tipicidad

Significa que las infracciones deben estar descritas de forma precisa por la norma.

d. Principio de Culpabilidad

Significa que no hay infracción sin dolo ni culpa.

e. Principio de Igualdad

Aplicable en las relaciones con los administrados.

Teoría de la Organización Administrativa

1. Modelos Centralizados (Modelo Burocrático de Weber)

Desarrollado por Max Weber, se basa en los siguientes principios:

• División del trabajo con atribución concreta de competencias a cada unidad.
• Estructura jerarquizada de la organización con una línea de mando estructurada en distintos niveles.
• Profesionalidad del personal: Son seleccionados sobre la base de su competencia técnica y dotados de seguridad y estabilidad en el empleo. Este sistema responde al modelo continental, donde los funcionarios públicos acceden por mérito y capacidad y tienen estabilidad en el empleo, a diferencia del modelo anglosajón, en el que el Gobierno contrata a sus funcionarios por el tiempo que está en el poder.

2. Modelos Descentralizados (Modelo de Scott)

Desarrollado por Scott, se basa en la existencia de unidades independientes que se relacionan lateralmente y no de forma jerarquizada, y que responden con sus resultados ante la organización matriz.

Los Reglamentos

Son las normas que aprueba el Gobierno y la Administración Pública, jerárquicamente inferiores a las leyes.

Características

1. Atribución de la Potestad Reglamentaria

La potestad reglamentaria se atribuye al Gobierno explícitamente en el artículo 97 de la CE. También se deduce que la Administración Pública tiene potestad reglamentaria de los artículos 106.1 y 153.c de la Constitución.

2. Origen de la Potestad Reglamentaria

La potestad reglamentaria deriva de la Constitución y también puede derivar de las leyes.

3. Diferencia entre Actos Administrativos y Reglamentos

El reglamento es una norma, mientras que un acto administrativo no lo es.

Reglamentos

Son normas dictadas por el Gobierno y la Administración, de valor jerárquicamente inferior a la ley. Por lo tanto, son disposiciones de carácter general:

• Sus destinatarios son generales.
• Innovan, modifican o derogan el ordenamiento jurídico.

Actos Administrativos

Según la definición de Eduardo García de Enterría, los actos administrativos son la declaración de voluntad, conocimiento, juicio o deseo dictada por un órgano de la Administración Pública. No son una norma ni disposiciones generales, sino que:

• Tienen destinatarios determinados (uno o varios).
• No innovan, modifican o derogan el ordenamiento jurídico, sino que se agotan con su cumplimiento.

Tipos de Reglamentos

1. Reglamentos «Ad Extra» y «Ad Intra»

• Reglamentos «Ad Extra»: Afectan los derechos y deberes de los ciudadanos.
• Reglamentos «Ad Intra»: Regulan la organización y funcionamiento interno de la Administración.

2. Reglamentos Ejecutivos y Reglamentos Independientes

• Reglamentos Ejecutivos: Desarrollan las disposiciones de una ley.
• Reglamentos Independientes: No desarrollan las disposiciones de ninguna ley, sino que regulan una materia ex novo (por sí solos).

La Inderogabilidad Singular de los Reglamentos

La inderogabilidad singular de los reglamentos está regulada en el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general (reglamento), aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

Este precepto significa que un acto administrativo no puede ir en contra de lo señalado en un reglamento, aun cuando el acto administrativo sea dictado por un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó el reglamento. Por ejemplo, un acto dictado por el Consejo de Ministros en una materia regulada por un reglamento aprobado por un ministro no puede vulnerar lo establecido en ese reglamento. El artículo 37.2 considera que los actos administrativos que vulneren lo establecido en un reglamento son nulos de pleno derecho.

Principios de la Potestad Organizatoria

1. Regulación Constitucional de la Organización del Estado

La Constitución Española regula los poderes constitucionales del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y la estructura territorial del Estado (Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales), así como la administración organizativa (ej. Colegios Profesionales).

2. Primacía de la Ley y Colaboración Normativa

La CE establece en el artículo 103 que los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Esto significa la primacía de la ley en la regulación de los órganos administrativos, e invita al legislador a dejar un margen para la regulación por reglamento. En definitiva, establece la colaboración normativa entre la ley y el reglamento en materia de regulación de los órganos administrativos.

3. Órganos con Reserva de Ley Orgánica

La CE regula directamente los órganos más importantes de la Administración del Estado mediante reserva de Ley Orgánica para su regulación, por ejemplo: las Fuerzas Armadas (Art. 8 CE), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Art. 104 CE) y el Consejo de Estado (Art. 107 CE).

Creación de los Órganos Administrativos

Principio de Personalidad Jurídica en la Administración

La personalidad jurídica se atribuye a cada Administración Pública en su conjunto (es decir, el Estado, la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, etc.). Los órganos administrativos no tienen personalidad jurídica independiente, como establece el artículo 3.4 de la Ley 40/2015: “Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única”.

Órganos Colegiados

Son aquellos compuestos por una pluralidad de miembros, cuya voluntad se forma de acuerdo con los sistemas de mayorías establecidos para cada uno.

Estructura de los Órganos Colegiados

En los órganos colegiados se distinguen las siguientes figuras:

• Presidente
• Vocales
• Secretario: Normalmente miembro del propio órgano colegiado, responde de la legalidad formal y material de los actos del órgano administrativo.
  • La legalidad formal hace referencia a la válida constitución del órgano, incluyendo la convocatoria y el número mínimo de miembros para actuar.
  • La legalidad material hace referencia a la conformidad de los actos con el ordenamiento jurídico.
• Pleno: Está formado por todos los miembros del órgano colegiado.