Portada » Economía » Fundamentos de la Economía, Rol del Estado y el Orden Público Económico
La Economía es una ciencia social que estudia cómo las sociedades gestionan los recursos escasos para producir, distribuir y consumir bienes y servicios, ante necesidades ilimitadas.
El rol del Estado en la economía depende del sistema económico que adopte un país, el cual puede ubicarse entre dos extremos: la libertad económica y la planificación centralizada.
Desde la perspectiva liberal, inspirada en Adam Smith, se valora la libertad económica y la propiedad privada como motores de la innovación, la inversión y el progreso. La idea de la “mano invisible” refleja la confianza en que el mercado, mediante la libre interacción de los individuos, genera beneficios tanto personales como sociales.
En cambio, las doctrinas socialistas o planificadas, influenciadas por Karl Marx, sostienen que el bien común debe prevalecer sobre el interés individual. En este modelo, la propiedad colectiva de los medios de producción busca una distribución más equitativa de los recursos y reducir las desigualdades del capitalismo.
Así, en los sistemas planificados, el Estado decide qué producir y cómo asignar los recursos, mientras que en los sistemas liberales, cada individuo decide libremente según sus necesidades. La competencia es clave en el modelo liberal por su eficiencia y dinamismo, como defendió Friedrich Hayek, mientras que en la planificación central, la asignación se basa en decisiones administrativas, sin un papel relevante para la competencia.
El Estado cumple un conjunto de funciones que permiten articular la vida económica y social, regulando las interacciones entre agentes y corrigiendo posibles fallas del mercado. Dichas funciones se pueden sistematizar en los siguientes ámbitos:
Consiste en la potestad del Estado de establecer, mediante ley, impuestos que graven determinados hechos económicos —como el consumo o la renta—, y en el ejercicio de su imperio para exigir el pago de los tributos devengados. Una vez recaudados, los ingresos fiscales son destinados al financiamiento de los fines públicos y a la provisión de bienes y servicios colectivos.
La función reguladora del Estado consiste en establecer el marco jurídico que define las “reglas del juego” de la economía, regulando la actividad de los agentes económicos y del propio Estado. Esto incluye normas sobre propiedad, contratos, empresas, relaciones laborales y el ejercicio de la actividad económica en general.
Sin embargo, esta función puede generar tensiones entre la libertad económica y la intervención estatal, ya que un exceso de regulación puede limitar dicha libertad. Por eso, la regulación debe enfocarse en crear incentivos que promuevan la eficiencia y la competencia dentro del mercado.
Mediante políticas monetarias, cambiarias, crediticias y fiscales, el Estado procura mantener la estabilidad del ciclo económico, evitando fenómenos como el estancamiento, el desempleo o la inflación. En este ámbito, el Banco Central cumple un papel esencial, ya que es el encargado de velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.
Tiene por objeto asegurar una distribución más equitativa de la renta nacional, reduciendo las brechas de ingreso entre los distintos grupos sociales. Ello se materializa, por ejemplo, en políticas como la fijación de un salario mínimo o la implementación de sistemas de seguridad social.
El Estado participa directamente en la provisión de servicios básicos para la comunidad, tales como educación, salud, seguridad y vivienda, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables. Asimismo, puede desarrollar actividades económicas estratégicas a través de empresas públicas (ej. Codelco), justificadas en razones de interés nacional o en la necesidad de garantizar el acceso a determinados bienes (ej. generación eléctrica en zonas extremas).
La función de planificación implica que el Estado asuma un papel activo en el desarrollo económico, elaborando planes que orienten o dirijan las actividades de los agentes económicos hacia objetivos previamente establecidos. Esta función puede ir más allá de la simple orientación, incluyendo incentivos, impuestos, restricciones o prohibiciones para guiar las conductas económicas conforme al plan de desarrollo nacional.
El liberalismo económico clásico, basado en las ideas de Adam Smith, sostiene que la libertad individual es esencial para el ser humano y que el mercado, guiado por la “mano invisible”, es el mecanismo natural para asignar los recursos. En este modelo, el Estado debe mantener un rol mínimo, limitándose a observar y evitar intervenir en la economía, conforme al principio del laissez faire.
El keynesianismo, desarrollado por John Maynard Keynes, surgió como respuesta a las deficiencias del liberalismo clásico, evidenciadas tras la Revolución Industrial y sus tensiones sociales. Plantea que el Estado debe intervenir activamente en la economía, controlando la moneda, la tasa de interés y la distribución del ingreso mediante la política tributaria. Este enfoque dio origen a la economía del bienestar, donde el Estado asume un rol central en corregir las fallas del mercado y disminuir las desigualdades sociales.
El neoliberalismo monetarista, vinculado a Milton Friedman y la Escuela de Chicago, propone un Estado con un rol limitado, enfocado principalmente en mantener la estabilidad económica y reduciendo al mínimo su intervención en los mercados. En este modelo, el sector privado es el principal motor del desarrollo, mientras que el Estado cumple una función subsidiaria. Desde esta visión, se critica al keynesianismo por fomentar el gasto público excesivo, que puede generar inflación, déficit fiscal y desequilibrios macroeconómicos.
El liberalismo económico es una doctrina que sostiene que el desarrollo y la eficiencia económica se logran mediante un mercado libre, sin intervención estatal. Surgido en el siglo XVIII como reacción contra los privilegios de la nobleza y el mercantilismo, defiende que las fuerzas de oferta y demanda equilibran naturalmente los precios y permiten una asignación eficiente de los recursos. Promueve la libre iniciativa individual y empresarial como motor del crecimiento y el libre comercio como vía para aprovechar las ventajas comparativas, fomentar la innovación y eliminar privilegios injustificados.
La economía centralmente planificada, también llamada economía de comando, es un sistema en el que el gobierno o una autoridad central toma las decisiones clave sobre producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El Estado define qué producir, en qué cantidad, cómo distribuirlo y a qué precios, siguiendo un plan económico central con objetivos y prioridades a mediano o largo plazo.
El socialismo, en su forma original, defendía una economía planificada para lograr una distribución más equitativa de los recursos y una mayor justicia social. En su versión moderna, reconoce que la libre competencia puede generar eficiencia y beneficios para los consumidores, como menores precios y mayor calidad o variedad. Aun así, sostiene que el Estado tiene un rol central en proteger a los consumidores y corregir fallas del mercado, justificando la restricción de ciertas libertades para garantizar soluciones a los problemas sociales.
“Conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la actividad económica de los agentes privados y del Estado, y permiten a este alcanzar objetivos que se ha propuesto en el diseño de sus políticas económicas”.
La diferencia radica en su naturaleza y finalidad:
Son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, que buscan garantizar a todas las personas una vida digna, el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades y la justicia social. El Estado tiene el deber de protegerlos, promoverlos y desarrollarlos, ya que reflejan el compromiso de asegurar el bienestar general dentro de un sistema económico justo y responsable.
Es el conjunto de normas jurídicas que organizan y regulan la economía de un país, estableciendo el rol del Estado en la actividad económica. Su finalidad es ordenar el funcionamiento del sistema económico mediante:
La política económica es el conjunto de acciones y medidas que adopta el gobierno o la autoridad económica de un país para alcanzar determinados objetivos o modificar situaciones económicas específicas.
Implica el uso de instrumentos o variables económicas (como impuestos, gasto público, tasas de interés, tipo de cambio, etc.) y exige que la autoridad defina y priorice metas —como el crecimiento, la estabilidad, el empleo o la equidad—, y asigne los medios adecuados para lograrlas.
Son las herramientas que utiliza el orden público económico para proteger, explicar, promover y asegurar que sus principios se respeten en el ámbito económico. Son:
Es un instrumento jurídico general, presente tanto en el Derecho Público como en el Derecho Privado, que consiste en impedir determinadas conductas consideradas contrarias al orden jurídico o al interés colectivo. Su finalidad es evitar acciones que afecten la convivencia social, imponiendo sanciones a quienes las realicen.
Es un instrumento legal mediante el cual se somete una actividad económica o empresarial al cumplimiento de ciertos requisitos, con el fin de ordenar, controlar y garantizar su correcto funcionamiento.
Quien desarrolla una actividad regulada debe entregar información:
Es la actividad mediante la cual la autoridad verifica y fiscaliza que los agentes privados cumplan con las normas y regulaciones aplicables a sus actividades. Si se detectan incumplimientos, el control puede derivar en sanciones.
Su existencia se justifica por el interés público, ya que busca proteger bienes jurídicos superiores, como la fe pública (la confianza del público en el sistema) y garantizar el correcto funcionamiento del mercado y las instituciones.
Surge como limitación a la autonomía de la voluntad, principio que rige la libertad contractual de los agentes privados. Aunque los contratos son la principal fuente de obligaciones en el derecho económico, en ciertas situaciones la autoridad interviene para definir o estandarizar su contenido.
Ejemplo: el contrato de trabajo, donde la autoridad establece mínimos y derechos obligatorios para proteger al trabajador frente al empleador.
Consiste en que la libertad de los agentes privados para celebrar contratos se ve limitada cuando existe un interés público que justificaría la intervención estatal.
En estos casos, la autoridad define o impone directamente la relación contractual, reduciendo el espacio de decisión de los particulares, con el objetivo de proteger el interés colectivo.
Ejemplo: las concesiones, donde el Estado establece los términos del contrato que los privados deben cumplir para operar servicios o infraestructura de interés público.
El Derecho Económico regula la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios dentro de un sistema económico, buscando ordenar las relaciones entre los agentes económicos y equilibrar la libertad individual con los intereses colectivos.
Las fuentes del Derecho Económico son los orígenes de las normas y principios que lo sustentan y se clasifican en:
Cada tipo de fuente tiene un rol específico en la conformación del marco normativo económico.
Son los procesos mediante los cuales se crean las normas jurídicas que regulan la actividad económica. Las principales son:
Son los factores sociales, económicos, políticos y culturales que influyen en la creación y evolución de sus normas. Entre ellas destacan:
En conjunto, las fuentes formales proporcionan el marco normativo vinculante, mientras que las fuentes reales reflejan los factores sociales y económicos que motivan su creación. Esto hace que el Derecho Económico sea dinámico, adaptándose a los desafíos de la economía y buscando equilibrar eficiencia con justicia social.
La regulación económica es el conjunto de normas, leyes y medidas administrativas que el Estado o entidades autorizadas implementan para controlar o dirigir actividades económicas, con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la economía y proteger a los consumidores.
Las teorías de la regulación económica ofrecen distintas perspectivas para entender el papel del Estado en la economía. Buscan responder tres preguntas clave:
Estas teorías reflejan diferentes enfoques sobre la relación entre mercado e intervención gubernamental, mostrando desde la necesidad de corregir fallas de mercado hasta la preocupación por eficiencia, competencia y bienestar social.
Es la visión clásica de la regulación económica, que sostiene que el Estado interviene para corregir fallas de mercado, como:
Su objetivo principal es maximizar el bienestar social, proteger a los consumidores y garantizar un funcionamiento eficiente y equitativo de la economía.
Economista inglés, desarrolló la teoría de las externalidades, proponiendo que el Estado debía intervenir mediante impuestos correctivos o subsidios para alinear los intereses privados con el bienestar colectivo.
Ofrece una visión crítica de la regulación, sosteniendo que las agencias reguladoras pueden ser influenciadas o “capturadas” por las industrias que supervisan. Como resultado, las decisiones tienden a beneficiar a las empresas reguladas en lugar de proteger a los consumidores o al interés público.
Economista de la Escuela de Chicago y Premio Nobel. Según Stigler, las industrias logran moldear las normas y decisiones regulatorias a su favor, aprovechando la relación con los reguladores.
Aplica conceptos económicos al análisis del proceso político, considerando que políticos, reguladores, empresas y grupos de interés actúan buscando su beneficio propio. Bajo esta perspectiva, la regulación surge de la interacción estratégica de estos actores y puede favorecer a grupos de presión organizados, incluso si esto genera costos para el bienestar general.
Buchanan, Premio Nobel, defendió que las instituciones políticas deben diseñarse teniendo en cuenta los incentivos individuales de quienes toman decisiones.
Explican la regulación económica como respuesta a los problemas de información imperfecta en los mercados. Cuando una de las partes en una transacción tiene más información que la otra, se generan desequilibrios que pueden incluso llevar al colapso del mercado.
Un ejemplo clásico es el artículo de George Akerlof (1970), “The Market for Lemons”, que analiza el mercado de autos usados y muestra cómo la asimetría de información puede expulsar a los buenos oferentes.
Los tres recibieron el Premio Nobel de Economía en 2001 por sus contribuciones al entendimiento de la información en los mercados.
Destaca el papel de la competencia entre jurisdicciones (países, estados o municipios) que ajustan sus marcos regulatorios para atraer inversiones o actividades económicas.
Se reconoce la influencia de Charles Tiebout (1924-1968) y su hipótesis de “votación con los pies”, según la cual las personas se mudan a comunidades que ofrecen bienes públicos más acordes a sus preferencias. Aplicado a la regulación, las empresas eligen jurisdicciones que mejor se ajusten a sus necesidades.
El Orden Público Económico (OPE), según José Luis Cea, se define como el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y otorgan a la autoridad la facultad de regularla de acuerdo con los valores de la sociedad establecidos en la Constitución Política.
Esta definición refleja que la Constitución establece principios y pilares esenciales para la economía, que deben ser respetados tanto por la autoridad como por todos los agentes que actúan en el ámbito económico. Así, el OPE no se concibe simplemente como un instrumento de tutela, sino como un marco normativo fundamental para el orden económico del país.
La CPR establece:
Hay distintos niveles:
Los conceptos de OPE pueden resumirse así:
El OPE es un conjunto de principios y valores económicos validados por la sociedad para facilitar la convivencia social. Prioriza el interés colectivo sobre el individual, estableciendo límites a la autonomía de la voluntad.
Se entiende como las medidas adoptadas por la autoridad para organizar la actividad económica y proteger a la parte más débil en la economía. Resalta la función de protección y amparo dentro del sistema económico.
Define el OPE como un instrumento legal, es decir, un conjunto de normas jurídicas que organizan la economía y facultan a la autoridad para regularla. No incorpora principios ni valores, funcionando únicamente como herramienta de intervención del Estado.
El OPE es el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía, facultando a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional establecidos en la Constitución. Este enfoque combina la dimensión normativa, tutelar y de principios, asegurando que tanto la autoridad como los agentes económicos respeten los pilares esenciales del sistema económico.
Concepto: La sociedad y sus instituciones existen para servir al desarrollo y perfeccionamiento de la persona humana, no al revés.
Concepto: Prohíbe que el Estado o particulares actúen de manera injustificada, irracional o desproporcionada, especialmente en asuntos económicos.
Concepto: Derecho fundamental que permite a los individuos participar en actividades económicas sin interferencia indebida del Estado.
Concepto: Las funciones y responsabilidades deben ser asumidas por la autoridad más cercana a los ciudadanos; los niveles superiores intervienen solo cuando sea necesario.
Concepto: Derecho fundamental que permite poseer, usar y disponer de bienes y recursos de manera exclusiva, protegiendo la autonomía personal y fomentando el desarrollo económico.
Concepto: Permite que los tribunales supervisen decisiones gubernamentales que afectan la actividad económica, asegurando legalidad y protegiendo derechos económicos individuales frente a actos arbitrarios.
Concepto: Determinadas materias económicas (impuestos, aranceles, regulaciones comerciales) deben ser reguladas exclusivamente por leyes del poder legislativo.
Comprende todas las actividades relacionadas con producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Reconoce la capacidad de los individuos para emprender y desarrollar proyectos dentro del marco legal.
Solo posible mediante ley de quórum calificado, cumpliendo la legislación común. El Estado debe competir en igualdad de condiciones con particulares, reforzando la primacía del individuo sobre el colectivo.
Recurso de Amparo Económico (Ley N°18.971): Permite a cualquier persona afectada acudir ante tribunales para proteger la libertad económica frente a actos u omisiones de la autoridad, con protección expedita y facultades cautelares.
La igualdad consiste en otorgar el mismo trato a quienes se encuentran en situaciones idénticas, reconociendo diferencias cuando las situaciones son distintas.
La seguridad jurídica sobre la propiedad fomenta inversión, iniciativa privada y desarrollo económico.
Consolidó el Estatuto de Propiedad mediante varias garantías:
El Artículo 19 N°23 permite adquirir dominio sobre bienes, salvo bienes comunes o declarados nacionales, y limita intervenciones del Estado a leyes de quórum calificado por interés nacional.
Conclusión: La libertad económica, igualdad ante el Estado y protección de la propiedad son pilares para el desarrollo individual y colectivo, con límites y mecanismos que garantizan legalidad, equidad y justicia.
Protegen signos distintivos que diferencian productos, servicios o establecimientos en el mercado, a diferencia de patentes y modelos de utilidad que protegen invenciones.
Otorgan derechos exclusivos al titular para explotar su invención, impidiendo el uso por terceros sin autorización. El titular puede usar la invención personalmente o ceder derechos mediante licencia.
Protegen invenciones de menor complejidad técnica o innovaciones no radicales (“pequeñas patentes”), aplicables a instrumentos, aparatos, herramientas o dispositivos que aporten un beneficio técnico novedoso.
Protegen formas tridimensionales aplicadas a artículos industriales o artesanales, cuya apariencia distingue un producto de otros similares por forma, configuración geométrica, ornamentación o combinación de estas.
Definición (según Gastón Jeze): Prestación pecuniaria exigida a los particulares por autoridad, de manera definitiva y sin contrapartida, para cubrir obligaciones públicas.
Conjunto de decisiones adoptadas por la autoridad política para manejar la economía. Sirve como criterio para organizar las decisiones diarias del país. Debe ser racional, buscando una administración cuidadosa de los recursos públicos.
Relación con el bienestar de las personas, ya que a medida que crece la población y progresa la ciudad, aumenta la necesidad de movilización de las personas. Busca compatibilizar recursos escasos (tiempo, vialidad, aire libre de contaminación) con necesidades múltiples (transporte de personas y de carga). No corresponde al Banco Central.
Política fiscal: Conjunto de decisiones económicas relacionadas con los recursos del Estado, que son limitados y deben cubrir diversas necesidades. Se centra en la administración de ingresos y gastos públicos.
Misión Kemmerer (Chile 1925):
Organismo autónomo y técnico, que tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda, y velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, pudiendo regular la cantidad de dinero en circulación y el crédito en la economía.
Principio de responsabilidad y racionalidad: “Política monetaria independiente y disciplina del gasto fiscal”. Busca que las decisiones económicas sean racionales y responsables, protegiendo la estabilidad del país.
Exclusiva del Banco Central. Se ocupa de dinero, volumen de circulación, precio del dinero, etc. Objetivo principal: proteger el valor de la moneda nacional. Medio para lograr estabilidad de precios y mantener inflación baja y estable.
El Recurso de Protección (RP) es un mecanismo constitucional que permite a cualquier persona proteger sus derechos fundamentales cuando estos son vulnerados. Es una acción directa que se presenta por escrito ante la jurisdicción constitucional competente, generalmente la Corte de Apelaciones correspondiente, para solicitar la tutela de sus derechos.
