Portada » Historia » España Republicana: Un Periodo de Profundas Reformas y Tensiones Sociales
Una vez aprobada la Constitución, el conservador Niceto Alcalá Zamora fue elegido por el Congreso Presidente de la República, y este confirmó a Manuel Azaña al frente de la Jefatura del Gobierno.
A lo largo de estos dos años, los republicanos de izquierda y los socialistas formaron un gobierno de coalición que emprendió un extraordinario esfuerzo reformista, cuyo propósito era afrontar los graves problemas sin resolver en España.
Las principales reformas que puso en marcha la II República se produjeron durante el Bienio Reformista (1931-1933).
Entre las realizaciones políticas, además del desarrollo de la Constitución de 1931, se llevaron a cabo otras reformas clave:
En el ámbito social, destacaron las leyes laborales, que generaron desagrado entre los empresarios y grandes esperanzas entre los trabajadores:
Estas medidas contribuyeron a reducir la conflictividad crónica que padecía el campo.
La educación era considerada por el Gobierno la cuestión clave para modernizar España. La Constitución ya declaraba la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y mixta. Se incrementó en un 50% el dinero destinado a la educación, se construyeron numerosas escuelas para combatir el analfabetismo, y se mejoró la enseñanza secundaria y universitaria.
La esperanza republicana llevaba sobre todo el nombre de reforma agraria: el grave problema que desde hacía dos siglos venía inquietando a quienes reflexionaban sobre los males de España. Extensos latifundios en Extremadura y Andalucía, campesinos hambrientos y arrendatarios explotados esperaban un remedio. En el ánimo de muchos, el régimen de Azaña estaba llamado a acabar, por fin, con todas las lacras del campo español mediante una distribución más justa de la propiedad y una mayor atención a sus rendimientos, para lo que era urgente aprobar una ley que expropiara grandes fincas y las repartiera entre campesinos sin tierras.
Con un fondo de agitación creciente en el campo, el proyecto de reforma agraria chocó con la resistencia de los latifundistas y de los partidos de derecha y centro. Los problemas estructurales de la agricultura nacional seguían siendo el latifundismo y el elevado número de jornaleros sin tierra. Así pues, los tres objetivos de la reforma agraria fueron:
En 1932, tras largas y complejas discusiones y debates, se aprobó en el Parlamento la Ley de Reforma Agraria. El contenido de esta ley se resume así:
Sin embargo, la aplicación de esta ley y el ritmo de puesta en marcha de la reforma agraria fueron excesivamente lentos. Se expropiaron pocos terrenos y solo habían sido asentados unos 8.000 campesinos en 1934. En consecuencia, los jornaleros hambrientos de tierra quedaron decepcionados con la República y se inclinaron hacia las soluciones revolucionarias propuestas por los anarquistas.
Durante el Bienio Conservador (1934-1936) se puso en marcha una auténtica contrarreforma agraria que significó el bloqueo del proceso iniciado por el gobierno precedente. El Gobierno derechista paralizó la reforma incrementando exageradamente la cuantía de las indemnizaciones que debían ser percibidas por los antiguos propietarios, recortando drásticamente el presupuesto estatal dedicado al asentamiento de campesinos sin tierra y devolviendo a los Grandes de España las propiedades que les había confiscado el Gobierno republicano-socialista. Estos hechos agudizaron los conflictos campesinos.
En el periodo del Frente Popular (1936) se produjo una aceleración en la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, de manera que en algunas semanas fueron expropiadas más de 230.000 hectáreas repartidas entre unos 150.000 campesinos. Esta actitud reformista de la República contrastaba con la exigencia revolucionaria de los anarquistas, con cerca de un millón de afiliados a la CNT. Los conflictos que provocaron obligaron continuamente a la República a responder con duras medidas policiales. El enfrentamiento más grave se produjo en Casas Viejas, donde jornaleros anarquistas proclamaron el comunismo libertario, y su levantamiento fue aplastado por la Guardia Civil, que fusiló a sangre fría a 14 campesinos. A su vez, la izquierda proletaria recelaba cada vez más de una República cuyas fuerzas del orden empleaban la violencia contra los trabajadores. La CNT cayó en manos de su grupo más violento, y la UGT socialista se mostró partidaria de las teorías revolucionarias de Largo Caballero.
Uno de los principales conflictos de este periodo fue provocado por la actuación del Gobierno republicano-socialista en materia religiosa. La cuestión religiosa se convirtió en un grave problema que acentuó el enfrentamiento entre españoles.
La derecha católica organizó un poderoso movimiento contra el Gobierno republicano-socialista, articulando la CEDA en torno a Gil Robles, que se aprovechó del desgaste del Gobierno de Azaña. En las elecciones generales de finales de 1933, se produjo la victoria de la CEDA, que compartió gobierno con el Partido Radical de Alejandro Lerroux a lo largo de este periodo. Su propósito consistió en rectificar la labor del periodo anterior y detener las reformas iniciadas. Se adoptaron decisiones reaccionarias:
Las organizaciones obreras vieron en la victoria de la derecha en las elecciones de 1933 el fin de la República democrática y optaron por el recurso a la rebelión violenta; además, observaban los avances del fascismo en Europa y temían que la CEDA se orientara hacia el fascismo. Por todo esto, se produjo un intento de conquista del poder por medio de una insurrección armada. En su preparación y realización intervinieron comunistas, anarquistas y socialistas, aunque fueron estos últimos los verdaderos protagonistas y promotores de la acción revolucionaria.
Esta revolución, desorganizada e improvisada, comenzó con una huelga general en numerosas ciudades españolas. El País Vasco y Madrid quedaron paralizados, con tiroteos entre obreros y fuerzas del orden. Fue en Cataluña y en Asturias donde esta revolución tuvo mayor fuerza. En Cataluña, los nacionalistas se unieron a la insurrección obrera; Lluís Companys, Presidente del Gobierno autónomo, proclamó el Estado Catalán. El ejército liquidó con rapidez la rebelión, y Cataluña se rindió. En Asturias, miles de obreros y mineros bien armados se adueñaron de extensas zonas de la provincia. Este levantamiento fue brutalmente reprimido por tropas trasladadas desde África y dirigidas por Franco, resultando en 2.000 muertos y 30.000 presos. La revolución había fracasado.
La Revolución de Octubre de 1934 provocó la radicalización en la izquierda y en la derecha. La brutalidad de los sublevados soliviantó a la derecha, y la durísima represión radicalizó a la izquierda. La brecha y el enfrentamiento entre ambas partes se hizo cada vez más honda.
A las elecciones de febrero de 1936 se presentaron unidos los partidos republicanos de izquierda y las fuerzas obreras. Esta alianza fue denominada Frente Popular, y su objetivo era vencer a la derecha. Los grupos de derecha se presentaron desunidos, por lo que se produjo la victoria del Frente Popular. Manuel Azaña fue nombrado Jefe de Gobierno. Sus decisiones más importantes fueron:
Sin embargo, este Gobierno del Frente Popular se enfrentaba a graves dificultades:
La situación era extremadamente complicada, y el enfrentamiento social era terrible. El 17 y 18 de julio de 1936 se produjo el golpe de Estado contra la II República, lo que dio inicio a una larga y cruel Guerra Civil Española.