Portada » Historia » España en el Siglo XX: Represión Franquista, Oposición Democrática y Violencia Terrorista
Se trata de una fotografía de cuatro mujeres rapadas tras la Guerra Civil en el pueblo de Oropesa, en Toledo.
Rapar el pelo a las mujeres se convirtió en una forma de humillación impuesta por las autoridades franquistas a aquellas mujeres de izquierda o que tenían relación con políticos y soldados de la República.
Es una fuente primaria que, en su momento, no tenía la importancia que hoy le otorgamos, habiéndose convertido en un potente símbolo contra la represión franquista. Se refiere a los últimos meses de la guerra o los primeros años de la posguerra. El destinatario de la fotografía varía en función de la intención original de la misma.
La idea principal es la represión franquista contra las mujeres. Cuatro mujeres, una de ellas con un niño en brazos, rapadas, posan para el fotógrafo. Sus caras reflejan sufrimiento y resignación, pero también valentía.
A las mujeres de izquierdas o de familias izquierdistas se les infligía todo tipo de humillaciones, incluyendo:
Se han conservado los nombres de estas cuatro personas: Prudencia, María Antonia, Antonia Juntas y Antonia Gutiérrez.
Hoy en día, la fotografía, con un lenguaje muy expresivo, habla por sí misma de la brutalidad del vencedor sobre el vencido, y de la humillación y vejación del derrotado, a quien solo le quedaba como salida el exilio o el suicidio.
La represión en ambos bandos durante la Guerra Civil fue indiscriminada. En la República, el gobierno fue incapaz de controlar el orden y reprimir el desorden en las primeras semanas de la contienda. Entre las víctimas intelectuales se encuentran Melquíades Álvarez, y entre los políticos falangistas, José Antonio Primo de Rivera y Ramiro Ledesma Ramos.
En el bando sublevado, la represión fue mayor desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo; fue una represión de Estado sistemática y continuó después de la guerra. Atroces matanzas se produjeron en Sevilla, Málaga y Badajoz, entre otros lugares. La represión alcanzó a intelectuales como Federico García Lorca o Miguel Hernández, y a políticos como Lluís Companys, Joan Peiró o Julián Besteiro.
Tras la guerra, la represión se realizó de manera sistemática durante toda la dictadura contra cualquiera que se opusiera a su ideología. La represión adoptó diversas formas:
A la mujer se le arrebataron los derechos obtenidos durante la República, convirtiéndose en la práctica en una menor de edad dependiente de su padre y, posteriormente, de su marido.
Esta represión se fundamentó en leyes como:
El miedo a la cárcel o la muerte, junto con el hambre y la desesperación, llevó a muchos españoles a mantener el silencio.
Los primeros años fueron los de mayor represión. Se calcula que unos 130.000 morirían en las cárceles franquistas por diferentes motivos. También hay que destacar el «terror frío» dirigido contra funcionarios y trabajadores que perdieron su empleo por identificarse con la República.
El texto corresponde a las resoluciones sobre España presentadas en el Cuarto Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en Múnich en junio de 1962. Se trata de una fuente histórica primaria de naturaleza expositiva y es un texto político.
Autores: Entre los representantes de la oposición al régimen franquista, tanto del interior como del exilio, se encontraban:
Destinatarios: La sociedad española y la opinión pública internacional. Es importante tener en cuenta que estas declaraciones no llegaron a la sociedad española de la época.
La idea fundamental del texto es exponer las condiciones políticas que debían darse en España para que el país pudiera incorporarse al Mercado Común o Comunidad Económica Europea. Los opositores al franquismo se propusieron conseguir cinco puntos esenciales de los sistemas democráticos:
Debates: Una de las propuestas hacía referencia a que las instituciones debían ser resultado del consentimiento de los gobernados. Con el paso del tiempo, esto llevó a la oposición del exilio a renunciar a la exigencia de la recuperación de la legitimidad republicana de 1931. El final de la resolución presentada fue, sobre todo, una aportación de la Asociación Española de Cooperación Europea, coordinada por Gil Robles, que representaba a un sector de la oposición del interior, como los monárquicos de la Unión Española de Satrústegui, los democristianos de derechas del propio Gil Robles o los neosocialistas del Partido Social de Acción Democrática de Ridruejo.
Desde 1939, con el fin de la Guerra Civil, España instauró la dictadura de Franco, caracterizada por una fuerte represión, amparada en leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Depuración de Funcionarios, la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo, y la Ley de Seguridad del Estado de 1941.
La oposición pronto se organizó en el exilio. La legalidad republicana también comenzó a organizarse. Existió una oposición interior guerrillera, sobre todo organizada por el Partido Comunista (el maquis). La oposición en el exilio pronto presentó divisiones sobre la inclusión o no de los comunistas.
El 6 de febrero de 1962, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, había presentado la solicitud de inicio de conversaciones para la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. En el exterior persistían las diferencias entre republicanos, socialistas y comunistas, aunque todos habían lanzado propuestas de conciliación nacional. También había divisiones entre la oposición del exilio y la oposición clandestina del interior, formada por comunistas, socialistas y el Frente de Liberación Popular. Por otro lado, estaba surgiendo una oposición interior desde las filas del propio régimen.
En este contexto, se propició un encuentro de la oposición del interior y del exilio. Esta dimensión europea abrió un nuevo horizonte a los esfuerzos de una construcción democrática cuando terminara la dictadura, y que pudiera contar con el apoyo de los países europeos. A este encuentro acudieron 118 representantes de todo el espectro político de la oposición al régimen. El PSOE no acudió como tal, aunque asistieron dirigentes socialistas a título particular. Acudieron republicanos, monárquicos, democristianos, socialdemócratas, miembros del Frente de Liberación Popular, nacionalistas catalanes y vascos, e incluso los comunistas, que acudieron como observadores sin participar en los debates.
Este documento presenta 854 asesinatos producidos por la organización terrorista ETA, a través de un gráfico de barras y dos gráficos circulares. Es una fuente secundaria (historiográfica), ya que no es exactamente contemporánea de los hechos, sino una recopilación del número de víctimas desde 1968, cuando ETA produjo su primer asesinato, hasta 2010, cuando se produjo el último. Tiene una naturaleza social y política. El período de tiempo abarca desde el segundo franquismo (ETA se fundó en 1958, pero su primer atentado fue en 1968) hasta 2010, refiriéndose el 95 % de los asesinatos a la España democrática. En el documento se superponen dos tipos de gráficos: en el de barras se observa la evolución año a año del número de víctimas mortales; en los dos sectoriales, uno muestra el número de civiles asesinados frente al de militares y fuerzas de seguridad del Estado, y el otro, el número de asesinatos por género.
En el gráfico de barras, se observa que la actividad asesina de ETA se inicia en 1968, creciendo suavemente hasta 1977. El número de asesinados hasta la muerte de Franco es de 44, y el resto de los 854, es decir, 810, corresponden a la etapa democrática. Después de 1977 y en plena Transición, se produce una subida del número de víctimas mortales, siendo 1978 el año que marca la nueva tendencia, y 1980 el de mayor número de asesinados, con un total de 95. La tendencia posterior es a la disminución, aunque con altibajos determinados por las actuaciones policiales y las treguas provisionales de ETA. Así, en 1999 no hubo ningún atentado. En el siglo actual, la tendencia de descenso se confirma, y en 2010 se registra el último asesinato.
En uno de los gráficos circulares, se observa que los atentados mortales afectaron más a miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales (501) que a civiles (jueces, profesores, etc.) con un total de 321. Además, el número de políticos asesinados es de 32. Por sexo, el terrorismo se ha cebado principalmente en varones (771) frente a mujeres (58). Las causas que motivan el ascenso o el descenso del número de asesinatos son principalmente las actuaciones policiales, la dinámica interna de la banda terrorista y sus treguas, la colaboración de Francia, entre otros factores.
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Durante sus 60 años de historia, entre 1958 y 2018, surgieron diferentes organizaciones con el mismo nombre como resultado de diversas escisiones, coexistiendo en varias ocasiones algunas de ellas, de las cuales solo sobreviviría la conocida como ETA militar.
Fundada en 1958 por varios miembros de Ekin, una organización radical expulsada de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, su objetivo fue la constitución de un Estado socialista en lo que el nacionalismo vasco considera los siete territorios de Euskal Herria y su independencia de España y Francia. A finales de la década de 1960, sus integrantes, llamados «etarras», comenzaron a utilizar el asesinato, el secuestro y la extorsión económica para lograr este fin. Sus principales objetivos fueron civiles, entre ellos: jueces, políticos, periodistas, empresarios y catedráticos, además de personas cuya muerte fue considerada por ETA como «accidental» o como un «daño colateral».
Cometió su primera acción violenta el 18 de julio de 1961, su primer asesinato el 7 de junio de 1968 y el último el 16 de marzo de 2010. Anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011. Fue desarmada en abril de 2017, y el 3 de mayo de 2018 anunció su disolución.
ETA también participó en la vida política a través de una red de partidos políticos, sindicatos y asociaciones, como Herri Batasuna. Desde la década de 1980, ETA declaró y rompió numerosas treguas y altos el fuego, negociando con los Gobiernos de España. La sucesión de atentados, como el de Hipercor (1987) o el asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997), entre otros, acrecentaron la reacción social contra ETA. La aprobación en 2002 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que prevé la ilegalización de partidos que apoyen de forma reiterada y grave la violencia y el terrorismo, llevó a la ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna, Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, entre otros. Los recursos presentados por estos partidos fueron desestimados por el Tribunal Constitucional español y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
A lo largo de su historia, se estima que la organización causó la muerte de 854 personas, entre ellas 22 niños. Habría llegado a ingresar 120 millones de euros mediante atracos, secuestros, tráfico de armas y extorsión económica, así como la recolección de fondos en herriko tabernas y en algunas txosnas.
La organización extorsionó a 10.000 empresarios mediante el «impuesto revolucionario», a través de amenazas de muerte. Un número indeterminado de personas emigraron del País Vasco a causa de ETA. Una publicación de 2018 afirma que la actividad de ETA tuvo un coste económico de 25.000 millones de euros entre 1970 y 2003. Aunque considerada parte de la oposición al franquismo, el 95 % de sus asesinatos tuvieron lugar después de la muerte de Franco. Más de dos tercios de los asesinados eran vascos o navarros.