El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC): Composición y Funciones

Regulado en el Título IX de la Constitución Española (CE), artículos 159 al 165.

Es el órgano constitucional que ejerce la función suprema de interpretar la Constitución Española de 1978 (CE). Se regula en el Título IX de la CE y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), estando el TC sometido únicamente a la CE y a la LOTC. Corresponde al TC la última interpretación de los valores constitucionales, tales como la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.

Composición del TC

El artículo 159 de la CE dispone que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, denominados Magistrados, nombrados por el Rey mediante Real Decreto.

• 4 propuestos por el Congreso de los Diputados con mayoría de 3/5.
• 4 propuestos por el Senado con mayoría de 3/5.
• 2 propuestos por el Gobierno.
• 2 propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La duración de su cargo es de 9 años, renovándose el TC por terceras partes cada 3 años.

Requisitos para ser Magistrado

• Ser jurista de reconocida competencia (profesor de universidad, funcionario público, abogado, etc.).
• Tener al menos 15 años de ejercicio profesional.
• Tener reconocida competencia.

Estatuto de los Magistrados

Los Magistrados son independientes e inamovibles, lo que significa que no pueden ser cesados de su cargo antes de que finalice su mandato de 9 años. Tienen la obligación de dedicarse exclusivamente a las tareas del Tribunal, por lo que se les prohíbe cualquier otra actividad que impida su total dedicación.

Diferencia entre Magistrados del TC y miembros del Poder Judicial (PJ)

• A los miembros del Poder Judicial se les prohíbe ser militantes de partidos políticos.
• A los Magistrados del TC no se les prohíbe la pertenencia a partidos políticos o sindicatos, pero no pueden ser directivos o empleados de estos.

Organización del TC

Los miembros del TC eligen por votación secreta a su Presidente, quien es nombrado por el Rey. Su mandato es de 3 años, con posibilidad de una única reelección. Para la elección se exige mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en segunda votación. Del mismo modo se elige al Vicepresidente, a quien le corresponde sustituir al Presidente en caso de ausencia y presidir la Sala Segunda del TC.

Funcionamiento del TC

• Sala Primera: Formada por el Presidente.
• Sala Segunda: Presidida por el Vicepresidente. En ambas Salas se resuelven los recursos de amparo.
• Secciones: Encargadas de la inadmisión o admisión de los recursos de amparo.
• Pleno: Resuelve las demás funciones y competencias.

Funciones del Tribunal Constitucional

El TC es el intérprete máximo de la Constitución Española de 1978, único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional. Ejerce las competencias previstas en el artículo 161 de la CE, estando sometido únicamente a la CE y a la LOTC.

Competencias Atribuidas al TC

• Recurso de Inconstitucionalidad: Contra normas con fuerza de ley y leyes. Pueden interponerlo: el Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, el Defensor del Pueblo, Gobiernos y Parlamentos autonómicos.
• Recurso de Amparo: Por violación de los Derechos y Libertades Fundamentales (artículo 53.2 de la CE).
• Conflictos de Competencia: Entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) o entre CCAA.
• Demas materias: Aquellas que le atribuyan la CE o las leyes orgánicas.

Competencias Específicas según la CE y la LOTC

• Según la Constitución Española (CE):
  • Cuestión de Inconstitucionalidad: Ninguna norma con fuerza de ley puede ir en contra de la CE.
  • Control de Tratados Internacionales: Ningún tratado puede contener disposiciones contrarias a la CE.
  • Impugnaciones del Gobierno: De disposiciones o actos de las Comunidades Autónomas.
• Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC):
  • Conflictos entre Órganos Constitucionales: Entre el Gobierno y los demás, o entre estos últimos.
  • Verificación del Nombramiento: De los Magistrados del TC.
  • Conflictos en Defensa de la Autonomía Local: Los municipios pueden recurrir leyes del Estado o de las CCAA que afecten a su autonomía.

El Recurso de Inconstitucionalidad

Este recurso se interpone contra normas que son contrarias a la CE, según el artículo 162 de la CE.

Legitimación para Interponer el Recurso

Pueden interponer el recurso:

• El Presidente del Gobierno.
• 50 Diputados.
• 50 Senadores.
• El Defensor del Pueblo.
• Los Gobiernos y Parlamentos autonómicos (estos últimos solo si la norma afecta a la autonomía de su Comunidad Autónoma).

La legitimación para este recurso está muy restringida, solo algunos órganos pueden hacerlo, no cualquier persona.

Problemáticas de la Legitimación

• Presidente del Gobierno: Se le dota de trascendencia en las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, y en el reparto de poder entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
• 50 Diputados y 50 Senadores: Protección de las minorías frente a la mayoría.
• Defensor del Pueblo: Protección de los Derechos Fundamentales.

Plazo para Interponer el Recurso

El plazo general es de 3 meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (BOC). Este plazo se amplía a 9 meses si quien interpuso el recurso fue el Presidente del Gobierno o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma.

Casos Específicos de Legitimación en Conflictos de Competencia

• El Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma puede plantear conflictos de competencia contra leyes del Estado (a través del Consejo de Gobierno y el Parlamento autonómico).
• También puede plantearlos contra leyes de otras Comunidades Autónomas (a través del Consejo de Gobierno, pero no los Parlamentos autonómicos).

Requisitos para la Ampliación del Plazo a 9 Meses (Recurso de Inconstitucionalidad)

Para que el plazo se amplíe a 9 meses, deben cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma.
2. Que en dicha Comisión Bilateral se alcance un acuerdo de iniciación para resolver la discrepancia y la modificación del texto.
3. Que ese acuerdo sea puesto en conocimiento del TC y se inserte en el BOE en los 3 meses posteriores a su publicación.

Procedimiento del Recurso de Inconstitucionalidad

El recurso se inicia mediante un escrito de quien posea la legitimación. Este escrito se envía a quien corresponda: se traslada al Congreso de los Diputados, al Senado o al Gobierno; y si es interpuesto por una Comunidad Autónoma, a la asamblea legislativa y al Consejo de Gobierno correspondiente. A la vista del recurso y de las alegaciones, el Pleno del TC debe dictar Sentencia (STC).

La Cuestión de Inconstitucionalidad

Es interpuesta por jueces o magistrados, mediante un auto.

Requisitos para Interponerla

• Una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar la Sentencia.
• Deberá concretar la ley o norma que se cuestiona como inconstitucional.
• Después, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal, y en el plazo de 10 días podrá plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

Luego, sin más trámites, se resolverá en 3 días. El planteamiento de la cuestión origina la suspensión del procedimiento judicial, que se reanudará cuando el TC resuelva definitivamente la cuestión.

El Control de Constitucionalidad de las Leyes

Normas Impugnables y Parámetros de Constitucionalidad: Recurso y Cuestión

Normas Impugnables (Artículo 27.1 LOTC)

El artículo 27.1 de la LOTC enumera las normas que pueden ser declaradas inconstitucionales:

• Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes Orgánicas.
• Las demás leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley.
• Los Tratados Internacionales.
• Los Reglamentos de las Cámaras y las Cortes Legislativas.
• Leyes, disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas.
• Los Reglamentos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Parámetros de Constitucionalidad

Generalmente, se compara una norma dictada con otra norma de rango superior, en este caso, la Constitución Española. Sin embargo, hay ocasiones en que se compara con otras normas, como por ejemplo, los Reglamentos de las Cámaras o los Tratados Internacionales.

Otro caso relevante es el referente a las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, donde se acude a los Estatutos de Autonomía, las leyes de armonización y las leyes marco, todas ellas forman parte del llamado «Bloque de Constitucionalidad».

Existe, por último, otro caso en el que el TC acude a normas no constitucionales: cuando existe una colisión entre una Ley Orgánica y otras normas con fuerza de Ley.

Diferencias entre Recurso y Cuestión de Inconstitucionalidad

Según quién acuda al TC, estaremos ante un Recurso de Inconstitucionalidad o una Cuestión de Inconstitucionalidad.

• Objeto: Es el mismo en ambos casos, las normas contenidas en el artículo 27.2 de la LOTC.
• Diferencia: Radica en la legitimación (quién la interpone) y el plazo existente.

Autocuestiones de Inconstitucionalidad

Se produce cuando el propio TC se formula a sí mismo la cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de la resolución de un recurso de amparo o de un conflicto de competencias en el ámbito local.

Conflictos en Defensa de la Autonomía Local

Se producen cuando una norma con rango de Ley del Estado o de una Comunidad Autónoma invade el ámbito de autonomía de uno o varios municipios o de una o varias provincias. El plazo para interponerlo es de 3 meses después de su publicación.

El Recurso de Amparo

Regulado en los artículos 161.1 y 53.2 de la CE, ampara los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 de la CE (principio de igualdad ante la ley y no discriminación), los artículos de la Sección 1ª del Capítulo 2º (Derechos Fundamentales, del 15 al 29) y el derecho a la objeción de conciencia (artículo 30 de la CE).

Legitimación

Están legitimados para interponerlo:

• Cualquier persona natural o jurídica.
• El Defensor del Pueblo.
• El Ministerio Fiscal.

Requisitos

1. Solo se puede acudir en amparo al TC cuando ya se hayan agotado todos los demás procedimientos que defiendan los derechos fundamentales.
2. La LOTC exige haber sido parte en el proceso judicial correspondiente.
3. Que la cuestión que se pretenda debatir ante el TC haya sido objeto de discusión ante los órganos judiciales.

Plazos

• Contra actos sin valor de ley provenientes de los Parlamentos del Estado o de las Comunidades Autónomas: 3 meses.
• Contra actos del Gobierno, del Consejo de Gobierno de las CCAA o de las Administraciones Públicas, sus agentes o funcionarios: 20 días a partir de la notificación.
• Contra actos u omisiones de órganos jurisdiccionales: 30 días a partir de la notificación.

Procedimiento y Contenido de la Sentencia

La primera fase es la admisión o rechazo, que corresponde a las Secciones del TC o a las Salas. El contenido de la Sentencia puede ser de estimación total, parcial o desestimada. El fallo de la STC puede incluir más de un efecto, como declararla nula, el reconocimiento del derecho o el restablecimiento del recurrente en la integridad del derecho.

El Valor de las Sentencias del Tribunal Constitucional (STC)

El Tribunal Constitucional se regula en el Título IX de la CE, que comprende los artículos 159 al 165 de la CE. La decisión final en los procesos constitucionales se adopta en forma de Sentencia (STC), aprobada por mayoría de sus miembros.

Efectos de las Sentencias del TC (Artículo 164 CE)

El artículo 164 de la CE establece que:

• Las STC se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
• Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.
• Salvo que en el fallo se dicte lo contrario, seguirá vigente la parte de la ley que no haya sido afectada por la inconstitucionalidad.
• Producen efectos erga omnes, lo que significa que son vinculantes para todos los poderes públicos y para todos los ciudadanos.

Efectos de la STC que Declara la Inconstitucionalidad de una Norma con Fuerza de Ley

Estos efectos se encuentran regulados en los artículos 38 y siguientes de la LOTC.

En ellos se indica que no toda la norma debe verse afectada por la inconstitucionalidad, sino solo los preceptos que se vean implicados. La declaración de inconstitucionalidad solo tendrá efectos retroactivos en el caso de que la aplicación de la norma haya supuesto una sanción penal o administrativa que no existiría o se vería reducida como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada.

Situaciones de Crisis y Estados Excepcionales

La Constitución Española, en su Título X «De la Reforma Constitucional» (artículos 166 al 169 de la CE), establece la regulación y los procedimientos que se han de seguir para modificar o revisar la CE. Estos procedimientos impiden que normas de rango inferior a la CE puedan cambiar lo dispuesto en la Constitución.

Protección Extraordinaria de la Constitución

Su finalidad es impedir que actos o decisiones de la vida política de un país vayan en contra de la Constitución. Está prevista para graves amenazas, como un golpe de Estado o un atentado de organizaciones terroristas, que pretendan anular la Constitución.

Protección Ordinaria de la Constitución

Tiene como finalidad impedir que leyes o normas con fuerza de ley permitan acciones que la CE no permite. La protección se le atribuye al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial.

La Suspensión de la Constitución: Los Estados Excepcionales

Regulada en los artículos 55 y 116 de la CE. El Capítulo V «De la Suspensión de los Derechos y Libertades» (artículo 55 de la CE) tiene dos apartados. El primero regula la posibilidad de suspender los Derechos Fundamentales en el caso de que se declare un Estado de Excepción.

Declaración de Estados Excepcionales

En el escrito que se presente para la declaración de un estado excepcional, se debe especificar el territorio al que afecta, el plazo que estará en vigor y los derechos que quedan en suspenso.

Suspensión Individual de Derechos Fundamentales

La CE establece la posibilidad de que, de forma individual y por un juez, se puedan suspender tres derechos fundamentales a las personas que pertenezcan a bandas armadas o terroristas. Estos derechos son:

• La detención preventiva: Como regla general, no puede durar más de 72 horas, pero para estos casos se amplía el plazo a 48 horas más, bajo la acreditación del juez.
• El registro del domicilio: Puede realizarse sin autorización previa del juez.
• El secreto de las comunicaciones: Puede romperse por parte del Ministerio del Interior o por la Dirección General de la Seguridad del Estado.