Portada » Economía » El Sistema Sanitario Español: Marco Legal, Competencias Estatales y Regulación Farmacéutica
La Constitución Española de 1978 establece en su Artículo 43 el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos. Los principios y criterios que permiten el ejercicio de este derecho se regulan por la Ley 14/1986 y se concretan en:
Las principales competencias del Estado en el ámbito sanitario son:
Se refieren al establecimiento de normas que fijan las condiciones mínimas y que persiguen una igualdad básica de condiciones en el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos. Incluyen una consolidación de los medios y de sistemas de relación que hagan posible una información recíproca, así como la homogeneidad en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades sanitarias tanto estatales como autonómicas.
Las actividades de la Sanidad Exterior se realizan en materia de vigilancia y control de los riesgos para la salud que se derivan de la importación, exportación y el tráfico internacional de viajeros. Mediante acuerdos sanitarios internacionales, España colabora con otros países y Organismos Internacionales en los siguientes aspectos:
En relación con los Productos Farmacéuticos, las competencias del Estado son las siguientes:
Los principios y criterios para fomentar el Uso Racional del Medicamento están recogidos en la Ley 29/2006, que garantiza un uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Con ello, se asegura la calidad en la prestación del Sistema Nacional de Salud, de tal forma que se cumpla el objetivo de que todos los ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten y donde lo necesiten en condiciones de seguridad.
Esta ley regula los medicamentos y productos sanitarios (su investigación, evaluación, autorización, registro, fabricación, control de calidad, distribución, comercialización, información, la relación beneficio-riesgo, así como su uso racional y la financiación con fondos públicos). También establece los criterios y exigencias aplicables a los medicamentos veterinarios, así como a las fórmulas magistrales y a los elaborados industrialmente.
La Administración del Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas, también desarrolla actuaciones en materia de: